Juan Torres López - 8/6/2013
Es posible que las más altas instancias consigan que el encarcelamiento del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, termine cuanto antes y que su proceso quede en agua de borrajas, o al menos en una condena de poca monta. Pero, en todo caso, me parece un hecho muy significativo, al menos, por tres razones.
En primer lugar, porque es el primer banquero al que más seriamente se le piden responsabilidades por las pérdidas y los daños de todo tipo y tan tremendos que la gestión financiera y el manejo del dinero público y privado han provocado en los últimos años.
La democracia es incompatible con la impunidad. El ejemplo y los incentivos que se trasladan a las personas normales y corrientes cuando se deja que los que tienen dinero y poder puedan hacer lo que quieran y cometer atropellos sin pagar por lo que hacen son demoledores. Ninguna sociedad puede sobrevivir a ello, pues la responsabilidad y la rendición de cuentas son prerrequisitos de la confianza y la seguridad, imprescindibles para que las personas podamos convivir en paz y cooperar en la forma tan estrecha que siempre se precisa para satisfacer nuestras necesidades.
España no puede seguir permitiéndose que los delitos de los delincuentes financieros sigan prescribiendo tan habitualmente, o que los gobiernos indulten como si nada a los que son condenados, como ha hecho en más de 17.600 ocasiones desde 1977, preferentemente con políticos y jueces corruptos o prevaricadores, con grandes empresarios y banqueros o con defraudadores y narcotraficantes.
En segundo lugar, el encarcelamiento de Blesa es significativo también porque no es un banquero cualquiera sino de partido, y más concretamente uno de los hombres de confianza de su amigo el ex presidente José María Aznar, que lo aupó a un cargo que está completamente vedado para quien no cuente con el poder político e institucional de las más altas instancias del Gobierno y el estado.
Por eso cuesta mucho trabajo creer que todas las fechorías financieras que Blesa y otros muchos como él han podido realizar en estos últimos años se hayan cometido sin el conocimiento o incluso sin la aprobación o colaboración de quienes los colocaron en sus puestos. Hay ya muchos testimonios que prueban la estrecha complicidad de las autoridades de todos los países con quienes cometieron las estafas que provocaron la crisis. En el nuestro, sin ir más lejos, se puede leer en Internet sin ninguna dificultad la carta que la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España dirigió el 26 de mayo de 2006 al entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Pedro Solbes. En ella se denunciaba, entre otras cosas, la “actitud pasiva”, “falta de determinación”, “ausencia de medidas”, “complaciente actitud”, “cándido optimismo” o “falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual” del Gobernador Jaime Caruana, nombrado en su día por el Partido Popular.
Por eso es imprescindible que la persecución de los delitos financieros vaya acompañada de una investigación rigurosa que permita determinar el apoyo y la complicidad que se haya podido producir desde el poder político e institucional (incluyendo el judicial), pues lo lógico es pensar que sin ellos no se podrían haber cometido.
Finalmente, no me parece menos significativo que el encarcelamiento de Blesa haya sido consecuencia de las denuncias presentadas por un sindicato cuyos dirigentes desprecian a menudo la institucionalidad democrática. Aunque “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, como escribió Machado, resulta lamentable que los resortes institucionales que deben combatir el delito no hayan actuado con diligencia, o que otras fuerzas políticas y sindicales no se sintieran igualmente concernidas por lo que estaba sucediendo. En gran parte, es de suponer, porque son corresponsables, bien es cierto que en desigual medida, de todo lo sucedido.
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