22 Julio 12 - Madrid - Francisco Velasco
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, hace en esta entrevista un repaso de todo lo que abarca su cartera: desde el aborto a la situación de la Justicia o la renovación del CGPJ. Sus declaraciones, sin duda, no dejarán indiferente a nadie y, de hecho, ya han provocado las primeras reacciones, especialmente por su afirmación de que la malformación del feto dejará de ser un supuesto para abortar.
¿Cómo define todo lo sucedido en
el Consejo General del Poder Judicial?
–Es obvio que se
produjo una crisis institucional en el CGPJ, que se abrió por la dimisión de
Carlos Dívar. Esto abrió un periodo en el que se han visto las distintas
sensibilidades que existen en el Consejo y los propios vocales lo han resuelto
eligiendo a una persona que, al margen de cualquier otra consideración reúne
todos los requisitos para ser presidente del TS, por su condición de
magistrado, de presidente de Sala y por su prestigio personal y profesional.
Ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, y ahí el Ministerio tendrá
una actitud de plena colaboración con el Consejo y su presidente.
–¿Tuvo el Ministerio algo que ver con la
dimisión, más o menos forzada, de Carlos Dívar? ¿Influyó de alguna forma?
– No. De ninguna de las formas, en absoluto.
El parecer del Gobierno es que todo lo que sea una crisis institucional en un
momento tan delicado como el que vive España no contribuye a resolver los
problemas que tenemos en esta situación económica, para lo cual la estabilidad
de las instituciones es extremadamente importante. Por eso, celebramos que esa
crisis, lamentando que se hubiese abierto y por la propia dimisión de Dívar, se
haya cerrado.
–Las asociaciones critican duramente a
su Departamento por entender que la reforma del CGPJ usurpa funciones al CGPJ.
–En absoluto es cierto eso. Ni una
sola competencia de las que tiene el Consejo y que están establecidas en
nuestra Constitución desaparece en la propuesta presentada por el Gobierno. No
hay, por tanto, ninguna merma de competencias.
–¿Dónde radican entonces las profundas
diferencias que mantiene Justicia con las asociaciones judiciales?
–Las diferencias se están planteando
en otro aspecto, sensible, y entiendo que muy importante: si los funcionarios
del Poder Judicial en su condición de pertenecientes a un poder del Estado
distintos del Poder Ejecutivo están o no sometidos a las restricciones
presupuestarias que se han adoptado para todos los funcionarios de la
Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales, y nosotros entendemos que sí, que están sujetos. Eso no es ninguna
merma a la independencia del Poder Judicial ni invasión de competencias. La
situación de diferencia fundamental que en estos momentos mantiene el
Ministerio con las asociaciones es que el Gobierno ha hecho extensivo a todos
los funcionarios, incluidos los del Poder Judicial, las restricciones
presupuestarias.
–Pero las asociaciones consideran que en
el fondo lo que hay, detrás de la reforma, es quitar competencias al Consejo.
–Lo que me sorprende es que se haya
manifestado un criterio sobre un texto que no conocen, porque a fecha de hoy no
se ha trasladado a ninguna asociación el contenido del proyecto del Gobierno,
como consecuencia del compromiso que tenemos de trasladarlo, con carácter
previo (a los partidos) para el debate parlamentario. Eso explica, por ejemplo,
en relación con el comunicado que hizo público la APM, que se diga que se
quiere trasladar al Ministerio el proceso de selección de los jueces, cuando
eso es algo que jamás ha estado en el proyecto del Ministerio.
–Pero también se ha anunciado una
reforma que va a suponer un cambio sustancial en lo que afecta al CGPJ, donde,
por ejemplo, sólo el presidente tendrá dedicación exclusiva.
–Hay un cambio que va en la misma
línea, que es de restricción. Tenemos que adelgazar todas las administraciones
públicas, como hemos hecho en la Administración General del Estado y eso
mismo lo tenemos que aplicar también a la administración del Poder Judicial.
Por tanto, estamos siempre en el mismo recorrido.
–Ese «adelgazamiento» del que habla,
¿afectará a las funciones que encomienda la Constitución al Consejo?
–En absoluto. En ningún caso, las
funciones constitucionales que tiene el Consejo pasan en el proyecto del
Gobierno al Ministerio de Justicia: ni una sola. Lógicamente, otro tipo de
actividades, que no son competencias, sino actividades, como pueden ser las
internacionales, se verán restringidas como se ha visto en toda actividad
internacional en el resto de ministerios, salvo en el de Asuntos Exteriores.
–Vista toda la polémica suscitada en
este tema, ¿no ha sido un error dar a conocer sólo la reforma que afecta sólo
al CGPJ, que es una parte de la prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial?
– Los tiempos políticos los tiene que
marcar el Gobierno, que es quien tiene la iniciativa legislativa. Y no se puede
olvidar que el mandato del actual Consejo vence en septiembre de 2013, y, por
tanto, nosotros no podíamos demorar la tramitación del proyecto de ley, porque
ese documento tiene que estar aprobado seis meses antes de que finalice el
mandato, es decir, en marzo del próximo año.
–Usted habló en su toma de posesión y lo
ha reiterado después de que los 12 vocales de procedencia judicial serán
elegidos directamente por los jueces y magistrados. Si el PSOE rechaza ese
modelo, ¿el Gobierno mantendrá la postura que ya anunció?
–Lo que no vamos a hacer es
«hipotizar el futurible». El PSOE ya tiene la propuesta de la Comisión Técnica
y estamos a la espera de una respuesta. Lo que no vamos a hacer es
pronunciarnos sobre algo que ellos no se han pronunciado todavía. Vamos a
esperar a que nos digan cuáles son sus propuestas, y sobre eso haremos la
negociación.
–Insisto, ¿su Ministerio sigue en la
idea de esa elección directa de vocales de extracción judicial?
–Ésa es la propuesta de la Comisión
Técnica y la que hemos trasladado al PSOE. La propuesta del Ministerio la
haremos cuando terminemos todo el proceso de diálogo parlamentario.
–El TC se ha renovado con un notable
retraso, al igual que ocurrió con el último CGPJ. ¿Sucederá lo mismo con el
actual Consejo o se renovará en plazo?
–Se renovará en plazo, no tenga
ninguna duda. Coincido con aquellos que nos han criticado, sobre todo a los dos
partidos mayoritarios, por el retraso en la renovación del TC. Le aseguro
que eso no ocurrirá con la renovación del CGPJ. Pero, además, creo que
deberíamos, siguiendo el modelo alemán, buscar mecanismos que hiciesen imposible
que eso ocurriera. Y creo que deberíamos hacer una reflexión tranquila, pero
profunda, para introducir mecanismos semejantes en la legislación española,
para que en aquellos supuestos en que el legislador incumpliera su obligación
constitucional de producir un nombramiento hubiera mecanismos alternativos de
nombramientos.
–En cuanto a los nuevos magistrados del
TC, se criticó que algunos de ellos tienen un «marcado carácter político».
–Los cuatro magistrados tuvieron la
mayoría de 3/5 del Congreso para ser elegidos, y desde ese momento ya no son ni
del Grupo Parlamentario Popular ni del Socialista, ni de ningún otro grupo. Los
cuatro lo son del Congreso de los Diputados, y ahí es donde radica la
independencia que debe tener un miembro del TC. Protesto contra la idea de
entender que el servicio a la sociedad a través de la política suponga una
inhabilitación para el ejercicio posterior, desde la más absoluta
independencia, de altas responsabilidades del Estado, como miembro del TC.
Incorporar a ese tribunal a personas con experiencia política en modo alguno
compromete su independencia.
–¿Cuándo terminará su Ministerio las
reformas anunciadas para que se inicien los trámites parlamentarios?
– La de la Ley del Consejo General
del Poder Judicial se presentará cuando terminemos este diálogo parlamentario
que hemos iniciado y después cuando hagamos las consultas correspondientes, y
eso, razonablemente, debe ser antes de dos meses; la reforma del Código Penal,
que incluye la prisión permanente revisable, se presentará al Consejo de
Ministros próximamente. El resto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial la queremos para antes de finales de octubre, conjuntamente con la Ley
de Demarcación y Planta, que será una de las grandes novedades de esta legislatura;
y sobre esas mismas fechas, octubre o noviembre, presentaremos la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se incluirá el nuevo papel del
Ministerio Fiscal en la instrucción de los procesos. Si a esto se le une la
reforma de la Ley del Aborto, que el compromiso es que esté antes de final de
año, y el nuevo Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio que se
va a convertir en uno de los grandes instrumentos para conseguir la unidad de
mercado. Todas éstas serán proyectos leyes que se presentarán antes de final de
año.
–El hecho de que los fiscales se rigen
por el principio de jerarquía y dependencia y al fiscal general siempre se le
vincula con el Gobierno, ¿no puede afectar a la independencia a la hora de esas
investigaciones?
–En modo alguno. Es cierto que se
rigen por el principio de jerarquía, pero las relaciones del fiscal general del
Estado con el Gobierno son regladas, siempre de carácter oficial y se refieren
a la capacidad que tiene el Ejecutivo de solicitar la actuación del Ministerio
Fiscal. Pero eso no compromete en absoluto la autonomía del Ministerio Fiscal
que tiene de cara a la instrucción. Creo, además, que este Gobierno ha dado un
ejemplo definitivo de cuál debe ser nuestra relación con el Ministerio Fiscal ,mediante
el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, que ha
hecho de su discurso la independencia del fiscal; y, en segundo lugar, nuestro
propio comportamiento.
–¿Se va a revisar la Ley del Menor y, en
su caso, se agravarán las penas para delitos graves?
–Sí se va a revisar. En el ámbito
procesal, trabajamos en una reforma para evitar que aquellos delitos que han
sido cometidos conjuntamente por mayores y menores tengan procedimientos
distintos, que muchas veces llevan a la contradicción.
–¿La Abogacía del Estado recopila
indicios para una posible ilegalización de Bildu?
–Todos y cada uno de los hechos que
después de la sentencia del TC –la que legalizó Sortu–-puedan ser calificados
como contrarios a la Ley de Partidos Políticos son estudiados por la Abogacía
del Estado y, en su caso, trasladados a la Fiscalía si, además de una posible
vulneración de la ley de partidos, supusieran en sí mismo la comisión de un
delito.
–¿La sentencia del Tribunal de
Estrasburgo que anuló la «doctrina Parot» hace un flaco favor a la lucha contra
el terrorismo?
–Lo primero es decir que discrepo
radicalmente de esa sentencia, que no ha tenido en consideración las
resoluciones del Tribunal Supremo y del TC. Le digo más, y es que desde mi
punto de vista no ha considerado, cosa que sí hicieron tanto el Supremo y el
TC, la legitimidad que en la lucha contra el terrorismo corresponde a un Estado
democrático de Derecho como es el español, y por eso confío en que esa
sentencia será modificada ante la Gran Sala.
–¿Tiene futuro la Audiencia Nacional si
la banda ETA deja definitivamente su actividad terrorista?
–Rotundamente, sí. Me parece que es
una institución absolutamente necesaria, moderna, porque es la que mejor se
acomoda a la respuesta adecuada que las nuevas formas de criminalidad
organizada tienen en el siglo XXI. La Audiencia, al margen de los delitos de
terrorismo, es absolutamente necesaria para el Estado de Derecho y supone una
respuesta eficaz y adecuada a las nuevas formas de criminalidad. En la nueva
LOPJ se le atribuirán nuevas competencias.
–¿Apoyaría reformar la Ley Electoral?
–Tengo muy claro que las leyes
electorales sólo se pueden modificar por consenso. Creo que sí hay muchas cosas
que se podrían mejorar de la Ley Electoral, pero me parece que no forma parte
del paquete político de un Gobierno, sino del paquete constitucional de una
cámara y, por tanto, cualquier reforma de esa ley siempre tiene que ser de
acuerdo con la oposición, porque si no, siempre está la sospecha de que se hace
para beneficiar a uno o perjudicar a otro.
–¿Su Ministerio estudia reducir el
número de aforados?
–Sí. Pensamos que hay que estudiar el
sistema de aforamiento en España y someterlo a una revisión restrictiva del
mismo. Además, hay que recordar que, a veces, el aforamiento puede resultar un
perjuicio, como por ejemplo aquellos que son enjuiciados en el Tribunal
Supremo, que no tienen derecho a la segunda instancia penal. Esto es algo que
vamos a introducir.
–¿Cómo valora la decisión de la
Audiencia de Palma de no citar como imputada a la Infanta Doña Cristina por el
«caso Nóos»?
–Si los magistrados que conocen
ese asunto han tomado esa decisión es porque era lo que procedía
conforme a Derecho.
No se podrá abortar por malformación del
feto
–Respecto a la Ley del Aborto, ¿su
Ministerio sigue en la idea de volver a la que había antes de la vigente ley de
plazos?
–Sí. El TC estableció una doctrina
con relación a cómo debe regularse la protección del concebido y ha establecido
que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, y que hay supuestos en
los que, entrando en conflicto con otros conflictos, el legislador opte por uno
u otro, no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es,
literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos. Por tanto, la
legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que
estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos
demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados.
–¿Cuáles son algunos de esos aspectos?
–Le anticipo uno. No entiendo que se
desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún
tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que
hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación. Y creo que el
mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía
o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de
las capacidades que tienen el resto de los concebidos.
Batería de reformas para este año.
El titular de Justicia adelanta en
esta entrevista que antes de final de año se presentarán los proyectos de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta,
la Ley de Enjuiciamiento Criminal –en la que se atribuirá la instrucción de los
procedimientos penales a los fiscales– y la nueva Ley del Aborto, con
importantes modificaciones. Casi inmediatamente, se prevé presentar al Consejo
de Ministros la reforma de Código Penal.
En primera persona
Fiscal de oposición y político de
vocación. Tras estudiar Derecho, aprobó las oposiciones a la Carrera Fiscal,
aunque la toga con puñetas no la llevó encima en muchas ocasiones. Decidió
seguir el mismo camino que su padre, José María, uno de lo fundadores de
Alianza Popular, y dedicarse a la política. Muy vinculado a Manuel Fraga, por
quien sentía una auténtica admiración tanto en lo personal como en lo político,
sufrió un duro golpe con su reciente fallecimiento. Desde el año 1983 se dedicó
por entero a la vida política madrileña. Fue presidente de la Comunidad de
Madrid ocho años y otros tantos alcalde de la capital. Muy aficionado a la
Fórmula 1, se siente muy orgulloso de su colección de música clásica y siempre
le acompaña un libro.
1. Desde que Rafael Catalá es ministro de Justicia, han pasado por el mando de la Fiscalía tres fiscales generales del Estado: tres en menos de tres años. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno, que le quería controlar. Después llegó Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año. No fue renovada porque tampoco se quiso plegar. Y a la tercera Rafael Catalá encontró a su fiscal general ideal, José Manuel Maza. Por ahora no ha dimitido, aunque por decencia debería hacerlo ya.
1. Desde que Rafael Catalá es ministro de Justicia, han pasado por el mando de la Fiscalía tres fiscales generales del Estado: tres en menos de tres años. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno, que le quería controlar. Después llegó Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año. No fue renovada porque tampoco se quiso plegar. Y a la tercera Rafael Catalá encontró a su fiscal general ideal, José Manuel Maza. Por ahora no ha dimitido, aunque por decencia debería hacerlo ya.
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