18/2/2016
Owen Jones
Estamos controlados por un Gobierno todopoderoso con el firme propósito de silenciar a sus rivales. Cabría esperar que es suficiente contar con el beneplácito de unos medios de comunicación leales y con un partido dividido en la oposición. Pero ya sea con un proyecto de ley mordaza para silenciar a las organizaciones civiles, una ley sindical centrada en paralizar el trabajo de los sindicatos y buscar la bancarrota del Partido Laborista, o con un fulminante recorte de la financiación de la oposición para evitar el escrutinio, los tories están dispuestos a combatir la disidencia por la vía legal.
Owen Jones
Los ministros conservadores planean prohibir que los ayuntamientos boicoteen a las empresas con prácticas poco éticas, ya sean de armamento, tabacaleras o las que operan en los asentamientos israelíes ilegales
¿Cómo se pueden seguir proclamando defensores de la autonomía local?
Estamos controlados por un Gobierno todopoderoso con el firme propósito de silenciar a sus rivales. Cabría esperar que es suficiente contar con el beneplácito de unos medios de comunicación leales y con un partido dividido en la oposición. Pero ya sea con un proyecto de ley mordaza para silenciar a las organizaciones civiles, una ley sindical centrada en paralizar el trabajo de los sindicatos y buscar la bancarrota del Partido Laborista, o con un fulminante recorte de la financiación de la oposición para evitar el escrutinio, los tories están dispuestos a combatir la disidencia por la vía legal.
Empezando por el final. El Gobierno presume de un amplio programa dedicado al "localismo", con medidas que favorecen la entrega de poderes y decisiones a las autoridades locales. Es alucinante, porque todos sabemos que la verdadera intención es desentenderse de sus responsabilidades por los recortes. Pero también es ilógico; mientras se deshacen en halagos hacia la autonomía local, proponen medidas que prohíben a los organismos públicos -incluyendo a las autoridades locales- boicotear a las compañías que consideren inmorales, ya sean empresas de armamento, tabacaleras o las que trabajan en los asentamientos israelíes ilegales. Hasta ahora, los representantes electos de las comunidades locales podían decidir la distribución d el dinero público según su criterio ético. Pero el Gobierno central va a imponer un decretazo que anule todo esto.
Los ministros afirman que existe "una creciente preocupación ante las iniciativas radicales de los ayuntamientos de izquierdas, impulsadas por los sindicatos y líderes laboristas, que envenenan las relaciones entre la comunidad y amenazan a la economía británica y sus intereses internacionales". En estas declaraciones se deduce que dan por hecho que los municipios del Reino Unido están en manos de la izquierda radical, lo que es irrisorio.
