15 octubre 2012 por Juan Ramón Rallo
La izquierda radical se halla contra la espada y la pared en el asunto de la deuda pública. Por un lado, el expansivo apalancamiento del Estado hace que los intereses de la deuda ocupen un porcentaje cada vez mayor de los presupuestos; en Grecia, por ejemplo, copan el 17% de toda la recaudación tributaria (en España estamos en torno al 10%). En tales casos, a la izquierda le sale la vena más antiusuraria y lo que le pide el cuerpo es tirar por la calle de en medio: dejar, sin más, de pagar la deuda y que les den a los acreedores. A su juicio, no hay ningún motivo válido para que un Estado tenga que sucumbir ante la losa de quienes le prestaron en el pasado el dinero que necesitaba para seguir gastando: se impaga la deuda y problema finiquitado.
El dilema financiero de la izquierda
Dejemos de lado el valor de la palabra dada o el incómodo hecho de que los acreedores defraudados suelen ser, en última instancia, personas que han ahorrado toda su vida para contar con un patrimonio durante su jubilación (como sucede con quienes compraron, engañados, participaciones preferentes y como se repetiría en caso de que ese activo ultraseguro que se supone que es la deuda pública fuera impagado). Ni una cosa ni la otra parecen tener demasiada importancia para la izquierda radical cuyo único propósito es engordar –y mantener engordado– a un insaciable sector público y a todas sus redes parasitario-clientelares. Mas si lo anterior carece de importancia para los estatistas –recordemos: sólo apuntalar el hiperEstado es relevante–, existe otro factor que inexorablemente sí se han de tener en cuenta: en tanto en cuanto nuestros Estados siguen presentando un desequilibrio colosal entre ingresos y gastos (gastamos en torno a un 30% más de lo que ingresamos) y en tanto ese colosal déficit público sólo puede mantenerse si alguien nos presta su dinero, resulta que no queda muy coherente defender al mismo tiempo que hay que impagar la deuda acumulada hasta la fecha y que es menester emitir nueva deuda para sufragar el déficit.
O dicho de otro modo: defender el repudio de la deuda supone, al mismo tiempo, defender la inexorable necesidad de acometer unos enormes recortes del gasto público dirigidos a equilibrar ingresos y gastos ante la imposibilidad de financiar su diferencia (el déficit). La cuadratura del círculo se antoja imposible: si preventivamente no se practican contundentes recortes del gasto, los intereses derivados de la progresiva acumulación de deuda terminan comiéndose el presupuesto y arrastran al país a la suspensión de pagos; pero tal suspensión de pagos, lejos de ser una solución para mantener la sobredimensión del gasto público, conduce al idéntico destino de recortar sobremanera el gasto por no poder sufragar el déficit. ¿Cómo promover, pues, el repudio de la deuda para evitar recortes si ese repudio impone la necesidad de recortes?
La solución: la “deuda odiosa”
He ahí, pues, la dificultad a la que se enfrenta la populista estrategia de la izquierda extrema consistente en oponerse a una reducción sustancial del tamaño del Estado: la realidad es machacona y lo infinanciable termina sin poderse financiar. Con tal de sortear este problema, los partidarios del Estado mastodóntico han articulado dos tipos de estrategias: la primera, defender que el Banco Central Europeo monetice deuda pública sin fin, como si ello no fuera una manera de saquear a los tenedores de dinero mediante el impuesto inflacionista; la segunda, que es sobre la que me interesa reflexionar, poner cara de estadista responsable y proclamar que es necesario un impago selectivo de la deuda pública: se trata de no ahuyentar a los nuevos prestamistas con el irresponsable comportamiento que supondría repudiar indiscriminadamente la totalidad de nuestra deuda, aclarándoles que sólo pretendemos impagar aquella que no traiga justa causa.
Es lo que se conoce como “deuda odiosa”. En España y en Grecia, por ejemplo, Izquierda Unida y Syriza reclaman una auditoría sobre la deuda pública para acotar (y repudiar) aquella con un carácter ilegítimo. Algo parecido reclama el movimiento cacerolada del “No debemos, no pagamos”, cuyas manifestaciones se reprodujeron el pasado domingo por diversos lugares de España. Pero, ¿qué es exactamente la deuda odiosa? Merecen tal calificativo aquellos créditos utilizados en contra de los intereses del pueblo con conocimiento de los prestamistas. Batiburrillo conceptual dentro del cabe casi todo: deuda para financiar gobiernos represivos, deuda para destruir el medio ambiente o deuda para transferir riqueza a determinados agentes privados en perjuicio del pueblo (como sucede con los rescates bancarios).
Los dos problemas de la deuda odiosa
En general, toda propuesta de repudiar la deuda odiosa de un país tiene dos problemas fundamentales: el primero, la gran arbitrariedad que supone delimitar qué actividades concretas deberían integrar la categoría de ilegítimas por ir en contra de los intereses del pueblo. En abstracto, la distinción puede parecer sencilla; al descender a la realidad, no tanto. Tomemos como ejemplo el Plan E. ¿Fue contrario a los intereses del pueblo? Pues depende de qué pueblo hablemos: fue catastrófico para quienes lo sufragaron (contribuyentes) pero extraordinario para quienes lo disfrutaron (los beneficiarios del gasto). Entonces, ¿debería repudiarse la deuda con que se financió el Plan E? Cualquier argumentación sería tan vaga que revistarla con aires de objetividad constituiría un ejercicio de fatal arrogancia que sólo escondería la concesión de un enorme poder a un grupo de auditores que, lejos de actuar conforme a unos indisputables principios científicos, obrarían según sus caprichos y prejuicios ideológicos. No es difícil buscar razones para justificar o reprobar cualquier partida de gasto gubernamental, incluyendo por supuesto el rescate del sistema financiero; de ahí que la presunta auditoría tendría bien poco de valoración económica y mucho juicio político-ideológico.
Al final, sucede que toda deuda pública es un fraude, una redistribución de la renta que atenta contra la propiedad privada de los contribuyentes y que, por tanto, toda ella sería susceptible de ser declarada odiosa; postura defendida por diversos pensadores libertarios que desean abolir el Estado y que al menos es consistente. Lo que no tiene ningún sentido es que quienes desean expandir el Estado –la institución especializada en expoliar a la sociedad– pretendan trazar una línea arbitraria entre partidas de gasto público que promueven el bien común y partidas que atentan contra el mismo para así justificar su desfalco a los acreedores.
El otro gran problema que acarrea el repudio de la deuda odiosa es otro: salvo excepciones muy concretas, los pasivos que emite un gobierno no tienen un carácter finalista, sino que son una fuente de ingresos más con la que se financian el conjunto de los gastos públicos. Es imposible individualizar el uso que se hace del capital que un gobierno obtiene emitiendo deuda; y ésta es una dificultad fundamental para quienes pretenden justificar el repudio de parte de esos pasivos por la connivencia del acreedor con el régimen que los ha emitido en contra del interés del pueblo. Pongámonos en un caso extremo: un gobierno despótico es capaz de recaudar en impuestos 10.000 millones de euros y los gasta íntegramente en establecer y mantener un feroz aparato represivo. Hasta aquí, el presupuesto lo tendríamos equilibrado: 10.000 millones de ingresos fiscales que van a parar a gastos represivos. Pero imaginemos que el tirano desea mantener controlada a la población no sólo con el palo sino también con la zanahoria; motivo por el cual decide emitir deuda por otros 10.000 millones de euros para crear una sanidad pública de calidad (una actividad que ninguno de los proponentes de la teoría de la deuda odiosa calificaría como ilegítima).
El presupuesto total de este gobierno represivo sería de 20.000 millones, financiados al 50% con impuestos y al 50% con deuda. ¿Cómo delimitamos qué porcentaje de los 10.000 millones de deuda pública es “odiosa”? Una respuesta impulsiva podría ser que la mitad, por cuanto la mitad del presupuesto que contribuye a financiar es “ilegítimo”. Pero, ¿podríamos afirmar lo mismo si, en caso de que el dictador no pudiera emitir deuda pública, optara por mantener el aparato represivo y por cancelar la totalidad del gasto en sanidad? En ese supuesto, parece claro que los acreedores, al prestarle al Gobierno tiránico 10.000 millones de euros, contribuyen a que la población reciba sanidad pública ¿Sería odiosa su deuda? ¿En qué parte? ¿Y a quiénes se les tiene que impagar? ¿A todos los acreedores por igual? ¿A unos más que a otros? Cuestiones todas que no admiten respuesta válida por el simple hecho de que siempre es posible asumir que los gastos ilegítimos de un Estado se han sufragado merced a la recaudación fiscal y que los ingresos obtenidos por la emisión de deuda se han destinado a cubrir los gastos legítimos.
De nuevo nos topamos, pues, con la segunda arbitrariedad: no sólo decidir qué gastos públicos son legítimos o ilegítimos, sino también qué porciones de la deuda pública se han dirigido a financiar esos gastos calificados como ilegítimos. Una pura cabriola intelectual para dar aires de solemnidad y de rigor a lo que es un puro defaultpopulista y bananero.
Una práctica cortina de humo
Pero, si la teoría de la deuda odiosa en manos de los partidarios de un gobierno mastodóntico es un completo disparate para justificar sus abusos discrecionales de poder, en el caso concreto de España se trata de una práctica cortina de humo dirigida a confundir y manipular a la población. Tanto desde Izquierda Unida como desde diversos “colectivos sociales” se nos vende la propuesta de auditar y repudiar parte de la deuda pública española como una manera de evitar los recortes promovidos por el Gobierno del PP. En román paladino: si el Gobierno está reduciendo el gasto, es porque nos ha tocado rescatar a los bancos convirtiendo ilegítimamente en deuda pública lo que eran pérdidas privadas.
No voy a ser yo quien defienda el rescate a la banca: en otros artículos ya he manifestado mi frontal oposición a la socialización de las pérdidas y he propuesto reflotar los bancos a costa de sus acreedores y no de los contribuyentes (es lo que se conoce comobail-in). Sin embargo, las actuales dificultades financieras del Gobierno español no tienen prácticamente nada que ver con el rescate de la banca y sí todo con un insostenible, sobredimensionado y burbujístico sector público. Como explico en mi próximo libro,Una alternativa liberal para salir de la crisis, se vuelve imperioso reducir el tamaño de nuestro sector público en, al menos, 130.000 millones de euros anuales; y no porque haya que sufragar con ese ahorro el rescate de la banca, sino porque la Administración gastaestructuralmente mucho más de lo que ingresa.
La demagogia que se ha tejido en torno a la deuda odiosa derivada del rescate a la banca busca, precisamente, ocultar esta urgente necesidad. Si le vendemos a la población que el Estado no tiene dinero porque ha de devolver la deuda utilizada para salvar a los bancos, podremos volver a respirar financieramente si repudiamos esos pasivos. Sencillo, ¿no? Pues no. A mediados de este año –que es cuando Izquierda Unida insistió de una manera más persistente en auditar la deuda pública para frenar los recortes de Rajoy– el Estado español (excluyendo a las empresas públicas) tenían una deuda total de 800.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero se había inyectado en los bancos hasta ese momento? Unos 30.000 millones de euros (6.000 millones en Caja Castilla-La Mancha, 4.500 millones en Bankia, 3.000 millones en Banco de Valencia, 1.000 millones en Banca Cívica, 1.000 millones en Banco Mare Nostrum, 500 millones en Caja España y Caja Duero, 1.200 millones en Cajasur, 6.000 millones en la CAM, 3.000 millones en Catalunya Caixa, 3.700 millones en Novagalicia Banco y 1.000 millones en Unnim); cantidad que equivale a menos del 4% del total de deuda pública emitida.
Es verdad que el Estado espera inyectar en los próximos meses varias decenas de miles de millones de euros más en los bancos y que les ha concedido avales por importe superior a cien mil millones de euros. Pero ni lo uno ni lo otro se habían materializado en emisiones de deuda a mediados de este año, que es cuando Rajoy anunció los recortes y cuando IU los contraprogramó con su propuesta syrizana de auditar la deuda. Dicho de otra manera, la izquierda radical pretende camelar a la ciudadanía con la falsedad de que volveríamos a tener un Estado sostenible y financiable tan sólo repudiando el 4% de nuestra deuda pública total para ahorrarnos, atención, 1.500 millones de euros en intereses sobre un déficit total de 100.000 millones de euros (esto es, el 1,5% de nuestro déficit anual).
Claramente, pues, se trata de una cortina de humo para enmascarar los auténticos problemas de insostenibilidad de nuestras finanzas públicas: canalizar el descontento ciudadano hacia los bancos en lugar de hacia unas hipertrofiadas estructuras políticas que esquilman a impuestos a la población para ofrecer unos servicios misérrimos y menguantes.
No: lo que tenemos que repudiar no es la deuda odiosa, sino un modelo de Estado mastodóntico sustentado en la vampirización fiscal de la sociedad y en la emisión de cantidades crecientes de una deuda pública cada vez más inmanejable. Justo el modelo de Estado ambicionado por la izquierda radical que pide repudiar la deuda pública al tiempo que se opone a las políticas de ajuste que buscan evitar la emisión y acumulación de más deuda pública. Un fraude político nada inocente y sí muy interesado.
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