Antonio Avendaño 27 de agosto del 2012
Los primeros días fueron malos, pero luego la cosa mejoró mucho. Y más que promete mejorar a partir de hoy, en que comenzarán a desfilar por la comisión parlamentaria de investigación de los ERE fraudulentos todos los altos cargos políticos de la Junta de Andalucía que tuvieron o pudieron tener que ver algo con el caso.
La comisión se enderezó el viernes pasado con las comparecencias de los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, después de que durante los tres días anteriores los nueve citados restantes se negaran a responder a las preguntas de los diputados acogiéndose a su derecho a no declarar y amparados bajo el argumento, respetable pero en modo alguno concluyente, de que sus respuestas podrían perjudicarles de manera irreparable durante el proceso penal que dirige la correosa magistrada del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
En esa jornada del viernes 24 todo cambio porque por fin los comparecientes Viera y Fernández permitieron a los diputados de la comisión hacer lo que se esperaba de ellos: de los diputados de PP e IU se esperaba que preguntaran y así lo hicieron, y de los diputados del PSOE se esperaba que hicieran como que también preguntaban y, en efecto, así lo hicieron.
El exconsejero Antonio Fernández, que ha pasado cuatro meses en prisión hasta que la Audiencia de Sevilla rectificó a la juez Alaya y rebajó la prisión incondicional dictada por esta a prisión con fianza de 450.000 euros, demostró que se puede estar imputado y contestar a las preguntas de los investigadores del Parlamento. Sin duda no le gustó hacerlo, pero lo hizo. Pudo haberse escudado en su indefensión, pero no lo hizo. La suya y la de su predecesor al frente de la Consejería de Empleo han sido hasta ahora las comparecencias más interesantes.
Y las más reveladoras: no tanto por lo que ambos explicaron, que también, como por aquello que no fueron capaces de explicar. Y lo que no fueron capaces de explicar fue esto: por qué pusieron en marcha y mantuvieron durante una década un procedimiento de concesión de ayudas públicas a empresas en crisis que permitía eludir la fiscalización de la Intervención y facilitaba un grado de discrecionalidad en la concesión de las ayudas imposible de distinguir de la pura arbitrariedad o el burdo clientelismo.
Los dos exconsejeros se defendieron bien, pero les fue imposible explicar por qué un fondo presupuestado inicialmente para ayudar a los trabajadores de grandes empresas –cuyo cierre ponía en peligro la supervivencia económica de comarcas enteras– se convirtió finalmente en un escandaloso coladero, hasta el punto de cobrar del mismo pequeñas empresas como una churrería de El Pedroso o la gasolinera donde el exdirector general Javier Guerrero, todavía en prisión, solía poner combustible.
La jueza Alaya sostiene que el fondo era ilegal (cerca de 700 millones en diez años que, según cálculos de la Guardia Civil, se han elevado a 1.200 si se incluyen intereses de demora y otros conceptos), mientras que la Junta de Andalucía y el Partido Socialista sostienen que era legal pero imperfecto, lo que permitió que “cuatro sinvergüenzas” abusaran del mismo para otorgar ayudas a amigos y familiares.
La propia investigación interna de la Consejería de Empleo ha detectado que se pagaron 11,1 millones de euros de manera irregular o fraudulenta a cerca de 300 beneficiarios, a los cuales ya se les ha exigido por la vía administrativa la devolución del dinero cobrado.
La Junta, y así lo recordaron los exconsejeros en su comparecencia, se ampara en que casi 6.000 trabajadores andaluces de empresas en crisis han percibido o perciben legítimamente una renta gracias a ese fondo, sin el cual se habrían quedado completamente desprotegidos tras el cierre de sus empresas. Lo que no puede explicar la Junta ni pudieron explicar Viera ni Fernández en su comparecencia es por qué se ayudaba a unas empresas y a otras no, ni cuál era o dónde se publicó la norma administrativa que fijaba los criterios para conceder las ayudas.
Nunca existió tal norma. Ni existió nunca un registro de las empresas que se habían acogido al fondo. Ni se publicaban oficialmente las ayudas concedidas. Demasiada opacidad para no resultar tentadora. Tan tentadora que Guerrero hizo beneficiaria de un ERE a su propia suegra o que a su pueblo de El Pedroso le llovieran decenas de millones de euros.
Es cierto que el Parlamento aprobaba cada año una partida presupuestaria para atender a las empresas en crisis o promover proyectos empresariales en comarcas deprimidas. Y es cierto que eran bien conocidas las ayudas públicas a las grandes empresas que habían echado el cierre. Y es cierto también que nadie en la oposición preguntó nunca si esas partidas presupuestarias tenían el amparo legal suficiente. Todo el mundo daba por hecho que así era. Y además no tenían por qué pensar lo contrario. El Parlamento aprobaba cada año el dinero para atender las necesidades de las empresas en crisis, pero no sabía ni tenía por qué saber que no había una fiscalización adecuada de esos fondos o que el marco jurídico para su concesión era muy deficiente.
Objetivo: Griñán
Hoy lunes comienza la semana grande de la comisión, en la que comparecerán los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana, cuya citación forzaron los socialistas porque el Ministerio de Trabajo que ellos dirigieron gestionó un ERE bajo sospecha. La comisión se cerrará con la traca final de la comparecencia del expresidente Manuel Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán. Este último es la pieza que realmente buscar cobrarse el Partido Popular, dado que Chaves, aunque es diputado en el Congreso, está ya con un pie fuera de la política y en su caso la petición de responsabilidades políticas caería casi en el vacío.
No le va a ser fácil, sin embargo, al PP hincarle el diente político a Griñán. Es cierto que fue consejero de Economía durante la etapa investigada, pero no tuvo nada que ver con el sistema de concesión de las ayudas. Su único flanco débil es que en teoría a sus manos debieron llegar los informes de la Intervención General de la Junta que denunciaban los gravísimos defectos, aunque no ilegalidades, del procedimiento de concesión de ayudas. Pero quien entonces era su viceconsejera y hoy es consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, declaró en su día que dichos informes no pasaron de su mesa a la del consejero. Aguayo también comparece esta semana.
No es verdad, en todo caso, que la comisión no esté sirviendo para nada. El hecho mismo de que todos los responsables políticos relacionados de un modo u otro con el caso deban dar explicaciones detalladas ante el Parlamento es una buena noticia democrática, sobre todo considerando que no ocurría nada parecido desde hace 17 años en el Parlamento andaluz.
De hecho, las preguntas del PP e IU están permitiendo ver con bastante claridad qué puede y qué no puede explicar la Junta de Andalucía en este caso. Sin duda lo que puede explicar es mucho, sí, pero no lo bastante para exculparla políticamente de un escándalo que nunca se habría producido si se hubieran seguido mínimamente unas ciertas pautas de buena gobernanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario