Elisa Beni - 28/5/2013
He pasado años de mi vida intentando convencer a centenares de jueces de que los periodistas, los medios, no eran el enemigo sino una necesidad en una democracia basada en la existencia de una opinión pública libre e informada. Argumentando que la transparencia es un deber con el ciudadano. Explicándoles que no podían encasillarse en torres de marfil, que no podían perder el contacto con la sociedad a la que sirven, que tenían que rendirle cuentas y explicaciones porque eso formaba parte de su trabajo.
Lo he hecho particularmente como directora de comunicación de todos los jueces de Madrid. A veces con éxito y otras sin obtener resultados. A fin de cuentas, como muchos me respondían, no obtenían nada de exponerse y, a cambio, podían resultar salpicados, agraviados o directamente perjudicados.
A partir de ahora quizá ya no tenga oportunidad de argumentar más veces que las voces de los jueces, limitadas por las restricciones lógicas al secreto de las actuaciones, contribuyen a introducir elementos de calidad técnica en el debate público. Quizá no podré hacerlo porque Gallardón, de nuevo Gallardón, ha decidido silenciar a los jueces, amordazarlos y limitar su libertad de expresión de una forma inadmisible. De una forma profundamente anticonstitucional. Esta es la esperanza que queda, la de que no haya posibilidad de franquear esa última barrera.
El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial es terrorífico en muchos aspectos. Este es uno más. No me gustaría que todos pasaran por el rodillo del PP en las Cortes sin que la ciudadanía sepa qué le están cercenando y qué tipo de control y de impunidad están buscando.
El artículo 45 del anteproyecto de LOPJ dice en su punto tercero que “los Jueces y las Asociaciones Judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales”. Algo inusitado y según todas las asociaciones y expertos totalmente inconstitucional puesto que supone una restricción inadmisible de la libertad de expresión y sustrae del conocimiento de la opinión pública, opiniones y reflexiones técnicamente relevantes.
¿Algo accesorio? No, una muestra más del afán del poder político de liberarse de cualquier asomo de crítica que pudiera derivarse de las afirmaciones, explicaciones o peticiones que el Poder Judicial pudiera efectuar. Hasta ahora no solamente se ha fomentado la posibilidad de que los jueces y fiscales pudieran colaborar con los medios de comunicación en la creación de una opinión pública informada, sino que en en el Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales (art.54.1.g) se consagra a los presidentes de los TSJ, de la Audiencias Provinciales y a los jueces decanos como portavoces natos de los jueces y magistrados y el propio CGPJ tiene estandarizadas la mejor forma de que éstos entren en contacto con los periodistas.
Ahora no toca esa transparencia. Ahora ha vuelto el mantra de que los jueces no han de tener voz ni rostro, como si el hecho de saber quiénes te juzgan no constituyera una de las bases de toda Justicia democrática. Tendrá así el poder político algo mucho más próximo a lo que desea: jueces silentes a los que, desaparecido el delito de desacato, se podrá presionar, insultar o difamar sin que ni ellos, ni sus compañeros ni sus asociaciones puedan expresar oposición u opinión que neutralice tales ataques. Jueces a los que teóricamente debería proteger de oficio la Fiscalía, para eso al menos hizo una reforma específica el PP en su anterior etapa de gobierno. Qué curioso que esa figura siga inédita hasta ahora ya que jamás ha sido utilizada.
No quieren que sepamos. No quieren pluralidad de voces. No quieren nada que pueda perturbarles. Ni ellos ni, curiosamente, extraños periodistas que defienden que no desean oír a fuentes especializadas, que prefieren no saber qué tienen que aportar, que no quieren oír esos puntos de vista.
En ese mismo artículo se esconde otra bomba de relojería de consecuencias no valoradas según como sea aplicada. Y se refiere a la información y a los informadores. “Los programas emitidos por cualquier medio en que se haga un juicio paralelo de cuestiones pendientes ante los Tribunales estarán obligadas, en todo caso, a presentar de manera veraz todos los hechos relevantes del asunto”. Nunca habrán visto artículo más absurdo. La información siempre tiene que ser veraz. No se sabe qué es para esta ley un juicio paralelo, es más, es lo que los juristas llaman un concepto jurídico indeterminado. No sabemos tampoco quién juzgará qué es paralelo o perpendicular. En fin, no sabemos nada. O sí. Sabemos demasiado. Sabemos qué espíritu late bajo todas estas reformas. No tratan de cuestiones corporativas, como siempre tratan de una forma de ver la plasmación de los derechos y libertades de los ciudadanos que no es precisamente la que comparto.
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