24/10/2015
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, acusa al Gobierno de favorecer la impunidad de algunos delincuentes y de recortar las libertades en una legislatura "fallida" en materia de justicia
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, acusa al Gobierno de favorecer la impunidad de algunos delincuentes y de recortar las libertades en una legislatura "fallida" en materia de justicia
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es el portavoz de Jueces para la Democracia, la asociación que agrupa a los magistrados progresistas, y un jurista popular y del gusto de muchos políticos: ha sido tentado por Pablo Iglesias para ser candidato de Podemos en las elecciones generales del 20 de diciembre y antes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para ser conseller de Justicia. En ambos casos dijo no. Bosch recibe a eldiario.es en el juzgado de Moncada (Valencia) que preside desde hace más de siete años.
Correa acusa al PP en su confesión de varios delitos relacionados con la corrupción. ¿Han fallado policía y jueces en el caso Gürtel?
Los casos de corrupción no son fáciles de detectar cuando se producen, aunque se podría dar una respuesta rápida y proporcionada con los medios adecuados, pero en España eso no pasa. Primero, porque no se toman las medidas preventivas adecuadas y segundo porque jueces y policía no tienen recursos para responder de manera contundente contra la corrupción. El Gobierno no tiene ninguna voluntad de hacerlo, porque no es de recibo haber tenido un código penal que castiga con prisión al inmigrante sin papeles que se gana la vida con el top manta y se limita a multar a un corrupto. Controlar las adjudicaciones de la administración, acabar con la arbitrariedad en ese campo, sería básico, pero parece que no hay voluntad de ir por ahí. Tenemos un sistema que facilita la corrupción.
¿Qué opinión le merece la llamada 'Ley de Punto final'?
El gobierno dice que los procedimientos judiciales duran mucho tiempo y quiere acortarlos. Estamos de acuerdo, pero eso sucede por la falta de medios de nuestra justicia. Tenemos menos jueces por habitante que países como Moldavia o Albania y, en relación al PIB, invertimos bastante menos que en Europa. Además, los procesos se rigen por leyes decimonónicas que permiten que abogados expertos provoquen grandes dilaciones durante las investigaciones. Agotada la legislatura, el Gobierno ni ha invertido en justicia ni ha cambiado la ley. Es imposible cerrar en 18 meses una investigación sobre corrupción sin muchos más recursos. Muchas investigaciones se archivarán y en otras se irá a juicio con pruebas débiles. Nunca se había legislado tan a gusto del corrupto. Esta reforma favorecerá la impunidad.
¿Y la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Es justo llamarle "Ley Mordaza"?
No está hecha para seguridad del ciudadano sino para la seguridad del Gobierno ante las protestas de la sociedad, una protección ante la crítica de ciudadanos activos que, de manera pacífica en un 99% de los casos, y en un momento económico durísimo, ha salido a la calle ante los recortes. El Gobierno en vez de convencer a la gente de que su gestión era la adecuada intenta criminalizar a los manifestantes. Imponer penas de prisión para determinadas protestas -en el interior de un banco, por ejemplo- no es para tranquilidad de la sociedad sino del poder.
¿Se ha retrocedido en materia de libertades con el PP?
Totalmente. Hemos vuelto hasta las concepciones del regimen anterior. La Ley de Seguridad Ciudadana tiene parecidos con la Ley de Orden Público del franquismo y, en general, el Gobierno no ha entendido la pluralidad de la sociedad, donde conviven diferentes puntos de vista que hay que respetar.
El ministro Alberto Ruiz-Gallardón aprobó, antes de dimitir, las tasas judiciales.....
Las tasas han provocado un discriminación muy fuerte de los menos pudientes en favor de las empresas y la gente acaudalada. Se ha privado de la tutela judicial efectiva a la gente sin dinero.
Enrique López, un magistrado próximo al PP que ha cobrado dinero de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, juzgará algunas piezas del caso Gürtel que afectan a ese partido.
Todos los jueces tenemos ideología, luego este no es un problema de ideología sino de conexión directa con una de las partes. Un juez que hubiera cobrado 11.000 euros de una editorial jurídica no debería participar en un pleito en el que estuviera involucrada la empresa. Yo me apartaría del proceso. Creo que hay dudas razonables de que se quiebra la apariencia de imparcialidad que obliga a los jueces.
¿Cómo se puede garantizar la independencia de los jueces?
Habría que reformar la constitución y con ella el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces] a la vista de la degradación progresiva del sistema, que cada vez va peor. El CGPJ es una correa de transmisión de la voluntad de los partidos, que se lo han repartido con las cuotas. No es casualidad el interés de los políticos por controlarlo, ya que es el órgano que premia y castiga a los jueces. El sistema de elección directa parlamentaria ha fracasado. Creemos que hay que reforzar la participación directa de los jueces en la designación y, tal vez, también reflexionar sobre mecanismos de elección por parte de los ciudadanos.
¿Qué balance hace de la legislatura en justicia?
Cuatro años perdidos. Un Gobierno con mayoría absoluta ha dejado pasar una oportunidad histórica de transformar en profundidad el sistema. Ni se ha invertido ni se han hecho las reformas necesarias. Un mandato de reformas fallidas, como la de las tasas judiciales.
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