La Señora de las Salas

13/5/2017

Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder

Con gesto suficiente, Enrique López López me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear.

Unos jueces centrales para instruir asuntos que afectan al poder y una Sala de lo Penal para juzgarlos. Una nueva Sala para gobernarlos a todos. Una nueva Sala para controlarlos a todos y atarlos a las tinieblas. La Señora de las Salas. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el uno de junio.

Mientras estamos centrados en la obscena visión de una Fiscalía que el poder ejecutivo moldea para manejar los temas que le competen, mientras vemos cómo juzgan la Gürtel o esperamos expectantes a ver testificar a Rajoy, en Mordor se preparan para poner en marcha y controlar la Sala que podrá contrarrestar el poder de todos ellos.

La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella. Lógico, puesto que en sus manos estará corregir o enmendar todo lo relativo a los casos Gürtel, Lezo, Púnica y todos los demás. Una Sala para controlarlos a todos. Todas las sentencias serán revisadas por esta nueva sala formada por dos magistrados y un presidente. Colocar a dos afines es controlar la sala. No esperemos a gritar cuando veamos los primeros resultados, porque las resoluciones, absoluciones o revisiones de las sentencias que en ella se produzcan  serán prácticamente definitivas. El Tribunal Supremo quedará sólo para una tasadísima casación que será prácticamente imposible que se produzca en cuestiones con jurisprudencia suficiente.

Una Sala para controlarlos a todos.

Hay casi toda una trilogía en el origen de esta Sala de Apelaciones.

Médicos que piden frenar las prácticas corruptas de la industria farmacéutica

8/3/2016

Un grupo de reputados médicos, farmacéuticos y divulgadores científicos han difundido un manifiesto para pedir a los políticos que hagan algo para frenar las prácticas “oscuras” de Big Pharma, las grandes farmacéuticas. Se amplía así el abanico de profesionales de las ciencias de la vida que advierten en público sobre la corrupción de la industria farmacéutica y su impacto en la salud de la población.

En esta ocasión se trata del cardiólogo Aseem Malhotra; Richard Thompson, expresidente del Real Colegio de Médicos de Gran Bretaña y médico personal de la reina durante 21 años; John Ashton, presidente del Faculty of Public Health; el psiquiatra J.S. Bamrah, presidente de la Asociación Británica de Médicos de Origen Indio y director médico del Manchester Academic Science Centre; la cardióloga Rita Redberg, editora de la prestigiosa revista médica JAMA Internal Medicine; y el profesor James McCormack, reputado farmacéutico y divulgador científico.

Estos profesionales aseguran que hay demasiados fármacos inútiles y, en muchas ocasiones peligrosos. Que la industria farmacéutica engaña a médicos y población enferma. Que el NHS, el sistema sanitario público británico, no hace nada para evitarlo. Y que hay que hacer una investigación pública completa sobre cómo se asegura la eficacia de los medicamentos por la citada sospecha de que algunos tratamientos actuales sean mucho menos efectivos de lo que pensábamos.

En definitiva, lo que llevamos años denunciando en estas páginas. Del manifiesto se desprende que el derecho a la información de la ciudadanía en temas relacionados con su salud es vejado de manera sistemática por las industrias. Existe una “epidemia de médicos y pacientes desinformados”.

Peter C. Gøtzsche, autor del libro Medicamentos que matan y crimen organizado.

El sobrediagnóstico y la sobremedicación, principales males de los sistemas sanitarios ocicdentales, está conduciendo a una epdiemia soterrada de muertes y graves daños provocados por medicamentos.

Lo que estos especialistas influyentes indican ahora es lo que el médico danés Peter C. Gøtzsche, a quien tuve la suerte de conocer en Madrid con motivo de la presentación de su libro Medicamentos que matan  y crimen organizado. Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud, explica y documenta en ese trabajo.

Gotzsche ha trabajado en la industria farmacéutica y después se ha convertido en uno de los adalides de la llamada Medicina Basada en la Evidencia (MBE), que ha degenerado en el marketing de Big Pharma para vender medicamentos ineficaces y mortales -como asintió cuando le hice esta observación-.

Todo lo que debes saber para detener tu desahucio

22/10/2015
Entrevista a Josep Manuel Novoa Novoa en El Vórtice

 Para detener los desahucios depende de la persona interesada, en tus manos está el poner fin a esta pesadilla a la que tu banco te somete. No dejes escapar esta oportunidad, escucha con atención este audio y si te convence lo que aquí se dice asóciate a Hipotecados Activos. La solución está en tu mano, todo se inicia con el primer paso que lo debes de dar tu. Bienvenido al futuro. 

Este es el enlace: 
http://www.elvorticeradio.com/2015/10/20/para-tu-desahucio-vortice-radio/#.ViYf1eslP-k

Vía: https://ataquealpoder.wordpress.com/2015/10/22/nueva-entrevista-en-el-vortice/

Elpidio Silva: culpable... de perseguir a un poderoso

16/7/2014
Gonzalo Boye Tuset

En el juicio contra Elpidio Silva se enjuicia a todos los jueces de a pie que están dispuestos a investigar al poder.

No es posible que primero se enjuicie a los jueces que investigan casos de corrupción que a los implicados mismos.

Este avasallamiento de la separación de poderes representa un peligro para la credibilidad y la estabilidad del sistema.

Después de que haya quedado visto para sentencia el juicio en contra del Juez Elpidio Silva, muchos nos han preguntado por qué le hemos defendido, si creemos que la sentencia estaba ya dictada, si es normal que Silva sea enjuiciado antes que Blesa, si el Fiscal Manuel Moix ha actuado correctamente, si se han respetado los derechos de Silva y, sobre todo, nos preguntan si Elpidio Silva tiene alguna posibilidad de salir absuelto. Intentaré, en breves líneas, dar respuesta a todas estas interrogantes.

Le hemos defendido como defendemos a muchos otros pero, sin duda, un elemento esencial a la hora de tomar esta decisión fue el claro convencimiento de que aquí no sólo se enjuiciaba a Elpidio Silva sino a todos aquellos jueces "de a pie" a los que, por reparto, les toca algún serio caso de corrupción y terminan viéndose enfrentados a poderosas maquinarias que sólo pretenden matar a los mensajeros para destruir los mensajes.

Tal cual sostuvimos en nuestro informa final en el Juicio, seguramente somos parte de ese pequeño grupo de personas que seguimos confiando en la Administración de Justicia y que pensamos que la Sentencia no estaba dictada; expusimos y ratificamos nuestra confianza en la profesionalidad y ética de aquellos tres Magistrados llamados a deliberar sobre la prueba practicada durante el plenario.

Cosa muy distinta es que hayamos, desde una perspectiva del derecho constitucional al Juez imparcial, cuestionado la posible pérdida de imparcialidad de una parte del Tribunal, toda vez que ya habían conocido parte importante de la prueba que se practicaría en la primera de las ocasiones en que se intentó celebrar el juicio. Se trataba y se trata de un planteamiento técnico que afecta a la posible parcialidad objetiva, es decir, a que los jueces estuviesen contaminados por el conocimiento que ya podían tener de los hechos y de la prueba y, como bien nos dijo el Tribunal, razón no nos faltaba.

Diego Torres “cantó” ante el juez Castro: “está implicada toda la familia real”

29/6/2014

Toda la “familia” real estaba en el ajo del “caso Noos” y la prensa oficial lo sabía por el organigrama

Juan Carlos de Borbón era el “conseguidor”,Cristina era “asesora deportiva”, Felipe VI el “presidente de honor”, la infanta Elena “asesora cultural” y hasta Sofía de Grecia “tenía una cierta vinculación al proyecto, aunque en este caso fuese de orden menor”. Quien así confesó ante el juez fue Diego Torres, máximo responsable del Instituto Noos en el “caso Urdangarin“. Pero los medios de comunicación del régimen están difundiendo una cortina de humo al centrar el interés en la pésima relación personal entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Siendo cierto, no es lo sustancial ni significativo de este proceso judicial. La actuación de la Fiscalía cumple órdenes jerárquicas del fiscal general, Torres-Dulce (nombrado a su vez por el ministro Gallardón) y es verdad  que los tres deberán ser algún día juzgados por prevaricación y dejación de funciones de defensa del interés general y ciudadano en favor de la corrupción económica particular de la familia Borbón y Grecia. Pero es esta la última responsable judicial de ese millonario desfalco de dinero público que Urdangarin afloró, según el mejor conocedor de la trama.

Portada del libro que cuenta el entramado del “caso Noos” desde dentro

No es cierto que el magistrado Castro esté persiguiendo con excesivo celo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Más bien está ocurriendo lo contrario: la instrucción ha beneficiado la exculpación de tres personas que fueron “cooperadores necesarios” del gigantesco fraude de dinero público: el matrimonio Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia junto a la hermana de la inculpada, Elena de Borbón y Grecia. No es una suposición ni una conjetura. La citada “familia” actuaba mancomunadamente y al más puro estilo siciliano coordinaba sus iniciativas. Lo dice el profesor y economista Diego Torres, que ha “cantado” ante el juez Castro y era elautor confeso de todas las operaciones fraudulentas del Instituto Noos. Lo tiene escrito además en el libro “Urdangarin y la Copa América”, redactado bajo el pseudónimo de “Ricardo Grenville”, que tuvo que publicarse en Canadá. Y este es el contenido textual del capítulo titulado “Y toda la familia real”. Lo que pueden leer a continuación lo oyó igualmente el juez Castro. ¿Por qué no actuó contra todos los miembros de la familia? Posiblemente la mafia PP-PSOEhaya tejido un entramado legal que impida siquiera preguntar a los ex-monarcas en sede judicial, pero algún día nuevas formaciones políticas podrán sustituirlo para que las más elementales preguntas que pueden formularse desde la opinión pública pueda realizarlas también un juez independiente.

El fiscal de Nuremberg cree que es un error que España limite la Justicia Universal

21/5/2014

Javier Álvarez

Benjamín Ferencz nos ha contado con su penetrante mirada azul que todavía se despierta por las noches al recordar lo que vio con 27 años cuando se convirtió en el fiscal del mayor juicio de la historia: el juicio contra los criminales nazis en Núremberg. Ha calificado la prisión de Guantánamo como un centro de tortura ilegal y el secuestro de las 200 niñas en Nigeria como un crimen de Lesa Humanidad.

Esta es la entrevista concedida a la Cadena SER después de su intervención en el Primer Congreso Internacional sobre Jurisdicción Universal que se celebra en Madrid.

"Estoy muy contento de haber sido invitado a esta conferencia, porque tengo mucho respeto por Baltasar Garzón, por su coraje, su habilidad como abogado intentando traer justicia al mundo. Y he gastado parte de mi vida intentando alcanzar los mismos objetivos. Así que cada vez que tenemos una oportunidad para juntarnos y compartir los mismos ideales y difundir las ideas a otras personas, siempre estoy contento de contribuir".

¿Para qué sirve un Congreso como este?

La mayoría de la gente no se da cuenta del todo de cuán inhumano puede ser el mundo. Estamos haciendo muchos progresos en conseguir reconocimiento sobre que todos tenemos derechos humanos, y siempre ha sido mi objetivo como fiscal, cuando era joven y también ahora como persona muy mayor la lucha por los derechos de todos los seres humanos, vivir en paz y dignidad sin tener en cuenta su raza o credo. Los que desafían esas normas persiguiendo y asesinando gente inocente deberían ser traídos ante un juez para que no puedan repetirlo.

¿Cree que España ha perdido su prestigio internacional con la nueva justicia universal?

Si he entendido bien la pregunta, cualquier gobierno que actúa contra los intereses de los seres humanos está cometiendo un error, porque a la larga las opiniones de la gente prevalecerán y la gente sólo quiere vivir en paz y armonía con su familia. La aproximación política a la vida humana que desprecia los derechos humanos no podrá sostenerse por sí misma durante mucho tiempo.

¿Cuánto tiempo puede durar el error?

Cuando el pie del tirano se posa sobre el cuello del ciudadano, la ciudadanía se levantará y protestará y tomar la iniciativa.

¿Qué piensa del auge de los partidos ultra nacionalistas?

Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión en política, pero cuando usan esa libertad como una razón para matar a sus oponentes no es tolerable, y deberían ser suprimidos por cualquier medio.

¿Recomendaría a la gente no votar a estos partidos?

Yo ciertamente no me involucraré en la política española, y no haré recomendaciones sobre un tema del que sé muy poco.

¿Su respuesta es muy educada?

Intento ser muy educado

¿Qué opina sobre las denuncias de crímenes contra la Humanidad en China?

Creo que los crímenes contra la humanidad no son algo que deba aprobarse sea donde ocurran, ya sea en China o en Tombuctú o en USA o en cualquier lugar. Los crímenes contra la humanidad son crímenes y las víctimas son seres humanos, y la gente no debería estar preparada para aceptar esas acciones sin rechazarlas y sin tomar medidas legales para prevenir que vuelvan a suceder.

La Audiencia rechaza que las escuchas de Garzón contaminen todo el ‘caso Gürtel’

Frenando J. Pérez - 11/2/2014

La Sección Cuarta valida las pruebas recabadas durante la investigación 

Una de las aportaciones más originales del derecho norteamericano a la jurisprudencia española —y también de otros países— es la llamada doctrina de los frutos del árbol envenenado. Esta metáfora legal establece que todas las pruebas y evidencias obtenidas irregularmente durante una instrucción judicial no pueden ser admitidas y utilizadas en la fase de juicio. Es decir, si la fuente de prueba (el árbol) está contaminada, lo que se pueda obtener de él en la vista oral (el fruto) también lo está.

La aplicación de esta doctrina anglosajona —en este caso en sentido negativo— está en la base del auto emitido ayer por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este tribunal decretó ayer que la práctica totalidad de las pruebas obtenidas durante los cinco años de investigación del caso Gürtel son válidas, y que las escuchas ilegales en prisión a los abogados de los principales imputados en la trama corrupta, y que costaron la inhabilitación al juez Baltasar Garzón, no contaminan el resto de la causa.

El auto de la Sección Cuarta, de 30 páginas, confirma otra resolución del pasado 7 de octubre del juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel. Ruz declaró ilícitas y sin efecto las escuchas ordenadas por su antecesor al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Sin embargo, el magistrado dejó al margen y libró de la ilicitud el resto de las diligencias practicadas en la causa contra la corrupción en el PP.

Esta resolución de Ruz fue recurrida por seis de los principales imputados, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo, que pidieron a la Sección Cuarta que anulara “la totalidad” del procedimiento y archivara la causa contra ellos por “vulneración reiterada e irremediable de los derechos fundamentales”. Garzón intervino las comunicaciones en prisión de Correa, Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados desde el 19 de febrero hasta el 6 de mayo de 2009. Aquella “grave intromisión en el derecho de defensa” que costó la carrera a Garzón, sirvió para que los letrados pidieran la “nulidad radical” de todo lo investigado tanto antes como después. Las diligencias se abrieron en 2008, casi un año antes de que se produjeran las escuchas ilegales.

Elpidio José Silva: El Juez Juzgado

15MPARATO ⋅ OCTUBRE 16, 2013

Elpidio José Silva es el primer y único juez en España que ha ordenado el ingreso en prisión de un gran banquero en los 5 años de esta estafa económica que llaman crisis. Nada más y nada menos que de Blesa, el ilustre predecesor de Rato.

Un día después el Banquero estaba libre y el juez acusado. El fiscal, la Audiencia Provincial de Madrid y el poder económico y mediático no tardaron en salir en tromba a atacarlo.
Como declaró Rosell al conocer la noticia, si Blesa está en la cárcel “tendríamos que estar todos en la cárcel” (Aquí estamos de acuerdo con Rosell)

Caja Madrid/Bankia fue el centro de una tupida red clientelar beneficiada con cargos, prebendas y préstamos en condiciones privilegiadas (que algunos como Díaz Ferrán ni siquiera llegaron a devolver) dejando tras de sí un agujero que todos estamos pagando. Todos menos los verdaderos culpables de la crisis.

Cuestionar la impunidad de quienes se creen intocables tiene un precio. Silva ha sido denunciado por la Fiscalía, por Blesa y su abogado, y además de estar imputado por prevaricación, le acusan de “dos delitos contra la libertad individual”, es decir, detención ilegal de banqueros. Aviso a navegantes: los banqueros son intocables y acabar por todos los medios con el Juez Elpidio es para ellos una forma de ejemplificarlo para que nadie más se atreva a hacer justicia.

El Consejo General del Poder Judicial lo tiene suspendido mientras se tramita el expediente por faltas disciplinarias. Entre tanto, es linchado en los “grandes” medios donde se duda ahora de su preparación jurídica y se vierten todo tipo de difamaciones contra su persona. La buena noticia es que la gente ya no se cree sus mentiras.

El juez Elpidio Silva y nuestro abogado, Juan Moreno Yagüe se han puesto en contacto. En el momento en el que publicamos esto nuestro abogado lo acompaña en el juicio que se está celebrando contra él. Daremos más información desde nuestra cuenta de Twitter en cuanto podamos. Aunque las causas son diferentes, ambas forman parte de una gran trama: una estafa de miles de millones que dio origen a la crisis que nos están haciendo pagar y en ambas subyace un objetivo común: el fin de la impunidad. Todo el mundo alrededor del Juez Elpidio está siendo presionado para aislarlo y dejarlo solo. Simplemente creemos que esto no debe permitirse. Si no hacemos nada, el mensaje de miedo de los responsables de la crisis triunfará y ningún juez se atreverá a hacer justicia.
Compartimos con Elpidio un deseo profundo de que se haga justicia y ahora, también, si es necesario compartiremos letrado. Somos conscientes de los riesgos que puede suponer ya que desde el principio de 15MpaRato somos conscientes también de la magnitud del enemigo al que nos enfrentamos pero sentimos la obligación moral de ayudar a quienes luchan contra la impunidad en la medida de lo posible.

El #NurembergFinanciero continúa… y vamos a ir hasta el final. Con todas las consecuencias.

Vía:http://15mparato.wordpress.com/2013/10/16/elpidiojosilva15mparato/

¿Es el maquinista el único responsable del accidente?

21/8/2013

La confesión del maquinista no dejo lugar a dudas en su declaración,  él se siente y se hace responsable y culpable del accidente.

Debe ser muy duro vivir con esa losa el resto de tu vida. Cometió un grave error con el tren Alvia en Santiago el 24 de julio y él mismo se lo va a estar reprochando siempre, no me cabe la más mínima duda. La condena ya es muy dura sin todavía estar juzgado.

Él ya se ha culpado, pero, ¿faltan responsables? Porque ahora, que han pasado semanas y empiezan a esclarecerse los hechos, habrá que preguntarse si realmente fue sólo culpa del maquinista.

Ahora, después de haber oído diferentes voces que algo saben del tema, ahora resulta que nos enteramos de que el tramo de vía del lugar del siniestro no es de Alta Velocidad. Es de Velocidad Alta, que según todos los interesados que hablan no es lo mismo. Es una vía mixta. 

Ahora, después de que ha habido 79 víctimas, es ahora cuando Adif se plantea reducir la velocidad y poner balizas en el tramo del siniestro. 

Ahora,  después de lo ocurrido, Fomento asume que tres balizas habrían evitado el accidente del Alvia.

Es demoníaco que sea ahora y que todas estas posibles soluciones al problema no las hayan tomado antes, pero la verdad es que no me extraña nada, porque en este país, además de no aprender de los errores y no dar la cara cuando es necesario, vamos a remolque de los acontecimientos.

El maquinista ha admitido su culpa y el error de que se confundió de tramo y de una velocidad excesiva, y por lo tanto, sabemos que es un presunto culpable. Y ¿ahora qué? ¿Es el único responsable?

Hay pendientes unos contratos millonarios con varios países en el mundo por nuestro tren. Si tanto les preocupa el negocio, deberían de haber salido a dar una rueda de prensa conjunta y en su momento; Renfe y Adif junto con la responsable de Fomento, y no porque sea del PP, sino por sentido común. Tampoco vale excusarse en no querer hablar hasta que no se tengan los datos. ¿Qué datos? Si todavía están saliendo datos del accidente del Metro de Valencia, el Yack 42, y el avión de Spanair. Los datos me faltan a mí y a cualquier ciudadano de a pie, ¿pero a ellos les faltan datos varios días después de lo ocurrido? 

No quiero decir que haya que apresurarse en situaciones tan complejas a dar titulares, no, los datos en estos casos deben ser muy rigurosos, pero tampoco les cuesta tanto tener una aproximación veraz de lo ocurrido. Otra cosa distinta es, que conociendo los datos se quieran maquillar para mitigar el impacto en la sociedad.

Rajoy se deshizo de la cúpula antifraude en plena investigación del caso Gürtel

José Carlos Villanueva - 22/7/2013

Víctor de la Morena y su equipo en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude fueron destituidos

Interior también destituyó al comisario jefe de la UDEF, José Luis Olivera, responsable de las pesquisas policiales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trató de hacer creer el pasado 15 de julio que desde que el PP llegó al Ejecutivo todo sigue igual en la investigación del caso Gürtel porque, según dijo, no ha habido cambios: "La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la Administración tributaria que interviene en este caso son los mismos que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno".

Los hechos demuestran lo contrario. Un ejemplo es la destitución del máximo responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Víctor de la Morena, así como de los restantes miembros de su equipo.

Otra de las solemnes afirmaciones de Rajoy, al ser preguntado por el caso Bárcenas, durante su rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco fue que "ni se ha producido, ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la Administración de justicia, ni a la tributaria, ni a la Policía Judicial"

De la Morena llevaba el peso de las pesquisas sobre Gürtel cuando fue relevado de su cargo, en marzo de 2012. Los otros cinco jefes de su departamento en la ONIF, órgano dependiente de la Agencia Tributaria, también fueron destituidos con la llegada del ministro Cristóbal Montoro a la cartera de Hacienda.

De hecho, hasta el desembarco del PP, los cambios de signo político en el Gobierno solían afectar al jefe de la ONIF pero nunca a sus subordinados. En este caso, fue el quinteto de jefes de equipo.

Las palabras de Rajoy, al asegurar que todo seguía igual en el terreno de las personas encargadas de investigar el caso de corrupción que afecta al PP, sembraron malestar en ámbitos tributarios y policiales cercanos a la Fiscalía Anticorrupción, según diversas fuentes consultadas por eldiario.es, que recordaron los cambios y destituciones ocurridas. Cabe mencionar también el cese del que fue comisario jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), José Luis Olivera, mando policial que se encargaba del día a día de Gürtel.

En manos de los jueces

Isaac Rosa - 11/7/2013

Leo todas las noticias que encuentro sobre la dimisión del primer ministro de Luxemburgo por un escándalo de espionaje, y por ninguna parte encuentro el nombre del juez que inició la investigación, lo llamó a declarar o lo imputó. Busco y rebusco, porque me cuesta creer que alguien pueda dimitir tras "sólo" una comisión de investigación, un debate parlamentario y una votación.

Qué raros son estos luxemburgueses, pensarán nuestros dirigentes políticos, atornillados a sus sillones de los que no los mueve una comisión de investigación por mucho que desvele, ni un debate por adverso que sea, ni una votación aunque los deje solos. Aquí todo pasa por los tribunales, y si alguien acaba perdiendo su silla no será por presión parlamentaria, ni ciudadana ni periodística, sino porque sea condenado, y a veces ni por esas.

Dudo que vaya a ocurrir, pero si Rajoy dimitiese por la corrupción del PP, el gobierno andaluz cayese bajo sus ERE, o incluso la monarquía se derrumbase, no sería por obra de millones de manifestantes ni de ninguna investigación parlamentaria, sino por una decisión de los ya famosos Ruz, Alaya y Castro.

Lo mismo podríamos decir de las políticas de la crisis. Los únicos capaces de paralizar la privatización sanitaria son los jueces, después de que el gobierno madrileño ignorase la marea blanca y se echase unas risas en el parlamento regional. O el agujero negro de Bankia, preferentes incluidas: mientras el gobierno se lavaba las manos, han sido algunos jueces los que han sentado en el banquillo a directivos o han obligado a las entidades a devolver su dinero a los estafados.

Lo de la judicialización de la política viene de lejos, y nos hemos acostumbrado a que cualquier decisión política que suscita rechazo acabe sobre la mesa de un juez, incluido el Constitucional, que lo mismo suspende el decreto antidesahucios andaluz que la declaración soberanista catalana. También los ciudadanos vemos los tribunales como el lugar donde conseguir lo que no logramos ni en la calle ni votando, donde encontrar el amparo o la reparación que esta democracia nos niega.

Escudo para el banquero

El empeño de la Fiscalía General con las preferentes parece ser el de primar la vía civil, que se pague con dinero -eso siempre puede conseguirse-, y evitar que se pague con la prisión si fuera menester.

Elisa Beni - 3/6/2013

Anticorrupción ha dedicado 21 páginas a argumentar por qué en el tema de las preferentes no hay delito. Casi una sentencia. Fuentes fiscales aseguran que el fiscal general del Estado lleva diez meses impartiendo órdenes para que la posición frente a las querellas sea de archivo. En el propio informe presentado ante el Juzgado Central 4 se recoge que “la preferencia de la vía civil sobre la penal fue acordada en el encuentro celebrado en la Fiscalía General del Estado de 21 de septiembre de 2012 al que asistieron, entre otros, los fiscales superiores de los diferentes TSJ”.

Llegan tarde, esa es la buena noticia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha ordenado al juez Andreu que admita a trámite no sólo la querella sobre preferentes que obra en su poder, sino aquellas que le lleguen, y no sólo referidas a Bankia, sino también a las cajas que se integraron con Caja Madrid para formarla.

Lo que a todas luces es un órdago para mantener a los banqueros fuera del alcance de la jurisdicción penal -o sea de la cárcel-,  ha quedado de facto anulado. Ese y no otro parece ser el empeño de la Fiscalía General en este tema. Primar la vía civil es primar que se pague con dinero -eso siempre puede conseguirse- y evitar que se pague con la prisión si fuera menester. Y los afectados por las preferentes quieren recuperar su dinero, eso es evidente, pero muchos de ellos también quieren justicia y ésta pasa por la búsqueda de responsabilidades entre los que han convertido su vida en un calvario.

Lo mejor del informe de Anticorrupción es lo que dice, no la conclusión a la que llega. Hace una descripción perfecta de las preferentes y nos reconoce que la CNMV admite que sus afirmaciones sobre el cumplimiento de la normativa “se basan solo en los procedimientos establecidos y en la documentación aportada y que no se puede comprobar si, como alegan los clientes, hubo recomendaciones verbales para que las adquirieran”. Pero claro, Anticorrupción hace un sesudo análisis de fondo de la cuestión y llega a la conclusión de que “dada la cercanía entre el ilícito penal y el civil, su diferenciación a veces resulta muy compleja”. ¿Deciden por tanto investigar y que sea un juez el que lo determine? No, ¡vive Dios!, concluyen entrando en el fondo del asunto que lo suyo es lo civil y que nanay de investigar por lo penal.

Jueces silentes, políticos amordazadores

Elisa Beni - 28/5/2013

He pasado años de mi vida intentando convencer a centenares de jueces de que los periodistas, los medios, no eran el enemigo sino una necesidad en una democracia basada en la existencia de una opinión pública libre e informada. Argumentando que la transparencia es un deber con el ciudadano. Explicándoles que no podían encasillarse en torres de marfil, que no podían perder el contacto con la sociedad a la que sirven, que tenían que rendirle cuentas y explicaciones porque eso formaba parte de su trabajo.

Lo he hecho particularmente como directora de comunicación de todos los jueces de Madrid. A veces con éxito y otras sin obtener resultados. A fin de cuentas, como muchos me respondían, no obtenían nada de exponerse y, a cambio, podían resultar salpicados, agraviados o directamente perjudicados.

A partir de ahora quizá ya no tenga oportunidad de argumentar más veces que las voces de los jueces, limitadas por las restricciones lógicas al secreto de las actuaciones, contribuyen a introducir elementos de calidad técnica en el debate público. Quizá no podré hacerlo porque Gallardón, de nuevo Gallardón, ha decidido silenciar a los jueces, amordazarlos y limitar su libertad de expresión de una forma inadmisible. De una forma profundamente anticonstitucional. Esta es la esperanza que queda, la de que no haya posibilidad de franquear esa última barrera.

El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial es terrorífico en muchos aspectos. Este es uno más. No me gustaría que todos pasaran por el rodillo del PP en las Cortes sin que la ciudadanía sepa qué le están cercenando y qué tipo de control y de impunidad están buscando.

El artículo 45 del anteproyecto de LOPJ dice en su punto tercero que “los Jueces y las Asociaciones Judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales”. Algo inusitado y según todas las asociaciones y expertos totalmente inconstitucional puesto que supone una restricción inadmisible de la libertad de expresión y sustrae del conocimiento de la opinión pública, opiniones y reflexiones técnicamente relevantes.

¿Algo accesorio? No, una muestra más del afán del poder político de liberarse de cualquier asomo de crítica que pudiera derivarse de las afirmaciones, explicaciones o peticiones que el Poder Judicial pudiera efectuar. Hasta ahora no solamente se ha fomentado la posibilidad de que los jueces y fiscales pudieran colaborar con los medios de comunicación en la creación de una opinión pública informada, sino que en en el Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales (art.54.1.g) se consagra a los presidentes de los TSJ, de la Audiencias Provinciales y a los jueces decanos como portavoces natos de los jueces y magistrados y el propio CGPJ tiene estandarizadas la mejor forma de que éstos entren en contacto con los periodistas.

Detengan la custodia de seguridad

Jacobo Dopico Gómez-Aller 19/4/2013

I.

Es 25 de Abril del año 2.262. Está siendo usted juzgado ante un Tribunal de Pronóstico Criminal: un órgano judicial precognitivo que pronostica si un ser humano va a delinquir y que, si es necesario, impone medidas para evitarlo. El motivo: es la segunda vez que le pillan vendiendo droga (ya había cumplido 18 meses por la condena anterior). El Tribunal está analizando sus indicadores socioeducativos y situacionales, así como sus antecedentes penales, para saber si existe “probabilidad de comisión futura de otro delito”.

Las cosas no pintan bien. El Tribunal entra en la sala y dicta sentencia in voce:

“Además de la pena de tres años de prisión por tráfico de drogas, se le condena por su peligrosidad a custodia de seguridad.

Esto significa que cuando cumpla sus tres años de prisión será de nuevo internado, esta vez por tiempo indefinido, hasta un máximo de diez años.

Durante ese internamiento, cada dos años se comprobará si sigue existiendo probabilidad de comisión futura de otro delito. Sólo se le dejará salir si ya no existe tal probabilidad”.

Esto significa que primero irá a prisión y que cuando haya purgado usted su deuda con la sociedad… ¡aún le quedarán por delante hasta 10 años de internamiento! Usted intenta oponerse, pero tiene tantas cosas que decir que no sabe por dónde empezar y de repente se queda sin aire, sus palabras no llegan a salir, nadie puede oír lo que usted tiene que decirles.

Se despierta usted con el cuerpo agarrotado y la almohada empapada en sudor. Ha sido sólo un mal sueño.

Lo terrible es que quizá haya sido un sueño premonitorio.  

¿Escrache y ETA, es comparable, o los que así lo piensan se han vuelto locos?

27/3/2013

Podríamos estar de acuerdo en que el escrache es ilegal, siempre y cuando se maticen algunas puntualizaciones confusas.

El escrache es ilegal, violento y todo lo que quieran decir los representantes del gobierno y algunos que ahora no forman gobierno. Yo tampoco estoy de acuerdo en que se acose a nadie ni se vulnere la intimidad de los demás. Los derechos y las libertades de los demás hay que respetarlos, sin olvidar que, el derecho y la libertad de uno, convive y se acaba donde empieza el derecho del otro. Por lo tanto, respeto mutuo y nos entenderemos mejor. Pero de esto, a compararlos y decir que son como la kale borroca, proetarras y filoterroristas, me parece de una falta de responsabilidad y de un cinismo tan exagerado, y más, viniendo de las bocas de quienes hablan, que deberían de dejar la política, y cuanto antes mejor, porque para decir estas barbaridades y querer confundir o engañar más a la gente con semejantes mentiras, no hace falta decir tantas gilipolleces juntas y en tan poco tiempo. No tienen perdón, ni dos dedos de sentido común al decir sin que se les caiga la cara de vergüenza lo que dicen.

Y parece mentira que, algunos de quienes lo dicen, vivan y hayan vivido esos acosos en el país vasco, cuando muchas personas, demasiadas, sin ser avisadas ni preguntarles que les parecía, han sido asesinadas sin más explicación. Muy fuerte.

¿Acaso, estos que hablan con esa ligereza sobre la comparación con ETA, no se dan cuenta, que la gente que ha vivido esa época negra de nuestro país, no sabe, o se les ha olvidado que ETA llevaba pistolas y mataban sin avisar (por otros motivos que nada tienen que ver con esto), y querer comparar los escraches con algo parecido, lo único que hace es confundir a unos ciudadanos que de por sí ya están bastante confundidos y no entienden lo que está pasando ante tanto despropósito de palabras que deberían de ser revisadas por la academia antes de ser pronunciadas por los que las sueltan tan alegremente sin que les pase nada?

Si estas personas de lengua suelta, admiten y apoyan esto que dicen, entonces, ¿Qué nombre le ponen a lo que han hecho los distintos gobiernos desde hace años, permitiendo a la banca con todos sus responsables dentro antes de llegar a los escraches, como se le llama a eso? 

El robo y la falta de ética ha sido continuado y nadie desde los poderes públicos alzo la voz nunca defendiendo a los más desprotegidos.

El PP pierde los papeles

La sustituta de Bárcenas en el partido no dispone de documentos contables hasta 1995. El juez Ruz ha pedido los registros desde 1990 hasta 2011. Los conservadores admiten "mucha preocupación".

Ana Pardo de Vera 15/3/2013

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Gürtel y su pieza separada sobre los llamados papeles de Bárcenas ha cogido al PP sin registros contables, al menos, en el periodo que va desde 1990 a 1995, según admitieron fuentes del partido cuando la tesorera-gerente Carmen Navarro -número dos de Bárcenas cuando éste fue nombrado tesorero y desde 2010, su sustituta- empezó a realizar la auditoría interna a finales de enero: "No existen papeles de antes de 1995", confirmaron estas fuentes, por lo que la auditoría abarca 14 años, hasta 2009.

El pasado 2 de febrero, durante la comparecencia de Mariano Rajoy en un Comité Extraordinario de su partido, Navarro sostuvo -así se trasladó a los medios en una nota- que en su primera "visión global" sobre la contabilidad del PP, había concluido que "se ha comprobado la saneada situación financiera del partido (...), sin que pueda deducirse la existencia de ingresos o gastos realizados por el Partido Popular durante el periodo examinado [1995-2009] que no hayan sido debidamente asentados en sus asientos y registros contables".

Ante los requerimientos del juez, por tanto, en el PP admiten que existen dos opciones: o decir a aquél que no existe ese registro, como a los medios,  o admitir que se oculta información a la opinión pública por las razones que sea y revelársela a Ruz. La primera opción, además, podría tener al propio Bárcenas y a su jefe desde 1993, Álvaro Lapuerta, como responsables. El antecesor de Álvaro Lapuerta fue Rosendo Naseiro.

En un auto conocido ayer, Pablo Ruz requiere al partido de Mariano Rajoy todos los movimientos de la cuenta denominada Donativos del Partido Popular con el detalle de los ingresos y los gastos consignados entre 1990 y 2011, incluyendo la identificación de las cuentas bancarias en las que se realizaban dichos ingresos y el desglose de la contabilidad de las cuentas de caja y bancos por entidades correspondientes a este mismo periodo. Asimismo, el magistrado vuelve a pedir al PP que en cinco días remita información sobre la identidad de las personas que han ocupado los cargos de tesorero, gerente y jefe de contabilidad.

Los afines a Gallardón en el Poder Judicial frenan la investigación del 'caso Urdangarín'

EL CGPJ EXIGE AL JUEZ CASTRO QUE JUSTIFIQUE POR ESCRITO SUS ÚLTIMAS DILIGENCIAS

José Luis Lobo 13/2/2013

Iñaki Urdangarín, acosado por la acumulación de pruebas sobre su presunto enriquecimiento ilícito, ha encontrado un aliado inesperado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El sector más cercano a Alberto Ruiz-Gallardón, encabezado por su presidente, Gonzalo Moliner, está tratando de poner trabas a la investigación del juez mallorquín José Castro, instructor del caso Nóos, que precisamente la semana pasada se desplazó a Madrid para aclarar los pagos que la Fundación Madrid 2016, impulsada por el actual ministro de Justicia, hizo al yerno del Rey por unos trabajos ficticios de los que no queda rastro documental.

El pasado lunes, tres días después de que la Comisión Permanente del CGPJ exigiera a Castro explicaciones de su viaje a la capital para interrogar como imputados a tres estrechos colaboradores de Gallardón en su etapa como alcalde, el órgano de gobierno de los jueces volvió a reclamar al instructor del caso Nóos que justificara las razones del último desplazamiento realizado fuera de su jurisdicción, en esta ocasión a Barcelona, para practicar nuevas diligencias. Castro y el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, pidieron previamente autorización por escrito al CGPJ, pero Moliner no se dio por satisfecho con ese trámite, según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al CGPJ.

La Comisión Permanente, presidida por Moliner y compuesta por los vocales Antonio Dorado, Almudena Lastra, Margarita Robles y Manuel Almenar, acordó este lunes por tres votos a dos exigir a Castro que justificara las "circunstancias excepcionales" de su viaje a Barcelona para interrogar a varios testigos en el caso Nóos. Y como ocurrió en la reunión del pasado viernes, Robles y Almenar se desmarcaron de Moliner, Dorado y Lastra, considerados muy afines a Gallardón, por considerar que éstos trataban de frenar de forma injustificada la investigación sobre los lucrativos negocios del duque de Palma.

La comisión de los ERE se inicia con silencio y amenazas de los declarantes

Los ERE ante el parlamento

Los primeros comparecientes rechazan responder ante la Cámara andaluza

Javier Martín-Arroyo 21 agosto 2012

Un silencio solo roto por alegatos de defensa. La comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre el caso de los EREirregulares subvencionados por la Junta se inició ayer con mal pie. Si su objetivo es lograr respuestas para entender el fraude que permitió el mal uso de fondos públicos del Gobierno de Andalucía y depurar responsabilidades políticas, su primera jornada resultó un fiasco. Los tres comparecientes, imputados en la causa judicial que investiga el caso, se acogieron a su derecho a no declarar y guardaron silencio. Dos de ellos fueron más allá al tachar la comparecencia de coacción y amenazar a los diputados de la comisión con denunciarles por haberles obligado a escuchar las preguntas formuladas.

Este mutismo será previsiblemente la tendencia que se imponga durante toda esta semana en la que comparecen la mitad de los 25 protagonistas del presunto fraude. Son los comparecientes que más en contacto estuvieron con la Consejería de Empleo, corazón del escándalo, y, por tanto, que más conocimiento atesoran para explicar la supuesta malversación. La próxima semana acudirán los altos cargos políticos, que en muchos casos alegarán desconocimiento (total o parcial) de la dinámica de pagos que permitió comisiones desorbitadas y otras irregularidades. Entre ellos figuran el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el expresidente Manuel Chaves y el exministro Eduardo Zaplana.

España extraditará al 'ladrón' que le costó 200 millones a Botín

FALCIANI ROBÓ 80.000 NOMBRES DE EMPRESAS Y PARTICULARES CON SUS DATOS CONTABLES

Aníbal Malvar 4/08/2012

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proceso de extradición, desde España a Suiza, de Hervé Falciani, el hombre que le costó 200 millones de euros al bolsillo particular de Emilio Botín. Si es cierta la afirmación de Oscar Wilde, y a partir de los 40 un hombre es responsable de su cara, Falciani, que los acaba de cumplir, está pagando la osadía de haber robado fuegos sacros para gozar la doble cara del dios Jano.

Para los jueces y banqueros suizos, Falciani es un ciberdelincuente que ha sustraído de la sede ginebrina del mayor banco privado del mundo, el británico HSBC, 80.000 nombres de empresas y particulares con sus respectivos datos contables secretos, dispersos en cerca de decenas de miles cuentas bancarias.

En versión de los antisistema, de cierta izquierda y de los enemigos del oscurantismo financiero, Falciani es un héroe que ha destapado que, bajo esas cuentas secretas, se esconde la evasión de capitales, los beneficios del tráfico de droga y armas ilegales, y otros sucios delitos presuntamente amparados por los grandes bancos.