El poder de los Oligopolios. Los Fondos Internacionales y el gran Negocio de la Energía.

6/6/2017

Cosas que no nos cuentan en la tele

La política energética está secuestrada. Entre los dos partidos mayoritarios, que se han cambiado los gobiernos durante décadas, han dejado y permitido que la electricidad haya pasado de ser un bien común a un negocio millonario de unos pocos. Si no nos queremos dar cuenta y les seguimos dando de comer a quienes nos roban descaradamente, nunca saldremos del círculo vicioso. Hay que empezar a ser conscientes de ello y darse cuenta de que nos engañan y mucho. El problema es todavía mayor cuando juegan con algo tan básico como es la electricidad.

Iberdrola es la tercera empresa española del Ibex35 con más presencia en paraísos fiscales con 68 filiales para evadir dinero legalmente. Las dos primeras en la lista también son muy conocidas. Escucha y sabrás cuales son. En total, las grandes empresas españolas que cotizan en bolsa, tenían 891 filiales en territorios ‘offshore’ en 2014. Todo legal, pero no deja de ser una forma de no pagar impuestos en nuestro país.

En España se permite lo inimaginable para defraudar y hacer trampas, siempre habremos tontos para pagar lo que no pagan los que pueden.

Mientras no dejan de subirnos las facturas de la luz y ahora también el gas, siendo uno de los pocos países que podría aprovechar al máximo una energía como es el sol, hay unos cuantos privilegiados que llevan años haciendo uno de los negocios más oscuros de los que hay en España. Mientras nosotros pagamos una de las facturas más caras por un bien básico, unas pocas compañías sin escrúpulos juegan con los derechos de la gente sin querer aprovechar algo de lo mejor que tenemos por nuestro punto estratégico, el sol.

Las centrales nucleares están obsoletas, necesitan hacer reformas millonarias para que sean seguras tras el accidente de Fukushima , pero para ello piden alargar por muchos años más los contratos para que les sean rentables. Mientras tanto, hacen todo lo posible por ponerle impuestos al sol.

De ti depende, tomar conciencia y hacer algo, por poco que parezca, como es cambiarte de compañía a una que sea limpia, que hay muchas, o seguir mirando para otro lado y pagar religiosamente a los que ahora sabes que te roban.

La Señora de las Salas

13/5/2017

Lo cierto es que la Sala para gobernarlas a todas se creó sobre el papel, pero apenas tres meses antes de que Aznar fuera derrotado en las urnas y llegara Zapatero al poder

Con gesto suficiente, Enrique López López me respondió que él iba a ser presidente de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que Michavila iba a crear.

Unos jueces centrales para instruir asuntos que afectan al poder y una Sala de lo Penal para juzgarlos. Una nueva Sala para gobernarlos a todos. Una nueva Sala para controlarlos a todos y atarlos a las tinieblas. La Señora de las Salas. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el uno de junio.

Mientras estamos centrados en la obscena visión de una Fiscalía que el poder ejecutivo moldea para manejar los temas que le competen, mientras vemos cómo juzgan la Gürtel o esperamos expectantes a ver testificar a Rajoy, en Mordor se preparan para poner en marcha y controlar la Sala que podrá contrarrestar el poder de todos ellos.

La nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional entra en funcionamiento en menos de un mes y toda una batalla de poder se libra en torno a ella. Lógico, puesto que en sus manos estará corregir o enmendar todo lo relativo a los casos Gürtel, Lezo, Púnica y todos los demás. Una Sala para controlarlos a todos. Todas las sentencias serán revisadas por esta nueva sala formada por dos magistrados y un presidente. Colocar a dos afines es controlar la sala. No esperemos a gritar cuando veamos los primeros resultados, porque las resoluciones, absoluciones o revisiones de las sentencias que en ella se produzcan  serán prácticamente definitivas. El Tribunal Supremo quedará sólo para una tasadísima casación que será prácticamente imposible que se produzca en cuestiones con jurisprudencia suficiente.

Una Sala para controlarlos a todos.

Hay casi toda una trilogía en el origen de esta Sala de Apelaciones.

Un fiscal antisistema

28/4/2017

Jesús Maraña

La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.

La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.

Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?

1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombrado. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

Ilustrísima Señora X

22/4/2017

Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia

Hace muchos años que conozco a Manuel Moix, y su sintonía con Esperanza Aguirre y con el resto del partido ha empujado su carrera profesional

• El juez encarcela a Ignacio González por sacar un millón de euros de la Comunidad "para sanear" las cuentas del PP

La situación es insostenible. Esta semana hemos asistido a la visualización pública y general de lo que muchos llevamos años denunciando. La promiscuidad pornográfica de la oligarquía con otros poderes del Estado, incluido el llamado a controlarlos, que sitúa a nuestra democracia a un paso del precipicio.

De todo lo que podríamos reseñar me quedo con la necesidad imperiosa de hacer frente al hecho de que existen indicios serios de que una magistrada de la Audiencia Nacional haya delinquido. Y no sólo ella sino también quien le hizo partícipe del secreto que ella posteriormente habría revelado a terceros. No se trata de un delito menor, sino de una revelación de secretos cualificada y por tanto penada en su tramo máximo con entre dos y medio y cuatro años de prisión. La responsable no podría siquiera obviar su ingreso en prisión. Esa es la gravedad del panorama. Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia, así que habría que sumarle otros delitos contra la Administración de Justicia. Hay pues una persona en la Audiencia Nacional, o más de una, que deberían pasar una temporada en prisión y son personas que administran Justicia. Digo más de una porque si en efecto una de las nueve magistradas del tribunal -verán que tampoco el campo de investigación es tan amplio- alertó de que había escuchas activas ordenadas por el juez Eloy Velasco, alguien tuvo que decírselo a ella. Y o fue el propio Velasco o fueron los fiscales o los investigadores de la Guardia Civil. Todos los que lo hicieran delinquieron.

Ahora no le queda más remedio al magistrado Velasco que poner su conocimiento de la posible comisión de un delito en manos de la Fiscalía y que esta lo lleve ante un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla que será el competente para instruir este caso. La Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar revelaciones de secretos aunque sean de sus propios miembros. ¡Habrá que ver a un juez de Plaza de Castilla tomando declaración a los magistrados de la Audiencia Nacional! ¿O no lo veremos? Porque dicen las malas lenguas que si el propio Eloy Velasco le contó la existencia de las escuchas a uno de sus compañeros o a otra persona, él mismo estaría implicado y por tanto le convendría más dejar morir el asunto. Sería un escándalo pero ...¡cuántos escándalos mayores estamos viendo pasar!

Una ley hecha para defender el honor de los asesinos

12/4/2017
Benjamín Prado

“Lo contrario de la memoria no es el olvido, sino la impunidad.”

Antes las manos limpias de los salvadores estaban manchadas de sangre y hoy de dinero negro, porque en el mundo neoliberal no se esconde una pistola detrás de un crucifijo o envuelta en una bandera, sino oculta entre líneas en los números rojos del libro de cuentas. La economía domina el planeta e impone sus leyes, que son por lo general las de quienes se enriquecen a costa de la pobreza ajena, y por eso ya no hacen falta los tanques, es más que suficiente con la burocracia. En Estados Unidos hemos pasado de los dictadores a los dictadólares y aquí del toro al euro como autor del rapto y violación de Europa, esa joven culta y bella que según cuenta la mitología salió al campo a divertirse con unas compañeras y fue engañada por el avaricioso Zeus, transformado en un irresistible astado blanco que se dejaba acariciar y poner guirnaldas de flores, besaba los pies de las muchachas y fingía una mansedumbre encantadora. Cuando la hija del rey de Tiro, una ciudad que estaba en Fenicia, en el Mediterráneo oriental, se sube a caballo al monstruo, éste huye con su presa a la isla de Creta, donde la pobre incauta engendrará tres vástagos del dios insaciable, Minos, Sarpedón y Radamantis. Cambiamos dos o tres nombres, y sigue siendo nuestra historia.

Los ciudadanos del siglo XXI tenemos la sensación de estar indefensos ante el abuso de quienes ostentan el poder y además lo hacen a puerta vacía, sin enemigos reales a los que combatir, porque el terrorismo islamista no es una lucha de sistemas o ideologías, ni siquiera un asunto político, sino una pelea religiosa y comercial; así que ya no existen dos superpotencias, porque como se sabe, en la que está en condiciones de serlo, la imponente China, hay desde la época de Den Xiaoping un país y dos sistemas, a un lado Tiananmen y al otro Hong Kong, y cada día que pasa es un poco más verdad que a sus dirigentes les da lo mismo que el gato sea negro o blanco, mientras cace ratones. En su último libro, Chocar con algo, recién publicado por la editorial Pre-Textos, la autora jienense Erika Martínez tiene un poema titulado El último demagogo que explica muy bien cómo identificar a un impostor, da lo mismo si escribe que si da discursos: “Me dijiste que los poetas son individuos / capaces de afirmar una mentira / con tal de que una sílaba retumbe. (…) / Cada vez que alguien silba / dentro de una palabra, / un cuervo huye a la frente / del último demagogo.”

“No creo que sea un problema de cuatro manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto”

3/3/2017
Ramón Lobo

“Que el tribunal que debe juzgar casos de una enorme relevancia dedique un porcentaje tan importante de su tiempo a perseguir tuiteros o chistes más o menos desafortunados, dice bastante del retroceso de libertades que estamos viviendo”, asegura el exportavoz de Jueces para la democracia

“En nuestro país no dimite ni un rector por plagiar ni un cura por abusar ni un político por robar. No hay una cultura de la ética vinculada a que un cargo público se tiene que desempeñar de manera ejemplar. Esto daña la credibilidad de las instituciones”

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) ha sido hasta hace unos meses portavoz de Jueces para la Democracia, la organización que reúne a los magistrados progresistas. Rechazó ir en las listas de Podemos en las elecciones generales y declinó la oferta de Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat valenciana, de ser consejero de Justicia. La entrevista se desarrolla en Valencia, en uno de los centros culturales tradicionales que han sobrevivido a la uniformización de marcas, tiendas, gustos e ideas. Han sido días de grandes alarmas: la sentencia del caso Noós, los cambios de fiscales clave y el escándalo en Murcia con la presunta corrupción de su presidente.

¿Ha tenido la infanta Cristina un trato de favor?

El proceso contra la infanta ha tenido todo tipo de singularidades. La Fiscalía se ha apartado de sus actuaciones habituales: ha recurrido la mera imputación a bombo y platillo, ha descalificado groseramente al juez instructor y ha sobreactuado en la defensa de la imputada, para ir incluso más lejos que sus propios abogados. La sentencia absolutoria tiene aspectos jurídicos discutibles, aunque no es un trato de favor. Es más bien una apuesta por una interpretación sobre autoría y cooperación en los delitos fiscales. Pero había argumentos jurídicos también para condenar a la infanta, como lo demuestran los autos del juez José Castro y de otra sección de la Audiencia de Palma.

¿Es normal que haya tenido tantos defensores: su abogado, el fiscal Pedro Horrach, la Abogacía del Estado, Hacienda?

No es normal. Jamás he visto en un juzgado a una persona imputada con semejante despliegue a su favor de instituciones públicas para exonerarle de cualquier culpa.

La maldita actitud anti-tecnológica del Partido Popular

8/11/2016

El Partido Popular registra una proposición no de ley en el Congreso de los diputados con el fin de reformar la protección del derecho al honor, con la idea de aplicarla en las redes sociales. De nuevo, la estúpida idea de considerar eso que llaman “las nuevas tecnologías” siempre como una “terrible amenaza”, algo para lo que es “imprescindible” crear nueva legislación.

El derecho al honor está perfectamente legislado. Para mí, que incluso llegué al punto de ser llevado ante los tribunales por haber supuestamente “ofendido el honor” de una asociación de empresas (que lejos de tener ningún problema con “su honor”, me denunciaba simplemente para intimidarme y tratar de evitar que diese mi opinión sobre sus prácticas de negocio), está muy claro que el derecho al honor está incluso excesivamente legislado, llegando casi hasta la paranoia. Pensar en proteger aún más ese derecho al honor se me antoja una manera clarísima de crear instrumentos de censura, de dotarse de herramientas siguiendo el estilo del gobierno turco de Erdoğan, que permitan judicializar la conversación o pretendan convertir la falta de educación en delito. Tras una ley mordaza para la calle, ahora el Partido Popular busca otra ley mordaza para la red. Preocupante tendencia. 

Francamente, una ley que haga más fácil denunciar a los ciudadanos cuando insultan a otros en las redes sociales es algo que me preocupa. No porque me gusten los insultos ni porque considere que deba protegerse de alguna manera al que insulta, sino porque estimo que el honor está ya suficientemente protegido, y que aquel que siente que la participación de un tercero en las redes sociales insulta su honor, tiene ya más que suficientes herramientas jurídicas como para reclamar protección. Si nos fijamos en la gran mayoría de las democracias modernas, lo normal no es dedicarse a endurecer la protección al honor ante la llegada de las redes sociales. Ese tipo de tendencias legislativas son, como todos los intentos por incrementar el control de la red, típicas de países como Turquía, Irán o China. Por algo será.

El poder en la sombra de la industria del azúcar

21/10/2016 - Silvia Martínez

Pese a las reiteradas recomendaciones de la OMS, la UE sigue sin fijar límites máximos a la cantidad que se puede incorporar a alimentos y bebidas

El sector, según un informe de Corporate Europe Observatory, dedica cada año más de 21 millones a hacer lobi e influir en las instituciones europeas

Más de la mitad de la población europea tiene sobrepeso o es obesa. Una epidemia que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y problemas como obesidad, diabetes del tipo 2 o caries dental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vuelto a lanzar la voz de alarma y a reclamar un aumento del 20% en los impuestos sobre las bebidas azucaradas, pero sus llamamientos llevan años chocando contra una potente industria del azúcar que dedica decenas de millones a impedir normativas que vayan contra sus intereses.

La posición de la agencia de Naciones Unidas es tajante. El azúcar añadido no es necesario en nuestra dieta y si se consume debe hacerse con mucha moderación: 50 gramos máximo por día (un 10% de la ingesta calórica) y a ser posible 25 gramos (6 cucharaditas por día), lo que equivale a menos de una lata de 33 centílitros. Hoy por hoy, sin embargo, la batalla en Europa parece perdida. La UE no fija ningún límite a la cantidad con el que pueden fabricarse alimentos y bebidas y no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo.

“La industria alimentaria puede incorporar tanto azúcar como quiera. Tienen pleno control”, lamenta Pauline Constant, de la organización de consumidores europeos (BEUC). “La UE debería fijar objetivos claros para limitar el azúcar en las distintas categorías de alimentos como las bebidas azucaradas o los cereales de desayuno. Mucha gente cree, gracias al embalaje, que son sanos, pero si se mira la composición en ocasiones puede representar hasta el 45%”, alerta sobre un producto que puede ser rico en hierro pero también una bomba calórica.

TÁCTICAS COMO EL TABACO

La incertidumbre laboral como herramienta para despojarte de todo

1/5/2016
El autor sostiene que el PSOE facilitó a los empresarios un instrumento para conseguir empleo más barato: las empresas de trabajo temporal

Este artículo pertenece a la edición en papel de la revista La Marea, que puedes comprar aquí. También puedes suscribirte en este enlace.

El proceso de precarización laboral que la clase obrera española ha sufrido desde los años 90 ha sido constante, continuo y agresivo con el objetivo de destruir la fuerza de los trabajadores e individualizarlos para desposeerlos del poder del colectivo. Estos ataques se han dirigido a derrocar los pilares de los derechos básicos y condiciones laborales, la estabilidad, el salario y la protección social.

El elemento prioritario sobre el que se han sustentado estas agresiones contra la clase trabajadora es la ofensiva llevada a cabo contra la estabilidad del empleo. La inclusión de la temporalidad como componente prioritario de las relaciones laborales es el baluarte sobre el que ha pivotado el resto de reducción de derechos. No sólo por el factor personal que para el trabajador tiene el hecho de estar sometido a la coacción que supone la incertidumbre permanente del miedo a la pérdida del puesto de trabajo, sino por el influjo que tiene ese temor en los procesos de organización colectiva obrera. Un trabajador con miedo y sin apoyo del resto del colectivo es menos combativo.

El Código Penal de 1973, en su artículo 499 bis (“De los delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo”), establecía como delito la cesión de trabajadores de una empresa a otra para suprimir o restringir la estabilidad en el empleo: “El que por cesión de mano de obra, simulación de contrato, sustitución o falseamiento de empresa o de cualquier otra forma maliciosa suprima o restrinja los beneficios de la estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores por disposiciones legales”. Es decir, hasta la reforma laboral del PSOE de 1994, suprimir la estabilidad laboral de un trabajador era delito. Un tipo penal que los socialistas se encargaron de finiquitar para poder crear las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y establecer así que la estabilidad laboral sería un privilegio al alcance de unos pocos. Montserrat Avilés, histórica abogada laboralista, definió de forma sucinta lo que suponían las ETT: “Son las antiguas empresas de prestamismo laboral legalizadas. Contribuyen, sin duda, a la precarización del mercado de trabajo”.

Ley mordaza, desahucios y refugiados: Amnistía Internacional denuncia el recorte de libertades en España

24/2/2016

• La organización presenta su informe 2015/16, en el que analiza el "asalto global" a los derechos humanos por parte de 160 países de todo el mundo.
• Critica la pasividad del Gobierno del PP ante los llamamientos internacionales que alertan sobre las reformas legislativas puestas en marcha el pasado año.
• Amnistía Internacional presentó este martes el Informe 2015/16 sobre la situación de los derechos humanos en 160 países del mundo. El bautizado como "informe negro" por el director de la organización, Esteban Beltrán, evidencia, analiza y denuncia las carencias existentes a nivel global en materia humanitaria.
  
  España se encuentra lejos de ser un ejemplo a seguir. Las reformas legislativas impulsadas por el Gobierno en este último año, la actuación de las autoridades respecto a los refugiados o la falta de protección en los casos de violencia de género, hacen de España un país que ha hecho "oídos sordos a las recomendaciones internacionales".
  
  Tortura y represión: el retroceso legislativo en España
  

  
  El informe de Amnistía Internacional destaca la implantación de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza– en julio del pasado año, una norma que "limita de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica". El mismo mes en que entró en vigor la ley, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por sus posibles repercusiones.

Médicos que piden frenar las prácticas corruptas de la industria farmacéutica

8/3/2016

Un grupo de reputados médicos, farmacéuticos y divulgadores científicos han difundido un manifiesto para pedir a los políticos que hagan algo para frenar las prácticas “oscuras” de Big Pharma, las grandes farmacéuticas. Se amplía así el abanico de profesionales de las ciencias de la vida que advierten en público sobre la corrupción de la industria farmacéutica y su impacto en la salud de la población.

En esta ocasión se trata del cardiólogo Aseem Malhotra; Richard Thompson, expresidente del Real Colegio de Médicos de Gran Bretaña y médico personal de la reina durante 21 años; John Ashton, presidente del Faculty of Public Health; el psiquiatra J.S. Bamrah, presidente de la Asociación Británica de Médicos de Origen Indio y director médico del Manchester Academic Science Centre; la cardióloga Rita Redberg, editora de la prestigiosa revista médica JAMA Internal Medicine; y el profesor James McCormack, reputado farmacéutico y divulgador científico.

Estos profesionales aseguran que hay demasiados fármacos inútiles y, en muchas ocasiones peligrosos. Que la industria farmacéutica engaña a médicos y población enferma. Que el NHS, el sistema sanitario público británico, no hace nada para evitarlo. Y que hay que hacer una investigación pública completa sobre cómo se asegura la eficacia de los medicamentos por la citada sospecha de que algunos tratamientos actuales sean mucho menos efectivos de lo que pensábamos.

En definitiva, lo que llevamos años denunciando en estas páginas. Del manifiesto se desprende que el derecho a la información de la ciudadanía en temas relacionados con su salud es vejado de manera sistemática por las industrias. Existe una “epidemia de médicos y pacientes desinformados”.

Peter C. Gøtzsche, autor del libro Medicamentos que matan y crimen organizado.

El sobrediagnóstico y la sobremedicación, principales males de los sistemas sanitarios ocicdentales, está conduciendo a una epdiemia soterrada de muertes y graves daños provocados por medicamentos.

Lo que estos especialistas influyentes indican ahora es lo que el médico danés Peter C. Gøtzsche, a quien tuve la suerte de conocer en Madrid con motivo de la presentación de su libro Medicamentos que matan  y crimen organizado. Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido el sistema de salud, explica y documenta en ese trabajo.

Gotzsche ha trabajado en la industria farmacéutica y después se ha convertido en uno de los adalides de la llamada Medicina Basada en la Evidencia (MBE), que ha degenerado en el marketing de Big Pharma para vender medicamentos ineficaces y mortales -como asintió cuando le hice esta observación-.

Las muertes por amianto siguen creciendo en España trece años después de su prohibición

24/8/ 2015

En España ha habido varias sentencias favorables a las víctimas, pero no ha tenido lugar un gran proceso aglutinador como en otros países.

Algunos estudios estiman que en España seguirá habiendo muertes por amianto hasta 2040, aunque el material fue prohibido en 2002.

Eusebio Pabola Aguirre falleció a los 72 años cuando apenas nacía el mes de febrero. En su esquela aparecida en la prensa se puede leer “víctima del amianto”. La muerte blanca sigue esparciendo su sello entre trabajadores, familiares, o habitantes cercanos a las fábricas en las que se utilizaba o se producía este aislante, cuya prohibición en España se produjo hace ya 13 años.

Amianto, asbesto, uralita... Polvo blanco que inundó el mundo en el siglo XX y que no fue prohibido hasta finales casi principios del siguiente en los países occidentales. Su huella queda de recuerdo en muchas construcciones antiguas, con jardineras o tejados fabricados con este aislante y cuyo polvo puede causar enfermedades como el mesotelioma, un tipo de cáncer raro ligado casi exclusivamente a la exposición al asbesto.

“Vamos a fallecido por semana”, se lamenta a ZoomNews Patxi Kortazar, de la asociación ASVIAMIE de afectados por el amianto en el País Vasco, en la que era compañero de Pabola. Kortázar, 61, trabajaba en una fundición y por su contacto con el amianto se vio afectado por esta enfermedad a los 49.

“Muchas mujeres se han enfermado sin haber pisado nunca una fábrica. Simplemente por lavar la ropa de sus maridos", explica un afectado

Kortazar dice que su vida hoy en día se reduce a “doce horas cargando la pila, para poder vivir el resto”, debido al cansancio que le produce esta enfermedad. Este afectado por el amianto no lo ha tenido fácil. En 2003 se hizo unas pruebas en la que le detectaron el problema, sin embargo, explica que su mutua escondió el informe hasta que empeoró en 2006. Kortazar se ha enfrentado durante muchos años a un proceso judicial para que se le reconociese su enfermedad profesional. “Tú tienes que demostrar donde has cogido la enfermedad”, explica Kortazar, que denuncia que muy pocos casos consiguen reconocimiento.

Botín, Atutxa y Borbón

12/1/2016

Joan Carles Carbonell Mateu

1. El juicio oral por el llamado “caso Nóos” ha comenzado en Palma, como no podía ser de otra manera, con el planteamiento de diversas cuestiones previas que habrán de ser resueltas antes de proceder al enjuiciamiento de los hechos. Y, sin duda, la que está teniendo más repercusión pública es la de si debe ser juzgada la ciudadana Doña Cristina de Borbón y Grecia , dudosamente -pero éste es otro tema que merece ser tratado en otra ocasión y que no es relevante a los efectos que nos ocupan- Infanta de España.

Las tesis contrapuestas derivan de las llamadas doctrinas Botín y Atutxa, en referencia a posiciones (aparentemente) contradictorias del Tribunal Supremo mantenidas en las Sentencias 1045/2007 y 541/2008, respectivamente. En la primera –que, por cierto, tuvo nada menos que siete votos particulares de los catorce Magistrados que compusieron la Sala– se mantuvo una lectura literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la obligación de no proceder a la apertura del juicio oral cuando el Ministerio fiscal y la acusación particular hubieran pedido el sobreseimiento. La literalidad, que supuso una ruptura frontal con lo que hasta ese momento se había sostenido, comportaba la exclusión de la acción popular en el concepto de acusación.

La acción popular, en coherencia con la declaración constitucional de que la “acción penal es pública” tiene un reconocimiento expreso en el artículo 125 de la Norma Fundamental, y el Tribunal Constitucional –máximo órgano decisor en materia de derechos fundamentales– la vincula directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24. Ése fue, por cierto, el principal argumento mantenido por los Magistrados que votaron en contra y que presentaron los oportunos votos particulares.

"Nunca se había legislado tan a gusto de los corruptos como ahora con el PP"

24/10/2015
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, acusa al Gobierno de favorecer la impunidad de algunos delincuentes y de recortar las libertades en una legislatura "fallida" en materia de justicia

Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es el portavoz de Jueces para la Democracia, la asociación que agrupa a los magistrados progresistas, y un jurista popular y del gusto de muchos políticos: ha sido tentado por Pablo Iglesias para ser candidato de Podemos en las elecciones generales del 20 de diciembre y antes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para ser conseller de Justicia. En ambos casos dijo no. Bosch recibe a eldiario.es en el juzgado de Moncada (Valencia) que preside desde hace más de siete años.

Correa acusa al PP  en su confesión de varios delitos relacionados con la corrupción. ¿Han fallado policía y jueces en el caso Gürtel?

Los casos de corrupción no son fáciles de detectar cuando se producen, aunque se podría dar una respuesta rápida y proporcionada con los medios adecuados, pero en España eso no pasa. Primero, porque no se toman las medidas preventivas adecuadas y segundo porque jueces y policía no tienen recursos para responder de manera contundente contra la corrupción. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque no es de recibo haber tenido un código penal que castiga con prisión al inmigrante sin papeles que se gana la vida con el top manta y se limita a multar a un corrupto.  Controlar las adjudicaciones de la administración, acabar con la arbitrariedad en ese campo, sería básico, pero parece que no hay voluntad de ir por ahí. Tenemos un sistema que facilita la corrupción.

¿Qué opinión le merece la llamada 'Ley de Punto final'?

El gobierno dice que los procedimientos judiciales duran mucho tiempo y quiere acortarlos. Estamos de acuerdo, pero eso sucede por la falta de medios de nuestra justicia. Tenemos menos jueces por habitante que países como Moldavia o Albania y, en relación al PIB, invertimos bastante menos que en Europa. Además, los procesos se rigen por leyes decimonónicas que permiten que abogados expertos provoquen grandes dilaciones durante las investigaciones. Agotada la legislatura, el Gobierno ni ha invertido en justicia ni ha cambiado la ley. Es imposible cerrar en 18 meses una investigación sobre corrupción sin muchos más recursos. Muchas investigaciones se archivarán y en otras se irá a juicio con pruebas débiles. Nunca se había legislado tan a gusto del corrupto. Esta reforma favorecerá la impunidad.

Terrorismo machista. Ya basta

15/8/2015
Beatriz Gimeno

Si entendemos que, por lo general, llamamos terrorismo al intento de imponer una idea política por medio del terror y del uso de la violencia, entonces podemos llamar terrorismo machista a la violencia de género, aunque en este caso no se busque revertir una situación, sino perpetuarla. Históricamente, el sistema patriarcal ha minusvalorado, cuando no alentado, la violencia contra las mujeres de manera que la violencia usada contra unas pocas sirviera como amenaza y correctivo para todas. Todo sistema de dominación, y el patriarcado lo es,  tiene que usar la violencia para imponerse y luego para mantenerse, aunque esa violencia no sea utilizada masivamente. Basta con que ocurra de vez en cuando, basta la mera amenaza para que todas las víctimas potenciales sepan que es mejor no rebelarse. Históricamente esto no admite discusión posible. El asesinato o la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres –es decir, por el hecho de no ajustarse a lo que, como mujeres, se espera de ellas, ya sea lo que la sociedad espera de ellas o lo que un hombre cualquiera espera o desea-, no ha estado penada o mucho menos penada que la situación contraria. Eso quiere decir que este tipo de violencia estaba permitida, alentada como correctivo o socialmente legitimada, aun cuando existiera una pena formal. Aun ahora esto sigue ocurriendo en muchos países. En aquellos países en los que la igualdad formal es un hecho y el reproche penal por matar a un hombre o a una mujer es el mismo, aun en estos casos, la legitimación cultural se sigue dando en el caso de los asesinatos machistas.

Culturalmente sigue muy presente la idea de que los hombres tienen ciertos derechos (o muchos) sobre las mujeres con las que se relacionan sexual y afectivamente, y esto redunda en cierta tolerancia social cuando el asesino en cuestión no puede soportar el hecho de que “su” mujer le hace saber que no le pertenece. Tolerancia social a la que se une –o que fomenta- la tolerancia institucional y política, así como el relato que se sigue haciendo desde los medios de comunicación: la mató porque la quería, la mató por celos, la mató porque ella hizo algo que no debía o, simplemente, porque estaba loco. Lo cierto es que la mató porque él creía –el sistema le había hecho creer- que estaba legitimado para matarla, que tenía derecho a matarla; la mató porque ella, con su comportamiento, había dañado su sentido de la masculinidad. El sistema enseña a los hombres (las encuestas con los jóvenes dan cuenta de ello) que la masculinidad depende del comportamiento de las mujeres con las que se relacionan, especialmente de aquellas sobre las que han adquirido ciertos derechos; luego son las mujeres con su comportamiento las que desatan la violencia en algunos hombres.

Radiografía de la Corrupción en España

Redacción Irispress

¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas? Según dicen los profesionales entendidos en el tema sí.  “Los casos que se descubren se deben a meras casualidades o denuncias” y no por el control del Estado.

España es un país donde la corrupción está instalada en el sistema, anidada en las instituciones con políticos y empresarios corruptos y que se basa en una estructura de prácticas corruptas y permitidas por las leyes que nos rigen. Después de que se creara la Fiscalía Anticorrupción (hace ya unos cuantos años) no tienen a día de hoy, ni medios materiales ni legislativos para poder combatirla con firmeza y, lo más grave de todo, no tienen independencia para poder instruir los casos. Y tanto fiscales, jueces como inspectores, piden cambios legislativos y acabar de una vez por todas con los indultos y amnistías fiscales que actúan de hecho como una ley de punto y final.

Desde que se destapo el caso Filesa, el caso Juan Guerra  y el caso Naseiro, tiempo ha habido y poco se ha querido hacer por luchar contra la corrupción.

¿A qué viene entonces la insistencia por medio de los que están instalados en el poder durante décadas, de querer meter el miedo en los ciudadanos cuando gente joven como Pablo Iglesias, Albert Rivera o Alberto Garzón, exponen otras formas de gobernar, que por diferentes que puedan parecer, lo que si tienen en común es su lucha contra la corrupción?  La respuesta parece clara, el miedo lo tienen ellos a perder sus privilegios y harán todo lo posible porque nada cambie. Sin embargo, el cambio parece inevitable. La sociedad lo está demandando como nunca. 

Dos vicepresidentes del Gobierno, una infanta y su marido, el que fuera jefe de los patronos, sindicalistas, ex ministros, parlamentarios, consejeros, alcaldes… La cifra, a día de hoy, supera los 1.900 imputados en causas por corrupción en España. O Dicho de otra forma, Rodigro Rato, Juan Pedro Moltó, Francisco Granados, Narcis Serra, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, Jaume Mata, Maria Antonia Munar, Carlos Fabra, Julián Muñoz, Isabel Pantoja, José María del Nido… ¿Es España un país donde la corrupción política campa a sus anchas?

La maldición del artículo 135 de la Constitución

24/8/2014
Odón Elorza
Se van a cumplir tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. Con ella se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.

Su objetivo era garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por las Administraciones. La reforma se produjo en un mes, por una vía rápida, con un acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta ciudadana. Entonces, la economía española vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI, de Merkel y de la Comisión Europea. 

De ahí que el Gobierno del Partido Socialista decidiera pactar con el PP un nuevo texto para el artículo 135, pensando que era la solución a las amenazas de la crisis, que serviría al objetivo de la estabilidad presupuestaria y que contribuiría a mejorar la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones de pago de la deuda pública y del control del déficit.

El 26 de agosto de 2011, Sáenz de Santamaría y Montoro dijeron que "la reforma constitucional del 135 pone a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales". Pero lo cierto es que la incorporación de aquellos compromisos al texto constitucional ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes e involución social. Además, la decisión provocó, y aún arrastra, fuertes críticas al PSOE que mermaron la credibilidad de su compromiso con un reparto justo de las consecuencias de la crisis. 

El 135 fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española –con la prima de riesgo superando los 300 puntos– que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público. No olvidemos que el Banco Central Europeo daba la espalda a las dificultades que atravesaban los Estados del sur de la zona euro y no tenía disposición a utilizar mecanismos para la adquisición de bonos en los países más endeudados, con una alta tasa de paro y con graves crisis de gobernabilidad.