Implicación absoluta de la Monarquía y el Gobierno
19 agosto 2012
Una empresa española negocia desde hace meses, con el apoyo activo del Estado, la mayor venta de armamento en la historia de la industria armamentística española, consistente en la compra de unos 600 tanques Leopard por parte de Arabia Saudí. Sin embargo, la venta de los blindados a una dictadura violaría la legislación española y europea.
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El pasado 30 de julio, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, viajó de urgencia a Berlín para entrevistarse con su homólogo alemán, Thomas de Maiziére. De fondo, la venta de hasta 600 tanques ‘Leopard 2’ a Arabia Saudí, que el Estado español lleva meses negociando con la monarquía saudí, pero que ahora se ve perjudicada por el interés de Alemania, propietaria de la patente de fabricación.
La operación se viene gestando desde hace meses y al más alto nivel, con la implicación de la Casa Real y del propio Gobierno, que el pasado 25 de mayo aprobó un Real Decreto Ley que autoriza al Gobierno español a firmar contratos de suministro de armas con gobiernos extranjeros. Lo hizo para satisfacer una demanda de Arabia Saudí, que exigía que el contrato con la empresa fabricante, Santa Bárbara, tuviese el aval del Estado.
Se trata de un tanque de combate creado por la empresa alemana Krauss Maffeei, pero fabricado también por la española Santa Bárbara –propiedad de la estadounidense General Dynamics–. Para poder cerrar la operación, la empresa española debería obtener el permiso de la alemana, propietaria de la patente; pero parece que Krauss Maffeei no quiere desaprovechar un negocio valorado por medios alemanes en 10.000 millones de euros.
El problema radica en la catadura moral de la operación, que supone vender armamento pesado a una dictadura como la saudí, que reprime tanto la oposición interna como la revuelta en su área de influencia, como se pudo ver en Bahrein. Desde el Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs denuncian que la venta violaría la legislación española «al vulnerar la Posición Común de la Unión Europea». La vulneración se produciría, «como mínimo», en los criterios segundo –relativo a los Derechos Humanos en el país comprador– y cuarto –referido a preservar la paz, la seguridad y la estabilidad regional–.
«La venta de blindados a la dictadura de Arabia Saudí puede suponer que estas armas sean utilizadas para violar los derechos humanos de la población saudí o de los países limítrofes –las fuerzas armadas saudíes invadieron Bahrein para reprimir demandas de democracia– y, además, supone poner en peligro la paz regional de Oriente Próximo, en incrementar la carrera de armamentos entre los diversos países de la región, especialmente con Irán e Israel», especifica el Centro de Estudios catalán.
Pero este problema moral parece ser la mayor baza española. Pese a que el Gobierno de Angela Merkel ya habría dado el visto bueno a la venta, las voces contrarias a la operación se han alzado tanto en la oposición como en el propio partido de la presidenta.
Lejos de las dudas alemanas, en el Estado español el PSOE no ha dicho esta boca es mía, mientras que el ministro de Defensa, estrechamente vinculado a la industria armamentística, defiende a capa y espada la venta de los tanques. Tras la entrevista con su homólogo alemán, Morenés no quiso valorar el régimen saudí, limitándose a señalar que «España apoya a sus empresas». Cada país tiene «su manera de establecer el bienestar de su población», sentenció.
Rebelión
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