Carlos Sánchez Almeida - 3 de octubre de 2012
Estado de Derecho significa, ante todo, que el Estado respeta sus propias reglas. Para que una sociedad se someta al imperio de la ley es necesario que la cumplan, en primer lugar, los encargados de hacerla cumplir. Parece una afirmación de Perogrullo, y lo es, pero desgraciadamente una cosa es lo que dicen los textos legales, y otra muy distinta la realidad.
Cuando una sociedad se descompone y se aproxima al estado de naturaleza, la primera víctima es la verdad, y con ella caen los derechos humanos. El objetivo de las cámaras se empaña, y solo enfocan aquello que el poder quiere ver. Obtenida la complicidad mediática, el siguiente paso es criminalizar la protesta social, imputando a los desobedientes la vulneración de la ley. No faltarán columnas y editoriales para pontificar sobre el grave quebranto a las normas de convivencia, pasando de puntillas sobre la peor violación del derecho, la que se lleva a cabo al amparo del poder.
Si desde un despacho oficial se llega a la desvergüenza de ordenar la infiltración de agentes provocadores en movimientos sociales, con el fin de exasperar la tensión y justificar la represión policial, ya es demasiado tarde para cualquier salida consensuada. La ruptura de las reglas por parte del poder es un tumor en el cuerpo social: llegado a ese punto, solo caben dos alternativas: cirugía o metástasis.
Cambiar la Constitución al dictado de los mercados, amagar con "modular" el derecho de manifestación, criminalizar la organización de protestas por internet, o dejar sin remuneración a representantes parlamentarios, son síntomas avanzados de una enfermedad terminal. Y para cuando llega ese momento, la terapia pasa necesariamente por la desobediencia civil.
Recordemos el texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, preludio de tantas normas constitucionales:
Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.
Cuando el gobierno rompe las reglas del juego, el derecho y el deber de un pueblo libre es rebelarse. Es lo que está haciendo el pueblo español, mediante actos de desobediencia civil pacífica, respondidos invariablemente mediante violencia y represión policial. Una peligrosa espiral que lleva al gobierno al descrédito internacional.
Las acciones de los iaioflautas, como la que esta misma mañana ha tenido lugar en el Departament de Benestar Social i Famìlia de la Generalitat de Catalunya, persiguen ahondar en las contradicciones del sistema. En periodo electoral, los antidisturbios recibirán instrucciones para moderarse en sus intervenciones: el error del 27 de mayo de 2011 en Plaça Catalunya ha obligado a revisar muchos criterios. Es un camino que el Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del gobierno central, debería emprender cuanto antes, si no quiere que el próximo proceso constituyente incluya algo que no se hizo en la Transición, pero sí en el país vecino tras la Revolución de los Claveles: la depuración de cuerpos represivos.
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