Cecilia Carballo de la Riva - Coordinadora de ONGD-España
25 octubre 2012
Recientemente el Sub-Secretario de Estado de Cooperación Internacional, Gonzalo Robles, afirmaba que “no se puede redistribuir riqueza cuando no la hay”. Así justificaba el nuevo recorte que ha sufrido la cooperación en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013.
La afirmación del Sr. Robles parte de dos premisas que son erróneas. Primera: dinero hay, lo que no hay es voluntad política de recaudarlo. El dinero que se mueve al año en transacciones financieras asciende a más de 70 veces el PIB mundial. La implantación en España de un impuesto que grave estas transacciones con un tipo de, por ejemplo el 0,05%, podría suponer una recaudación de más de 5.000 millones de euros [1]. Por otra parte, el fraude fiscal se sitúa en torno al 20-25% del PIB español; una práctica que se extingue con medias activas y no sólo preventivas.
Veamos algunas cifras. Si se redujera la economía sumergida se recaudarían 38.577 m€; si se impusiera un tipo del 35% al impuesto de sociedades, las arcas públicas recibirían 13.950 m€. Este dinero, junto a los 5.000 millones de la tasa a las transacciones financieras y otro tipo de medias supondrían en total, casi 64.000 millones de euros. Un dinero que el Estado español podría ingresar y no ingresa.
Si profundizamos en el análisis, esa cifra de 64.000 millones, coincide con el déficit en gasto social que tiene España con respecto a la media europea. Es decir, España deja de recaudar ese dinero que –tal como hacen sus socios europeos con economías similares- debería invertir en garantizar su Estado de bienestar: sanidad, educación, inmigración, cooperación para el desarrollo, dependencia, igualdad, etc.
Segunda premisa errónea del Sr. Robles. La distribución sí se realiza, sólo que no de la manera más justa y equitativa. Las cifras hablan por sí solas. Mientras la Agencia Española de Cooperación Internacional sufre desde 2011 un recorte acumulado del 70%; el programa del Ministerio de Defensa, destinado a la modernización del ejército –fundamentalmente compra de material militar- ha aumentado un 175% en los Presupuestos de 2013. Y éste es solo un ejemplo de la asimetría de los presupuestos del Estado para 2013.
No se trata por tanto de repetir como mantra que el país ha vivido por encima de sus posibilidades, sino de asumir y afrontar que este país recauda por debajo de sus responsabilidades.
AOD como porcentaje
Además de todo esto, cabe recordar que los compromisos internacionales en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo se vinculan a un porcentaje de la Renta Nacional Bruta, no a un porcentaje del Presupuesto General del Estado. Eso significa que, el feroz recorte sufrido no está en ningún caso justificado.
Dice el gobierno se siente orgulloso de pertenecer al Club de los principales donantes del Mundo (el CAD de la ODCE) y recuerda que de los 23 Estados que forman ese grupo, 16 han bajado sus aportaciones a cooperación. Lo que olvida es que la proporción del recorte en España es absolutamente desmesurada con respecto al resto de los países. De hecho, nos acercamos más a los Estados que entraron en la UE tras el año 2002 -como Polonia, Hungría o Eslovenia-, que a la Europa de los 15 a la que España pertenece junto a países como Italia, Gran Bretaña o Bélgica. En este contexto europeo merece la pena destacar el caso de Irlanda que, con una crisis económica que ha implicado entre otras cosas un rescate financiero en 2010, ha mantenido su compromiso con el desarrollo por encima de España.
El gobierno sitúa la AOD española en un 0,2% -muy lejos, por cierto, del compromiso histórico del 0,7%. Para entender ese volumen de ayuda en un contexto de recortes debemos analizar con detalle las partidas que incluye. Por un lado, encontramos las aportaciones obligatorias tanto a Organismos Internacionales como a la UE; aportaciones que España no puede eludir. Por otro, se incluyen partidas cuyo impacto en la lucha contra la pobreza es cuestionable, como el caso del Fonprode Reembolsable que no es otra cosa que préstamos, créditos y líneas de financiación que los países que lo reciben deben devolver. Este fondo cuenta con 385 millones de euros, lo que supone el 18,8% del total de la ayuda, un porcentaje que va en contra de la ley que regula este mecanismo que establece como su tope máximo el 5%.
A todo ello hay que añadir los desembolsos que no generan nuevos recursos para los países que lo reciben, como es el caso de las 245 millones de euros destinados a cancelación de deuda. En resumen, sin las operaciones de cancelación de deuda y si el Fonprode se ciñera a lo establecido en la ley, la AOD caería a niveles de los finales de los 80, justo cuando España dejaba de ser país receptor de ayuda.
La protección de lo público
Por último, las autoridades del gobierno insisten en contextualizar el recorte en cooperación en el actual contexto de crisis económica y financiera. Ante estas afirmaciones quisiera destacar algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta.
1. La política de cooperación se inserta en el conjunto de las políticas sociales que igualmente ha experimentado un recorte sustantivo poniendo en peligro el sistema público de protección social e impactando en el ejercicio de derechos tan básicos como la sanidad o la educación.
2. España ha asumido distintos compromisos internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que le obliga a:
- Prestar asistencia y cooperación internacional, en especial económica y técnica, que permita a los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas”.
- Abstenerse de cualquier medida que interfiera directa o indirectamente en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que necesariamente implica un mayor compromiso con la coherencia de políticas para el desarrollo, es decir con el fomento de políticas económicas, comerciales, migratorias… que contribuyan al desarrollo.
3. España ha asumido voluntariamente distintos compromisos internacionales en materia de lucha contra la Pobreza que establecen como meta destinar el 0.7% de la RNB a Ayuda Oficial para el Desarrollo. Un compromiso que también recoge el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito por el partido en el gobierno. La cooperación para el desarrollo no es solo una cuestión de solidaridad, enmarcada en el ámbito privado; es una cuestión de justicia que se sitúa en la esfera pública y se construye con la participación de la ciudadanía.
4. Una política pública no puede entender la cooperación como una política vinculada prioritariamente a los intereses españoles (geoestratégicos y sobre todo geoeconómicos del sector privado empresarial). No puede ser una política instrumental y mucho menos ligada.
En conclusión, con este panorama, sí, hablamos de desmantelamiento de la política de Cooperación, porque no sólo hablamos como organizaciones de la sociedad civil, sino como parte de un sistema del que formamos parte y que observamos que se desmantela al debilitar tanto a sus principales protagonistas como sus mecanismos de articulación y participación.
Aunque nuestras discrepancias con los responsables de la política de cooperación y de la cartera de exteriores son sustanciales y numerosas, hay algo en lo que estamos de acuerdo. Dicen creer en la cooperación y nos alegramos por ello porque nosotros también. Por eso seguiremos defendiendo por encima de todo la necesidad de la cooperación como política pública.
[1] España ya ha manifestado su respaldo, junto con otros países europeos, a la implantación de una tasa que gravaría la compraventa de acciones y bonos, entre otros productos financieros. Aunque la decisión aún está pendiente de debate en el siguiente ECOFIN, debería se aprobarse lo antes posible y asegurarse que el dinero obtenido sirva para financiar políticas sociales y bienes públicos globales como la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático.
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