Alejandro Bolaños 19 agosto 2012
El ejecutivo baraja nuevas subidas de impuestos y menos
gasto en pensiones si en las cifras de recaudación que presentara Montoro no
hay signos de mejora
Tras un mes de julio histérico y tres semanas de descanso tutelado por los mercados, el Consejo de Ministros del próximo viernes abre el curso político con un solo centro de gravedad: la economía española,pendiente de un rescate exterior. Las declaraciones del presidente,Mariano Rajoy han ido del “no habrá rescate” de hace un mes al “vamos a ver lo que hace el BCE y entonces, tomaremos la mejor decisión para los españoles” de ahora. El rescate, suave o duro, parece hecho, y solo está por ver qué condiciones comporta. Fuentes del Gobierno admiten que el gasto en las pensiones, lo único considerado intocable hasta ahora, ya no lo es; y que los impuestos podrían volver a subir en breve. Hay que cerrar el año con un déficit equivalente al 6,3% del PIB y a ese dios se sacrificará lo que haya que sacrificar.
La petición de ayuda al fondo de rescate, y al Banco Central Europeo (BCE), para que desinflen el asedio de los mercados enfrenta al Gobierno a una disyuntiva complicada. El acuerdo del último Consejo Europeo y los drásticos ajustes asumidos avalan que no sean necesarias nuevas condiciones. Pero condicionar la prima de riesgo española a las compras de bonos que quieran hacer el fondo europeo y el BCE concede a Bruselas un arma de disuasión definitiva ante cualquier desvío del déficit público español.
“No hay nada que nos puedan exigir de fuera que no vaya a hacer ya el Gobierno en los próximos meses. Rajoy está absolutamente decidido a cumplir el objetivo de déficit, con rescate o sin rescate”, defiende un miembro de su Ejecutivo. “Quiere ganarse el crédito de que cumple lo que prometió. Es muy posible que se tomen medidas mucho más drásticas de las que en estos momentos tenemos”, añade.
Según las cuentas del ministro de Economía, Luis de Guindos, el Eurogrupo “definirá el procedimiento” del rescate a mediados de septiembre. Antes de formalizar la petición de ayuda, el Ejecutivo quiere asegurarse de que está en disposición de cumplir con el objetivo de déficit. Porque lo que sí comportará el rescate será una exigencia de información continua a Bruselas sobre gastos e ingresos públicos.
El rescate solo parece pendiente de que se conozcan sus condiciones
La evolución del gasto, con los recortes que hemos hecho, más o menos la tenemos clara; lo que no sabemos es cómo van a ir los ingresos”, admiten en el Gobierno. En la primera mitad del año la cosa no fue bien: la recesión y la presión de los mercados —el pago de intereses ha aumentado en 3.000 millones —, han desbordado las previsiones del Ejecutivo. La recaudación por IRPF crece, tras el notable aumento en los tipos, pero no al ritmo previsto. El descalabro del IVA y, en menor medida, de los impuestos especiales, da fe de la debilidad del consumo. Y, por cómo Hacienda presenta los datos, es difícil dilucidar si la reforma del impuesto de sociedades había dado, hasta junio, el resultado esperado. En conjunto, los ingresos impositivos descienden un 3,5% en tasa anual, aunque Hacienda limita la caída al 1,4% por las devoluciones. Muy lejos, en cualquier caso, de lo que presupuestó para 2012: un incremento a un ritmo anual del 4,3%.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informará al resto del Gabinete a mediados de septiembre sobre cómo ha evolucionado la recaudación en verano. “Si los ingresos siguen cayendo, probablemente habrá que volver a subir los impuestos y volver a recortar el gasto, aunque aquí ya prácticamente no se puede tocar más”, añaden esas fuentes.“
"Es muy posible que se adopten medidas mucho más drásticas aún”
En la valoración que pueda hacer Montoro habrá casi tantas certezas como incertidumbres. Hacienda sabe cuánto ahorrará por haber eliminado una paga extra de los empleados públicos (más de 5.000 millones), pero no sabrá si las estimaciones que hizo para la subida del IVA (en vigor desde el 1 de septiembre) o los retoques a la reforma del impuesto de sociedades (desde el mes pasado) van por buen camino. Y a eso hay que sumar una incógnita absoluta: cómo irá la amnistía fiscal, que se cierra a finales de noviembre.
Junto a las incertidumbres, dos certezas lastran el balance: las cuentas de la Seguridad Social, debilitada por un desempleo incesante, y las de las comunidades autónomas, retrasadas en el notable ajuste al que están obligadas, se comerán, como poco, el margen de déficit —del 5,3% al 6,3%—, que Bruselas concedió este año. Y la recesión, más grave de lo que reconoce el Gobierno, obliga a más ajustes para 2013.
Montoro informará al Ejecutivo de la recaudación obtenida este verano
En los impuestos, hay aún margen. Con los tipos máximos del IRPF en niveles altos para el promedio europeo, algunos expertos apuntan a las deducciones. Eliminar la deducción por vivienda con carácter retroactivo (se recuperarían 6.000 millones de ingresos) o por aportaciones a planes de pensiones (unos 2.000 millones más) va en la línea de lo que recomiendan organismos internacionales, aunque la factura política sería alta. Un recargo extraordinario para los más ricos o un nuevo impuesto a las grandes fortunas, como pide el PSOE, no están en el guion de Rajoy, pero la crisis ya ha propiciado giros más bruscos.
El Fondo Monetario Internacional aboga por subir más el IVA, pero aprobar otro incremento en 2012,cuando apenas ha entrado en vigor el alza del 18% al 21%, es una pirueta rocambolesca, incluso ahora. En los impuestos especiales, Industria pretende establecer un recargo sobre el gas natural, pero el esquema no está cerrado, ni se puede descartar que no se extienda a gasolina y gasóleo. Aumentar el gravamen en bebidas alcohólicas o tabaco es otra opción, como lo es establecer nuevas figuras tributarias para proteger el medio ambiente, uno de los consejos habituales de Bruselas.
“El único gasto que queda por tocar es el de las pensiones”, reconoce el miembro del Ejecutivo. Es la última línea roja, como ha reiterado Rajoy. Es también la partida de gasto más voluminosa, 115.000 millones si se incluyen los pagos a funcionarios jubilados. Y un caballo de batalla de las autoridades europeas, que creen que es un gasto excesivo en función de la esperanza de vida española, que es un sistema que acabará empujando la deuda pública más allá del 100% del PIB.
De Guindos confirmó este sábado que se va a limitar la jubilación anticipada, para acercar la edad de retiro efectiva a los 67 años que aceptó el Gobierno socialista como nueva edad legal. Además, se abordará también ya la definición del factor de sostenibilidad de las pensiones: es decir, que al fijar la edad de jubilación, la cuantía de la pensión y su revalorización, se tendrán en cuenta las condiciones económicas y la esperanza de vida. Solo un debate exprés, extraño al Pacto de Toledo, y una aplicación radical de ese nuevo criterio —se preveía empezar a usarlo en 2032— podría desembocar en efectos inmediatos.
El desempleo sigue lastrando los ingresos de la Seguridad Social
Rajoy también puede plantearse anular por las bravas la revalorización de las pensiones —el repunte de la inflación por el IVA y otras subidas de impuestos acarrearán un sobrecoste de unos 3.300 millones—. Y, desde luego, congelarlas en 2013, aunque eso le obligaría a tragarse el sapo de hacer lo mismo que criticó con tanta dureza al anterior presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. En una situación límite, puede disponer incluso del Fondo de Reserva (acumula 68.000 millones) para cubrir el desfase de las pensiones. Ninguna posibilidad es descartable, sobre todo si se depende del auxilio europeo. Algo que ya está asumido dentro del Gobierno: “Aunque la prima ha bajado, la sensación no es ni mucho menos de que esto haya mejorado. La tensión es la misma. Estamos muy preocupados”.
Cuenta atrás para los sin papeles
El Gobierno prepara nuevos recortes y, a la vez, empieza a lidiar con las consecuencias de los recortes ya aprobados. El 1 de septiembre, cerca de 150.000 inmigrantes irregulares (salvo menores y embarazadas) verán desactivada su tarjeta sanitaria: perderán así el derecho a ser atendidos en la red pública, aunque podrán seguir acudiendo a urgencias. La decisión, anunciada en abril, ha generado incertidumbre entre muchos sin papeles y la oposición de asociaciones, partidos políticos y numerosos profesionales médicos.
Cinco comunidades —Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña— y más de mil médicos han anunciado que no cumplirán la orden de Sanidad y seguirán atendiendo a todo el mundo. Pero nadie sabe cómo lo harán exactamente (tendrían que crear un sistema de salud paralelo). Y tampoco el ministerio sabe qué consecuencias tendrá su medida; si, por ejemplo, podría derivar en una saturación de las urgencias o incluso en un problema de salud pública. Sanidad ha sugerido que a los sin papeles con dolencias crónicas los atenderá (cobrando a sus países), pero no explica cómo lo hará si desactiva sus tarjetas. Es un incendio cuya dimensión se verá a partir de septiembre.
El Gobierno, en cualquier caso, es consciente de la polémica. “Estamos preocupados por la imagen que se pueda estar dando de que este es un Gobierno de desalmados”, se lamenta un miembro del Ejecutivo, que asegura que la intención no era dejar fuera del sistema a los sin papeles sino “acabar con el turismo sanitario” de extranjeros que vienen a España solo para recibir tratamiento médico gratuito y luego regresan a su país. “Es posible que la medida tenga que ser afinada”, afirma.
Por el momento, lo único que se apunta desde Sanidad —según un borrador de orden al que tuvo acceso EL PAÍS— es que podría crearse un sistema paralelo, de pago (unos 700 euros al año), para los inmigrantes que puedan afrontarlo.
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