Natalia Junquera 5 agosto 2012
El exmagistrado de la Audiencia Nacional liderará el equipo jurídico
de Assange
Desde su inhabilitación, Garzón ha creado un bufete y una fundación
pro derechos humanos
Cuenta Baltasar Garzón entre risas que, al verle caminar solo, sin escoltas, hay gente que le para por la calle y se ofrece a escoltarle hasta el sitio donde vaya. Lo dice mientras entra en el parque del Retiro sin esas sombras que le han acompañado y protegido durante años de una larguísima lista de enemigos —la más larga que ningún juez podría escribir en España— y cuya retirada abrupta provocó un duro enfrentamiento con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La escolta no es un servicio de mayordomía que presta el Estado”; el riesgo de Garzón no viene “de los terroristas, sino de la ciudadanía”, dijo el número dos de Interior. Él dice que no tiene miedo. Sigue recibiendo amenazas de muerte, pero ya no en España, sino en los sitios donde ahora trabaja: Colombia, México..., donde sí tiene protección.
Hace algo más de dos años y dos meses que bajó las escaleras de la Audiencia Nacional por última vez, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez Luciano Varela, instructor de la causa contra él por la investigación de los crímenes del franquismo, dictara siete resoluciones en un día para forzar su suspensión. Y han pasado casi seis meses desde que fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel,poniendo fin a una carrera judicial de 31 años, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, desde donde desarticuló el entramado de ETA, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo, y ordenó la detención del general Pinochet. “Yo soy juez, no ex. Todavía tengo mi título”, se resiste. Está decidido a luchar “hasta el último aliento” en todas las instancias judiciales por que un tribunal diga que esa sentencia “nunca debió dictarse”.
Del vacío que esa condena ha dejado en Garzón habla la delirante lista de trabajos y compromisos que ha adquirido para rellenarlo: además de asesorar a la justicia colombiana y a la mexicana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, supervisa la reforma de la función judicial en Ecuador, asesora a la cámara de diputados argentina en asuntos de derechos humanos, colabora con la Unesco y con la Universidad de Seattle, ha creado una fundación para promover la jurisdicción universal y acaba de asumir la defensa del enemigo público número uno de EE UU, el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Fue el australiano quien hizo la primera llamada, y el pasado 19 de julio se vieron en Londres, en la Embajada de Ecuador, donde Assange ha solicitado asilo. Garzón aceptó coordinar su estrategia de defensa. Le han echado de la judicatura, pero con Assange regresa de alguna manera al lugar donde más le gusta estar: en mitad del incendio, a punto de abrasarse o de salvar a alguien. Esta es la primera entrevista que concede desde que fue condenado.
Pregunta. ¿Por qué aceptó coordinar su defensa? ¿Qué impresión le causó Assange?
Respuesta. Es bastante diferente de las fotos que yo había visto. Me pareció una persona muy firme en sus convicciones, en su defensa de la libertad de prensa, de información, de expresión. Le vi muy tranquilo, pese a su situación de riesgo para su integridad física y psíquica. Vi que no tiene ningún temor a que se le juzgue, pero quiere que se haga con garantías. Se le está investigando y persiguiendo por algo diferente de lo que se dice. Yo he asumido su defensa pro bono, sin honorarios de por medio, porque creo en su inocencia y en su causa. Para mí es evidente que la petición desde Suecia [le reclaman para interrogarle por acusaciones de abusos sexuales y violación] es la excusa para juzgarle en EE UU por revelar informaciones que afectan a las instituciones norteamericanas en un proceso similar a los que se están produciendo desgraciadamente en el área de terrorismo. La fiabilidad de ese juicio es nula. Assange no tendría un juicio justo en EE UU porque no sería un juicio por hechos delictivos reales, sino una pura represalia política por las informaciones que dio. Si no le conceden el asilo, pediremos en los tribunales internacionales que se garanticen sus derechos.
“La petición de Suecia es la excusa para llevarle a EE UU. Assange no tendría un juicio justo allí. Sería una represalia política”, explica Garzón
P. ¿Participará también en la defensa de Manning, el soldado al que el Pentágono acusa de alta traición por filtrar cables de Wikileaks?
R. No conozco a Manning. No se puede hablar con él porque está en una especie de secuestro legal, en una situación realmente dramática, incomunicado y sometido a un maltrato físico y psíquico evidente. Sé que sus abogados van a presentar una demanda por torturas.
P. ¿Assange puso a gente en peligro al publicar miles de cables diplomáticos sin ocultar fuentes?
R. Hubo una contención en esas publicaciones y uno de los problemas que Assange tiene ahora es precisamente que no se publicó toda la información que tiene. Tememos por su seguridad porque se intuye que los que no tienen esa información pueden intentar que no se conozca nunca. Lo que hemos conocido por Wikileaks no se refería a grandes hechos que hubieran cambiado la humanidad, sino más bien a hechos zarrapastrosos, de suciedad y política de bajo nivel. A mí me sonrojan muchas de las informaciones que conocimos y que desmontan ese tópico de la grandeza de determinados servicios de inteligencia y diplomáticos. Creo que Wikileaks debería contribuir a una reformulación con profundidad de esos servicios y el sentido de los mismos en una época en la que la guerra fría ya está lejos.
P. Pero en la última tanda de cables publicados se revelaba la identidad de activistas de derechos humanos. ¿No los puso en peligro?
R. No he hablado con él de esas publicaciones en concreto. Se lo preguntaré. Habría que analizar cuál ha sido el riesgo y si se ha producido alguna incidencia.
“Yo sabía que esto podía ocurrir. Estaban obsesionados conmigo. Querían mi muerte civil por celos, por envidias”
R. Fue una tristeza descubrir que hay personas que se puedan dedicar a eso en vez de trabajar seriamente por la justicia. Quien lo haya hecho, algún día tendrá que explicar por qué. Me causó indignación ver que un país amigo y democrático realizara ese tipo de interferencias, propias de otras épocas históricas.P. ¿Fue una sorpresa descubrir en esos cables los intentos de EE UU para frenar en la Audiencia Nacional las causas de Guantánamo, José Couso y los vuelos de la CIA con la colaboración de políticos y fiscales españoles?
Dice que ya es “agua pasada”, pero aún se indigna al hablar de las tres causas que el Supremo abrió contra él simultáneamente y de la condena que finalmente le apartó de la judicatura. “Nunca se tendría que haber producido. No pueden condenar a un juez por interpretar la ley de una forma que no les guste, y con una sentencia que trasluce animadversión contra mí con expresiones claramente fuera de lugar”. Le dolió especialmente la de prácticas propias de “regímenes totalitarios”. “En mi juventud, lo único que hice fue pelear contra la dictadura. Soy juez desde los tuétanos y comencé mi ejercicio profesional después de la Constitución, al contrario de algunos de los que estaban en ese tribunal —el Supremo—. No he bebido de otras fuentes más que de la lucha contra los totalitarismos, por activa y por pasiva, despierto y en sueños. No sé si ellos pueden decir lo mismo.
P. En el recurso que ha presentado en el Constitucional dice que su condena estaba “escrita de antemano”. ¿En qué momento cree que se decidió su suerte? ¿De dónde cree que viene esa animadversión?
R. Creo que mi condena se decidió desde el principio, cuando se admitieron a trámite las querellas en el caso de la memoria histórica de unos actores populares [Falange y Manos Limpias] que, cuando menos, dejan bastante que desear. ¿Y qué sentido tenía abrir un procedimiento como el de Nueva York [por el patrocinio de unos cursos] cuando ellos mismos [la sala penal del Supremo y el Poder Judicial] lo habían cerrado? ¿Por qué se mantuvo el procedimiento abierto si estaba prescrito? ¿O es que vino la iluminación del arcángel san Gabriel para el señor Marchena [Manuel, instructor de la causa] y se dio cuenta dos años y pico después de que estaba prescrito? ¡Es muy fuerte! A cualquier jurista debería darle vergüenza ver esto. Abrió una investigación general contra mí, la extendió a mi familia, a todo mi patrimonio. Extendió dudas incluso a la hora de archivar [el caso], y lo hizo en medio de otra deliberación de la que él formaba parte [por la causa de las escuchas de Gürtel]. ¡Pero estamos locos! Yo no he visto una cosa igual ni aquí ni en la peor de las dictaduras que haya conocido. En el caso de la memoria histórica y de Gürtel se demostró en el juicio que mi caso no era el único, sino el de varios jueces más. Si al final hubiesen procedido contra todos los que participaron, podría tener algún sentido, pero no fue así. El ministerio fiscal dio su conformidad a esas medidas [las escuchas] y otro magistrado las confirmó. Hasta utilizaron como indicio en mi contra un borrador del anteproyecto que presentamos para demostrar que las escuchas en estos casos no estaban reguladas y que se tenía intención de hacerlo, con lo cual era evidente que no estaban tipificadas. Crearon el delito, lo inventaron para condenarme por lo de Gürtel. Claro que mi sentencia estaba escrita de antemano. Cualquier ciudadano que haya seguido el juicio lo sabe. Y hay un doble rasero que se vio desde el momento de admisión de las querellas cuando dijeron que no era inverosímil que yo hubiera cometido un delito. Aplicando la misma teoría, al presidente del Supremo, Carlos Dívar, tendrían que haberle abierto un procedimiento, pero en 15 minutos decidieron que no hacía falta. A mí me abrieron tres. La justicia no es igual para todos.
P. ¿Cree que deberían haber investigado a Dívar?
R. Yo respeto al magistrado Dívar. Pero si no era inversosímil que yo hubiese cometido un delito en los casos de la memoria histórica, Gürtel o Nueva York, tampoco debería serlo en el caso de la denuncia que un propio vocal del Consejo General del Poder Judicial [José Manuel Gómez Benítez] puso contra él por utilizar presuntamente fondos públicos para fines particulares. Eso tiene un nombre en la ley española. Pero, vamos, que no solo es el caso de Dívar. Deberían investigarle a él y a otros altos responsables judiciales que podrían estar en una situación similar, según varias denuncias. Ya que se han invertido recursos del Estado en investigar a un juez por triple vía, a ver si caía de alguna forma hasta que cayó, sería muy bueno empezar una purificación por ahí. Para la sociedad española hubiera sido una lección impresionante conocer en qué gastan el dinero no ya el presidente, sino los consejeros del Poder Judicial cuando salen de viaje; como sería genial que el Consejo investigara si los honorarios que se perciben por cursos financiados por entidades bancarias o por preparar a otros jueces y fiscales se declaran o no a Hacienda... Hay un tabú permanente y me parecería genial que se investigase todo eso, pero claro, la doble moral... Parece que las puertas del infierno se abrieron para acabar con Garzón, y cuando se acabó con Garzón se volvieron a cerrar.
“La justicia no es igual para todos. A mí me abren tres procesos y a Dívar deciden en 15 minutos que no hay que investigarle”
R. Objetivamente, soy víctima de una injusticia, pero subjetivamente no me siento así, porque yo sabía el terreno en el que jugaba. Sabía que esto podía ocurrir. Estaban obsesionados conmigo. Querían mi muerte civil. Pensaron: “Se acabó Garzón. Este es el momento”. Querían acabar con un determinado modelo de juez, que era yo, que no les gustaba, por envidias, por celos, por muchas cosas de esas que nos acompañan tanto a los españoles. Yo he procurado siempre, dentro y fuera de España, defender a la justicia española y a los que la administran. Nunca he ido, al contrario que otros muchos, a denostarla, y por eso me dolía y aún me duele tener que explicar esto. Fuera de España nadie lo entiende. A estas alturas no creo que ni ellos mismos entiendan cuál fue la razón. Yo sí. Sé que no fue una razón jurídica. Me da pena, siento vergüenza como ciudadano español, como juez, de que esto haya sucedido. A ningún juez le deseo que le ocurra lo mismo, y mucho menos por motivos tan oscuros.P. ¿Se siente una víctima?
P. Además de esa animadversión de sus colegas de la que habla, ¿cree que pudieron influir otro tipo de enemigos?
R. Imagino que no ha sido solo eso. Eran temas que afectaban a puntos neurálgicos. El del franquismo hizo mucho daño porque todavía no se ha superado y hay un sector de la población y sobre todo de la política que no quiere que se toquen esos temas, y lo que menos le importan son las víctimas. Ese fue el detonante. Gürtel era el caso de corrupción de más amplitud y mayor incidencia en el mundo político y, además, afectaba a un partido que ahora está gobernando. La incidencia que eso pudo tener la viví porque hubo personas como Federico Trillo que, por encargo del PP, coordinaron ataques contra mí a todos los niveles y con clara incidencia en determinados sectores judiciales. A mí me han jodido, eso está claro. Me han quitado mi profesión, me han sacado fuera, pero voy a seguir peleando mientras me quede una gota de aliento porque creo que se lo debo a la función judicial.
P. ¿Confía en la justicia española?
R. Sé que hay buenos y grandes jueces y fiscales, pero sé que también hay malos jueces y fiscales que anteponen su ideología y su propio interés al de la justicia y nadie les juzga o les controla. Son intocables. Hay que modificar el sistema para definir claramente cómo juzgar a los que están, por ejemplo, en el Supremo. No pueden juzgarse a sí mismos. Tampoco es bueno el sistema de elección del Consejo. El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, el poder judicial reside en el pueblo, y tendría que ser el pueblo el que eligiera a sus miembros. Solo así podríamos decir que el CGPJ está realmente legitimado.
P. Ha recurrido su inhabilitación al Constitucional, y la asociación de juristas Medel ha presentado una petición de indulto en su nombre. ¿En qué opción confía más?
R. El indulto yo no lo he pedido. Medel lo hizo en mi nombre y me enorgullece y reconforta que jueces de toda Europa y de Latinoamérica que se han adherido a esa petición te reivindiquen. Pero a mí lo que me interesa, aparte de agradecer ese gesto, es que el sistema judicial establezca que sufrí un proceso sin garantías; que se violaron mis derechos fundamentales y que esa condena nunca debió producirse. Siempre he confiado en el Constitucional, y si no se reconocen mis argumentos seguiré confiando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y acudiré hasta el final, no solo para defenderme a mí, sino para defender la independencia del poder judicial, que ha sido agredida desde dentro. Creo que, al final, en alguna instancia se establecerá que no hubo garantías y que los casos contra mí eran artificiales.
P. ¿Cree que está demasiado desacreditada la justicia española?
R. Habría que preguntar a los ciudadanos. Desde luego, no es de las instituciones mejor valoradas. ¿Han podido influir los casos contra mí? Sin lugar a dudas. Y fuera hay un desprestigio por el mazazo de la ley de jurisdicción universal de noviembre de 2009 y la aplicación restrictiva que han hecho los tribunales y el propio Supremo. España había conseguido una posición preeminente en la defensa de los derechos humanos desde los casos de Argentina, Pinochet, Guatemala..., ahora se ve la regresión en la defensa de los derechos humanos. Tampoco ayuda que se ignoren los requerimientos del Comité de Prevención de la Tortura, que todavía haya reticencias a corregir determinadas prácticas como el tratamiento de las incomunicaciones. La lucha limpia es la única vía posible contra el terrorismo. En muchas cosas hemos ido para atrás y eso es muy preocupante.
P. Tras la condena ha abandonado España. ¿Se siente desterrado, exiliado?
R. Me siento el último exiliado de franquismo. Aunque la condena la pusieran finalmente por el tema de Gürtel porque era aparentemente la menos costosa para los que habían decidido que esto se acabara.
P. ¿Le gustaría que prosperara la causa contra el franquismo en Argentina?
R. Las víctimas del franquismo no han sido defendidas nunca y ahí incluyo a todo el espectro político y social de España. Están solas y yo no voy a consentir que sea así: desde el lugar en que esté voy a seguir peleando por que se les reconozca su derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia, pese a las decisiones del Supremo. Cuando aquí iniciamos las investigaciones sobre Argentina lo hicimos porque creíamos que teníamos que hacerlo. Argentina ahora está haciendo lo mismo. Ojalá prospere esa investigación. Esa es la grandeza del principio de jurisdicción universal: que es un principio, como dice mi compañera la fiscal Dolores Delgado, de ida y vuelta.
P. ¿Se ha planteado volver a la política?
R. En este momento, no. Sí quiero participar en la vida política, sobre todo en estos momentos de crisis, pero eso no significa estar en la política parlamentaria, sino a través de mis artículos...
P. ¿Le han tentado?
R. No, nadie me ha tentado, pero sí he hablado con personas muy preocupadas por la situación de España sobre el cambio profundo que debe experimentar el sistema democrático. Tenemos el 15-M, una clara muestra del desapego de la política tradicional de los jóvenes y los no tan jóvenes por la falta de transparencia, la corrupción... Desde mi punto de vista hay determinados delitos económicos y financieros que podrían ser crímenes contra la humanidad porque nos afectan a todos. Me refiero, por ejemplo, a esas agencias de calificación que son capaces de arruinar a decenas de miles de personas; a las entidades reguladoras que no regularon nada, a los que han dejado a señores de 80 años sin ahorros con las preferentes. La justicia debe emplearse a fondo en esos casos para exigir responsabilidades hasta las últimas consecuencias.
P. “En este momento, no”. ¿Quiere decir que en un futuro sí se plantea volver a la política?
R. Lo voy a pensar.
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