Botín, Atutxa y Borbón

12/1/2016

Joan Carles Carbonell Mateu

1. El juicio oral por el llamado “caso Nóos” ha comenzado en Palma, como no podía ser de otra manera, con el planteamiento de diversas cuestiones previas que habrán de ser resueltas antes de proceder al enjuiciamiento de los hechos. Y, sin duda, la que está teniendo más repercusión pública es la de si debe ser juzgada la ciudadana Doña Cristina de Borbón y Grecia , dudosamente -pero éste es otro tema que merece ser tratado en otra ocasión y que no es relevante a los efectos que nos ocupan- Infanta de España.

Las tesis contrapuestas derivan de las llamadas doctrinas Botín y Atutxa, en referencia a posiciones (aparentemente) contradictorias del Tribunal Supremo mantenidas en las Sentencias 1045/2007 y 541/2008, respectivamente. En la primera –que, por cierto, tuvo nada menos que siete votos particulares de los catorce Magistrados que compusieron la Sala– se mantuvo una lectura literal del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece la obligación de no proceder a la apertura del juicio oral cuando el Ministerio fiscal y la acusación particular hubieran pedido el sobreseimiento. La literalidad, que supuso una ruptura frontal con lo que hasta ese momento se había sostenido, comportaba la exclusión de la acción popular en el concepto de acusación.

La acción popular, en coherencia con la declaración constitucional de que la “acción penal es pública” tiene un reconocimiento expreso en el artículo 125 de la Norma Fundamental, y el Tribunal Constitucional –máximo órgano decisor en materia de derechos fundamentales– la vincula directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24. Ése fue, por cierto, el principal argumento mantenido por los Magistrados que votaron en contra y que presentaron los oportunos votos particulares.

Diego Torres “cantó” ante el juez Castro: “está implicada toda la familia real”

29/6/2014

Toda la “familia” real estaba en el ajo del “caso Noos” y la prensa oficial lo sabía por el organigrama

Juan Carlos de Borbón era el “conseguidor”,Cristina era “asesora deportiva”, Felipe VI el “presidente de honor”, la infanta Elena “asesora cultural” y hasta Sofía de Grecia “tenía una cierta vinculación al proyecto, aunque en este caso fuese de orden menor”. Quien así confesó ante el juez fue Diego Torres, máximo responsable del Instituto Noos en el “caso Urdangarin“. Pero los medios de comunicación del régimen están difundiendo una cortina de humo al centrar el interés en la pésima relación personal entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Siendo cierto, no es lo sustancial ni significativo de este proceso judicial. La actuación de la Fiscalía cumple órdenes jerárquicas del fiscal general, Torres-Dulce (nombrado a su vez por el ministro Gallardón) y es verdad  que los tres deberán ser algún día juzgados por prevaricación y dejación de funciones de defensa del interés general y ciudadano en favor de la corrupción económica particular de la familia Borbón y Grecia. Pero es esta la última responsable judicial de ese millonario desfalco de dinero público que Urdangarin afloró, según el mejor conocedor de la trama.

Portada del libro que cuenta el entramado del “caso Noos” desde dentro

No es cierto que el magistrado Castro esté persiguiendo con excesivo celo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Más bien está ocurriendo lo contrario: la instrucción ha beneficiado la exculpación de tres personas que fueron “cooperadores necesarios” del gigantesco fraude de dinero público: el matrimonio Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia junto a la hermana de la inculpada, Elena de Borbón y Grecia. No es una suposición ni una conjetura. La citada “familia” actuaba mancomunadamente y al más puro estilo siciliano coordinaba sus iniciativas. Lo dice el profesor y economista Diego Torres, que ha “cantado” ante el juez Castro y era elautor confeso de todas las operaciones fraudulentas del Instituto Noos. Lo tiene escrito además en el libro “Urdangarin y la Copa América”, redactado bajo el pseudónimo de “Ricardo Grenville”, que tuvo que publicarse en Canadá. Y este es el contenido textual del capítulo titulado “Y toda la familia real”. Lo que pueden leer a continuación lo oyó igualmente el juez Castro. ¿Por qué no actuó contra todos los miembros de la familia? Posiblemente la mafia PP-PSOEhaya tejido un entramado legal que impida siquiera preguntar a los ex-monarcas en sede judicial, pero algún día nuevas formaciones políticas podrán sustituirlo para que las más elementales preguntas que pueden formularse desde la opinión pública pueda realizarlas también un juez independiente.