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Las crisis tienen un efecto revelador que es de agradecer. Caen grandes torres que habían conseguido disimular la endeblez de sus cimientos. El caso Bankia es en este sentido canónico. Se ha desvelado un ejemplo insuperable de promiscuidad entre política y dinero. El Gobierno se vio obligado a entrar a saco en la entidad antes de que el desastre se lo llevara por delante. Al tomar la iniciativa confiaba en dirigir el proceso de rescate y todos sus derivados. Objetivos principales: controlar la información y evitar las consecuencias judiciales. Para ello se puso al frente a un profesional de reconocido prestigio en el sector, con el encargo explícito de hacer limpieza sin exigir responsabilidades a sus antecesores. Pero el caso Bankia era un escándalo demasiado grande para que la expansión de la ola producida por su intervención no siguiera creciendo. Poco a poco fueron apareciendo informaciones sobre los manejos de sus gestores (y de las instituciones contrayentes: Caja Madrid y Bancaja) y se fue componiendo un retrato plagado de actores señeros de la vida política (con protagonismo principal del PP) y del mundo económico y social. El impacto social fue enorme. Bankia y el escándalo de las preferentes han juntado a los banqueros y a los políticos en el papel de los peor valorados por la ciudadanía española.
Las crisis tienen un efecto revelador que es de agradecer. Caen grandes torres que habían conseguido disimular la endeblez de sus cimientos. El caso Bankia es en este sentido canónico. Se ha desvelado un ejemplo insuperable de promiscuidad entre política y dinero. El Gobierno se vio obligado a entrar a saco en la entidad antes de que el desastre se lo llevara por delante. Al tomar la iniciativa confiaba en dirigir el proceso de rescate y todos sus derivados. Objetivos principales: controlar la información y evitar las consecuencias judiciales. Para ello se puso al frente a un profesional de reconocido prestigio en el sector, con el encargo explícito de hacer limpieza sin exigir responsabilidades a sus antecesores. Pero el caso Bankia era un escándalo demasiado grande para que la expansión de la ola producida por su intervención no siguiera creciendo. Poco a poco fueron apareciendo informaciones sobre los manejos de sus gestores (y de las instituciones contrayentes: Caja Madrid y Bancaja) y se fue componiendo un retrato plagado de actores señeros de la vida política (con protagonismo principal del PP) y del mundo económico y social. El impacto social fue enorme. Bankia y el escándalo de las preferentes han juntado a los banqueros y a los políticos en el papel de los peor valorados por la ciudadanía española.
Pero la política tiene miedo. Tiene miedo a los ciudadanos y tiene miedo al dinero. Y por eso, el Gobierno sigue empeñado en evitar que se sepa lo que ha pasado. La conversión de la crisis económica en crisis social es imputable a los dirigentes políticos, que son los que quitan dinero de las prestaciones sociales y lo dan para rescatar a los bancos. Por pura equidad, la ciudadanía tiene derecho a saber y a que paguen quienes hayan cometido delitos. Naturalmente, esta tarea esclarecedora la tenía que iniciar el Parlamento, que por algo representa, o debería representar, a la ciudadanía. No lo ha hecho. Unas comparecencias descafeinadas (y a puerta cerrada), fruto del bloqueo del PP y la timidez del PSOE, no son lo que la gravedad del caso requiere. Las comisiones de investigación son uno de los grandes fracasos de la democracia española, porque no buscan esclarecer hechos, sino imponer una falsa verdad por mayoría política. Pero ello exige reformarlas, no inutilizarlas. Para que funcionen es condición necesaria que los diputados entiendan que cuando asumen una responsabilidad en una comisión, su compromiso es con la verdad concreta de las cosas y no con las consignas del partido. Ahí le duele. Pero un Parlamento democrático funciona así. Aquí se ha impuesto el miedo y la complicidad de casta.
Hay que agradecer a UPyD que haya roto el círculo de la impunidad acudiendo a los juzgados. La Audiencia Nacional ha aceptado tramitar elcaso Bankia. Es un primer paso hacia la reparación a la que la ciudadanía tiene derecho. El procedimiento solo ha empezado. Los obstáculos serán enormes, y las cautelas con las que la fiscalía apoya la admisión de la querella dan que pensar. La autonomía de la justicia, que dicho sea de paso, acaba de caer al nivel de los políticos y los banqueros a ojos de la opinión pública, será sometida a duras pruebas. Es previsible que el Gobierno haga cuanto esté en su mano para que el proceso no prospere. Hay muchísimos intereses en juego en este caso, especialmente en las élites madrileñas y valencianas. Navegando entre la complicidad y la impotencia, el Gobierno y el Parlamento no han cumplido con sus obligaciones con la ciudadanía, a la que una vez más le toca pagar el despilfarro.
Los años de la impunidad, del todo es posible, del todo está permitido, han abierto una enorme brecha en la sociedad entre las élites y la mayoría de los ciudadanos. Con razón se pregunta Michel Wievorka: ¿continuaremos viviendo en sociedad? Dicho a mí manera: ¿podemos seguir pensando en una sociedad de semejantes con recursos y derechos suficientes para estar vinculados los unos con los otros, o vamos hacia una sociedad en la que los ciudadanos cada vez vivirán más aislados, en la selva de la competencia sin límites y de las cada vez más desiguales relaciones de fuerzas? Es cierto que, por razones de supervivencia, la crisis ha hecho renacer formas de socialización básicas, pero si los Gobiernos no recuperan autonomía y ofrecen a la ciudadanía la defensa contra los abusos de los más fuertes, la suerte está echada. Bankia es una prueba.
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