Carlos Sánchez Mato
9 agosto 2012
Plataforma porla Nacionalizaciónde las Cajas de Ahorro
El ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos acaba de anunciar recientemente la próxima aprobación de disposiciones legales en las que “se establecerán las líneas generales de funcionamiento de las compañías de gestión de activos”. Podemos esperar sin lugar a dudas que en el Consejo de ministros que tendrá lugar el 24 de agosto se pondrá en marcha el “banco malo”. El Memorándum de Entendimiento rubricado por España con los países integrantes del Eurogrupo, obliga a tener plenamente operativo este instrumento en el mes de noviembre de este año y para ello es imprescindible la articulación legal previa.
La nueva rectificación del actual Gobierno (cuyos miembros se manifestaron contrarios a su implantación tanto en la oposición como en su actual responsabilidad) supondrá inyectar dinero público a las entidades financieras a cambio de sus “activos tóxicos”. En resumen, la operación consistirá en la adquisición créditos en situación de difícil cobro y activos inmobiliarios (viviendas y suelo) por parte del banco malo a cambio de la entrega a los bancos de liquidez inmediata que les permita mejorar su actual situación. La clave a la hora de evaluar el coste de la operación para el erario público, es el valor de transmisión de los activos. Si el banco malo los adquiere al valor “inflado” que actualmente tienen en el balance de las entidades, será éste (es decir, todos nosotros) el que asuma la totalidad de las pérdidas derivadas de su futura enajenación. Sin embargo, no podemos hacernos ilusiones en el que caso de que la opción adoptada contemplara que los activos fueran adquiridos al valor actual de mercado de los mismos. Si fuera esa la decisión, aflorarían mayores pérdidas en las entidades bancarias que en el marco del “rescate” también se ha acordado que tendrían que ser afrontadas por el sector público.
En definitiva, sea cual sea la opción finalmente adoptada, gana la banca y perdemos los ciudadanos.
A falta del diseño concreto que salga del poder ejecutivo, el banco malo dispondría de 10 años para vender o recobrar los activos tóxicos en él aparcados. Actuaría como una entidad “liquidadora de activos” a la que se inyectaría un capital inicial que provendría de la línea de liquidez firmada con el Eurogrupo. El capital inicial podría ascender hasta un importe de 25 mil millones de euros pero esa cantidad es absolutamente insuficiente para resolver el grave problema oculto en el balance de los bancos (309 mil millones de euros solo en el sector inmobiliario para los que existen 70 mil millones de euros de provisiones).
Por ese motivo, a partir de ahí, actuaría como un banco tradicional emitiendo deuda y utilizando esos bonos emitidos para pagar los activos adquiridos a las entidades. Con estos bonos, siempre y cuando el Banco Central Europeo los acepte como garantía, los bancos obtendrían liquidez para aliviar su extrema necesidad. Además de la socialización de las pérdidas que no podemos consentir, la evidencia económica muestra que esta medida en los términos en la que está planteada no servirá para solucionar el problema que tienen las entidades bancarias. Utilizar deuda (aunque sea emitida desde este nuevo banco malo) para resolver un problema de sobreendeudamiento garantiza un nuevo fracaso.
Una vez más se trata de una operación de salvamento en toda regla de las entidades bancarias utilizando para ello el dinero público e intentando disimular sobre “el pequeño detalle de quien pagará la fiesta”. No hay que ser muy listos para pensar que la factura no estará a cargo de los responsables de la quiebra sino de los ciudadanos.
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