ANDRÉS MUÑIZ Madrid 26/07/2012 08:00
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca exige la inmediata paralización de los desalojos de la vivienda habitual, que se han multiplicado desde 2008
Más de 400.000 desahucios, es decir, desalojos a la fuerza de viviendas o locales, han sido ordenados por los jueces en España desde que se inició la crisis en 2008. Son cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al detectar que, hasta este año, las estadísticas oficiales no han incluido la totalidad de los desahuciosacordados por los juzgados, que dejan sin hogar, en muchas ocasiones, a familias con hijos y siempre con pocos ingresos o ninguno.
Los datos oficiales entre 2008 y 2011 incluyeron sólo los desalojos acordados por los servicios comunes de los juzgados dedicados a notificaciones y embargos, y aún así la cifra se elevó a 166.000. Pero en el primer trimestre de este año, no sólo se han contado los desalojos aprobados por esos servicios comunes, sino también por los juzgados de Primera Instancia donde no funcionan ese tipo de servicios. Con la nueva contabilidad, el número en sólo tres meses de 2012 se ha disparado a 46.559 desalojos.
Es decir, un total de 213.275 desahucios desde 2008. Teniendo en cuenta que el número de desalojos dictados por los juzgados de Primera Instancia ha resultado ser notablemente más alto que el de los servicios comunes (28.135 diligencias por 18.424, en el primer trimestre de 2012), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca calcula que la cifra real ha superado con creces los 400.000 desalojos desde 2008. En su descargo, hay que señalar que el Consejo General del Poder Judicial ha advertido en sus estadísticas que eran incompletas porque no incluían los datos de los juzgados de Primera Instancia, lo que ha subsanado este año.
Pero la portavoz de la Plataforma, Ada Colau, se queja de que las autoridades no realicen una radiografía seria y exacta de este problema que ahoga a muchas familias castigadas por el paro o por bajos salarios. Al hecho de que la estadística no haya estado completa por la no contabilización de muchos miles de desahucios, la portavoz echa en falta en los datos que señalen las entidades bancarias que instan los desalojos; los casos en que afectan a menores de edad; y que no distingan locales comerciales de viviendas, y, entre estas últimas, las habituales de la segundas residencias. No conocer esas circunstancias, explica Colau, impide intentar una solución ajustada y eficaz al problema.
113 desahucios paralizados
El 82% de las viviendas ejecutadas eran el hogar de al menos un menor de edad
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha logrado paralizar 113 deshaucios en toda España y ofrece apoyo y ayuda a los amenazados con desalojos, recoge firmas hasta el 31 de octubre próximo para presentar en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular, en la que establecen la dación en pago retroactiva, que permite saldar la deuda total con el banco entregando la vivienda, y exigen la paralización inmediata de los desahucios en los casos de vivienda habitual, dando cinco años a los ocupantes para continuar en la casa con un alquier social que no exceda el 30 por ciento de sus ingresos mensuales. En los primeros dos meses de recogida de firmas han reunido más de 200.000.
De acuerdo a una encuesta entre 6.000 afectados realizada este año por la Plataforma, e incluida en el libro Vidas hipotecadas, de Ada Colau y Adriá Alemany, los bancos que realizan más ejecuciones hipotecarias a los afectados son Bankia (16%), BBVA (12%), Banco Santander (10%), Caixabank (8%), la CAM (7%), Catalunyacaixa (6%), Banca Cívica, Banesto y Caixa Penedés (con un 4% cada una) y Unnim (3%). El estudio señala además que el 82 por ciento de las viviendas ejecutadas eran el hogar de al menos un menor de edad.
La mayor parte de las hipotecas ejecutadas eran por importe inferior a 200.000 euros; la mayoría se firmaron en 2006 o antes; el 89 por ciento intentó renegociar con el banco; la mitad de los afectados están en el paro; y, del total, el 65 por ciento de los afectados eran españoles, y el 35 por ciento, extranjeros.
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