Carlos Carnicero 3 octubre 2012
Me imagino que la ofensiva contra el derecho de manifestación de la delegada del Gobierno en Madrid está destinada a los “bienpensantes”. Nunca he entendido qué laboratorio puede discriminar a quienes piensan bien de quienes piensan mal. En todo caso, es un principio autoritario que pretende regular el pensamiento seleccionando a quienes tienen buenos pensamientos de acuerdo al orden establecido. Probablemente seré considerado “malpensante”.
El Partido Popular extiende su agenda conservadora para envolver sus recortes y frenar el descontento. Para ello, una vuelta de tuerca más a la legalidad, dificultando las manifestaciones legales.
Claro que son incómodas las manifestaciones, sobre todo para quienes las protagonizan. Madrid estuvo paralizada varios días por la visita del Papa. Cada vez que juega el Real Madrid en el Bernabeu se colapsa la zona norte de Madrid. Ocurre con el Barça en Barcelona. Y cuando hay un desfile militar por la celebración del día nacional.
Dice Cifuentes que quiere “ciudades habitables”. Y para ello va a limitar el derecho de manifestación. No se refiere al cierre de guarderías, a la reducción de los servicios públicos, al Tupper de los niños de nuestras escuelas públicas. Se refiere a la contención de la indignación ciudadana para impedir que la calle sea reflejo democrático de la brutal forma de controlar la crisis.
Cifuentes, a lo mejor sin saberlo, está dando un impulso a la radicalidad. ¿Alguien piensa que limitar el derecho de manifestación contendrá las protestas?
Durante el franquismo las manifestaciones estaban prohibidas y los militantes hacían acciones relámpagos, “saltos” para exteriorizar sus protestas. ¿Volveremos a la época de las manifestaciones prohibidas como norma?
¿Cuando la Iglesia se manifiesta contra el aborto, colabora a una ciudad inhabitable? ¿Cuándo el PP estaba en la oposición y movilizaba contra la política antiterrorista del Gobierno, también? La próxima Diada, ¿será permitida?
La sucesión de disparates de un gobierno sin rumbo promueve recortes también en las libertades constitucionales.
La delegada del Gobierno en Madrid satisface a los “bienpensantes”. Y está promoviendo una insurrección popular que se materializará cuando los límites a la libertad de expresión se hagan intolerables. No se ataca la raíz sino las consecuencias. Me parece que este gobierno ha perdido totalmente el juicio.
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