19 agosto 2012
La sensación de falta de rumbo, de que no hay nadie al timón, es una constante en la política del Gobierno. El éxtasis de esta forma de gobierno se ha manifestado en la concesión del tercer grado, determinada por Instituciones Penitenciarias, del etarra Jesús María Uribetxeberria, uno de los secuestradores de Ortega Lara.
La medida dictada por una institución del Gobierno de Rajoy ha estado precedida de una huelga de hambre del recluso y de otros militantes de ETA en prisión.
El razonamiento es muy simple y responde a una ecuación matemática. Si a Uribetxeberría le correspondía, con arreglo a la ley y a su condición médica, la concesión del tercer grado, ¿por qué no se hizo de oficio?, antes de que las presiones del preso y sus compañeros determinarán la impresión de que el Gobierno ha cedido a una presión o chantaje. Y si no le correspondía, ¿por qué se la conceden después de las manifestaciones y las presiones?
Si a Uribetxeberría le correspondía, con arreglo a la ley y a su condición médica, la concesión del tercer grado, ¿por qué no se hizo de oficio?
Con los cuatrocientos euros de los parados de larga duración ha ocurrido lo mismo. Primero, el anuncio de que la aportación se cancelaba. Protestas masivas en las redes sociales y rectificación del Gobierno, ahora pendientes de las filigranas de las nuevas condiciones para recibir el subsidio.
Privar a los inmigrantes que no tienen documentación de asistencia médica es una forma de demonizar y culpabilizar a estos de la crisis. El disparate es de libro. ¿Se les va a dejar enfermos en la calle?
Un inmigrante sin papeles de residencia también tiene derechos.Y obligaciones. Si el gobierno puede deportarlos, porque tienen la documentación de sus país de origen, tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Pero si no puede manejar esta opción, ¿es razonable que acudan enfermos a un dispensario y no se les atienda?
Para colmo, el PSOE dice que esa medida puede afectar a la salud de toda la población. Da la impresión de que no le preocupa al partido socialista los derechos humanos de los inmigrantes españoles sino la posibilidad de que nos “infecten” a los españoles.
La frase gloriosa la puso el portavoz del PP, Rafael Hernando: “España tiene que dejar de ser el paraíso de los inmigrantes ilegales”. Estos dos conceptos revelan un sustrato ideológico reaccionario coherente con la agenda conservadora de Rajoy. Inmigrantes ilegales y paraíso, no casan en ningún caso.
Rectificar puede ser de sabios; hacerlo por sistema no es más que la confirmación de un proyecto de afrontar la crisis y la desaparición de ETA que está basado en la improvisación.
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