Estafas compañías eléctricas

22/4/2016

Juan Moreno Yagüe diputado de PODEMOS Andalucía 

Entrevista a Antonio Moreno Alfaro, creador de http://www.estafaluz.com/ Las irregularidades y fraudes que comenten las compañías eléctricas.

Como diputado en el Parlamento de Andalucía, a menudo tengo, tenemos, reuniones con muchas personas, que trasmiten ideas y narran problemas de carácter general. Los diputados estamos para solucionarlos. El otro día, concertada la cita para resolver una cuestión de acceso a documentos (al ciudadano no se los facilitan, al parlamentario si, normalmente), se nos ocurrió que no tenía sentido que la gente no se enterara de que tratábamos en esas reuniones. Y nos dijimos, "y si las grabamos y las hacemos públicas". Y aquí está la primera. Esta trata de como la administración permite que las compañías que controlan la electricidad no cumplan las leyes y estafen a los consumidores ciudadanos, y de como cuando alguien lo denuncia, al administración se hace la tonta, nivel "trabajáis para nosotros o para las eléctricas?". Y si, resulta que trabajan para las eléctricas. Que cuando te pones a mirar los nombres de quienes ocupan puestos y quienes tienen que protegernos, resulta que la influencia de las eléctricas es más grande aún que la que tienen los bancos. Bueno, pues aquí dejo esa primera prueba. A partir de ahora, vendrán muchas/muchos más vídeos de este tipo, e incluso en forma de tertulias, en las que vamos a ir descubriendo muchas cosas. E incluso a contar como se hacen otras, facilitando las instrucciones.

P.D.: A lo mejor les contamos como enfrentarse a su banco con toda la tranquilidad o como también pueden tener sus cuentas en paraísos fiscales o como el sistema de democracia representativa es ahora mismo un timo que no hay por donde cogerlo. Lo dicho, empezamos, por fin, después de casi un año en las instituciones, a ejecutar lo que vinimos a hacer: darle la vuelta a esto, impedir que los canallas campen a sus anchas, y hacer que lo común realmente sirva al común.

https://www.youtube.com/watch?v=Ob3oP1m8CGc

Progresistas y conservadores

by hackbogados 2 de abril de 2013

Viñeta de Mingote

Progresismo y conservadurismo son dos términos, utilizados y reconocidos ampliamente en la retórica política, cuyo significado se ha deformado, casi oxidado, con el transcurso del tiempo. Al igual que ha sucedido con otros conceptos, superados por los cambios históricos, han dejado quizás de significar aquello para lo que fueron nombrados.

Dice la Wikipedia que “el primero en utilizar el término conservador en el vocabulario político fue Chateaubriand en 1819 para referirse a quienes se oponían a la ideas antecedentes y resultantes de la Revolución francesa o, más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración”. En ese contexto, lo conservador cobraba sentido en tanto configuraba una oposición al cambio, al progreso, al avance.

Ese progreso o avance, continuando en la gramática política, se ha referido históricamente a la incorporación de derechos políticos, sociales o civiles a la persona. De ahí su relación estrecha con las categorías ideológicas llamadas de izquierda. Por contraposición, el conservadurismos es la etiqueta a la que se suele adscribir un pensamiento de derechas.

Hasta aquí todo claro, parece. Y digo parece porque el paso del tiempo, los cambios sociales, pueden dejar en fuera de juego al lenguaje o, mejor dicho, a las personas que pretenden, de alguna manera, obviar que el lenguaje construye y soporta la realidad y que, por lo tanto, cambia con ésta.

La política consiste, en parte, en dirimir la titularidad y el ejercicio del poder. En este sentido, se observa un avance relativo, discontinuo, hacia una universalización del mismo. Si bien es cierto que, puntualmente, la democratización ha sufrido de involuciones (en la edad Media, en el Antiguo Régimen o en la época actual), a cada revolución, a cada cambio cualitativo -en Política, Sociedad, Economía y Cultura- le ha correspondido una mayor distribución del poder (sufragio censitario, sufragio universal masculino, sufragio universal, por ejemplo), normalmente acompañada de un aumento de derechos y garantías.

#25S, ¿cómo tomar el Congreso de verdad y que no puedan desalojar?

by hackbogados 17 septiembre 2012

El Poder está nervioso ante la cita del 25 de Septiembre. Nadie, si siquiera los organizadores, saben qué pasará o cuánta gente asistirá a rodear el Congreso. Lo que sí está claro es que se ha iniciado una campaña de criminalización contra los que promueven la iniciativa, como hemos podido comprobar con la detención de 4 activistas por el mero hecho de portar una pancarta, o con la irrupción de la policía en una asamblea preparatoria en el parque de El Retiro.

A tenor de lo que se escucha en los medios o de las declaraciones de algunos políticos, se prevé que el despliegue policial sea fuerte y que no les tiemble el pulso a la hora de desalojar las inmediaciones del Congreso, de la manera que sea. Sin embargo, hay una jugada que no se esperan, un hackeo que puede darle la vuelta a la tortilla y convertir a la policía en un servidor público, en vez de en una máquina de reprimir al servicio del gobierno.

Hablamos de rodear/ocupar/liberar/tomar el Congreso, en sentido más o menos figurado, pero puede hacerse literal, utilizando, además, la propia burocracia administrativa. Verán…Existe una iniciativa de base jurídica, cada vez más conocida, consistente en demandar, utilizando el Derecho Fundamental de Petición (art. 29 CE), el voto telemático (vía internet) en el Congreso de los Diputados o cualquier cámara legislativa: Democracia 4.0. Las repercusiones que puede tener la implementación de un sistema así son cmparables con una toma real del Parlamento. Una reconquista de la soberanía por parte de l@s ciudadan@s. Pero, es más. Tal y como están configuradas las leyes, una petición masiva, multitudinaria, puede producir los mismos efectos que se persiguen con la convocatoria del #25S, llamar poderosamente la atención de los medios y, al mismo tiempo, cumplir escrupulosamente las normas.

Lo explicamos mejor:En un principio, se permitía hacer entrega de la petición por una Democracia 4.0 en cualquier registro de una administración pública. Por eso, desde la web www.demo4punto0.net, animábamos a la gente a hacerla efectiva en las Delegaciones de Gobierno. Curiosamente, a partir del verano de 2011, el Ministerio de Administraciones Públicas (con Manuel Chaves a la cabeza), prohibió que se siguiesen aceptando peticiones (quizás comenzaban a llegar demasiadas), forzando a la gente a hacer la entrega personándose en el Registro del Congreso de los Diputados o enviándola por correo certificado al mismo.

El memorándum y el Real Decreto-Ley

Juan Moreno Yagüe 

Es domingo. El sol aprieta desde muy pronto. La gente no tiene prisa. Si ayer no hubiera sido un sábado desastroso para la gente en el Boletín Oficial del Estado, hasta podrán estar despreocupados y leyendo plácidamente la prensa. 

Pero no. Están preocupados. Mucho. La gente se ha dado cuenta por fin de la inseguridad que le acecha. Y de la incertidumbre. 

Mientras, los economistas, los políticos, y muchos comentaristas opinan hoy en esa prensa de domingo que debía relajar a los ciudadanos. Todos siguen en su burbuja. En su mundo. En su realidad de dos dimensiones. Y comentan algunos lo necesario del duro ajuste. Otros la barbaridad que supone. Y en fin, todos de acuerdo en que el memorándum supone por fin la “reordenación del sistema financiero”. ¿La reordenación?

El Reino de España, a través de su gobierno, se ha comprometido a realizar los cambios legales y presupuestarios necesarios para “reordenar”. Eso supone, entre otras cosas, que aquellos que tienen relaciones jurídicas, contractuales, de negocio, de tipo acreedor, con algunos bancos poco viables, o directamente inviables, tendrán que asumir “perdidas”. Se alude con ejemplos a los titulares de participaciones preferentes, a los accionistas, a los titulares de obligaciones y bonos, o de cualquier tipo de deuda subordinada. En fin, y aunque algún economista con un momento de lucidez excluye a los que no lo sean voluntariamente, como dejando un resquicio a lo que pudiera pasar si alguien decide anular sus compromisos de “alguna manera” (como acudiendo a los Tribunales) todos reconocen que alguien perderá algo. Lógico cuando alguien ha invertido su dinero y esfuerzo en un negocio, y este sale mal. Lo curioso es que de la lectura de las ideas y exposiciones de estos economistas parece deducirse que serán los pequeños. Como si fueran los ciudadanos los titulares de los problemas de las entidades financieras. 

¿Y que es entonces lo que preocupa a los inversores extranjeros, titulares de no se cuantos miles de millones de no se sabe que cosas o productos en las entidades bancarias españolas? Según se deduce de lo que hablan los economistas, no debería de preocuparles nada. ¿Acaso cometieron ellos la imprudencia de invertir su ingente cantidad de dinero en productos que no estuvieran respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos? No, los inversores extranjeros están protegidos. Pero, ¿por qué los inversores extranjeros, los gigantes, los grandes, los “otros bancos”, están protegidos y los ahorradores nacionales, los súbditos del Reino de España, no lo están?

¿Acaso las leyes son diferentes para unos y para otros?

¿Qué es lo que ha pasado?

La pregunta no es qué ha pasado. La pregunta es que va a pasar. Naturalmente a esta pregunta, que es la correcta, la que hay que hacer, parece que nadie es capaz de dar respuesta exacta. Eso se llama incertidumbre. Pero podemos aproximarnos. Veamos. 

Hablando de manera muy sencilla y simple: ¿qué tienen en común Gracia, Irlanda, Portugal, España e Islandia? 

Una sola cosa las vincula indiscutiblemente: alguien la “ha cagado a lo grande” con las deudas, los números, las cuentas públicas y privadas y las entidades financieras.

Y de esa cagada se deriva una consecuencia inevitable. Todas las lineas de fuga apuntan en la imagen hacia la misma consecuencia: impago. Alguien no cobra. 

De esa situación que se da cuando alguien para la música y haya menos sillas que personas, se sale de varias maneras. 

A) Como en Grecia, Irlanda, y como se pretende que pase en España. Existen unas leyes, que determinaban las reglas del juego. Son leyes que se dan los hombres y mujeres de esos pueblos a si mismo, de manera más o menos democrática y legítima. Y aunque algunas son discutibles, todas guardan en su interior la esencia del derecho, la seguridad jurídica, y en general, el principio de igualdad, resumido en el aforismo “la ley es igual para todos“ o todos debemos cumplir la ley. Y lo que se pretende (y se ha conseguido en Gracia e Irlanda) es que las leyes sean alteradas, ganando tiempo como sea para ello, para que de una u otra manera, los grandes inversores privados recuperen sus inversiones, o al menos, reduzcan las posibles pérdidas. 

El memorándum prevé literalmente la quiebra de las entidades que denomina Grupo I, que no son sino Bankia, NCGalicia, CatalunyaCAixa y Banco de Valencia. Son “inviables”. Y determina que ellos sucederá en el último trimestre de 2013. Hablan de disolución. O de “resolución ordenada”. 

Página cinco: 

http://www.eleconomista.es/imag/_v3/ECONOMISTA/Documentos/MoU-Spain.pdf

Es extraño, que siendo inviables ya, no se produzca su concurso. ¿A qué se espera? A que se articulen una serie de normas y métodos para que los grandes “saquen sus inversiones”. Comenzó ayer, sábado. Detrás del real Decreto-Ley que disparaba a bocajarro y en la sien a los derechos de millones de ciudadanos, había otro. Una segunda norma en la que habrán reparado muy pocos. Lógico, todo el personal está centrado en averiguar como le afectan los “recortes” necesarios para ahorrar 55.000.000.000 de euros. Si se ha fijado alguien en esa segunda norma habrán sido los profesionales de la administración pública autonómica y local. En ella, según su título, se trata de la nueva financiación real (no la derivada de la LOFCA) de autonomías y entes locales. A esos profesionales, interventores, secretarios, personal del grupo A de función pública también le habrán temblado las piernas. Y probablemente no habrán llegado al fondo de esa segunda norma. 

Hay una disposición adicional. Que dice algo curioso: 

“Disposición final primera. Modificación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, queda modificada como sigue:
Uno. Las letras b) y c) del apartado Dos del artículo 52 quedan redactadas en los siguientes términos:
«b) 55.000.000 miles de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional, y que se regulan en el artículo 52 bis.
c) 3.000.000 miles de euros para los avales destinados a garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos que se regulan en el artículo 53.»

La norma continúa. Supone el primer paso del plan de ejecución del memorándum. Y en ella se diseña el aval del Reino de España a las emisiones de nuevos bonos y obligaciones, pagadero en cinco días desde requerimiento, avala a emisiones de deuda que realicen las entidades del Grupo I. Nuevas emisiones. La pregunta que haría cualquiera es ¿para que van a necesitar refinanciación esas entidades?

Pues para lo que todos, para pagar deuda antigua. Pero naturalmente no será para pagar a los súbditos. Será para pagar a “los acreedores internacionales”. Y después, dejar caer suavemente a esas entidades, que naturalmente no responderán a los pequeños, y de cuya deuda “nueva” nos haremos cargo todos. 

Eso es exactamente lo que se ha hecho en Grecia e Irlanda. (Aunque también, lo que se ha hecho, de manera mucho más sibilina y sin causar tantos daños, en el resto de afectados: Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU). Transferir deuda privada con “poderosos” a deuda pública.

Eso ha destruido las cuentas públicas y los déficit de países enteros. 

B) Como en Islandia. Curioso país. Su problema era mayor aún que el nuestro, y que el de Grecia e Irlanda si consideramos las escalas. Pero en vez acometer reformas para realizar amparados por leyes aberrantes algo parecido a lo que se ha explicado antes, esos señores optaron, a través de sus autoridades, por comunicarle a todos los que tenían intereses parecidos, a los “acreedores”, algo que se nos ha mostrado en los medios de comunicación como una revolución, como un acto de rebeldía, como una osadía propia de un país perroflauta: “Señores, les comunicamos que vamos a aplicar las leyes vigentes y que todos conocemos y debemos conocer”. Tremendo. Se han atrevido a cumplir la ley. Sus bancos quiebran, y en una quiebra pierden todos por igual. Incluidos los inversores extranjeros. Fue tan grave lo que hicieron que el gobierno de su majestad aplico a la situación la legislación antiterrorista para confiscar lo que pudieran en el reino Unido, y se les amenazó con la falta absoluta de financiación y milmillonarias demandas internacionales. 

Consecuencias: las demandas no prosperan, los bienes confiscados ni siquiera existen y no hay manera de evitar que se invierta en un país interesante. Islandia. Aplicó la ley. Justas y conocidas. 

En nuestro país, nuestros dirigentes, como no podía ser de otra manera, dada su incapacidad para gobernar, no han sido capaces ni siquiera de pensar y meditar. A la falta de preparación y capacidad de maniobra e inteligencia suficiente, se une al miedo. Nuestros gobernantes se encuentran sometidos. Si quisiéramos hacer un chiste diríamos que colaboran con potencias extranjeras, algo parecido a la alta traición, pues no están defendiendo los intereses de sus súbditos, sino los de los acreedores extranjeros, coaccionados por la amenaza de que estos no volverán a prestar. ¿A prestar qué? Necesitados de confianza. ¿La confianza de quien? Temerosos ante el terremoto que supondría un impago. Como si en caso de producirse el terremoto, sus ondas sísmicas se detuvieran al llegar a los Pirineos, respetando las fronteras de los hombres. Incapaces de comprender que ante tamaños males, hay que saber cual es el mal menor. 

Y se han equivocado. 

Como he dicho al inicio, los economistas siguen en su burbuja. Se les ha olvidado, y nunca prestan la debida atención al elemento primario de su saber. La economía son contratos. Y los contratos se rigen por la voluntad de las partes y por las leyes. Y por la buena fe. Y se deben cumplir. Y, como todo contrato, puede ser revisado en todos sus aspectos por un Tribunal de Justicia, que aplicará la ley para resolver el conflicto de intereses que pueda surgir derivado de un contrato. Repito, la economía son contratos, y también leyes. 

Cuando escribo estas lineas, ya soy consciente de que algo extraordinario está a punto de suceder. En realidad varias cosas. No una. 

Un compañero abogado me comunica que ha presentado la que puede ser la primera oposición a una ejecución hipotecaria, en Barcelona, basándola en el trabajo del grupo #OpEuribor, del que formo parte. En ella se alega la inexactitud de todas las cifras liquidadas, pues el tipo de interés de referencia, el euribor, no muestra las cifras base, y y eso supone que para su defendido una parte de su contrato es secreta. Además de las sospechas confirmadas de manipulación, que pudieran ocultar no una alteración, sino la nulidad de todo el índice durante todo el tiempo. No tendría mayor importancia. Salvo por un detalle.

La oposición ha sido admitida a trámite por el Juzgado. 

En estos momentos está abierta la primera vía de agua del sistema y no se puede cerrar. 

Los economistas no comprenden las consecuencias. Claro. Se trata de Derecho, de Leyes y de Tribunales. Que les importa a ellos eso. Voy a explicárselo.

Resulta que en este país los jueces tienen la extraña manía de someterse a las leyes. A las que están vigentes en el momento de producirse el hecho que tienen que juzgar. Una manía que representa un problema en este caso. 

A los economistas les han vendido (y ellos han comprado) que el índice se compone de estimaciones. Y el juez, que no puede fiarse de nadie, ha hecho algo que es incomprensible: se ha ido a mirar que dice la ley que debe aplicar. Y, vaya la ley no habla de estimaciones, sino de operaciones de depósito. Y además dice que estás deben de ser por importes determinados. Que contrariedad. Y el abogado ha solicitado la certificación y cuenta completa de las operaciones. Oh. Que contrariedad más grande aún. Al parecer, esos malditos abogados llevan dos años solicitando esos datos, esos importes, y no aparecen. Y están documentadas todas las peticiones, a todos los interesados e implicados (bancos, autoridades, competencia europea, EBF, Reuters Thonsom, etc). Con sus correspondientes sellos, certificaciones y resguardos. Menuda prueba. Huy, y al parecer también tienen pruebas de qué no hay operaciones. Que barbaridad, que contrariedad más tonta e inabarcable. ¿Y eso que significa?

Pues que puede anularse la ejecución. Y también puede anularse el contrato de quien está al corriente. Y reclamarse lo cobrado indebidamente por quien ya pagó. Y por quien es acreedor del banco, por ejemplo, un titular de deuda subordinada, de preferentes. Anular, anular, anular. 

Pensarán los economistas que ante tamaña barbaridad se hará lo necesario, cambiando leyes o lo que haga falta, pues, si han comprendido bien, algo así podría tumbar el sistema. Efectivamente. Pero hagan lo que hagan, los contratantes sabrán ya que sus contratos son un engaño. Y como resulta que estos señores de #OpEuribor son unos malvados, han previsto incluso la posibilidad de que los gobiernos maniobren en cualquier sentido. Se trata a fin de cuentas de un relato, de una narración. Y el relato concluye que la banca entera mintió a todos, con la colaboración de las autoridades. Y puede que algunas personas se nieguen a pagar. Hagan lo que hagan con las leyes. Y además, para cuando reaccionen, habrá cientos de miles de demandas en trámite. ¿Cómo es eso posible? Ja, un trabajo humilde y sin llamar la atención, hasta que todas las cargas están colocadas en todos los pilares. Y por fin lo están. Y solo unos pocos saben en que pilares del edificio se han colocado. 

Pero eso no es todo. 

Se ha dado poca importancia al auto de apertura de las diligencias previas en sede penal contra una entidad gigante: Bankia. Todos se han centrado en las personas, en los importantes nombres. En el revuelo político. Y nadie a reparado en la penúltima página del documento. El abogado del partido político y el abogado de los indignados, pidieron la intervención judicial de la entidad. Es algo que se pide en estos casos de empresas que pudieran estar cometiendo delitos o haberlos cometidos, y en las cuales, dejar a sus administradores al mando puede ser muy perjudicial a los intereses de la causa criminal, así como para los intereses de la justicia y las víctimas. Casi nunca se produce. Probablemente, y aunque no hay estadísticas, ni siquiera el 0’1% de las causas por delitos graves que tienen como imputadas a empresas suponen que estas queden intervenidas judicialmente. Ni siquiera se accede a las peticiones en tal sentido por los jueces Instructores, se desecha directamente la comparencia y celebración de vista para tal cosa. 

Pero, y como digo, casi nadie ha reparado, en que en este caso se ha aceptado. Y el lunes, día 23 de julio de 2012, en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Villa de Madrid, competente para instruir las causas por delitos que pueden afectar a la economía nacional, se celebrará una vista oral para determinar, previa audiencia de las partes, si la entidad imputada, Bankia, es intervenida judicialmente. 

Las posibilidades de que tal cosas suceda, son minúsculas. Pero son. Es evidente que el 1% es una posibilidad muy pequeña. Pero es infinitamente mas grande que cero. Y cero sería si no se hubiera admitido de plano, como podría haber hecho, por el Instructor la diligencia de intervención judicial. No quiere decir que su mera celebración vaya a determinar que suceda. No. Pero si se ha convocado es porque existen indicios racionales suficientes. Muchos. Y los indicios, y la razón, determinan ciertas consecuencias. 

El memorándum es un documento público. Los balances de la entidad imputada en el procedimiento penal son documentos contenidos en registros públicos. Las cuentas son las que son. Y precisamente la apertura de la causa criminal se produce porque existen fundadas sospechas de que la entidad estaba quebrada desde antes de existir. Eso es determinante. Se imputa una estafa porque nunca debió salir a bolsa lo que era un agujero que debió disolverse en vez de salir a bolsa. Y el Juzgado parece tener eso claro. Tan claro, que de la complementariedad de ambas querellas, de los documentos que incorporan, y en contra de los criterios del Ministerio Fiscal, Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción, decide abrir la causa. Y convocar la vista. 

¿Qué puede hacerse, qué puede pasar?

Pues que se denuncia que la imbricación entre la entidad presuntamente criminal por estar quebrada y ocultarlo, sus dirigentes, y la de las personas que ocupan puestos de gobierno en el Reino de España y que por ello tienen a sus disposición las fuentes del derecho, es decir que pueden dictar leyes, es tan descomunal, que solo un acto puede proteger a las víctimas del perjuicio que los Tribunales están investigando y pueden Juzgar.

El memorándum considera muy aconsejable y posible la “disolución ordenada de la entidad”, previas las acciones que hemos descrito antes respecto a los acreedores internacionales. Es decir, pagarles a ellos previamente. Pero eso supone saltarse la legislación, es más supondría por parte de quienes han sido puestos al frente de los fondos necesarios para ello, la comisión de delitos en fraude de otros acreedores, alzamientos y quiebras punibles. Es curiosos que los tratados y normas de creación de esos mecanismos de estabilidad, fondos y demás entidades, establezcan la inviolabilidad de sus gestores. No la impunidad, sino la inexigibilidad de responsabilidad. Nuestros gobernantes han aceptado esa condición. A sabiendas de que nuestra Constitución solo permite dos entes inviolables, la Corona y las Cortes. 

El diseño del memorándum establece que las entidades se “disolverán, y que los accionistas y titulares de preferentes, obligaciones y demás situaciones derivadas del pequeño ahorro asumirán pérdidas”. 

Vaya, otra contrariedad. Precisamente eso es lo que se denuncia e investiga en la causa penal. 

¿Cómo responderá la Justicia ente el planteamiento de que es necesario que quede bajo su poder la entidad criminal precisamente para evitar que pase lo que se ha diseñado por las autoridades para perjudicar a los pequeños ahorradores y acreedores? ¿Y cómo responderá ante el planteamiento de que si esperamos a la quiebra futura quebrará también la economía nacional? ¿Y al que implica que los gestores actuales responden ante la administración, precisamente la que es acusada de dejación de funciones, y de servir a intereses prohibidos por la ley, pues esencial que en todo concurso o situación de insolvencia todos los acreedores sufran las perdidas de manera equitativa?

¿Qué si somos conscientes de lo que podría pasar? 

Somos conscientes que las leyes concursales han ido concediendo privilegios cada año a los acreedores bancarios en los concursos. Y que no han previsto la situación de que una entidad financiera sea la que este en un concurso como deudora, y no como acreedora. Si, nosotros somos plenamente conscientes de ello.

Por eso ya nos hemos abrochado los cinturones y nos hemos puesto el casco. El lunes día 23 impactamos. ¿Me pregunto si en Europa saben algo de esto?


 Vía: Juan Moreno Yagüe a traves de Facebook