5 de junio del 2014
Gerardo Pisarello
Gerardo Pisarello
La precipitada abdicación de Juan Carlos de Borbón y Borbón ha colocado sobre la mesa algo más que el debate monarquía-república. Ha puesto en evidencia el antagonismo de fondo que existe entre monarquía y democracia. En el pensamiento político clásico, la monarquía remite al poder de uno. La democracia, en cambio, al de todos. La monarquía se basa en una institución hereditaria, no electiva, sujeta a numerosos privilegios y a regulaciones de excepción. La democracia presupone el autogobierno popular y la elección y fiscalización de todos los representantes políticos, incluido el jefe de Estado. Desde una perspectiva democrática, la existencia de un rey será siempre un elemento extraño, anómalo. En el caso español, esta incompatibilidad entre monarquía y democracia, entre monarquía e igualdad, tiene connotaciones más profundas.
La condición de rey de Juan Carlos de Borbón no tiene, de entrada, origen democrático alguno. Proviene directamente de la legislación de una dictadura, la franquista. Fue Franco quien lo nombró “sucesor a título de rey” en 1969 y él hizo poco para romper ese vínculo. Se comprometió, por dos veces, a cumplir las Leyes fundamentales franquistas. E impidió, como ocurrió en Italia tras la caída del fascismo, que la ciudadanía pudiera ser consultada sobre la continuidad o no de la Monarquía.
La Transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria no borró esa carencia democrática. Durante la primera entrevista personal que Adolfo Suárez mantuvo con Felipe González, el 10 de agosto de 1976, este último le planteó la necesidad de llevar a cabo un referéndum sobre la forma política del Estado. Suárez respondió que someter a referéndum la legalidad monárquica era romper con la anterior y con la posibilidad de hacer la transición desde el poder. Y que por si fuera poco era probable que el resultado fuese favorable a la opción republicana.
En las Cortes Constituyentes de 1977-1978, la mayoría de grupos parlamentarios que integraban la comisión constitucional (UCD, Alianza Popular, comunistas, Minoría catalana y PNV) aprobaron el artículo primero del anteproyecto de Constitución, que establecía la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Los miembros del PSOE se abstuvieron y lanzaron agudas pullas al diputado y ponente comunista, Jordi Solé Tura. El ímpetu republicano, sin embargo, no duró demasiado. Al final, acabaron aceptando la Monarquía y convirtiéndose en sus máximos valedores.
Bajo la atenta vigilancia de los poderes económicos y militares vinculados a la dictadura, la Constitución y las leyes que la desarrollaron prefiguraron una democracia de partidos, tendencialmente bipartidista y desconfiada frente a la participación ciudadana directa en los asuntos públicos. En ese entramado, el Rey se erguía como garante de la “unidad y permanencia” del Estado, inviolable civil y penalmente e irresponsable en términos políticos. Gracias a la presión de Alianza Popular y de UCD, todo lo referido a la Corona fue blindado a través de un mecanismo de reforma tan complejo que la hace casi irreformable. El mismo que Mariano Rajoy sugiere a quienes plantean que sea la sociedad, democráticamente, la que se pronuncie sobre el sentido actual de la institución.
Con el referéndum sobre la Constitución, aprobada bajo la mirada vigilante del Ejército, se pretendió otorgar al rey una legitimidad democrática que limpiara sus vínculos con la dictadura. El 23-F vino a completar la operación. Las condiciones en las que aquella asonada fue urdida y el papel de Juan Carlos de Borbón en ella son turbios (en febrero de 2012, el semanario alemán Der Spiegel reveló, tras la desclasificación de documentación diplomática de Wikileaks, la simpatía del rey por los golpistas). Con todo, el relato oficial lo convirtió en el rey que “salvó la democracia” y en el primer y más destacado “defensor de la Constitución”. Lo cierto, sin embargo, es que lo que Juan Carlos vino a consolidar fue una democracia limitada y un régimen constitucional cada vez más restrictivo, incapaces ambos de dar voz a la ciudadanía más allá de las elecciones y de proyectarse libremente sobre ámbitos como la economía o la organización territorial.
El mito de que el rey había asegurado la democracia permitió poner sordina a aquellas actuaciones suyas que impedían, de hecho, la democratización de la vida política y económica. Amparado por la vulgata de que reinaba pero no gobernaba, de que era un simple árbitro sin poderes efectivos, Juan Carlos desplegó una vasta red de conexiones locales e internacionales vinculadas a negocios inmobiliarios, especulaciones financieras, comisiones petroleras o tráfico de armas. Personajes como Manuel Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, Javier de la Rosa o José María Ruiz Mateos, todos condenados por corrupción, fueron asesores económicos de primera línea de una fortuna real que revistas como Forbes y Eurobusiness llegaron a cifrar, ya en 2011, en 1.790 millones de euros.
Muchos de estos hechos no han podido ser investigados en profundidad. Entre otras razones porque la inviolabilidad constitucional de la figura real vino acompañada de un férreo blindaje frente a cualquier crítica pública, judicial e incluso parlamentaria. El Código Penal de 1995, conocido como el “Código de la democracia”, introdujo numerosos delitos contra la Corona, incluida la utilización de la imagen del rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes de cualquier forma que pueda “dañar el prestigio de la Corona” (artículo 491.2). La desproporción con que se llegaron a aplicar estas figuras delictivas hizo que el propio Tribunal de Estrasburgo amonestara al Estado español e interviniera en defensa de la libertad de expresión e ideológica y del pluralismo político.
El precipitado anuncio de abdicación del pasado lunes es un intento de mantener este estatuto de privilegio e impunidad en un momento en el que el mito del Rey demócrata ha comenzado a resquebrajarse. Si Felipe de Borbón es proclamado rey y los planes del Gobierno salen adelante, su padre tendrá inmunidad penal por sus actuaciones pasadas y gozará de aforamiento especial ante el Tribunal Supremo. Esto permitiría, además, que una eventual condena a Iñaki Urdangarin o a la propia Cristina de Borbón por el caso Nóos recaiga, no ya en la familia real, sino en simples “familiares del rey”.
Pero hay algo más. La proclamación, sin debate público, de Felipe VI, permitiría colocar a la Corona, “generacionalmente renovada”, en el centro de una Segunda Transición, controlada desde arriba, que impida romper los cepos antidemocráticos heredados del franquismo y mantenidos con el Régimen de 1978. Una salida de este tipo sería un fraude al mandato democratizador del 15-M, de la PAH, de las mareas ciudadanas, del movimiento por el derecho a decidir de los pueblos y de las mujeres sobre su propio cuerpo, y de tantos otros que propugnan la extensión de la participación ciudadana a diferentes esferas de la vida social. Lo que está en juego, pues, es algo más que el debate Monarquía-República. Es el futuro de la democracia misma. Si la Monarquía vuelve a imponerse, sin que la ciudadanía sea consultada, su estatuto de privilegio, de desigualdad y de impunidad infectará por largo tiempo la vida política y económica. Oponerse a ello, exigir un referéndum y movilizarse por la apertura de procesos constituyentes democráticos es honrar la libertad. La nuestra, la de quienes nos precedieron en el mismo empeño y la de los que vendrán. Y es ahora o nunca.
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