Las Cloacas del Estado

6/7/2017

#LaCafeteraCloacasDelEstado - Fernando Berlín

Luego vas y te crees que porque te dejen votar cada cuatro años vives en una democracia. Es una democracia a medias, solo a medias…

Cuando sabes que hay policías, jueces, políticos, empresarios… y toda una trama detrás que ha estado actuando en la sombra desde hace décadas para los intereses de unos pocos, no se puede decir que vivamos en una democracia como tal, más bien es una democracia engañosa y mísera.  

Cuando sabes que hay una policía paralela, que actúa de forma corrupta al margen de la policía que sí que hace bien su trabajo, y que elaboran informes falsos para desprestigiar a los rivales políticos contrarios a los intereses de los poderosos, según interese, y un sinfín de cosas dignas de una película de espías y tramas mafiosas, no se puede decir que vivamos en democracia. Vivimos con coletazos de la dictadura todavía, y eso, después de haber pasado tantos años, no puede hablar bien de nuestra democracia.

Esta gente que conspira con estas prácticas, el desprecio que tiene por el poder legislativo y por el Parlamento es absoluto.

Se cree que, una mentira, contada en diferentes medios por un tiempo considerable, al final, esa mentira se la creen un 50% de las personas que la oyeron.

Estoy seguro, que a poco que hayáis visto esta semana algún telediario o hayáis leído algo de la prensa, habréis visto abrir telediarios o leer en primera página, seguro, el homenaje a Miguel Ángel blanco; habréis oído hablar de los logros del gobierno (según ellos), y como no, de lo que está pasando en Venezuela; como si no hubiese ningún otro país en el mundo donde se violen los derechos humanos a diario, pero dudo mucho, y estoy casi convencido, que la mayoría de vosotros no habréis visto abrir ningún telediario ni en primera página de los periódicos de siempre, hablar, ni mencionar un poco siquiera, sobre el documental que se estreno la semana pasada sobre "Las cloacas de Interior", un trabajo de investigación que desentraña las maniobras de guerra sucia y persecución de los oponentes políticos en el seno del Ministerio de Interior del gobierno del PP. Producido por Mediapro, recoge el trabajo de los periodistas de Público, Patricia López y Carlos Enrique Bayo.

Ni lo habréis visto ni lo vais a ver, al menos por el momento, porque ninguna cadena de televisión de ámbito nacional ha querido emitirlo y dar la noticia sobre ello. El gobierno se está preocupando mucho que se haga el menor ruido posible con este asunto, no les interesa que se sepan las vergüenzas que el documental destapa.

La Señora de las Salas

13/5/2017

Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder

Con gesto suficiente, Enrique López López me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear.

Unos jueces centrales para instruir asuntos que afectan al poder y una Sala de lo Penal para juzgarlos. Una nueva Sala para gobernarlos a todos. Una nueva Sala para controlarlos a todos y atarlos a las tinieblas. La Señora de las Salas. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el uno de junio.

Mientras estamos centrados en la obscena visión de una Fiscalía que el poder ejecutivo moldea para manejar los temas que le competen, mientras vemos cómo juzgan la Gürtel o esperamos expectantes a ver testificar a Rajoy, en Mordor se preparan para poner en marcha y controlar la Sala que podrá contrarrestar el poder de todos ellos.

La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella. Lógico, puesto que en sus manos estará corregir o enmendar todo lo relativo a los casos Gürtel, Lezo, Púnica y todos los demás. Una Sala para controlarlos a todos. Todas las sentencias serán revisadas por esta nueva sala formada por dos magistrados y un presidente. Colocar a dos afines es controlar la sala. No esperemos a gritar cuando veamos los primeros resultados, porque las resoluciones, absoluciones o revisiones de las sentencias que en ella se produzcan  serán prácticamente definitivas. El Tribunal Supremo quedará sólo para una tasadísima casación que será prácticamente imposible que se produzca en cuestiones con jurisprudencia suficiente.

Una Sala para controlarlos a todos.

Hay casi toda una trilogía en el origen de esta Sala de Apelaciones.

Cómo llegó Manuel Moix a la Fiscalía Anticorrupción y por qué no debe continuar

14/5/2017 - Ignacio Escolar

La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible que claramente incumple Manuel Moix. El fiscal anticorrupción que prefieren los corruptos no debería seguir un día más.

1. Desde que Rafael Catalá es ministro de Justicia, han pasado por el mando de la Fiscalía tres fiscales generales del Estado: tres en menos de tres años. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno, que le quería controlar. Después llegó Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año. No fue renovada porque tampoco se quiso plegar. Y a la tercera Rafael Catalá encontró a su fiscal general ideal, José Manuel Maza. Por ahora no ha dimitido, aunque por decencia debería hacerlo ya.

2. Consuelo Madrigal duró poco en la jefatura de la Fiscalía porque  se negó a obedecer al Gobierno con los nombramientos de varios fiscales claves para controlar los procesos penales que afectan al Partido Popular: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de Murcia, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo… Y especialmente el fiscal jefe Anticorrupción.

3. En Anticorrupción, tras la jubilación de Antonio Salinas, Consuelo Madrigal quería poner de jefe a Alejandro Luzón: un histórico de esa Fiscalía que, entre muchos otros casos, ha llevado el de las tarjetas Black. El candidato del Gobierno siempre fue Manuel Moix, precisamente el fiscal que, cuando eldiario.es destapó la exclusiva de las Black, el único delito que vio es  el que, según Moix, podíamos estar cometiendo los medios que publicábamos los correos de Blesa.

4. Consuelo Madrigal se negó a nombrar a Moix y por eso, entre otras cosas, el Gobierno no la renovó. Tras su salida, el ministro de Justicia apostó por José Manuel Maza. En su designación –y en la de Manuel Moix– influyó la recomendación de Manuel Marchena: presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exfiscal, amigo de Catalá y hoy pieza clave en toda la estrategia judicial del PP. Maza viene de esa misma sala que preside Marchena, era juez en el Supremo también. Tres meses después de su nombramiento como fiscal general del Estado, Maza puso en marcha los relevos a los que se había negado Madrigal y cambió la jefatura de varias de las fiscalías más sensibles, empezando por la más importante de todas si eres un político imputado: la de Anticorrupción.

5. José Manuel Maza  fue advertido en al menos dos ocasiones de que Manuel Moix no era el candidato ideal. Una persona de su equipo y después cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales –a los que mintió– le avisaron de que, en un sumario de la Audiencia Nacional, estaba grabada una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana donde el hoy encarcelado Ignacio González hablaba de que había que colocar a Moix en Anticorrupción, que era muy "serio" y "profesional".

Se llama 1 de mayo

30/4/2017
Luis García Montero

La tragicomedia que hemos vivido estos días en Madrid es una explicación sencilla de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Unos cuantos individuos, que ponen en duda la eficacia de lo público en sus programas de gobierno y que exigen sacrificios graves a los trabajadores, se aprovechan con una eficacia mafiosa de los bienes del Estado para acumular grandes sumas de dinero. Esta operación, que empobrece a las mayorías para concentrar la riqueza en unas cuantas manos, se puede hacer de forma legal o de un modo delictivo. Son las dos caras del hampa neoliberal.

El modo delictivo consiste en el arte de la apropiación indebida por medio de la prevaricación, el cohecho, el blanqueo, el fraude, la estafa y el hurto. El PP ha configurado un minucioso manual del buen corrupto –que se sepa por ahora– en Madrid, Valencia, Murcia y Baleares. Me temo que su poco interés por Cataluña tiene que ver con las dificultades de negocio turbio en aquella tierra, ocupada ya por Convergencia, la familia y sus propios corruptos. La actuación mafiosa descompone el sistema y degrada el Estado cuando, junto al robo, se invaden los terrenos de la Justicia y de la policía para encubrir a los amigos. “Aquí no hay mañana ni esperanza posible”, dice el verso negativo de García Lorca.

El modo legal necesita de la política en un sentido más sonriente. Se trata de que el partido del Gobierno deje de representar los intereses de la ciudadanía y se ponga al servicio de las élites económicas a la hora de aprobar leyes y de aplicar los presupuestos. Puede convertirse así la sanidad pública en un negocio privado, la educación pública en un negocio privado, la economía pública en un negocio privado. Pueden establecerse normas y prácticas para favorecer a las grandes empresas de la energía o la telefonía, a las grandes empresas dedicadas a las obras públicas y a las grandes entidades financieras.

Y, sobre todo, pueden liquidarse los derechos laborales de los trabajadores hasta inventar una nueva forma de esclavitud y miedo. Vamos “a sudores sin fruto”, dice aquí el verso negativo de García Lorca. Los salarios son tan precarios que el puesto de trabajo ni siquiera sirve para salir de la pobreza. El PP ha configurado también un minucioso manual del buen explotador legal. ¡Todo el poder para los grandes ejecutivos que acumulan beneficios! El aumento de la desigualdad es incluso más grave para la convivencia democrática y la cohesión social que la descomposición de las instituciones del Estado.

Un fiscal antisistema

28/4/2017

Jesús Maraña

La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.

La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.

Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?

1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombrado. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

Ilustrísima Señora X

22/4/2017

Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia

Hace muchos años que conozco a Manuel Moix, y su sintonía con Esperanza Aguirre y con el resto del partido ha empujado su carrera profesional

• El juez encarcela a Ignacio González por sacar un millón de euros de la Comunidad "para sanear" las cuentas del PP

La situación es insostenible. Esta semana hemos asistido a la visualización pública y general de lo que muchos llevamos años denunciando. La promiscuidad pornográfica de la oligarquía con otros poderes del Estado, incluido el llamado a controlarlos, que sitúa a nuestra democracia a un paso del precipicio.

De todo lo que podríamos reseñar me quedo con la necesidad imperiosa de hacer frente al hecho de que existen indicios serios de que una magistrada de la Audiencia Nacional haya delinquido. Y no sólo ella sino también quien le hizo partícipe del secreto que ella posteriormente habría revelado a terceros. No se trata de un delito menor, sino de una revelación de secretos cualificada y por tanto penada en su tramo máximo con entre dos y medio y cuatro años de prisión. La responsable no podría siquiera obviar su ingreso en prisión. Esa es la gravedad del panorama. Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia, así que habría que sumarle otros delitos contra la Administración de Justicia. Hay pues una persona en la Audiencia Nacional, o más de una, que deberían pasar una temporada en prisión y son personas que administran Justicia. Digo más de una porque si en efecto una de las nueve magistradas del tribunal -verán que tampoco el campo de investigación es tan amplio- alertó de que había escuchas activas ordenadas por el juez Eloy Velasco, alguien tuvo que decírselo a ella. Y o fue el propio Velasco o fueron los fiscales o los investigadores de la Guardia Civil. Todos los que lo hicieran delinquieron.

Ahora no le queda más remedio al magistrado Velasco que poner su conocimiento de la posible comisión de un delito en manos de la Fiscalía y que esta lo lleve ante un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla que será el competente para instruir este caso. La Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar revelaciones de secretos aunque sean de sus propios miembros. ¡Habrá que ver a un juez de Plaza de Castilla tomando declaración a los magistrados de la Audiencia Nacional! ¿O no lo veremos? Porque dicen las malas lenguas que si el propio Eloy Velasco le contó la existencia de las escuchas a uno de sus compañeros o a otra persona, él mismo estaría implicado y por tanto le convendría más dejar morir el asunto. Sería un escándalo pero ...¡cuántos escándalos mayores estamos viendo pasar!

“No creo que sea un problema de cuatro manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto”

3/3/2017
Ramón Lobo

“Que el tribunal que debe juzgar casos de una enorme relevancia dedique un porcentaje tan importante de su tiempo a perseguir tuiteros o chistes más o menos desafortunados, dice bastante del retroceso de libertades que estamos viviendo”, asegura el exportavoz de Jueces para la democracia

“En nuestro país no dimite ni un rector por plagiar ni un cura por abusar ni un político por robar. No hay una cultura de la ética vinculada a que un cargo público se tiene que desempeñar de manera ejemplar. Esto daña la credibilidad de las instituciones”

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) ha sido hasta hace unos meses portavoz de Jueces para la Democracia, la organización que reúne a los magistrados progresistas. Rechazó ir en las listas de Podemos en las elecciones generales y declinó la oferta de Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat valenciana, de ser consejero de Justicia. La entrevista se desarrolla en Valencia, en uno de los centros culturales tradicionales que han sobrevivido a la uniformización de marcas, tiendas, gustos e ideas. Han sido días de grandes alarmas: la sentencia del caso Noós, los cambios de fiscales clave y el escándalo en Murcia con la presunta corrupción de su presidente.

¿Ha tenido la infanta Cristina un trato de favor?

El proceso contra la infanta ha tenido todo tipo de singularidades. La Fiscalía se ha apartado de sus actuaciones habituales: ha recurrido la mera imputación a bombo y platillo, ha descalificado groseramente al juez instructor y ha sobreactuado en la defensa de la imputada, para ir incluso más lejos que sus propios abogados. La sentencia absolutoria tiene aspectos jurídicos discutibles, aunque no es un trato de favor. Es más bien una apuesta por una interpretación sobre autoría y cooperación en los delitos fiscales. Pero había argumentos jurídicos también para condenar a la infanta, como lo demuestran los autos del juez José Castro y de otra sección de la Audiencia de Palma.

¿Es normal que haya tenido tantos defensores: su abogado, el fiscal Pedro Horrach, la Abogacía del Estado, Hacienda?

No es normal. Jamás he visto en un juzgado a una persona imputada con semejante despliegue a su favor de instituciones públicas para exonerarle de cualquier culpa.

"Nunca se había legislado tan a gusto de los corruptos como ahora con el PP"

24/10/2015
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, acusa al Gobierno de favorecer la impunidad de algunos delincuentes y de recortar las libertades en una legislatura "fallida" en materia de justicia

Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es el portavoz de Jueces para la Democracia, la asociación que agrupa a los magistrados progresistas, y un jurista popular y del gusto de muchos políticos: ha sido tentado por Pablo Iglesias para ser candidato de Podemos en las elecciones generales del 20 de diciembre y antes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para ser conseller de Justicia. En ambos casos dijo no. Bosch recibe a eldiario.es en el juzgado de Moncada (Valencia) que preside desde hace más de siete años.

Correa acusa al PP  en su confesión de varios delitos relacionados con la corrupción. ¿Han fallado policía y jueces en el caso Gürtel?

Los casos de corrupción no son fáciles de detectar cuando se producen, aunque se podría dar una respuesta rápida y proporcionada con los medios adecuados, pero en España eso no pasa. Primero, porque no se toman las medidas preventivas adecuadas y segundo porque jueces y policía no tienen recursos para responder de manera contundente contra la corrupción. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque no es de recibo haber tenido un código penal que castiga con prisión al inmigrante sin papeles que se gana la vida con el top manta y se limita a multar a un corrupto.  Controlar las adjudicaciones de la administración, acabar con la arbitrariedad en ese campo, sería básico, pero parece que no hay voluntad de ir por ahí. Tenemos un sistema que facilita la corrupción.

¿Qué opinión le merece la llamada 'Ley de Punto final'?

El gobierno dice que los procedimientos judiciales duran mucho tiempo y quiere acortarlos. Estamos de acuerdo, pero eso sucede por la falta de medios de nuestra justicia. Tenemos menos jueces por habitante que países como Moldavia o Albania y, en relación al PIB, invertimos bastante menos que en Europa. Además, los procesos se rigen por leyes decimonónicas que permiten que abogados expertos provoquen grandes dilaciones durante las investigaciones. Agotada la legislatura, el Gobierno ni ha invertido en justicia ni ha cambiado la ley. Es imposible cerrar en 18 meses una investigación sobre corrupción sin muchos más recursos. Muchas investigaciones se archivarán y en otras se irá a juicio con pruebas débiles. Nunca se había legislado tan a gusto del corrupto. Esta reforma favorecerá la impunidad.

Terrorismo machista. Ya basta

15/8/2015
Beatriz Gimeno

Si entendemos que, por lo general, llamamos terrorismo al intento de imponer una idea política por medio del terror y del uso de la violencia, entonces podemos llamar terrorismo machista a la violencia de género, aunque en este caso no se busque revertir una situación, sino perpetuarla. Históricamente, el sistema patriarcal ha minusvalorado, cuando no alentado, la violencia contra las mujeres de manera que la violencia usada contra unas pocas sirviera como amenaza y correctivo para todas. Todo sistema de dominación, y el patriarcado lo es,  tiene que usar la violencia para imponerse y luego para mantenerse, aunque esa violencia no sea utilizada masivamente. Basta con que ocurra de vez en cuando, basta la mera amenaza para que todas las víctimas potenciales sepan que es mejor no rebelarse. Históricamente esto no admite discusión posible. El asesinato o la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres –es decir, por el hecho de no ajustarse a lo que, como mujeres, se espera de ellas, ya sea lo que la sociedad espera de ellas o lo que un hombre cualquiera espera o desea-, no ha estado penada o mucho menos penada que la situación contraria. Eso quiere decir que este tipo de violencia estaba permitida, alentada como correctivo o socialmente legitimada, aun cuando existiera una pena formal. Aun ahora esto sigue ocurriendo en muchos países. En aquellos países en los que la igualdad formal es un hecho y el reproche penal por matar a un hombre o a una mujer es el mismo, aun en estos casos, la legitimación cultural se sigue dando en el caso de los asesinatos machistas.

Culturalmente sigue muy presente la idea de que los hombres tienen ciertos derechos (o muchos) sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que “su” mujer le hace saber que no le pertenece. Tolerancia social a la que se une –o que fomenta- la tolerancia institucional y política, así como el relato que se sigue haciendo desde los medios de comunicación: la mató porque la quería, la mató por celos, la mató porque ella hizo algo que no debía o, simplemente, porque estaba loco. Lo cierto es que la mató porque él creía –el sistema le había hecho creer- que estaba legitimado para matarla, que tenía derecho a matarla; la mató porque ella, con su comportamiento, había dañado su sentido de la masculinidad. El sistema enseña a los hombres (las encuestas con los jóvenes dan cuenta de ello) que la masculinidad depende del comportamiento de las mujeres con las que se relacionan, especialmente de aquellas sobre las que han adquirido ciertos derechos; luego son las mujeres con su comportamiento las que desatan la violencia en algunos hombres.

Señores periodistas: ¡Estoy encerrado de nuevo! Carta abierta a los medios de comunicación

15/1/2015
Teniente Segura

Hoy me pongo en contacto con ustedes, con los medios de comunicación, tanto en España como en el extranjero. Lo hago desesperado, al comprobar que no se está dando prácticamente difusión, por parte de la mayoría de ustedes, a la gravísima situación que acontece en las Fuerzas Armadas, lo que no deja de ser un extraordinario perjuicio para toda la sociedad. Ya sabemos que, en muchas ocasiones, lo que se busca es entretener al público, distraerlo como sea, y que en este escenario tenemos que ver en los telediarios, radios o periódicos, noticias absurdas como que a un señor le han multado por correr en una mediana y le han restado puntos del carné de conducir o situaciones similares, mientras se guarda un infame silencio con respecto a esta y a otras muchas historias más. Un silencio que me corroe más cuando veo, leo u oigo este tipo de noticias absurdas, y máxime hoy que tengo la certeza de ser encerrado mañana (15 de enero de 2015), debido a que uno de los muchos militares que está conmigo me ha informado de ello.

La propia CNN en uno de sus reportajes critica de forma dura la falta de cobertura de estos hechos (al final tienen varios enlaces en los que pueden profundizar al respecto) por parte de la mayoría de los medios de comunicación españoles, lo que les tendría que hacer reflexionar sobre su labor. No deja de ser un hecho cierto que el ser humano es un animal de costumbres muy reacio al cambio, pero de la misma forma que hoy podemos decir que el bipartidismo se derrumba ante el auge de dos nuevos partidos (Podemos y Ciudadanos, que se apoyarán de una forma u otra en los partidos que no han formado parte del bipartidismo como IU y UPyD), tarde o temprano, si ustedes no siguen informando al ciudadano, llegarán nuevos medios de comunicación o nuevas fórmulas de transmisión de la misma, que dejarán formatos como el telediario reducidos a la nada. Sé que, por ejemplo, en el mundo de la prensa, aunque los diarios como tal casi no se leen, periódicos como El País o El Mundo siguen siendo referentes, igual que cadenas de radio o televisión que todos tenemos en la mente, pero si se continua tergiversando la información, desinformando y manteniendo el tabú sobre determinados temas, un día, los ciudadanos terminarán por buscar otras alternativas, como ya lo han hecho en el mundo de la política. Y ese día, no está muy lejano, pues ya se pueden observar síntomas claros de agotamiento, ya que hay muchos ciudadanos que encuentran mayor credibilidad en la red o en los nuevos medios de comunicación que en los medios tradicionales. Yo pienso que mantener determinados tabúes es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué se puede decir de la crítica situación a nivel económico de los medios de comunicación? Pues en mi opinión, ello se debe a que no se informó de muchos hechos cuando se tenía que haber hecho y demuestra la clara falta de independencia de los mismos.

Radiografía de la Corrupción en España

Redacción Irispress

¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas? Según dicen los profesionales entendidos en el tema sí.  “Los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias” y no por el control del Estado.

España es un país donde la corrupción está instalada en el sistema, anidada en las instituciones con políticos y empresarios corruptos y que se basa en una estructura de prácticas corruptas y permitidas por las leyes que nos rigen. Después de que se creara la Fiscalía Anticorrupción (hace ya unos cuantos años) no tienen a día de hoy, ni medios materiales ni legislativos para poder combatirla con firmeza y, lo más grave de todo, no tienen independencia para poder instruir los casos. Y tanto fiscales, jueces como inspectores, piden cambios legislativos y acabar de una vez por todas con los indultos y amnistías fiscales que actúan de hecho como una ley de punto y final.

Desde que se destapo el caso Filesa, el caso Juan Guerra  y el caso Naseiro, tiempo ha habido y poco se ha querido hacer por luchar contra la corrupción.

¿A qué viene entonces la insistencia por medio de los que están instalados en el poder durante décadas, de querer meter el miedo en los ciudadanos cuando gente joven como Pablo Iglesias, Albert Rivera o Alberto Garzón, exponen otras formas de gobernar, que por diferentes que puedan parecer, lo que si tienen en común es su lucha contra la corrupción?  La respuesta parece clara, el miedo lo tienen ellos a perder sus privilegios y harán todo lo posible porque nada cambie. Sin embargo, el cambio parece inevitable. La sociedad lo está demandando como nunca. 

Dos vicepresidentes del Gobierno, una infanta y su marido, el que fuera jefe de los patronos, sindicalistas, ex ministros, parlamentarios, consejeros, alcaldes… La cifra, a día de hoy, supera los 1.900 imputados en causas por corrupción en España. O Dicho de otra forma, Rodigro Rato, Juan Pedro Moltó, Francisco Granados, Narcis Serra, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, Jaume Mata, Maria Antonia Munar, Carlos Fabra, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido… ¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas?

El negocio oculto de las cárceles españolas

noviembre 2014

Publicado en noviembre 10, 2014 por Redacción 

Sillas en un patio de la cárcel de Villabona. El Corte Inglés es el gran suministrador de material a las prisiones, donde tiene mano de obra muy barata. Foto / Mario Rojas.

Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.

Fernando Romero / Periodista.

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

Elpidio Silva: culpable... de perseguir a un poderoso

16/7/2014
Gonzalo Boye Tuset

En el juicio contra Elpidio Silva se enjuicia a todos los jueces de a pie que están dispuestos a investigar al poder.

No es posible que primero se enjuicie a los jueces que investigan casos de corrupción que a los implicados mismos.

Este avasallamiento de la separación de poderes representa un peligro para la credibilidad y la estabilidad del sistema.

Después de que haya quedado visto para sentencia el juicio en contra del Juez Elpidio Silva, muchos nos han preguntado por qué le hemos defendido, si creemos que la sentencia estaba ya dictada, si es normal que Silva sea enjuiciado antes que Blesa, si el Fiscal Manuel Moix ha actuado correctamente, si se han respetado los derechos de Silva y, sobre todo, nos preguntan si Elpidio Silva tiene alguna posibilidad de salir absuelto. Intentaré, en breves líneas, dar respuesta a todas estas interrogantes.

Le hemos defendido como defendemos a muchos otros pero, sin duda, un elemento esencial a la hora de tomar esta decisión fue el claro convencimiento de que aquí no sólo se enjuiciaba a Elpidio Silva sino a todos aquellos jueces "de a pie" a los que, por reparto, les toca algún serio caso de corrupción y terminan viéndose enfrentados a poderosas maquinarias que sólo pretenden matar a los mensajeros para destruir los mensajes.

Tal cual sostuvimos en nuestro informa final en el Juicio, seguramente somos parte de ese pequeño grupo de personas que seguimos confiando en la Administración de Justicia y que pensamos que la Sentencia no estaba dictada; expusimos y ratificamos nuestra confianza en la profesionalidad y ética de aquellos tres Magistrados llamados a deliberar sobre la prueba practicada durante el plenario.

Cosa muy distinta es que hayamos, desde una perspectiva del derecho constitucional al Juez imparcial, cuestionado la posible pérdida de imparcialidad de una parte del Tribunal, toda vez que ya habían conocido parte importante de la prueba que se practicaría en la primera de las ocasiones en que se intentó celebrar el juicio. Se trataba y se trata de un planteamiento técnico que afecta a la posible parcialidad objetiva, es decir, a que los jueces estuviesen contaminados por el conocimiento que ya podían tener de los hechos y de la prueba y, como bien nos dijo el Tribunal, razón no nos faltaba.

"El Gobierno busca aplicar un estado de excepción encubierto"

11/7/2014

Entrevista / Jaume Asens

El abogado y autor de 'La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta' considera que la 'Ley Mordaza' tiene muchos elementos inconstitucionales y cree que pretende "consolidar el miedo como fundamento del régimen"

Jaume Asens, abogado y escritor, ha defendido infinidad de activistas del 15-M y otros movimientos, entre otros los imputados por el Aturem el Parlament.  Es autor, junto a Gerardo Pisarello, de La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta (Catarata) y miembro del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

Como experto y voz autorizada en la materia denuncia la inconstitucionalidad de muchos de los elementos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes. A su juicio, la llamada Ley Mordaza "está hecha a medida del 15-M", ya que las infracciones "están pensadas" para castigan las diferentes formas de expresión del movimiento.

Asens desconfía del Tribunal Constitucional y de que los posibles recursos de inconstitucionalidad puedan tener éxito. El abogado cree que la norma, que busca "reinstalar el miedo en el sistema", no deja de ser, además, un "gesto de debilidad del Gobierno".

¿Cómo define el proyecto definitivo de Ley de Seguridad Ciudadana?

Me parece una ley que intenta aplicar un estado de excepción encubierto para que el espacio público deje ser ser un espacio de protesta. Es la expresión del malestar en tiempos de crisis que se enmarca en una lógica de excepción propia de un castigo administrativo del enemigo. El Gobierno, con esta ley, no está teniendo en cuenta que no hay democracia sin protesta, la base de la preservación del resto de derechos. Básicamente, lo que quiere es convertir el miedo en el núcleo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una política que busca consolidar el miedo como fundamento del régimen.

Diego Torres “cantó” ante el juez Castro: “está implicada toda la familia real”

29/6/2014

Toda la “familia” real estaba en el ajo del “caso Noos” y la prensa oficial lo sabía por el organigrama

Juan Carlos de Borbón era el “conseguidor”,Cristina era “asesora deportiva”, Felipe VI el “presidente de honor”, la infanta Elena “asesora cultural” y hasta Sofía de Grecia “tenía una cierta vinculación al proyecto, aunque en este caso fuese de orden menor”. Quien así confesó ante el juez fue Diego Torres, máximo responsable del Instituto Noos en el “caso Urdangarin“. Pero los medios de comunicación del régimen están difundiendo una cortina de humo al centrar el interés en la pésima relación personal entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Siendo cierto, no es lo sustancial ni significativo de este proceso judicial. La actuación de la Fiscalía cumple órdenes jerárquicas del fiscal general, Torres-Dulce (nombrado a su vez por el ministro Gallardón) y es verdad  que los tres deberán ser algún día juzgados por prevaricación y dejación de funciones de defensa del interés general y ciudadano en favor de la corrupción económica particular de la familia Borbón y Grecia. Pero es esta la última responsable judicial de ese millonario desfalco de dinero público que Urdangarin afloró, según el mejor conocedor de la trama.

Portada del libro que cuenta el entramado del “caso Noos” desde dentro

No es cierto que el magistrado Castro esté persiguiendo con excesivo celo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Más bien está ocurriendo lo contrario: la instrucción ha beneficiado la exculpación de tres personas que fueron “cooperadores necesarios” del gigantesco fraude de dinero público: el matrimonio Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia junto a la hermana de la inculpada, Elena de Borbón y Grecia. No es una suposición ni una conjetura. La citada “familia” actuaba mancomunadamente y al más puro estilo siciliano coordinaba sus iniciativas. Lo dice el profesor y economista Diego Torres, que ha “cantado” ante el juez Castro y era elautor confeso de todas las operaciones fraudulentas del Instituto Noos. Lo tiene escrito además en el libro “Urdangarin y la Copa América”, redactado bajo el pseudónimo de “Ricardo Grenville”, que tuvo que publicarse en Canadá. Y este es el contenido textual del capítulo titulado “Y toda la familia real”. Lo que pueden leer a continuación lo oyó igualmente el juez Castro. ¿Por qué no actuó contra todos los miembros de la familia? Posiblemente la mafia PP-PSOEhaya tejido un entramado legal que impida siquiera preguntar a los ex-monarcas en sede judicial, pero algún día nuevas formaciones políticas podrán sustituirlo para que las más elementales preguntas que pueden formularse desde la opinión pública pueda realizarlas también un juez independiente.

El fiscal de Nuremberg cree que es un error que España limite la Justicia Universal

21/5/2014

Javier Álvarez

Benjamín Ferencz nos ha contado con su penetrante mirada azul que todavía se despierta por las noches al recordar lo que vio con 27 años cuando se convirtió en el fiscal del mayor juicio de la historia: el juicio contra los criminales nazis en Núremberg. Ha calificado la prisión de Guantánamo como un centro de tortura ilegal y el secuestro de las 200 niñas en Nigeria como un crimen de Lesa Humanidad.

Esta es la entrevista concedida a la Cadena SER después de su intervención en el Primer Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal que se celebra en Madrid.

"Estoy muy contento de haber sido invitado a esta conferencia, porque tengo mucho respeto por Baltasar Garzón, por su coraje, su habilidad como abogado intentando traer justicia al mundo. Y he gastado parte de mi vida intentando alcanzar los mismos objetivos. Así que cada vez que tenemos una oportunidad para juntarnos y compartir los mismos ideales y difundir las ideas a otras personas, siempre estoy contento de contribuir".

¿Para qué sirve un Congreso como este?

La mayoría de la gente no se da cuenta del todo de cuán inhumano puede ser el mundo. Estamos haciendo muchos progresos en conseguir reconocimiento sobre que todos tenemos derechos humanos, y siempre ha sido mi objetivo como fiscal, cuando era joven y también ahora como persona muy mayor la lucha por los derechos de todos los seres humanos, vivir en paz y dignidad sin tener en cuenta su raza o credo. Los que desafían esas normas persiguiendo y asesinando gente inocente deberían ser traídos ante un juez para que no puedan repetirlo.

¿Cree que España ha perdido su prestigio internacional con la nueva justicia universal?

Si he entendido bien la pregunta, cualquier gobierno que actúa contra los intereses de los seres humanos está cometiendo un error, porque a la larga las opiniones de la gente prevalecerán y la gente sólo quiere vivir en paz y armonía con su familia. La aproximación política a la vida humana que desprecia los derechos humanos no podrá sostenerse por sí misma durante mucho tiempo.

¿Cuánto tiempo puede durar el error?

Cuando el pie del tirano se posa sobre el cuello del ciudadano, la ciudadanía se levantará y protestará y tomar la iniciativa.

¿Qué piensa del auge de los partidos ultra nacionalistas?

Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión en política, pero cuando usan esa libertad como una razón para matar a sus oponentes no es tolerable, y deberían ser suprimidos por cualquier medio.

¿Recomendaría a la gente no votar a estos partidos?

Yo ciertamente no me involucraré en la política española, y no haré recomendaciones sobre un tema del que sé muy poco.

¿Su respuesta es muy educada?

Intento ser muy educado

¿Qué opina sobre las denuncias de crímenes contra la Humanidad en China?

Creo que los crímenes contra la humanidad no son algo que deba aprobarse sea donde ocurran, ya sea en China o en Tombuctú o en USA o en cualquier lugar. Los crímenes contra la humanidad son crímenes y las víctimas son seres humanos, y la gente no debería estar preparada para aceptar esas acciones sin rechazarlas y sin tomar medidas legales para prevenir que vuelvan a suceder.

Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento urgente

15 mayo 2014

Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

1.- La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad [1]. Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de la ley.

2.- Las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.

3.- Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), etc.

Elpidio Silva, un juicio inviable

28/4/2014

Gonzalo Boyet Tuset

Importantes sectores mediáticos están dedicando buena parte de sus energías no solo a analizar el proceso contra el juez Elpidio Silva, sino también a criticarle duramente por su actitud durante el mismo. Con ello, seguramente se están perdiendo de vista dos temas fundamentales. Primero, que con independencia de que sea un juez el enjuiciado, éste tiene derecho a defenderse en la mejor forma que pueda. Segundo, que el juicio, nos parezca o no un espectáculo, nunca debió celebrarse en las condiciones actuales.

Toda persona, incluso los magistrados que son acusados de prevaricar, tiene derecho a defenderse, a evitar su condena y a evitar, incluso, su propio juicio. Desde esa perspectiva, es evidente que el juez Silva -como cualquier otro acusado- tiene derecho a intentar evitar el juicio. Sobre todo, si no se brindan las condiciones para que éste se celebre con las garantías reales del debido proceso.

La vía que en su momento intentó Silva para retrasar el juicio no fue otra que la nulidad de las actuaciones practicadas por aquel tribunal cuya recusación fue admitida. Como ya expliqué en otro artículo, era lógico y natural que la misma se decretase. De hecho, esto hubiera impedido la celebración del juicio antes de las elecciones europeas a las que Silva concurre como candidato.

La sala que actualmente le enjuicia, sin respeto alguno por el derecho a un proceso debido o al juez imparcial, no sólo se negó a dictaminar en este sentido. Ha obligado a que el juicio se celebre, generando más que razonables dudas sobre su propia imparcialidad.

Llegados a este punto, el acusado tenía y tiene fundadas sospechas sobre el resultado final del pleito. Es ahí, y no antes, cuando comienzan las discrepancias entre su defensa técnica y él. Seguramente, lo más adecuado hubiese sido exponer esas discrepancias antes del comienzo del juicio. Pero la verdad es que tampoco se conocía cuál iba a ser el posicionamiento de la sala respecto a una nulidad evidente que conocían desde hace más de una semana y que habían dejado pendiente de resolver.

Si el tribunal hubiese actuado con corrección jurídica y democrática habría suspendido el juicio, decretando la nulidad y la consiguiente retroacción de las actuaciones. También lo podría haber suspendido cuando el abogado presentó su renuncia hasta la designación de otro letrado. El problema es que ello hubiese implicado su no celebración hasta después de las elecciones europeas y eso no parecía entrar en el guión. Muchos creen que la renuncia fue una estratagema, pero olvidan -juristas incluidos- que la renuncia de un abogado no requiere explicación. Es más, facilitarla podría atentar a los deberes de secreto y lealtad que se tiene respecto de los clientes.