La Monarquía como freno al cambio político y social en España

5/1/2017

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 5 de enero de 2017.

Este artículo analiza el papel determinante que juega la Monarquía en la defensa del orden conservador que domina las instituciones del Estado español, dominio que es responsable del gran retraso social y político de este país.

Una de las percepciones que me sorprendió y preocupó más al integrarme de nuevo en la vida académica y política de España fue la que existía entre amplios sectores de las izquierdas gobernantes de que la Monarquía había sido un elemento determinante en el establecimiento de una democracia considerada como homologable al resto de las democracias en la Europa occidental, atribuyéndosele así una vocación democrática a tal institución y al que la dirigía, el Rey Juan Carlos, aun cuando su perpetuación en la gobernanza del país había sido impuesta por uno de los dictadores más crueles y represivos que hayan existido en la Europa occidental del siglo XX (según el profesor Malefakis, Catedrático de la Columbia University, en Nueva York, y experto en fascismo europeo, por cada asesinato que hizo Mussolini, el régimen dictador del General Franco asesinó a 10.000). Tal vocación democrática de la Monarquía parece –según aquellas izquierdas- haberse acentuado todavía más durante el mandato de su sucesor, el Rey Felipe VI, al cual se le considera ya aclimatado completamente a un régimen democrático, jugando un papel estabilizador del sistema.

¿Qué es lo que el Monarca estabiliza?

 En esta percepción que acabo de describir se olvida, sin embargo, que la Monarquía ha jugado durante todo el periodo democrático un papel esencial en garantizar la perpetuación de las coordenadas de poder solidificadas durante la Transición, que han obstaculizado el progreso social, político e incluso económico del país. Aquellos que perpetúan la percepción de la Monarquía que describo en el párrafo anterior están ignorando que el hecho de que España, casi cuarenta años después de que se estableciera la democracia, continúe teniendo uno de los Estados del Bienestar menos desarrollados de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo al español), con uno de los gastos públicos sociales (que incluye sanidad, educación, vivienda social, servicios de ayuda a las familias y pensiones, entre otros) per cápita más bajos de tal Unión (y una de las democracias más limitadas en la misma UE-15), se debe precisamente a una continuidad y perpetuación de la excesiva influencia que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español, lo cual ha dificultado su desarrollo político y social. Y el estandarte de estas fuerzas conservadoras ha sido la Monarquía. Este orden monárquico ha estado basado en un régimen bipartidista en el que los cambios han sido siempre limitados, como consecuencia de una enorme estabilidad en las relaciones de poder dentro de las instituciones políticas. Resultado de esta enorme influencia, todas las instituciones del Estado, con notabilísimas excepciones, están controladas o están bajo el dominio de las fuerzas conservadoras. La evidencia de ello es abrumadora. Lo ocurrido en estas últimas elecciones al Congreso de los Diputados es un ejemplo de ello.

Diego Torres “cantó” ante el juez Castro: “está implicada toda la familia real”

29/6/2014

Toda la “familia” real estaba en el ajo del “caso Noos” y la prensa oficial lo sabía por el organigrama

Juan Carlos de Borbón era el “conseguidor”,Cristina era “asesora deportiva”, Felipe VI el “presidente de honor”, la infanta Elena “asesora cultural” y hasta Sofía de Grecia “tenía una cierta vinculación al proyecto, aunque en este caso fuese de orden menor”. Quien así confesó ante el juez fue Diego Torres, máximo responsable del Instituto Noos en el “caso Urdangarin“. Pero los medios de comunicación del régimen están difundiendo una cortina de humo al centrar el interés en la pésima relación personal entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Siendo cierto, no es lo sustancial ni significativo de este proceso judicial. La actuación de la Fiscalía cumple órdenes jerárquicas del fiscal general, Torres-Dulce (nombrado a su vez por el ministro Gallardón) y es verdad  que los tres deberán ser algún día juzgados por prevaricación y dejación de funciones de defensa del interés general y ciudadano en favor de la corrupción económica particular de la familia Borbón y Grecia. Pero es esta la última responsable judicial de ese millonario desfalco de dinero público que Urdangarin afloró, según el mejor conocedor de la trama.

Portada del libro que cuenta el entramado del “caso Noos” desde dentro

No es cierto que el magistrado Castro esté persiguiendo con excesivo celo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Más bien está ocurriendo lo contrario: la instrucción ha beneficiado la exculpación de tres personas que fueron “cooperadores necesarios” del gigantesco fraude de dinero público: el matrimonio Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia junto a la hermana de la inculpada, Elena de Borbón y Grecia. No es una suposición ni una conjetura. La citada “familia” actuaba mancomunadamente y al más puro estilo siciliano coordinaba sus iniciativas. Lo dice el profesor y economista Diego Torres, que ha “cantado” ante el juez Castro y era elautor confeso de todas las operaciones fraudulentas del Instituto Noos. Lo tiene escrito además en el libro “Urdangarin y la Copa América”, redactado bajo el pseudónimo de “Ricardo Grenville”, que tuvo que publicarse en Canadá. Y este es el contenido textual del capítulo titulado “Y toda la familia real”. Lo que pueden leer a continuación lo oyó igualmente el juez Castro. ¿Por qué no actuó contra todos los miembros de la familia? Posiblemente la mafia PP-PSOEhaya tejido un entramado legal que impida siquiera preguntar a los ex-monarcas en sede judicial, pero algún día nuevas formaciones políticas podrán sustituirlo para que las más elementales preguntas que pueden formularse desde la opinión pública pueda realizarlas también un juez independiente.

Una democracia donde votar es tabú

3/6/2014

Ignacio Escolar  

Si tan seguros están los monárquicos, ¿cual es el miedo entonces a que se pueda votar?

Artículo 92 de la Constitución: " Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".

La ley está ahí desde 1978, pero solo se ha usado dos veces: con la OTAN y con esa Constitución europea que nunca entró en vigor. No se votó el rescate a la banca. No se votó la reforma exprés de la Constitución. No se deja votar a los catalanes y también es tabú para las élites políticas la sola idea de consultar a los españoles si prefieren (o no) que el jefe del Estado pueda dejar en herencia el cargo porque viene de la pata del Cid y tiene la sangre azul.

No vale solo argumentar que los españoles ya votamos la monarquía con la Constitución. Aquel modelo político se negoció y se aprobó bajo la amenaza explícita de los militares; como un paquete cerrado donde ese importante asunto quedaba fuera de la discusión. Más del 60% de los votantes de hoy no pudo votar esa Constitución y la sociedad ha cambiado enormemente desde 1978. Le debemos mucho a esa carta magna, pero el consenso de entonces no es el consenso de hoy. De ahí vienen estas prisas y que el relevo llegue por medio de una abdicación. Es sintomático que el Gobierno cierre la sucesión sin consultar a los españoles, sin aceptar preguntas, por la vía de urgencia y con un proyecto de ley de 28 palabras. No se puede hacer peor.

Dudo que ese referéndum sobre la monarquía o la república se vaya a producir a corto plazo. Felipe VI heredará la jefatura del Estado porque la mayoría monárquica es apabullante en las Cortes, aunque no creo que sea tan absoluta entre la sociedad. Pero si el descrédito de las instituciones en general y de la monarquía en particular continúa –si el nuevo rey no consigue recuperar la popularidad de la institución–, más tarde o más temprano la única solución será votar, igual que ya no quedan muchas más alternativas ante el problema catalán.

Monarquía o democracia: ese es el dilema

5 de junio del 2014
Gerardo Pisarello

La precipitada abdicación de Juan Carlos de Borbón y Borbón ha colocado sobre la mesa algo más que el debate monarquía-república. Ha puesto en evidencia el antagonismo de fondo que existe entre monarquía y democracia. En el pensamiento político clásico, la monarquía remite al poder de uno. La democracia, en cambio, al de todos. La monarquía se basa en una institución hereditaria, no electiva, sujeta a numerosos privilegios y a regulaciones de excepción. La democracia presupone el autogobierno popular y la elección y fiscalización de todos los representantes políticos, incluido el jefe de Estado. Desde una perspectiva democrática, la existencia de un rey será siempre un elemento extraño, anómalo. En el caso español, esta incompatibilidad entre monarquía y democracia, entre monarquía e igualdad, tiene connotaciones más profundas.

La condición de rey de Juan Carlos de Borbón no tiene, de entrada, origen democrático alguno. Proviene directamente de la legislación de una dictadura, la franquista. Fue Franco quien lo nombró “sucesor a título de rey” en 1969 y él hizo poco para romper ese vínculo. Se comprometió, por dos veces, a cumplir las Leyes fundamentales franquistas. E impidió, como ocurrió en Italia tras la caída del fascismo, que la ciudadanía pudiera ser consultada sobre la continuidad o no de la Monarquía.

La Transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria no borró esa carencia democrática. Durante la primera entrevista personal que Adolfo Suárez mantuvo con Felipe González, el 10 de agosto de 1976, este último le planteó la necesidad de llevar a cabo un referéndum sobre la forma política del Estado. Suárez respondió que someter a referéndum la legalidad monárquica era romper con la anterior y con la posibilidad de hacer la transición desde el poder. Y que por si fuera poco era probable que el resultado fuese favorable a la opción republicana.

En las Cortes Constituyentes de 1977-1978, la mayoría de grupos parlamentarios que integraban la comisión constitucional (UCD, Alianza Popular, comunistas, Minoría catalana y PNV) aprobaron el artículo primero del anteproyecto de Constitución, que establecía la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Los miembros del PSOE se abstuvieron y lanzaron agudas pullas al diputado y ponente comunista, Jordi Solé Tura. El ímpetu republicano, sin embargo, no duró demasiado. Al final, acabaron aceptando la Monarquía y convirtiéndose en sus máximos valedores.