La actual crisis sistémica provocada por unas finanzas corruptas y especulativas exige una inmediata intervención de los poderes públicos en defensa de la ciudadanía y los derechos sociales.
Se acabó el tiempo de la complicidad de nuestros sucesivos gobiernos con la banca, cuya quiebra nos están haciendo pagar amparándose en la legalidad de unas elecciones en las que no votamos esto.
Es urgente la intervención pública en el sistema financiero español.
Una intervención de la Justicia para depurar en profundidad todas las responsabilidades penales de los gestores públicos y privados del sistema financiero que nos han llevado a la actual situación. La falta premeditada de legislación que defina los delitos financieros obliga a los jueces a escarbar en la actual normativa ante cada querella presentada, para defender los intereses de una sociedad estafada y cautiva de unas leyes hechas a medida de los estafadores.
La intervención del Parlamento debe exigir las responsabilidades políticas que se deriven de la acción de una Comisión de Investigación de todo el sector financiero español, trasladando a la Justicia los posibles delitos que se deduzcan de los interrogatorios. No es de recibo la decisión del Parlamento español de invitar a un número reducido de personas a realizar monólogos autoexculpatorios; patético sucedáneo de una imprescindible y moralizadora rendición de cuentas con luz y taquígrafos.
Las autoridades económicas y monetarias están obligadas a ejercer como tales garantizando los ahorros de la población y el buen uso de las ingentes cantidades de dinero de los contribuyentes que se han inyectado en muchos bancos y cajas de ahorro para garantizar los intereses de acreedores especulativos. En el caso de las Cajas de Ahorro nacionalizadas, el salvamento estatal debe transformarse en definitiva titularidad pública para dar nacimiento a una nueva banca pública con control social y democrático. Nuestras Cajas de Ahorro deben ser el embrión de una banca al servicio de las necesidades sociales.
En ningún caso, la intervención debe someterse al chantaje del Memorándum firmado el pasado 10 de julio que exige la cesión de soberanía a manos de Instituciones europeas independientes del control democrático pero dependientes de la lógica suicida de los llamados mercados financieros. Otra Europa es imprescindible para defender los derechos de sus habitantes frente al poder de las grandes corporaciones y la docilidad de los gobiernos.
No permitamos que nos liquiden, ni que liquiden las herramientas que, como una Banca Pública con control social creada a partir de las Cajas de Ahorro, nos ayudaran a construir una sociedad europea más justa y democrática. Tenemos que impedir que lleven a cabo su estrategia de concentración y privatización del negocio bancario, que especialmente pretenden, con la liquidación de algunas instituciones financieras. Solo la movilización social europea y española lo hará posible.
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