28/4/2017
La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.
La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.
Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?
1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombrado. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.
La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.
Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?
1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombrado. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.
