Por la rectificación - Editorial de 'La Vanguardia'

10/11/2015

En una misma jornada y con un lapso de pocas horas, el Parlament votó ayer una proposición no de ley que rompe con la Constitución e inició el debate de investidura del presidente de la Generalitat con una fumata negra en el horizonte.

Se decide romper paulatinamente con España –una declaración unilateral de independencia encubierta– y se mantiene en puntos suspensivos la gobernación del país. Este es el mensaje que el Parlament de Catalunya está a punto de enviar a los organismos internacionales, a las cancillerías europeas, al Gobierno de España y a toda la sociedad. Ruptura y poder vacante por falta de un mínimo acuerdo entre la mayoría.

Hay mayoría parlamentaria para proclamar esa virtual ruptura mediante una moción retórica, hiper­bó­lica y mal redactada, y no parece haberla para formar gobierno. Hay mayoría para la huida hacia delante y no la hay para una gobernación coherente. Esta es la fotografía del 9 de noviembre del 2015, jornada que pasará a la historia de los errores de Catalunya, con el agravante de la parodia. Una pequeña, triste y desla­vazada simulación del Sis d'Octubre de 1934, que puede poner en riesgo la autonomía de Catalunya, la amplia corriente de movilización social en favor del autogobierno registrada estos últimos años, y la propia autoestima de los catalanes. Bastaba observar el rostro de los miembros del actual Govern de la Generalitat durante la votación. Rostros graves, muy preocupados y encerrados en sí mismos. El semblante del presidente en funciones, Artur Mas, describía perfectamente la situación. No fue ayer un día alegre. No lo fue para gran parte de los ciudadanos de Catalunya. Sólo los diputados de la Candidatura d'Unitat Popular transmitían felicidad. ¡Con sólo diez escaños y el 8,2% de los votos han logrado arrastrar las aguas del Parlament hacia su molino! El grave error táctico cometido por la coalición Junts pel Sí y muy particularmente por Convergència Democràtica –el partido que ha gobernado Catalunya durante 28 de los 35 años de autonomía–, consistente en tramitar una resolución maximalista y rotundamente inconstitucional a cambio de nada, lo puede acabar pagando el conjunto de la sociedad catalana. No es inteligente. No es justo. No es necesario. No fue eso lo que se votó el pasado 27 de septiembre.

La maldición del artículo 135 de la Constitución

24/8/2014
Odón Elorza
Se van a cumplir tres años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodriguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. Con ella se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.

Su objetivo era garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por las Administraciones. La reforma se produjo en un mes, por una vía rápida, con un acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta ciudadana. Entonces, la economía española vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI, de Merkel y de la Comisión Europea. 

De ahí que el Gobierno del Partido Socialista decidiera pactar con el PP un nuevo texto para el artículo 135, pensando que era la solución a las amenazas de la crisis, que serviría al objetivo de la estabilidad presupuestaria y que contribuiría a mejorar la confianza de los mercados internacionales en la capacidad de la economía española para hacer frente a sus obligaciones de pago de la deuda pública y del control del déficit.

El 26 de agosto de 2011, Sáenz de Santamaría y Montoro dijeron que "la reforma constitucional del 135 pone a salvo el Estado del Bienestar y las políticas sociales". Pero lo cierto es que la incorporación de aquellos compromisos al texto constitucional ha servido para justificar una política de extrema austeridad, recortes e involución social. Además, la decisión provocó, y aún arrastra, fuertes críticas al PSOE que mermaron la credibilidad de su compromiso con un reparto justo de las consecuencias de la crisis. 

El 135 fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española –con la prima de riesgo superando los 300 puntos– que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público. No olvidemos que el Banco Central Europeo daba la espalda a las dificultades que atravesaban los Estados del sur de la zona euro y no tenía disposición a utilizar mecanismos para la adquisición de bonos en los países más endeudados, con una alta tasa de paro y con graves crisis de gobernabilidad.

Una democracia donde votar es tabú

3/6/2014

Ignacio Escolar  

Si tan seguros están los monárquicos, ¿cual es el miedo entonces a que se pueda votar?

Artículo 92 de la Constitución: " Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

La ley está ahí desde 1978, pero solo se ha usado dos veces: con la OTAN y con esa Constitución europea que nunca entró en vigor. No se votó el rescate a la banca. No se votó la reforma exprés de la Constitución. No se deja votar a los catalanes y también es tabú para las élites políticas la sola idea de consultar a los españoles si prefieren (o no) que el jefe del Estado pueda dejar en herencia el cargo porque viene de la pata del Cid y tiene la sangre azul.

No vale solo argumentar que los españoles ya votamos la monarquía con la Constitución. Aquel modelo político se negoció y se aprobó bajo la amenaza explícita de los militares; como un paquete cerrado donde ese importante asunto quedaba fuera de la discusión. Más del 60% de los votantes de hoy no pudo votar esa Constitución y la sociedad ha cambiado enormemente desde 1978. Le debemos mucho a esa carta magna, pero el consenso de entonces no es el consenso de hoy. De ahí vienen estas prisas y que el relevo llegue por medio de una abdicación. Es sintomático que el Gobierno cierre la sucesión sin consultar a los españoles, sin aceptar preguntas, por la vía de urgencia y con un proyecto de ley de 28 palabras. No se puede hacer peor.

Dudo que ese referéndum sobre la monarquía o la república se vaya a producir a corto plazo. Felipe VI heredará la jefatura del Estado porque la mayoría monárquica es apabullante en las Cortes, aunque no creo que sea tan absoluta entre la sociedad. Pero si el descrédito de las instituciones en general y de la monarquía en particular continúa –si el nuevo rey no consigue recuperar la popularidad de la institución–, más tarde o más temprano la única solución será votar, igual que ya no quedan muchas más alternativas ante el problema catalán.

Monarquía o democracia: ese es el dilema

5 de junio del 2014
Gerardo Pisarello

La precipitada abdicación de Juan Carlos de Borbón y Borbón ha colocado sobre la mesa algo más que el debate monarquía-república. Ha puesto en evidencia el antagonismo de fondo que existe entre monarquía y democracia. En el pensamiento político clásico, la monarquía remite al poder de uno. La democracia, en cambio, al de todos. La monarquía se basa en una institución hereditaria, no electiva, sujeta a numerosos privilegios y a regulaciones de excepción. La democracia presupone el autogobierno popular y la elección y fiscalización de todos los representantes políticos, incluido el jefe de Estado. Desde una perspectiva democrática, la existencia de un rey será siempre un elemento extraño, anómalo. En el caso español, esta incompatibilidad entre monarquía y democracia, entre monarquía e igualdad, tiene connotaciones más profundas.

La condición de rey de Juan Carlos de Borbón no tiene, de entrada, origen democrático alguno. Proviene directamente de la legislación de una dictadura, la franquista. Fue Franco quien lo nombró “sucesor a título de rey” en 1969 y él hizo poco para romper ese vínculo. Se comprometió, por dos veces, a cumplir las Leyes fundamentales franquistas. E impidió, como ocurrió en Italia tras la caída del fascismo, que la ciudadanía pudiera ser consultada sobre la continuidad o no de la Monarquía.

La Transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria no borró esa carencia democrática. Durante la primera entrevista personal que Adolfo Suárez mantuvo con Felipe González, el 10 de agosto de 1976, este último le planteó la necesidad de llevar a cabo un referéndum sobre la forma política del Estado. Suárez respondió que someter a referéndum la legalidad monárquica era romper con la anterior y con la posibilidad de hacer la transición desde el poder. Y que por si fuera poco era probable que el resultado fuese favorable a la opción republicana.

En las Cortes Constituyentes de 1977-1978, la mayoría de grupos parlamentarios que integraban la comisión constitucional (UCD, Alianza Popular, comunistas, Minoría catalana y PNV) aprobaron el artículo primero del anteproyecto de Constitución, que establecía la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Los miembros del PSOE se abstuvieron y lanzaron agudas pullas al diputado y ponente comunista, Jordi Solé Tura. El ímpetu republicano, sin embargo, no duró demasiado. Al final, acabaron aceptando la Monarquía y convirtiéndose en sus máximos valedores.

Ante la reforma fiscal que prepara el gobierno: llamamiento urgente

15 mayo 2014

Las personas abajo firmantes sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como ciudadanas y profesionales informadas y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.

1.- La Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición (8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad [1]. Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de la ley.

2.- Las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de una minoría muy poderosa. Organismos como el Banco Mundial, el FMI y la Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.

3.- Este camino no nos lleva a ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario), etc.

Se están cargando la democracia y nadie dice nada

25/5/4/2014
Carlos Elordi

Los locutores de RTVE sonríen cuando cuentan que no se sabe si Arias Cañete será cesado en este Consejo de ministros o si la decisión se postergará una semana más. Las demás cadenas también se toman a broma el asunto, si es que se acuerdan del mismo. El atentado contra las normas democráticas que supone el hecho de que un candidato electoral siga siendo ministro ha sido ya aceptado como la cosa más natural de este mundo. Lo mismo que el linchamiento mediático del juez Elpidio Silvia. O que María Dolores de Cospedal se haya cargado el Tribunal de Cuentas de Castilla La Mancha en vísperas de una campaña electoral. O cincuenta cosas más, que confirman que si gravísima es la erosión sistemática de la democracia que está llevando a cabo este Gobierno, tal vez lo sea aún más la falta absoluta de reacción ante ese proceso por parte de las instituciones que deberían velar por la misma, empezando por la prensa.

La mayor parte de los hechos que jalonan la crónica política española hieren cualquier sensibilidad democrática. Asistimos, sin que lo denuncie ninguno de los muchos organismos, públicos y privados que podrían hacerlo, a una larga campaña publicitaria del Gobierno sobre la recuperación económica que está únicamente montada sobre la base de unos pronósticos que ese mismo Gobierno, o sus adláteres, elaboran y que unos meses más tarde quedan desmentidos por los datos fehacientes: como ha ocurrido con los del PIB del cuarto trimestre de 2013 y como seguramente ocurrirá con los del primero de este año, que ahora dicen que crecerá un 0,5%. Al tiempo, crecen la sospechas de que algunas estadísticas fundamentales están siendo manipuladas. Pero de ello se habla casi clandestinamente.

Rajoy y los suyos se siguen llenando la boca asegurando que quieren negociar con la Generalitat, pero un día tras otro confirman que no están dispuestos a ceder un ápice en sus posiciones, al tiempo que sus corifeos mediáticos pintan a Artur Mas como un fanático descerebrado que está jugando a aprendiz del diablo. Pero son muy pocos, y casi no se les oye, los que advierten de los peligros esa actitud. Porque no sólo es un engaño flagrante a la opinión o porque puede llevar a una enfrentamiento de consecuencias imprevisibles –y la primera tarea de un Gobierno de España sería evitarlas–, sino porque un día ese mismo procedimiento se podría aplicar en cualquier otro contexto. Sobre todo si hoy se aplica en medio de la pasividad general.

El Ministerio de Hacienda acaba de hacer una interpretación torticera de sus propias normas que, autorizando el aval del Estado sus créditos fiscales, permitirá a los bancos ahorrarse cerca de 41.000 millones de euros de capital, un regalo aún más sustancioso que el del rescate bancario que figura en el debe del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Y cuando hasta hace poco los bancos eran la institución más denostada por la amplia mayoría de la opinión pública, ahora la noticia ha pasado prácticamente desapercibida. Y ninguna voz se ha alzado en el Congreso, al menos hasta ahora, contra ese desaguisado.

Gregorio Morán: «Los padres de la Transición eran absolutamente impresentables»

Publicado por Antonio Yelo

Leídos los libros de Gregorio Morán (Oviedo, 1947) no se entiende por qué aún no ha sido aupado por los medios de comunicación de nuestro país a la categoría de leyenda del periodismo de investigación como sí se ha hecho en los Estados Unidos con Seymour H. Hersh o Bob Woodward por poner solo dos ejemplos. Algo tan injusto e incomprensible tiene dos ventajas. La primera que el protagonista de esta entrevista sigue trabajando en lo que mejor sabe hacer, escribir ensayo periodístico. Y la segunda que continúa siendo una persona accesible que se caracteriza por la claridad con la que habla. Caiga quien caiga, Gregorio Morán se mantiene fiel a sus principios y sigue compartiendo con sus conciudadanos toda aquella verdad de la que tiene conocimiento. Esa suerte tenemos.

Gregorio Morán escribe desde hace veinticinco años una columna en La Vanguardia, «Sabatinas Intempestivas», ha trabajado también en Diario 16, Opinión y La Gaceta del Norte, rotativa de la que fue director. Tiene publicados varios libros sobre los temas más polémicos de los últimos cuarenta años de la historia de España de los que destacan las dos biografías sobre el primer presidente del democracia: Adolfo Suárez: Historia de una ambición (Planeta, 1979) yAdolfo Suárez: Ambición y destino (Debate, 2009). Se le sigue considerando uno de los más fiables expertos en un tema siempre controvertido: la Transición política española del franquismo a la democracia.

Crisis constitucional en España

8/12/2012 - Santiago Muñoz Machado – Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense

En su libro 'Informe sobre España', el catedrático Santiago Muñoz Machado explica que España sufre una crisis constitucional de enorme hondura, agravada por una característica singular de su historia. Ninguna de sus constituciones ha sido muy duradera y siempre se ha preferido empezar de cero antes que optar por la reforma de los textos en vigor. Aun así, los obstáculos políticos no pueden ocultar el hecho de que ahora los cambios son necesarios. El libro, del que ofrecemos un extracto de su primer capítulo, ha sido publicado por la Editorial Crítica.

Avanza inexorablemente el proceso de deterioro de las instituciones constitucionales. Ninguna de ellas, de los parlamentos a los partidos políticos, del Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial, de la justicia ordinaria a los sindicatos, de la administración estatal a la municipal, funciona adecuadamente en España. Se alude a estos problemas en los medios de comunicación mucho menos que a los derivados de la crisis económica que está arrasando empresas, destruyendo puestos de trabajo y haciendo retroceder a trancos la calidad de vida de los ciudadanos. Pero las encuestas más solventes muestran el crecimiento del desafecto del pueblo hacia la clase gobernante, cualquiera que sea el signo político de sus miembros, al tiempo que se consolida la convicción de que son necesarias amplias y profundas reformas del Estado.

Son las manifestaciones más generales de una crisis constitucional de enorme hondura, y que resulta más grave para España, y será más duradera y difícil de resolver, que la crisis económica. La generalidad de los ciudadanos, que entienden mal la economía y peor aún los análisis, diagnósticos y pronósticos de los sabios economistas, tan discrepantes entre sí y con tanta holgura para el yerro, creen que el arreglo no vendrá de las acciones de los gobiernos, sino que lo traerá la invisible ley de los ciclos económicos que, en un futuro no lejano, hará resurgir la riqueza de un modo tan inesperado y asombroso como un día nos abandonó. Ese momento llegará necesariamente, cualquiera que sea el monto de las equivocaciones con que el Gobierno afronte la actual depresión. Pero la crisis constitucional es, sin embargo, asunto de más difícil arreglo.

La relación de los españoles con sus Constituciones, desde 1812 hasta hoy, es bastante singular. Ninguna de ellas ha sido muy duradera y casi todas fueron cambiadas en el marco de revoluciones o convulsiones sociales o políticas. No han sido reformadas sino derogadas u olvidadas. Es decir que, de acuerdo con nuestra historia constitucional, ha bastado un lustro a veces, o no ha sido necesario que transcurriera el tiempo de una generación, para que se haya considerado que todo el esfuerzo constituyente previo era perfectamente inútil e inaprovechable. Es llamativa esta afición española por situarse siempre en el borde de todos los precipicios y preferir la confrontación y los momentos revolucionarios a cualquier otra alternativa de continuidad y mejora que parta de las soluciones alcanzadas en algún momento anterior. Los españoles han sido siempre más partidarios del poder constituyente, que permite empezar de nuevo y derribar las instituciones políticas desde sus cimientos, que asegurar la continuidad, el respeto y la mejora de las opciones ya establecidas.

Emergencias Concretas y Constitución

Algunos de los artículos que nuestros representantes incumplen de su tan alabada Constitución.

La Constitución se merece un respeto que nuestros políticos no le tienen; fue lo mejor que se pudo hacer en su momento para mejorar nuestro país y que hoy queda obsoleta, pero si además la incumplen, el resultado es el que tenemos ahora mismo: Corrupción, Corrupción, y más Corrupción…

No leo en la Constitución ningún artículo que avale la corrupción.
Necesita cambios para adaptarla a los nuevos tiempos, pero simplemente haciendo valer los principios que en ella se recogieron en su día, serían suficientes para evitar el saqueo al que está sometida desde su inicio.
Y aquí sí que no podemos salvar a nadie; no valen los colores ni los ideales que tengamos si queremos ser justos, porque unos son culpables por incumplirla, pero los otros por permitirlo. Todos los que nos representan son participes del deterioro al que la han llevado.

La Corrupción es el cáncer de la política. La Constitución la quebrantan los poderes públicos y los mismos políticos. Por eso necesita una revisión urgente.

O la democracia acaba con la corrupción, o la corrupción acaba con la democracia. Y es una pena, que algo tan valioso para la convivencia en un país que se le dice democrático, no se le tenga el respeto que se merece.

Olvidan una cosa los que hablan con la boca llena de ella, creen que les pertenece sólo a ellos porque son los que se sientan en los sillones que nosotros les ponemos, pero es nuestra y de todos por igual, por eso merece el respeto que no le prestan.
Algunos no merecen ni hablar con la boca pequeña de ella.

Opinión: Luis Escamilla, articulo en: http://partidox.org/emergencias-concretas-y-constitucion/