En los próximos días se cumplirá un año del anuncio por el entonces presidente del gobierno, de la reforma constitucional posteriormente pactada entre el PP y el PSOE. Una reforma exprés que tumbaba la definición misma del Estado recogida en la Carta Magna. Aquel acuerdo del bipartito, digámoslo claramente, rompió las reglas del juego. Establecer la prioridad del pago de la deuda frente a la cobertura de las necesidades de la sociedad en su conjunto, hizo saltar por los aires las bases de la convivencia democrática; el contrato social sobre el que se construyó el edificio político español tras la Transición.
La Constitución española, como todas las constituciones liberales europeas de postguerra, se articulaba en tres pilares fundamentales; el trabajo como base para el acceso a la renta y a los derechos sociales y de ciudadanía, el respeto a la propiedad privada como base de la economía liberal que, sin embargo, no podía (al menos teóricamente) operar contra los intereses generales, y el carácter representativo de la democracia a través de elecciones periódicas. Aquella reforma y las medidas de ajuste que están agravando la crisis en Europa hacen imposible el mantenimiento de estos tres pilares, por más que los poderes establecidos se empeñen en mantener la falacia formalista del modelo.
Hoy la creciente precarización e inseguridad en el mercado laboral, así como los indecentes niveles de paro, dejan fuera del reconocimiento como ciudadanos con derechos a cada vez más personas, por no hablar de la reducción de derechos efectivos de quienes, teniendo empleo, no podrán acceder a los mismos porque sus bajos salarios, en un contexto de desmantelamiento de los servicios públicos, no se lo permitirán.
La acumulación de capital al margen de la economía productiva y los recortes se han convertido en el mayor impedimento al bienestar social que se supone debía salvaguardar la Constitución. Prueba de ello es el escandaloso aumento de las desigualdades entre ricos y pobres que se ejemplifica en que, a la vez que aumenta el consumo de bienes de lujo, cada vez hay más familias que no pueden ofrecer tres comidas diarias a sus hijos.
Salta a la vista de cualquier observador que las decisiones de los gobernantes se alejan de los intereses de las mayorías sociales para someterse a los intereses de “los mercados”, que no son otra cosa que una élite de privilegiados cuya única patria es su dinero.
Por último, que los medios de comunicación quieran vestir de normalidad que al gobierno (formado por hombres de Goldman Sachs y asociados) sólo le preocupe tranquilizar a los mercados, pone al descubierto gravísimos déficits democráticos en lo que se refiere al derecho a recibir una información veraz.
En este panorama, ¿Qué se espera de la ciudadanía? ¿Cómo puede exigirse al pueblo que respete unas instituciones que han dejado de respetarle? ¿Por qué se empeñan los partidos del Régimen en que la ciudadanía siga acatando las normas que ellos mismos han violado y dinamitado?
Como el que ante el dedo que señala la luna se limita a mirar el dedo, los que reclaman respeto a las instituciones para arremeter contra las diversas movilizaciones que se preparan para el otoño, actúan con la misma miopía que aquellos que condenaron la acción del SAT apoyándose en argumentos legalistas. Si unos pocos carros cargados con alimentos de primera necesidad sirvieron para que se discuta de las consecuencias desbastadoras de los programas de ajuste, plantear si fue legal o no sacar los carros del supermercado es una intolerable frivolidad.
Cuando los gobiernos actúan al margen de los principios democráticos, desmantelando el Estado social a golpe de decreto y de espaldas a los intereses del pueblo, pierden legitimidad para pedir respeto institucional y ya sólo les queda gobernar desde la amenaza de la represión. Se trata, en definitiva, de un poder que se impone por la fuerza sin convencer a nadie. Es el momento de recordar a los que repiten sin cesar que las elecciones de noviembre las ganó quien las ganó, que la democracia no se basa exclusivamente en el ejercicio cíclico del voto; el voto no puede ser un cheque en blanco para gobernar contra la sociedad.
Por eso, quienes creemos que la democracia está asociada a la garantía del ejercicio de los derechos sociales y de ciudadanía, debemos estar del lado de la gente cuando pide que se le reconozca el derecho a aspirar a un orden social justo.
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