6/6/2013
El juez Elpidio José Silva, que ha enviado a la cárcel a Miguel Blesa, está zumbao, por unanimidad. El juez Castro, que instruye el caso Urdangarín, "hace juicios de valor" y comete "falsedad", en palabras de Rita Barberá. La jueza Alaya, que lleva la causa de los ERES irregulares, es una "maziza con mazo" a la que se le acumulan los casos por su baja laboral. El juez Pablo Ruz, que carga sobre sus espaldas con Gürtel, Bárcenas y Mato, primero era de derechas y ahora de izquierdas, o bien "quiere pasar a la historia antes de dejar la Audiencia". El juez Pedraz se transmuta de pijo a perroflauta, por archivar la causa contra los promotores de #rodeaelcongreso. Y al juez Fernández Seijo, que logró que el Tribunal de Justicia de la UE considerara abusiva e ilegal la ley española sobre hipotecas, "merecería que le hicieran un escrache", en palabras de más de un político popular. La profesionalidad de los jueces se cuestiona un día sí y otro también desde todos los ámbitos del poder.
A pesar de las presiones, algunos resisten. "A quienes nos escrachan es a nosotros. Son los políticos y el poder económico a través de sus respectivos medios de comunicación los que nos someten a esos escraches que tanto denuncian", dice uno de los jueces que ha sido víctima de una campaña de desprestigio para evitar que presidiera el tribunal de uno de los casos más mediáticos de los últimos meses.
Una confluencia de intereses entre el poder económico, político y mediático, que afectados por la situación de crisis del sistema, trata de devaluar a los jueces. Sin embargo la ciudadanía siente que son los únicos que pueden hacer justicia ante los abusos del poder. La noticia del ingreso en prisión de Miguel Blesa despertó una ola de euforia en las redes sociales mientras los tertulianos y la prensa generalista cargaba las tintas sobre la idoneidad del juez. "La carga de presión que existe en algunos juzgados es muy grande. La tensión influye más en unos que en otros y eso hace que algunos, como el juez Silva, no sea un juez estándar porque además se pliega poco a las presiones que recibe", ilustra un compañero del polémico magistrado en los juzgados de Plaza de Castilla, donde trabajan 54 jueces.
Se ha creado un clima de opinión en torno a los jueces. Si preguntas a los políticos o a los financieros sobre el papel de los magistrados, la descalificación es el preámbulo. Ejemplo real: "Pero Castro está un poco loco, ¿no? Eso dicen, yo no sé". No sabrán, pero la insidia queda en el aire y se transmite. Otro ejemplo que se repite: "Están cabreados con el Gobierno y el PP porque les hemos bajado el sueldo y Gallardón les está quitando ese poder del que gozan con su reforma". Tercer ejemplo, este proveniente del sector bancario: "¿Qué formación puede tener ese tío -juez- si no sabe ni lo que es una cuenta de resultados ni una auditoria? Desde que los jueces estrella descubrieron que es posible hacerse famoso a costa de los banqueros y los empresarios, esto es un cachondeo". Gana por goleada la extendida idea de que los jueces están más para allá que para acá y que el ego les puede. "A nivel estadístico, los jueces no figuran entre los primeros puestos de los estudios que relacionan profesión con enfermedades mentales. Si acaso, los jueces, que suelen ser vocacionales, tienen un sentido del deber muy alto, lo que les puede llevar a trastornos obsesivos, agudizando su concepto del orden y del perfeccionismo", explica el psiquiatra Benito Peral.
Que los jueces apliquen el principio de racionalidad e interpreten en sus textos crispa al poder, sobre todo si entrañan calificaciones morales. "El juez es una figura molesta porque puede controlar al poder, es el único contrapunto. Por eso está subiendo la aceptación social, porque están parando abusos, los de los bancos sin ir más lejos, a los que refinanciamos entre todos. La gente está descorazonada y tiene la esperanza de que el juez se ocupe de la realidad social", apunta un exmagistrado de la Audiencia Nacional. Los políticos les piden que se limiten a aplicar las leyes que se aprueban en el Parlamento.
El Estado se defiende porque tiene miedo. Y en ello coinciden la mayoría de las fuentes jurídicas consultadas. "Cuando el Estado es débil se recurre a más regulaciones, a elaborar constantemente proyectos de ley que dejan mucho que desear. Es porque el Estado tiene miedo. Si fuera fuerte no tendría que estar elaborando normas sin parar. El poder ejecutivo utiliza la Constitución como una porra para aplastarnos cuando debería ser el espejo en el que se refleja toda la sociedad, pero el espejo está roto", explica Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional y ex defensor del Pueblo en funciones, partidario de una reforma en profundidad de la Constitución y de la ley de Partidos. Hablamos con él mientras prepara un libro sobre el estado de la Justicia, un convencido de que "en el derecho no hay nada transcendente. Lo cambiamos nosotros". Un principio que entra directamente en colisión con el criterio del ministro de Justicia.
El afán de Gallardón por atar en corto a la judicatura está llevando a hechos tan cuestionables como el reciente nombramiento del que fue abogado de Caixabank durante un cuarto de siglo como nuevo magistrado del Tribunal Supremo. Sebastián Sastre, hombre de confianza de Fainé, tendrá que fijar doctrina sobre las preferentes, los suelos de las hipotecas y las swaps. Los magistrados padecen a diario el poder de influencia del mundo económico. Mientras la mayoría dispone de escasos recursos y nulos apoyos para instruir causas endemoniadas, a los presuntos culpables poderosos le respalda la maquinaria de los grandes despachos de abogados. Gürtel es un ejemplo de libro. Ocho años ya de instrucción y los que quedan. Cuando el caso pase a otro juzgado el juez quedará sepultado entre papeles y a ese magistrado le será más fácil confirmar que rebatir miles de folios. "Hay un sistema hipergarantista con los poderosos porque el que conoce los entresijos se salva", mantiene Rovira.
Con todo, entre los propios jueces, las estrellas no están bien vistas. "La gente quiere sangre contra el poder fáctico, quieren a políticos y banqueros en la cárcel. Y quien tiene un poder enorme para hacer eso es el juez. Pero la justicia se debe administrar con orden y reflexión y no en loor de multitudes. Hay quienes se dejan encumbrar en esos papeles de salvadores de los oprimidos, al estilo Robin Hood. También porque los casos que llevan se prestan a esto y son personas con su ego", explica una fuente cercana al Consejo General del Poder Judicial.
"La sociedad tiene que ser prudente con las expectativas que despierta la acción judicial porque los jueces saben que les pueden empurar, como se ha visto con Garzón y le va a pasar a Elpidio José Silva", apunta un juez vinculado a lo social. "Pensar que van a poder condenar a los corruptos que la opinión pública desea ver en la cárcel es una quimera. La mayoría de causas candentes van a acabar decepcionando, porque no van a dictarse las sentencias que la gente cree que merecen. La 'pena social' para los acusados es el consuelo que queda y al que han contribuido los jueces, los movimientos sociales y la prensa", remata Rovira.
El juez Elpidio José Silva, que ha enviado a la cárcel a Miguel Blesa, está zumbao, por unanimidad. El juez Castro, que instruye el caso Urdangarín, "hace juicios de valor" y comete "falsedad", en palabras de Rita Barberá. La jueza Alaya, que lleva la causa de los ERES irregulares, es una "maziza con mazo" a la que se le acumulan los casos por su baja laboral. El juez Pablo Ruz, que carga sobre sus espaldas con Gürtel, Bárcenas y Mato, primero era de derechas y ahora de izquierdas, o bien "quiere pasar a la historia antes de dejar la Audiencia". El juez Pedraz se transmuta de pijo a perroflauta, por archivar la causa contra los promotores de #rodeaelcongreso. Y al juez Fernández Seijo, que logró que el Tribunal de Justicia de la UE considerara abusiva e ilegal la ley española sobre hipotecas, "merecería que le hicieran un escrache", en palabras de más de un político popular. La profesionalidad de los jueces se cuestiona un día sí y otro también desde todos los ámbitos del poder.
A pesar de las presiones, algunos resisten. "A quienes nos escrachan es a nosotros. Son los políticos y el poder económico a través de sus respectivos medios de comunicación los que nos someten a esos escraches que tanto denuncian", dice uno de los jueces que ha sido víctima de una campaña de desprestigio para evitar que presidiera el tribunal de uno de los casos más mediáticos de los últimos meses.
Una confluencia de intereses entre el poder económico, político y mediático, que afectados por la situación de crisis del sistema, trata de devaluar a los jueces. Sin embargo la ciudadanía siente que son los únicos que pueden hacer justicia ante los abusos del poder. La noticia del ingreso en prisión de Miguel Blesa despertó una ola de euforia en las redes sociales mientras los tertulianos y la prensa generalista cargaba las tintas sobre la idoneidad del juez. "La carga de presión que existe en algunos juzgados es muy grande. La tensión influye más en unos que en otros y eso hace que algunos, como el juez Silva, no sea un juez estándar porque además se pliega poco a las presiones que recibe", ilustra un compañero del polémico magistrado en los juzgados de Plaza de Castilla, donde trabajan 54 jueces.
Se ha creado un clima de opinión en torno a los jueces. Si preguntas a los políticos o a los financieros sobre el papel de los magistrados, la descalificación es el preámbulo. Ejemplo real: "Pero Castro está un poco loco, ¿no? Eso dicen, yo no sé". No sabrán, pero la insidia queda en el aire y se transmite. Otro ejemplo que se repite: "Están cabreados con el Gobierno y el PP porque les hemos bajado el sueldo y Gallardón les está quitando ese poder del que gozan con su reforma". Tercer ejemplo, este proveniente del sector bancario: "¿Qué formación puede tener ese tío -juez- si no sabe ni lo que es una cuenta de resultados ni una auditoria? Desde que los jueces estrella descubrieron que es posible hacerse famoso a costa de los banqueros y los empresarios, esto es un cachondeo". Gana por goleada la extendida idea de que los jueces están más para allá que para acá y que el ego les puede. "A nivel estadístico, los jueces no figuran entre los primeros puestos de los estudios que relacionan profesión con enfermedades mentales. Si acaso, los jueces, que suelen ser vocacionales, tienen un sentido del deber muy alto, lo que les puede llevar a trastornos obsesivos, agudizando su concepto del orden y del perfeccionismo", explica el psiquiatra Benito Peral.
Que los jueces apliquen el principio de racionalidad e interpreten en sus textos crispa al poder, sobre todo si entrañan calificaciones morales. "El juez es una figura molesta porque puede controlar al poder, es el único contrapunto. Por eso está subiendo la aceptación social, porque están parando abusos, los de los bancos sin ir más lejos, a los que refinanciamos entre todos. La gente está descorazonada y tiene la esperanza de que el juez se ocupe de la realidad social", apunta un exmagistrado de la Audiencia Nacional. Los políticos les piden que se limiten a aplicar las leyes que se aprueban en el Parlamento.
El Estado se defiende porque tiene miedo. Y en ello coinciden la mayoría de las fuentes jurídicas consultadas. "Cuando el Estado es débil se recurre a más regulaciones, a elaborar constantemente proyectos de ley que dejan mucho que desear. Es porque el Estado tiene miedo. Si fuera fuerte no tendría que estar elaborando normas sin parar. El poder ejecutivo utiliza la Constitución como una porra para aplastarnos cuando debería ser el espejo en el que se refleja toda la sociedad, pero el espejo está roto", explica Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional y ex defensor del Pueblo en funciones, partidario de una reforma en profundidad de la Constitución y de la ley de Partidos. Hablamos con él mientras prepara un libro sobre el estado de la Justicia, un convencido de que "en el derecho no hay nada transcendente. Lo cambiamos nosotros". Un principio que entra directamente en colisión con el criterio del ministro de Justicia.
El afán de Gallardón por atar en corto a la judicatura está llevando a hechos tan cuestionables como el reciente nombramiento del que fue abogado de Caixabank durante un cuarto de siglo como nuevo magistrado del Tribunal Supremo. Sebastián Sastre, hombre de confianza de Fainé, tendrá que fijar doctrina sobre las preferentes, los suelos de las hipotecas y las swaps. Los magistrados padecen a diario el poder de influencia del mundo económico. Mientras la mayoría dispone de escasos recursos y nulos apoyos para instruir causas endemoniadas, a los presuntos culpables poderosos le respalda la maquinaria de los grandes despachos de abogados. Gürtel es un ejemplo de libro. Ocho años ya de instrucción y los que quedan. Cuando el caso pase a otro juzgado el juez quedará sepultado entre papeles y a ese magistrado le será más fácil confirmar que rebatir miles de folios. "Hay un sistema hipergarantista con los poderosos porque el que conoce los entresijos se salva", mantiene Rovira.
Con todo, entre los propios jueces, las estrellas no están bien vistas. "La gente quiere sangre contra el poder fáctico, quieren a políticos y banqueros en la cárcel. Y quien tiene un poder enorme para hacer eso es el juez. Pero la justicia se debe administrar con orden y reflexión y no en loor de multitudes. Hay quienes se dejan encumbrar en esos papeles de salvadores de los oprimidos, al estilo Robin Hood. También porque los casos que llevan se prestan a esto y son personas con su ego", explica una fuente cercana al Consejo General del Poder Judicial.
"La sociedad tiene que ser prudente con las expectativas que despierta la acción judicial porque los jueces saben que les pueden empurar, como se ha visto con Garzón y le va a pasar a Elpidio José Silva", apunta un juez vinculado a lo social. "Pensar que van a poder condenar a los corruptos que la opinión pública desea ver en la cárcel es una quimera. La mayoría de causas candentes van a acabar decepcionando, porque no van a dictarse las sentencias que la gente cree que merecen. La 'pena social' para los acusados es el consuelo que queda y al que han contribuido los jueces, los movimientos sociales y la prensa", remata Rovira.
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