Las cuantiosas ayudas del Estado avalan la investigación
Por torpeza, avaricia o incapacidad (o la suma de todo ello), los ejecutivos de una parte del sistema financiero se encuentran a los pies de los caballos. Han hecho méritos para convertirse en los villanos de la sociedad que ve cómo aumentan el paro y los impuestos al tiempo que bajan los servicios públicos y la inversión en educación y sanidad.
A la vez, buena parte de esos directivos de entidades socorridas por el Estado han recibido sueldos millonarios, han cortado el crédito y han vendido preferentes, un activo tóxico que amenaza con arruinar a casi 100.000 clientes. Con este ambiente de fondo, se inician mañana las comparecencias de los principales actores de la crisis financiera en laComisión de Economía del Congreso.
Y tiene razones la Cámara, en representación de los ciudadanos, para investigar. El dinero comprometido por el Estado para salvar a una parte de las antiguas cajas de ahorros suma 150.553 millones. Esta cifra incluye, según el reciente informe Reestructuración y bancarización de las cajas de ahorros, realizado por UGT, las participaciones preferentes, el capital directamente inyectado, los fondos comprometidos para garantizar morosos de entidades quebradas, la compra de activos financieros y, sobre todo, los avales, que suman 95.367 millones. Por esta última ayuda las entidades han pagado más de mil millones en comisiones al Gobierno.
En los 150.553 millones se incluye la participación del Fondo de Garantía de Depósitos, que está financiado directamente por la banca e indirectamente por sus clientes. Solo el Santander y el BBVA han emitido en esta crisis sin el paraguas del Estado, aunque el banco vasco ha adquirido Unnim, que contaba con ayudas en su balance.
Y el apoyo público no ha terminado. Como recordaba el informe de UGT, Bankia está pendiente de recibir 19.000 millones de Europa, garantizados por el Estado español. Y otros 43.000 millones más el resto de las entidades con problemas, según los cálculos del consultor Oliver Wyman. Es decir, si no hay sorpresas desagradables (de las que siempre aparecen en esta crisis), una parte del sector financiero absorberá recursos públicos por hasta 212.000 millones. Una fortuna incomprensible para la sociedad.
El impacto de la crisis financiera en su sector se traduce en la pérdida de 30.172 puestos de trabajo y el cierre de más de 5.700 oficinas. La pérdida de estas sucursales “dejará al 12% de la población española situada en núcleos rurales en exclusión financiera”, según José Miguel Villa, secretario de banca de UGT.
Este sindicato aboga por la creación de una banca pública con las cajas nacionalizadas que garantice la llegada del crédito a familias y a pymes solventes ya que lo peor de la crisis financiera son los más de 5,5 millones de parados. “No hay otro camino para reflotar España”, asegura el secretario de banca de UGT.
Entre las cajas que han recibido la mayor parte de las ayudas destacan la CAM (“lo peor de lo peor”, según Miguel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España) y Bankia, con 44.000 y 42.000 millones de euros respectivamente. A continuación, dos cajas superan también los 10.000 millones en ayudas: Catalunya Caixa y NovaGalicia Banco. Los directivos de estas entidades pasarán por el Congreso entre la semana que viene y septiembre.
Pero lo peor de esta situación no es solo haber recibido tantísimas ayudas, es que en este grupo de entidades están los directivos que más cobran. En 2011, ejecutivos de cajas con ayudas directas del Estado cobraron 77,65 millones entre sueldos, pensiones y derechos de blindajes.
Ante esta escandalosa situación, el Gobierno redactó un real decreto en febrero pasado para limitarlos entre 600.000 y 300.000 euros. Al ejecutivo al que más afectó esta medida fue a Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y BFA-Bankia. Su salario fijo era de 2,38 millones, por lo que le suponía dejar de ingresar 1,78 millones. Además, Rato tenía alrededor de dos millones más en retribución variable que en 2011 no cobró, según la entidad. Otros ejecutivos de Bankia también tenían grandes remuneraciones: José Luis Olivas, copresidente de Bankia, 1,62 millones, e Ildefonso Sánchez, director financiero, 1,58 millones.
Lo que ganaron los directivos de las cajas en 2010 es un misterio porque no lo declararon ya que la ley no se lo exigía.
Pero lo más sangrante para la sociedad ha sido comprobar todo lo que se llevaron antes los responsables de la quiebra de cajas que fueron nacionalizadas. Un grupo de 10 exdirectivos de Caja Madrid reclamó 25 millones tras su salida, cantidad que no han cobrado, pero algunos los reclaman judicialmente.
Tres directivos de Novacaixagalicia percibieron 32 millones. Entre ellos destaca José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia, la entidad que hundió la fusión gallega. Méndez percibió unos 17 millones tras ejercer el poder total durante 29 años. Fue vetado por el supervisor y no pudo continuar en la caja fusionada. José Luis Pego, directivo de Caixanova, tenía derecho a cobrar 10,8 millones a su salida. El antiguo director general de la CAM Roberto López Abad cobró 3,8 millones “de indemnización” al dejar la caja.
Los consejos de administración permitieron los abusos que están bajo investigación judicial. ¿Qué hizo el Banco de España? Poco o nada, porque dijo que solo intervenía si los salarios afectaban a la solvencia de la entidad y no atajó la avaricia.
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