Juan Torres López
30 de agosto de 2012
Según ha informado el diario El País (la noticia aquí) “la Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el caso de los asaltos a dos supermercados por parte de un grupo organizado de jornaleros el pasado 7 de agosto. Con el allanamiento en favor del alto tribunal andaluz, el aforado Sánchez Gordillo, que lideró el robo de alimentos básicos en un supermercado de Écija podría ser imputado. El ministerio público considera que Sánchez Gordillo, pese a no ser el autor material de los asaltos, fue “inductor y cooperador necesario” en los mismos y su hipotética pena sería similar a la que afectaría a los autores materiales de los hechos”.
Es impresionante la celeridad y eficacia con que la Fiscalía se pone en marcha para actuar contra una persona que al fin y al cabo lo que ha hecho es tratar de mostrar a la sociedad la injusticia que supone que miles de familias pasen hambre y pierdan sus viviendas mientras que los causantes de esos problemas reciben ayudas multimillonarias de los gobiernos con el dinero de todos los ciudadanos.
Impresiona pero también indigna cuando se sabe que esa misma Fiscalía no actúa cuando se trata de perseguir a quienes roban a los españoles 600.000 € diarios o un montante total de 5.400 millones de euros desde 1984.
Eso es lo que está pasando, según demuestra el ingeniero sevillano Antonio Moreno en su web www.estafaluz.com. Este ingeniero se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía de Sevilla para poner en su conocimiento que hay una connivencia entre los sucesivos gobiernos y cuatro empresas eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) para estafar a los consumidores, concretamente, cobrándoles por servicios que no le prestan o manipulando los precios. Pero la Fiscalía que ahora se moviliza rápidamente contra Gordillo no hace nada.
Para comprobar que esa estafa es cierta basta con saber multiplicar. Antonio Moreno ha presentado a la Fiscalía datos que muestran la evolución del precio medio de mercado del contador monofásico de simple tarifa, que es el instalado en la práctica totalidad de las viviendas y que supone aproximadamente el 85% del parque nacional, y la curva de evolución del precio de alquiler de dicho contador. Como bien indica Antonio Moreno, si los puntos de la curva de evolución del precio de alquiler se hubieran obtenido multiplicando por la constante k=1.25/100 los puntos de la curva de evolución del precio medio de mercado (como afirma el Boletín del Estado que ocurre), ambas curvas serían coincidentes. Sin embargo, resulta que no sólo no son coincidentes sino que la curva de evolución del precio de alquiler asciende mientras que la curva de evolución del precio medio de mercado desciende. Eso prueba irrefutablemente que los precios a partir de los cuales el Ministerio calcula los precios de alquiler son muy superiores a los precios medios de mercado reales.
A pesar de que es así de fácil comprobar la estafa, la Fiscalía se viene desentiendo de las denuncias que presenta Antonio Moreno, de donde no cabe sino deducir que la misma Fiscalía que persigue con tanto ahínco a Sánchez Gordillo o está prevaricando cuando se desentiende de una estafa que afecta a los 24 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas más de 2.400 millones de euros o es que ha sido dirigida por fiscales que no saben multiplicar.
La Constitución española establece que la función del Ministerio Fiscal es “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Su actuación tan distinta ante quienes denuncian robos y ante quienes los cometen es una prueba más del tipo de instituciones que nos gobiernan y de los intereses a los que sirven. A mí me parece que combatirlas es ya una deber moral inexcusable de cualquier persona mínimamente decente.
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