11/7/2014
Entrevista / Jaume Asens
El abogado y autor de 'La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta' considera que la 'Ley Mordaza' tiene muchos elementos inconstitucionales y cree que pretende "consolidar el miedo como fundamento del régimen"
Jaume Asens, abogado y escritor, ha defendido infinidad de activistas del 15-M y otros movimientos, entre otros los imputados por el Aturem el Parlament. Es autor, junto a Gerardo Pisarello, de La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta (Catarata) y miembro del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).
Como experto y voz autorizada en la materia denuncia la inconstitucionalidad de muchos de los elementos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes. A su juicio, la llamada Ley Mordaza "está hecha a medida del 15-M", ya que las infracciones "están pensadas" para castigan las diferentes formas de expresión del movimiento.
Asens desconfía del Tribunal Constitucional y de que los posibles recursos de inconstitucionalidad puedan tener éxito. El abogado cree que la norma, que busca "reinstalar el miedo en el sistema", no deja de ser, además, un "gesto de debilidad del Gobierno".
¿Cómo define el proyecto definitivo de Ley de Seguridad Ciudadana?
Me parece una ley que intenta aplicar un estado de excepción encubierto para que el espacio público deje ser ser un espacio de protesta. Es la expresión del malestar en tiempos de crisis que se enmarca en una lógica de excepción propia de un castigo administrativo del enemigo. El Gobierno, con esta ley, no está teniendo en cuenta que no hay democracia sin protesta, la base de la preservación del resto de derechos. Básicamente, lo que quiere es convertir el miedo en el núcleo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es una política que busca consolidar el miedo como fundamento del régimen.
¿Quién es el enemigo? ¿A quién se busca castigar?
"El 15-M y la PAH han hecho más oposición que muchos partidos políticos"
La ley está hecha a medida del 15-M. El 15-M había roto esa cultura de la Transición de que la gente delegaba en los políticos y se iba a su casa y entonces la democracia se resumía en votar, poner un papelito en una urna cada cuatro años. Todas las infracciones de la norma están pensadas en las diferentes expresiones del 15-M. Lo único positivo es que no deja de ser una reacción de miedo, un gesto de debilidad del Gobierno, como cuando las dictaduras reprimen porque ven que están perdiendo el control. Vamos a ver si lo consiguen.
El 15-M y la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) han hecho más oposición que muchos partidos políticos. Han conseguido que el miedo cambiara de bando. La carga de deslegitimidad del régimen se ha logrado desde la calle, y ahora lo que se pretende es hacer un cambio de las reglas del juego. Ya lo dijo Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior), se avecinan tiempos recios y que, después de actuar muchas veces con la mano izquierda ahora toca actuar con la mano derecha. La propuesta tiene que ver con lo que dijo el conseller (Felipe) Puig en su día: hay que reinstalar el miedo en el sistema.
¿Cuáles son los elementos que socavan más la libertad de protesta?
Son muchos. Desde lo que se castiga, actividades que antes estaban toleradas y ahora dejan de serlo, hasta el endurecimiento de las que ya estaban reguladas. Algunas tienen un sesgo ideológico muy claro, como aquello de las ofensas a España, un concepto muy indeterminado y muy peligroso porque depende de quien lo interprete. Una bandera independentista o republicana puede ser una ofensa a España. Hay una voluntad de blindar a la clase política porque son conscientes de que está muy desprestigiada.
"La carga de deslegitimidad
del régimen se
ha logrado
desde la calle"
del régimen se
ha logrado
desde la calle"
También se está reforzando el ámbito de discrecionalidad y la impunidad policial. El ejemplo más claro es el de la prohibición de grabar a los agentes en la vía pública. El concepto es muy abierto y contradice con la obligación que tiene todo ciudadano de denunciar un hecho delictivo. Si lo comete un policía, esta ley es un obstáculo importante para poder denunciarlo. Tiene que ver también con el fracaso de Interior de llevar determinadas protestas, los rodea al congreso, los escraches, donde los jueces no les han dado la razón, a la vía del derecho administrativo para esquivar el control judicial.
¿A qué cree que se deben las modificaciones que se han incluido?
Han modificado algunas cosas, es cierto. Supongo que han hecho un cálculo interesado. Hay muchas cosas que para mí son inconstitucionales, pero es que el Tribunal Constitucional es suyo, los magistrados son suyos. En cambio, hay muchas cosas que son de tal bulto que, ya sea por una cuestión de decencia, podrían tumbarlas. Los retoques que han hecho, que no cambian la filosofía de fondo de la ley y que no afectan a los núcleos centrales de la misma, son para evitar un susto del Constitucional. Las modificaciones son para adelantarse a ese más que probable golpe de los suyos. Es una estrategia de cosmética para intentar transmitir un mensaje de moderación e intenta distraer la atención sobre la gravedad de lo que se modifica.
Ya se habla de recursos de inconstitucioanlidad, ¿puede tener recorrido?
"Legislar contra las redadas racistas pone en evidencia que se trata de una práctica habitual"
Con este Constitucional lo veo difícil. Confío muy poco en este Tribunal. Ya ves cómo votan: en base a los carnets que tienen. Para empezar, el presidente (Franciso Pérez de los Cobos) tiene carnet del PP. En los papeles de Bárcenas aparecía como uno de los donantes del PP. ¿Cómo va enmendar la plana un Tribunal cuyo presidente es miembro del partido que propone la ley?
¿Cómo valora la inclusión de legislar contras las redadas racistas?
Me parece innecesaria. Las redadas se pueden prohibir, pero el policía las puede seguir haciendo, es muy difícil de controlar. Tiene un valor escaso. Sinceramente, me parece más una medida de cara a la galería que una propuesta que vaya a poder modificar lapraxis o el modus operandi de los policías en la calle. No por prohibirlo, los policías van a dejar de actuar con criterios étnicos o racistas. Además pone en evidencia el hecho de que se trata de una práctica habitual.
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