3/3/2017
Ramón Lobo
Joaquim Bosch (Cullera, 1965) ha sido hasta hace unos meses portavoz de Jueces para la Democracia, la organización que reúne a los magistrados progresistas. Rechazó ir en las listas de Podemos en las elecciones generales y declinó la oferta de Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat valenciana, de ser consejero de Justicia. La entrevista se desarrolla en Valencia, en uno de los centros culturales tradicionales que han sobrevivido a la uniformización de marcas, tiendas, gustos e ideas. Han sido días de grandes alarmas: la sentencia del caso Noós, los cambios de fiscales clave y el escándalo en Murcia con la presunta corrupción de su presidente.
Ramón Lobo
“Que el tribunal que debe juzgar casos de una enorme relevancia dedique un porcentaje tan importante de su tiempo a perseguir tuiteros o chistes más o menos desafortunados, dice bastante del retroceso de libertades que estamos viviendo”, asegura el exportavoz de Jueces para la democracia
“En nuestro país no dimite ni un rector por plagiar ni un cura por abusar ni un político por robar. No hay una cultura de la ética vinculada a que un cargo público se tiene que desempeñar de manera ejemplar. Esto daña la credibilidad de las instituciones”
Joaquim Bosch (Cullera, 1965) ha sido hasta hace unos meses portavoz de Jueces para la Democracia, la organización que reúne a los magistrados progresistas. Rechazó ir en las listas de Podemos en las elecciones generales y declinó la oferta de Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat valenciana, de ser consejero de Justicia. La entrevista se desarrolla en Valencia, en uno de los centros culturales tradicionales que han sobrevivido a la uniformización de marcas, tiendas, gustos e ideas. Han sido días de grandes alarmas: la sentencia del caso Noós, los cambios de fiscales clave y el escándalo en Murcia con la presunta corrupción de su presidente.
¿Ha tenido la infanta Cristina un trato de favor?
El proceso contra la infanta ha tenido todo tipo de singularidades. La Fiscalía se ha apartado de sus actuaciones habituales: ha recurrido la mera imputación a bombo y platillo, ha descalificado groseramente al juez instructor y ha sobreactuado en la defensa de la imputada, para ir incluso más lejos que sus propios abogados. La sentencia absolutoria tiene aspectos jurídicos discutibles, aunque no es un trato de favor. Es más bien una apuesta por una interpretación sobre autoría y cooperación en los delitos fiscales. Pero había argumentos jurídicos también para condenar a la infanta, como lo demuestran los autos del juez José Castro y de otra sección de la Audiencia de Palma.
¿Es normal que haya tenido tantos defensores: su abogado, el fiscal Pedro Horrach, la Abogacía del Estado, Hacienda?
No es normal. Jamás he visto en un juzgado a una persona imputada con semejante despliegue a su favor de instituciones públicas para exonerarle de cualquier culpa.
