10 octubre 2012 Antonio Sanabria
(Artículo publicado en Público.es)
El pasado viernes 28 de septiembre se presentaba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. Estos se ciñen al Plan Presupuestario bianual 2013-2014 entregado a Bruselas el pasado mes de junio, y que fijaba un objetivo de recortes cifrado en 102.956 millones de euros. De ese total, 38.956 millones corresponderían a 2013, para alcanzar un déficit del 4,5% sobre el PIB frente al objetivo del 6,3% para este año. Con ello se pretendía cumplir con las Recomendación de Déficit Excesivo del Consejo Europeo y evitar así un segundo “rescate” pero que, como veremos, es más que dudoso que se logre.
Los gastos e ingresos se fijan a partir de una estimación de cómo se comportará la economía durante ese año. En este caso, las previsiones del Gobierno son de un mejor desempeño económico en la UE a partir de 2013 que beneficiaría a España, vía exportaciones, que compensarían en buena medida la caída de la demanda interna. Y aunque no lograría evitar otro año de recesión, supondría, según tales suposiciones, alcanzar una caída del PIB de apenas un 0,5% para, ya sí, retomar el crecimiento a partir de 2014.
Como señalaba el economista Galbraith, el gran mérito de la predicción económica es hacer que la astrología parezca una ciencia respetable, pero hasta que se comprueben las previsiones, el problema es de credibilidad y por lo general los analistas han tendido a considerar los presupuestos como “irreales” o incluso “artísticos”. Pero más allá de elucubraciones, algunos elementos nos permiten atisbar el grado de realismo en los objetivos del gobierno. Así, un factor relevante para que pueda cumplirse el 4,5% de déficit en 2013 será que primero se cumpla el de 6,3% para este año que, como veremos, es muy poco probable.
Aunque en el análisis económico de los PGE no se mencione ni una sola vez, la crisis actual es por sobrendeudamiento privado. Ante esta situación, los recortes en el sector público no funcionan y, además, resultan contraproducentes. Así, según datos del INE, el déficit público tras el primer semestre es de un 8,6%, o de un 7,5% si no se contabilizan las ayudas a la banca. Es decir, en medio de la actual depresión, los ajustes apenas logran incidir sobre el saldo presupuestario porque hunden aún más los ingresos, mientras aumentan los gastos vinculados a los llamados estabilizadores automáticos (pensiones, prestaciones por desempleo, etc.), amén del mayor coste de la deuda soberana. De hecho, el gasto financiero en julio de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior se incrementó en un 115,9%.
El coste de financiación resulta insostenible y el Estado español tendrá muy complicado colocar los 207.173 millones de euros de deuda nueva previstos para el año próximo, un 30% más que en 2012. Los PGE 2013 prevén un gasto por intereses de deuda pública para ese año de 38.589 millones de euros, un 3,4% del PIB en términos contables y que supone prácticamente la meta de ahorro prevista por el gobierno en el Plan Presupuestario para ese año (38.956 millones de euros). Parece entonces imponerse como única vía pedir el “rescate” al Banco Central Europeo mediante su nuevo programa de compra ilimitada de deuda pública con vencimiento de hasta tres años, denominado Transacciones Monetarias Directas (OMT, por sus siglas en inglés). La diferencia fundamental con los préstamos “rescate” a Grecia, Portugal e Irlanda es que el OMT permite al Estado mantener su acceso a los mercados, dado que estas compras ilimitadas reducirán los intereses de los títulos y con ello el coste de financiación. Así pues, los casi 40.000 millones presupuestados para pago de deuda en 2013 podrían ser mucho menos, con el consiguiente alivio para las arcas públicas. Pero la compra de títulos está sujeta a una “estricta condicionalidad”, previa solicitud de ayuda al fondo de rescate, el EFSF (acrónimo en inglés de Fondo Europeo de Estabilidad Financiera).
Según se detalla en las directrices del EFSF, existen dos modalidades de “programas preventivos”. La primera es una línea de crédito preventivo con condicionalidad (PCCL), destinada a aquellas economías saneadas, en tanto cumplen con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Procedimientos de Déficit Excesivo, tienen un acceso a los mercados de capitales en condiciones sostenibles y un sistema bancario solvente.
El caso español obviamente no cumple las exigencias para ese crédito y tendría que optar por una segunda modalidad: la línea de crédito con condicionalidad reforzada (ECCL). Dentro de este segundo programa se recoge otra opción (ECCL+), por la que se garantizaría a los inversores una parte de la deuda nueva emitida. Desde Bruselas se ha filtrado a la agencia Reuters que sería esta, el ECCL+, la vía que se baraja para España, por un valor de unos 50.000 millones de euros. Ciertamente es la opción más ventajosa para los gobiernos que representan a los acreedores, en la medida en que en apariencia es menos costoso el préstamo en términos económicos pero también políticos.
Mientras, en España son cada vez más las voces que solicitan un rescate “cuanto antes”. Resulta lógico, en el sentido en que los bancos y grandes empresas tienen ahora bloqueados los canales de financiación. Sin embargo, aunque pueda suponer un alivio temporal en la carga de la deuda y un acceso a los mercados internacionales para el capital privado, se incide en el mismo error que con el ajuste presupuestario: confundir el síntoma con la causa. Según cifras de la balanza de pagos del Banco de España, la fuga de capitales en lo que llevamos de año ronda los 200.000 millones de euros, un 20% del PIB. La huida no es por un déficit excesivo, sino porque la economía no crece. El ajuste presupuestario se ofrece a los acreedores como garantía de pago, pues a menos obligaciones futuras más probable será atender las presentes. Pero lo cierto es que sin crecimiento nadie puede pagar sus deudas. El elemento clave es ese: la ayuda del BCE logrará relajar la prima de riesgo pero no atraer inversión.
Habrá que esperar a conocer en su día la letra pequeña en las condiciones firmadas en el rescate. La pretensión del gobierno español es que no haya nuevas exigencias, puesto que ya siguen las condiciones exigidas con el primer rescate bancario. El problema en todo caso se mantiene. Supongamos que no hubiera condiciones adicionales. Pues bien, al no cumplirse los objetivos ya fijados se harían nuevos ajustes adicionales, comenzando por una reforma de las pensiones. Pero en esta ocasión no será el gobierno quien los decida, sino la autoridad supervisora. En consecuencia, no será ningún manifestante, sino la “troika” quien va a tomar el Congreso.
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