Hay una cierta tendencia a presentar la imagen de una clase política
malvada, frente a una sociedad honesta e inocente
Josep Ramoneda 10 octubre 2012
Las encuestas confirman el profundo desencuentro entre la ciudadanía y la política institucional, a la que algunos llaman la “casta mantenida”. Pero señalan también que la crisis ha dañado muchísimo más la imagen de los políticos que la corrupción. Lo cual significa que la degradación política no es ajena a la degradación moral de la sociedad durante los años del nihilismo, en los que se ha transmitido la idea de que todo estaba permitido.
Hay una cierta tendencia a presentar la imagen de una clase política malvada y corrupta, frente a una sociedad honesta e inocente. Es un planteamiento alimentado a partir del prejuicio contra la política propagado durante estos años de hegemonía conservadora. Un razonamiento simétrico al que cuando se habla de corrupción pone el foco en el corrupto pero se olvida del corruptor. Y, sin embargo, es evidente que no hay corrupto sin corruptor. No hay, por tanto, una sociedad angelical y una clase política perversa. Hay una pérdida grande de exigencia por parte de una sociedad que ha vivido demasiado tiempo en la indiferencia y una acomodación de la clase política, que se siente poco vigilada, a sus intereses y privilegios de casta. Y hay unos sistemas clientelares esparcidos por todo el territorio que favorecen la servidumbre voluntaria y, por tanto, los silencios y los miedos.
Se necesita una renovación de las instituciones políticas. Para que una democracia funcione, el poder tiene que estar limitado y suficientemente repartido. Ahora no lo está. Por eso chirrían tantas cosas. Es cierto que la clase política se ha convertido en un grupo que pone sus intereses por delante del interés común. Pero es cierto también que hay una promiscuidad entre poder político y poder económico de alto poder contaminante. Y es cierto que los medios de comunicación convencionales, en plena crisis, han perdido la capacidad de marcar la agenda política y de configurar la opinión pública mirando hacia abajo y no solo desde arriba. Degradación de la política sí, impunidad de las élites, también.
Las consecuencias de todo ello son altamente desmoralizantes para la ciudadanía y la crisis las ha hecho emerger de modo descarnado. La sensación de dependencia de la política del poder financiero es abrumadora. Se habla mucho del grave problema del paro, pero la prioridad de las políticas de austeridad es salvar a los bancos y socializar la deuda privada. La imagen de connivencia entre política y dinero es explosiva y, en este sentido, es evidente que casos como el de Bankia han tenido efectos demoledores en la moral colectiva. Parte de la ciudadanía se siente burlada y sin voz. Burlada porque cada vez se le piden más sacrificios y sin recibir a cambio ninguna señal de progreso ni de reparación del daño causado por los excesos que condujeron a la crisis. Sin voz, porque la repetición de la idea de que no hay alternativa, además de ser un insulto a la ciudadanía, convierte a la democracia en un paripé y abre las puertas al autoritarismo, a la falta de transparencia y a la restricción paulatina de derechos.
La imprescindible renovación institucional no puede reducirse a un problema estrictamente técnico, que es la vía por la que la política lleva tiempo perdiendo el alma. Es un problema político que concierne a la sociedad entera. Y que solo se resolverá si esta presiona. Si hay que confiarlo todo a la iniciativa de los partidos, vamos listos. Estos solo cambiarán si ven su posición realmente amenazada.
¿Qué necesita la democracia? Mayor autonomía de los políticos respecto de los poderes económicos, recuperación de la idea fuerte de proyecto político (es decir, de futuro), reforma del Estado y sus aledaños en el sentido de reducir los poderes corporativos y redistribuir el poder, revitalización del Parlamento, cada vez más ninguneado por los gobiernos, modificación de la forma partido excesivamente anquilosada en un modelo jerárquico y cerrado, cambio de la ley electoral que acerque al parlamentario a los electores y no le convierta en títere del aparato partidario, respeto a la libertad de los actores políticos que evite el penoso espectáculo de la celebración de las unanimidades. Pero, sobre todo, es necesario un cambio cultural de fondo. Hay en este país demasiada gente que se vanagloria de no poder decir lo que querría decir porque su posición no se lo permite. Esta cultura es contraindicada con la democracia, porque crea dirigentes sin autoestima, que renuncian con suma facilidad a la capacidad de pensar y decidir por sí mismos, es decir, a su dignidad. Esta actitud también es una forma de corrupción estructural. Donde no hay políticos libres, solo hay casta mantenida.
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