Jorge Galindo 30/09/2012
Hace dos semanas moría Santiago Carrillo. Ha sido el tercer artífice de la Transición en fallecer durante el último año. Durante toda la pasada semana, miles de personas, en su mayoría jóvenes, se manifestaron frente al Congreso de los Diputados pidiendo ni más ni menos que un proceso constituyente.
Quien piense que estos dos hechos no guardan relación, se equivoca. Es muy probable que la inmensa mayoría de españoles (yo entre ellos) no crea necesario un cambio constitucional, pero cabe poca duda de que hay instituciones que están agotadas, y quienes más claramente lo vemos somos aquellos que aún no estábamos vivos en 1978. Los mismos que sufrimos el nivel de paro joven más alto de la OCDE, qué casualidad. La pregunta que debemos hacernos es, por tanto, qué instituciones hay que cambiar: los dedos acusadores suelen señalar al sistema electoral, al conjunto de la "clase política" (que aparece como una especie de seres ajenos al resto de los mortales), y así. Sin embargo, considero que si vamos por ahí, erramos el tiro.
Hace ya casi cuarenta años que murió el dictador. Nuestra Transición a la democracia fue, qué duda cabe, particular: no hubo ruptura clara y definida, sino continuidad legal de varias instituciones del franquismo. El diseño fundamental de nuestro desastroso mercado laboral, sin ir más lejos, se lo debemos a la acumulación de reformas parciales y parches sin ruptura, una política más preocupada por el consenso presente que por el bienestar futuro.
Una de las razones por las cuales las últimas décadas de la dictadura fueron relativamente tranquilas y carentes de conflictos sociales y políticos fue la habilidad del régimen para proteger a la recientemente creada clase media. Los trabajadores no podían defender sus derechos a través de organizaciones sindicales que negociasen con el Estado, pero éste se aseguró de que no las necesitasen, abusando de la sobreprotección legal. Paradójicamente, al morir Franco e iniciarse la Transición, el marco legal laboral cambió relativamente poco, pero los recientemente legalizados sindicatos ganaron mucho poder de negociación. Ante unas leyes que protegían a sus afiliados más relevantes (el trabajador con contrato indefinido) y con una relación clara y casi explícita con determinados partidos cuyos votos también provenían de ese perfil en grado creciente, los sindicatos se dedicaron a defender estas barreras de protección.
Hasta aquí, nada parece demasiado extraño: sindicatos que trabajan con partidos de izquierda en proteger a trabajadores. Lo que pasa es que protegen solo a una parte de los trabajadores. Y protegen a aquellos que, como decíamos arriba, son sus afiliados y votantes principales: trabajadores indefinidos, principalmente de mediana edad en adelante. El resultado de esta situación es que durante las crisis generamos una cantidad de paro increíblemente alta que se ceba particularmente con los jóvenes, pero también con mujeres y trabajadores mayores de 55 años con baja cualificación. Es decir: los que no están dentro de la parcela de estabilidad laboral generada en combinación por el mercado y su regulador. Los outsiders, que representan entre un 25% y un 30% de la población. No es poco.
El laboral no es el único ejemplo de marco legal en España que, en gran medida por la "herencia recibida" (del franquismo y de la Transición pactada), favorece a los que ya están dentro y perjudica a los que van llegando al sistema. Nuestro Estado de Bienestar prioriza descaradamente a los que ya tienen más vida a sus espaldas frente a quienes comienzan la travesía. Tenemos una miríada de sectores en los que la regulación actual protege a los miembros actuales frente a quienes quieren entrar con ideas innovadoras (taxis, farmacias, comercio y sus horarios, etc.).
El sistema educativo no invierte en guarderías o educación primaria tanto como lo hace en universidades, donde llegan los 'hijos de la clase media asentada' con mucha más facilidad que aquellos que tienen que trabajar durante sus estudios, por ejemplo, porque sus padres no pueden cubrir todo el coste. El mercado de vivienda y su magnífica burbuja garantizaba que el precio que teníamos que pagar por acceder a uno de los bienes fundamentales para garantizar el bienestar era casi inalcanzable. Así, incontables situaciones que se resumen en que unos quedaban fuera, siendo entrar caro y difícil. Este es, o era, el statu quo, el (aparente) consenso que comenzó a resquebrajarse con la crisis. Cuando entrar en el sistema ya no fue solo caro y difícil, sino prácticamente imposible.
En economía y en ciencia política es un hecho establecido que todas las políticas generan ganadores y perdedores. En román paladino, nunca llueve a gusto de todos. Pero un objetivo fundamental de cualquier acción gubernamental, y de hecho una de las razones para tener democracia, es que estos 'ganadores y perdedores' no sean siempre los mismos, que los costes y los beneficios se redistribuyan. En España llevamos casi cuatro décadas en las que los outsiders, los jóvenes, nosotros salimos perdiendo. Hay buenas razones para pensar que buena parte de las raíces de esta situación se encuentran en una Transición que, de alguna manera, quedó inacabada. Las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos, a las que perteneció como miembro destacado Santiago Carrillo, llevaron a cabo un grandísimo trabajo para dejarnos la capacidad de actuar y elegir. Hicieron, realmente, todo lo que pudieron. Dicho de otra manera: probablemente, tuvimos una buena Transición dentro de las posibilidades que ofrecía el momento.
Ahora bien, la democracia está hoy asentada y es estable. Y con ello llega nuestro momento de seguir con lo que ellos empezaron. De hacer ver a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones de empresarios, a los medios y a todos los ciudadanos que hace falta una forma distinta de redistribuir los beneficios y los costes del ciclo de crecimiento y recesión. Que necesitamos un nuevo pacto intergeneracional. Que sin todo ello, las inexorables leyes de la demografía y la gestión de recursos nos llevarán al estancamiento crónico.
La política es nuestra, tomémosla.
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