17 agosto 2012
No me extraña que, entre ciertas clases, haya cundido la alarma. Ya los ministros del Interior y de Justicia se han encargado de recalcar que con el asalto ocurrido en los comercios de Arcos de la Frontera y Ecija, “vamos a tener tolerancia cero”. A otros, la alarma nos llega de otra parte y nos asusta porque, según estamos viendo, financieros, banqueros, diputados, jueces, políticos y otros gestores del Bien Público han robado del erario público, no cantidades precisamente nimias, asignándose sueldos, indemnizaciones, privilegios que les permiten un nivel de vida escandaloso y, sin embargo, no ha surgido poder público alguno que los declarase en “situación de tolerancia cero”.Quiero decir que en nuestra sociedad hay derechos que se convierten en delitos y delitos que se convierten en derechos. Una situación invertida que cualquiera puede denunciar a la luz de nuestra Constitución.
Si España es:
1.“Un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valor superior en su ordenamiento la justicia” (Atrt. 1,1) y “El Estado debe regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos” (Art. 149, 1ª).
Y como sujeto:
2. “Todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia” (Art. 35,1).
Y resulta que:
3. “Los poderes públicos deben “Asegurar la protección económica de la familia” (Art. 39,1) y el Ministerio fiscal “Debe promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos”(Art.124,1).
La conclusión es que cuando en nuestra España, -Arcos de la Frontera y Ecija-, ocurren (7 de agosto) cosas como las del asalto a comercios para poder dar de comer a familias que lo necesitan, la alarma se dispara ciertamente pero en otra dirección: hacia el Estado, hacia la clase gobernante y política y, en general, hacia los poderes públicos que han ignorado derechos básicos de los ciudadanos y han promovido los intereses y despilfarro de las clases y sectores pudientes, invirtiendo el orden jurídico de nuestra Constitución.
Ya es sintomático que representantes del Gobierno no se atrevan a negar la legitimidad constitucional de esta acción ciudadana. Llevamos más de 30 años de Estado social y democrático de Derecho, nadie como ellos conocen las leyes citadas y, en lugar de promoverlas y aplicarlas, se han dedicado no pocos a acumular desigualdades y fortunas y ahora nos vienen con que la solución debe hacerse según contenido y modo establecidos por la ley.
¿Cuándo comienzan a expropiar a los que, injustamente y contra la Constitución, han promovido el menosprecio y olvido de derechos básicos de los ciudadanos y han estimulado el egoísmo y la opulencia de tantos sujetos transgresores de la justicia y de esos derechos de los ciudadanos?
Benjamín Forcano es teólogo
Fuente: http://alainet.org/active/57089
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