.commenthidden {display:none} .commentshown {display:inline}

26 de octubre de 2012

Gobierno fuera de la ley


Sebastián Martín 24/10/2012
Bajo tal divisa – Governo fora da lei una multitud tomaba las calles de Lisboa el pasado mes de septiembre
El lema expresaba el rechazo a los nuevos recortes preparados por el ejecutivo de Pedro Passos Coelho, pero ¿cómo puede colocarse «fuera de la ley» un gobierno elegido democráticamente que aprueba medidas de austeridad precisamente a través de las leyes?
La respuesta a este interrogante nos coloca ante la espinosa cuestión de la legitimidad de la autoridad civil. 
Las viejas doctrinas del derecho natural lo tienen claro: 
cuando el gobierno no se pliega en sus decisiones a un presunto orden providencial se convierte de inmediato en un poder ilegítimo. Los ciudadanos pueden entonces rebelarse contra él de forma lícita hasta derrocarlo.
Aunque una lectura apresurada haya querido ver en el derecho de resistencia frente al tirano un dispositivo necesariamente democrático, lo cierto es que ha servido en numerosas ocasiones de cobertura retórica para defender por la violencia los intereses de las capas privilegiadas. 
Basta con que los sectores hegemónicos naturalicen en el terreno cultural sus intereses particulares para que, si un gobierno los ataca con sus disposiciones, sea tachado de despótico y, por tanto, de ilegítimo, abriéndose con ello la veda para desalojarlo por la fuerza del poder.
No es este el prisma crítico que debe adoptarse desde una perspectiva moderna. 
Partiendo de principios democráticos, no cabe deslegitimar un gobierno mayoritario porque atente contra preferencias morales particulares. 
¿Se puede entonces plantear la cuestión de la ilegitimidad de la autoridad civil con arreglo a criterios exclusivamente jurídico-positivos?
Este es el desafío al que respondía el lema de los manifestantes portugueses.
Para afrontarlo hay que comprender el tipo de legitimidad subyacente al Estado constitucional. En su arranque, no era otro que el denominado por Max Weber «legal-racional», que exige al derecho tomar la forma de un ordenamiento impersonal, racional –es decir, sin contradicciones internas–, compuesto de «reglas abstractas», que hiciese previsibles las resoluciones del poder y «formalmente igual» para todo aquel que «se encuentre en la misma situación de hecho».
Este tipo de legitimidad experimentó un giro tras la Gran Guerra. 
Entonces, en países como Alemania, Austria o, una década después, España, se instauraban sendos regímenes democráticos que pretendían colocar a la Constitución en la cúspide del ordenamiento jurídico.
Esta pretensión contaba con dos consecuencias fundamentales, teorizadas de modo ejemplar por Hans Kelsen: 
a) el ordenamiento, para ser racional, había de concebirse como una estructura escalonada, de manera que las normas de rango inferior debían desarrollar, mas nunca contrariar, los enunciados jurídicos de rango superior; 
b) para garantizar esta jerarquía normativa, debían existir instituciones técnico-jurídicas, de naturaleza jurisdiccional, capaces de anular las disposiciones inferiores opuestas a lo establecido en las superiores.
Con el postulado de que las leyes solo concretan la Constitución, y con su consecuencia institucional de un tribunal encargado de anular las leyes contrarias a su articulado, se hacía posible el modelo del Estado constitucional. 
Sin embargo, así concebido, no pasaba de ser una construcción puramente formalista
Carecía aún de toda justificación más allá de la eficiencia técnica y de la seguridad jurídica.
Ha sido el jurista italiano Luigi Ferrajoli quien de forma más sofisticada ha sabido narrar ladimensión ética del Estado constitucional. No se trata solo de que sea el mejor modelo para sustentar la igualdad ante la ley, consagrar el principio de legalidad, garantizar la seguridad jurídica y desterrar la arbitrariedad. Su singularidad radica en que coloca por entero a la política democrática, y a las leyes que ésta sanciona, en función de los derechos proclamados en la Constitución.
El dato que diferencia esta posición de la sostenida por los neoliberales salta a la vista: en el conjunto de derechos que forma el corazón del Estado constitucional no caben prelaciones interesadas entre libertades comerciales y derechos sociales. Ese núcleo ético constituye, por el contrario, un sistema imbricado, que se desnaturalizaría de inmediato si se cercena en alguna de sus partes. Como bien ha recordado Gerardo Pisarello, ¿qué efectividad tiene la libertad de residencia sin garantizar el derecho a la vivienda, o los derechos de participación y la libertad de elegir profesión sin la instrucción pública gratuita, o el mismo derecho a la vida sin la garantía universal de la asistencia sanitaria?
Sentadas estas premisas, podemos contar ya con suficientes elementos de crítica para, desde un ángulo jurídico-positivo, ponderar la mayor o menor legitimidad de un gobierno y sus medidas. Si por su laxitud o retroactividad no generan seguridad jurídica, si por su carácter particularista no respetan el principio de igualdad e incurren en discriminación, si en sus contenidos no respetan normas de rango superior y, en fin, si con sus previsiones vulneran derechos recogidos en la Constitución, parece evidente que nos hallaríamos ante una autoridad que incurre en resoluciones ilegítimas.
¿Lo hace el Gobierno actual? Probablemente sí.
Destaca entre todas el recurso abusivo a los decretos-leyes, previstos por la Constitución solo para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1), pero aprovechados por el ejecutivo para regular cuestiones poco vinculadas con la crisis como 
«la mediación en asuntos civiles y mercantiles» (RD 5/2012),
 el régimen de dedicación del profesorado universitario (RD 14/2012) 
o la administración de RTVE (RD 15/2012). 
Su utilización esta además prohibida expresamente para regular materias que afecten a los derechos, como sin duda es la laboral (RD 3/2012).
La legislación a golpe de decreto supone, por otra parte, la desnaturalización de nuestro sistema parlamentario y un estilo opaco de gobernación, que sustrae al debate público cuestiones tan decisivas como las actividades de las sociedades de capital (RD 9/2012) o la financiación de las eléctricas (RD 13/2012).
Aparte de este autoritarismo legislativo, abundan los casos en que la política de nuestros días traspasa el límite de la legitimidad propia del Estado constitucional. 
Se han realizado recortes salariales con carácter retroactivo y vulnerando convenios colectivos en vigor. 
El carácter vinculante de los convenios (art. 37.1 de la Constitución) se encuentra en entredicho por las facilidades concedidas para descolgarse de los mismos.
 La posibilidad de rebajar unilateralmente los salarios por razones de «competitividad» cuestiona el derecho a «una remuneración suficiente» (art. 35.1). Ha habido tristes sucesos que han explicitado cómo los recortes sanitarios afectan al derecho a la vida (art. 15). 
Parece evidente que la subida de las tasas universitarias comprometen el derecho a una educación (art. 27) sin discriminaciones por razón de renta. 
El fraude consentido y las bonificaciones fiscales a grandes propietarios vulneran el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público en proporción a la «capacidad económica» (art. 31). 
La gratuidad de la función parlamentaria termina afectando al derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos (art. 23.2). 
El proyecto de reforma judicial merma, con la justicia onerosa, los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva (art. 24). 
Y, por si fuera poco, las abiertas pretensiones de acabar con la gratuidad de la enseñanza primaria, de limitar legalmente los derechos fundamentales de manifestación y huelga o de reprimir la disidencia con tipos penales imprecisos nos señalan un horizonte en que el atropello a los derechos no dejará de agravarse.
Aunque este cúmulo de agravios pueda justificar actos simbólicos de desobediencia civil, en ningún caso creo que autorice un ejercicio general del derecho de resistencia. Al menos mientras se disponga de los derechos fundamentales de manifestación y huelga –pues en un régimen democrático no todo es «institucionalidad»– y también de las urnas, donde cabe optar por las fuerzas que no han claudicadoante la ortodoxia contraria a los valores constitucionales.
Yo pienso TODO lo CONTRARIO:  
que TODOS estos MOTIVOS son de POR SÍ  más que SUFICIENTES
y que si los unimos al HECHO de que TODAS las leyes que hasta ahora han sacado 
SOLO han beneficiado a unos POCOS y perjudicado a una GRAN MAYORÍA 
y de que es evidente que la ÚNICA INTENCIÓN de este GOBIERNO 
es SALVAR el culo al BANCA y GRANDES EMPRESAS 
aún a costa del BIENESTAR de la CIUDADANÍA 
más el INTERÉS PALPARIO que se les ve de PRIVATIZAR  todo lo PUBLICO 
para EXCLUSIVAMENTE BENEFICIARSE económicamente de ELLO, 
son RAZONES más que SUFICIENTES para PODER AFIRMAR 
que estamos ante un GOBIERNO TOTALMENTE DESLEGITIMADO, 
tanto por hacer FRAUDE de LEY al acceder al PODER MINTIENDO 
como por NO DEJAR de HACERLO desde que ESTÁ en ÉL
y SOBRETODO por GOBERNAR de ESPALDAS a los CIUDADANOS 
                                                                               ARMAK de ODELOT 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

*** Fort Apache ***

-- Derechos Humanos --

-- Libia, el infierno de la migración africana --

-- La Carta de la Tierra --

La Dictadura del Hambre-Los Bilderberg-Cidinha Campos-Mayor Zaragoza-José María Gay-El Chojin

Music for all

*** My music and other videos on YouTube ***

Hierbas, Plantas, Especias (Medicinales y Culinarias), y alimentos poco sanos

-- Por qué no estalla una Revolución --

"La información ya no tiene relevancia"

Estos últimos años se han hecho públicas informaciones de todo tipo que deberían haber dañado la estructura del Sistema hasta sus mismísimos cimientos y sin embargo la maquinaria sigue intacta, sin ni tan solo un arañazo superficial. Y esto pone de manifiesto un hecho extremadamente preocupante que está sucediendo justo ante nuestras narices y al que nadie parece prestarle atención. El hecho de que SABER LA VERDAD YA NO IMPORTA.

Parece increíble, pero los acontecimientos lo demuestran a diario. La información ya no tiene relevancia.

Nuestro cerebro se ha convertido en un drogadicto de la información rápida, en un yonqui ávido de continuos chutes de datos que ingerir, a poder ser pensados y analizados por cualquier otro cerebro, para no tener que hacer el esfuerzo de fabricarnos una compleja y contradictoria opinión propia. Porque odiamos la duda, pues nos obliga a pensar, ya no queremos hacernos preguntas, solo queremos respuestas rápidas y fáciles. Somos y queremos ser antenas receptoras y replicadoras de información, como meros espejos que rebotan imágenes externas, pero los espejos son planos y no albergan más vida en ellos que la que reflejan proviniendo del exterior.

Para emprender una transformación profunda de nuestro mundo, para iniciar una auténtica Revolución que lo cambie todo y nos lleve a una realidad mejor, deberemos descender hasta las profundidades de nuestra psique, hasta la sala de máquinas, donde están en marcha todos los mecanismos que determinan nuestras acciones y movimientos. Ahí es donde se está dirimiendo la auténtica guerra por el futuro de la humanidad. Nadie nos salvará desde un púlpito con brillantes proclamas y promesas de una sociedad más justa y equitativa, nadie nos salvará sólo contándonos la supuesta verdad, ni desvelando los más oscuros secretos de los poderes en la sombra.

Es pura lógica: No hay revolución posible sin una transformación profunda de nuestra psique a nivel individual, porque nuestra mente está programada por el Sistema. Y por lo tanto, para cambiar ese Sistema que nos aprisiona, antes debemos desinstalarlo de nuestra mente.

http://economiazero.com/por-que-estalla-una-revolucion/

-- Todo lo que deberías saber sobre el Fracking --

--- La mayor estafa de la historia de España se llama Electricidad ---

-- Plataforma en Defensa de la Libertad de Información --

-- Casos Aislados --

La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia

La Ley es todo. Nuestras leyes nos retratan y definen lo que somos en convivencia
En el año 1985 un drástico cambio legislativo atribuyó al Parlamento la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

--- Las empresas del IBEX35 bajo lupa ---

El paro y la precariedad no son problemas individuales, son problemas colectivos

-- Jean Ziegler - Vicepresidente de la ONU --

“No puede ser que en un planeta con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación”.

“La hambruna ya es una realidad en las banlieues parisinas y el pueblo español también está sufriendo la pobreza, como el resto de Europa”.

Los teóricos del neoliberalismo, “nos han hecho creer que hoy en día la austeridad es la única política posible, pero sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros.

El neoliberalismo delictivo, “se cura con política”.

----------

-- Compromiso de todos --

-- Olivier de Schutter - Relator de la ONU --

“Con la comida que se tira podrían alimentarse 2.000 millones de personas”

”La mitad del cereal producido en el planeta es para satisfacer la demanda de consumo de carne. Hay un sobreconsumo de carne absolutamente insostenible”

http://esmateria.com/2014/04/25/con-la-comida-que-se-tira-podrian-alimentarse-2-000-millones-de-personas/

----------

-- El beneficio de los alimentos naturales --

*** Parada obligatoria ***