Joan Carles March Cerdá
María Ángeles Prieto Rodríguez
Por Joan Carles March Cerdà
Bajo el lema “Yo SÍ, sanidad universal” una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) han organizando una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone laexclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.
El modelo anterior era universal, es decir, el acceso a la sanidad estaba garantizado a toda la población sin excepciones. Ahora, sólo las personas “aseguradas” podrán tener garantizado el acceso a algunas prestaciones “básicas”.
Están desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria.
Estas líneas de acción también las ha planteado Rafa Cofiño @rcofinof con un escrito valiente que vale la pena destacar por lo que plantea de resistencia, sosegada pero activa, a la aplicación efectiva del Real Decreto de Ley 16/2012.
La CARTA DICE LO SIGUIENTE:
Somos un grupo de personas independientes que, cada una desde su entorno habitual (como trabajadores de la Sanidad Pública o en otros sectores o simplemente como implicados o aludidas por esta nueva ley) hemos querido unirnos, sin relación a ningún partido político ni sindicato, a una protesta común sobre este Real Decreto. Y nos dirigimos con esta carta a todos vosotros y vosotras: ciudadanos con la salud en riesgo a raíz de l Real Decreto Ley 16/2012 de Reforma de la Sanidad Pública , en vigor desde e l 24 de Abri l de l 2012 .
Os escribimos porque estamos indignados. En primer lugar porque el Gobierno no tiene potestad para aprobar una norma con rango de ley que implica un cambio en los derechos fundamentales básicos reconocidos en la Constitución y en los Estatutos de las Comunidades Autónomas. E l Real Decreto supone un ataque directo a los derechos fundamentales de las personas y es , por ello , claramente inconstitucional. Hace que la sanidad deje de ser un derecho fundamental al que tenemos acceso como personas y se convierta en un “servicio prestado a aquel que sea asegurado”.
Estamos indignadas, además, porque se nos dice que esta reforma se realiza para garantizar la sostenibilidad del Sistema Sanitario cuando , en el fondo , de lo que se trata es de un cambio en e l modelo de sanidad : ésta deja de ser un servicio público para convertirse en una empresa. El cambio en nuestro Sistema Sanitario no es sólo conceptual y ético (grave en sí mismo por el ataque al valor de la persona) sino práctico, ya que se pasa de un sistema de sanidad público a un sistema privado de asegurados y “pagadores de sanidad privada”. Como si la salud fuera una cuestión puramente individual, y fuera posible convivir asegurados y no asegurados, personas con acceso y sin acceso al sistema sanitario, sin que se produzca un colapso general de la sociedad, no sólo ético, sino también desde el punto de vista de la salud.
Si las Comunidades Autónomas interpretan el Real Decreto al pie de la letra, ¿ quiénes nos quedamos fuera del sistema sanitario ?
- En primer lugar, los sin papeles: es decir, personas que vivimos y trabajamos aquí, que pagamos alquileres e impuestos como el IVA o el IBI (parte de los cuales van también dirigidos al pago de la Sanidad Pública), que consumimos y creamos lazos en este país, es decir, que generamos riqueza, pero que, ¡oh, gran delito!, nacimos en otro lugar y, a pesar de llevar años en España, aún no hemos podido regularizar nuestra situación.
- Sin embargo, las personas sin papeles no somos las únicas excluidas: también quedamos fuera los que somos mayores de 26 años y no hemos cotizado nunca a la Seguridad Social o, habiendo cotizado, nunca hemos reunido los requisitos para percibir una prestación por desempleo. Es verdad que, para quedar efectivamente fuera, debemos percibir rentas superiores a una cantidad aún por determinar, pero el terreno es lo bastante resbaladizo como para dejar a mucha gente sin garantías de acceso a la atención sanitaria. El borrador de RDL que se maneja en la actualidad baraja como tope los 100.000 euros, pero finalmente podría aprobarse un límite de ingresos inferior o podría suceder que el gobierno modificase esta cantidad en el corto o medio plazo.
- Corremos así el riesgo de quedar sin cobertura sanitaria estudiantes universitarios/as con becas no sujetas a cotización pero sí a IRPF, personas que aún no hemos conseguido nuestro primer empleo, personas divorciadas que no estamos a cargo de nuestro excónyuge, personas separadas de parejas de hecho no formalizadas, personas discapacitadas en grado inferior al 65%, personas pertenecientes a población nómada y profesionales liberales.
En definitiva, a pesar de la retórica del gobierno, el porcentaje de personas que quedan fuera del sistema sanitario no es nada pequeño. Pero es que, además, los afectados por el Real Decreto no somos sólo las personas excluidas. Los afectados somos todos y todas . Los agricultores saben bien que no es posible cuidar una planta sin cuidar las demás pues enfermará inmersa en un campo enfermo -con las personas sucede exactamente lo mismo: no se pueden ofrecer servicios sanitarios avanzados a ciertas personas y descuidar las condiciones de salud del resto. No existe salud que no sea la salud de todos. Por lo tanto, este cambio en el sistema de salud atenta directamente contra la Salud Pública, encargada de la protección de la salud a nivel poblacional por medio de la prevención de enfermedades (nos protege de pandemias virales, administra vacunaciones, controla el efecto del medio ambiente, imparte a nuestros hijos una educación sanitaria…) y encargada de asegurar que sus servicios lleguen a la mayor cantidad de gente posible. La cercena para abrir paso a un sistema profundamente insalubre, enfermo.
Por todo ello, instamos desde aquí a la desobediencia, ya que el sistema de Salud Pública no lo hace una ley: se construye, hace y rehace cada día en la amplia trama de actividades de profesionales y ciudadanos que lo transitan. Todo, lo que hacen médicos, enfermeras, celadores, administrativas, ciudadanos cualquiera, limpiadoras, estudiantes de Medicina y Farmacia, farmacéuticas, visitadores médicos… es importante. Que el cambio que la ley dicta sea una realidad depende por lo tanto de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros y de nosotras . De nuestra colaboración o nuestra desobediencia .Desobediencia que en verdad sería la más estricta obediencia al código ético más elemental.
Así pues, porque la salud es lo primero y cosa de todos, porque en ello nos va, literalmente la “buena” vida, os convocamos a pensar formas de desobediencia allí donde estéis. Y nos comprometemos desde aquí a dar apoyo a esas formas de desobediencia.
Y un ejemplo de ello es Rafa Cofiño, que ha escrito en su blog lo siguiente:
Rafael Cofiño Fernández, con DNI10867851Y, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente desarrollando su trabajo en Salud Pública ejerciendo funciones de Jefe de Servicio de Evaluación de la Salud y Programas de la Dirección General de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de Asturias,
se declara como médico favorable al cumplimiento de las leyes de nuestro país *, declarando su resistencia, sosegada pero activa, a la aplicación efectiva del Real Decreto de Ley 16/2012, teniendo en cuenta que en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el Artículo 43.2 de la Constitución Española y en el Artículo 6.1 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y teniendo en cuenta que dicho Decreto incumple, en los términos que ya han expresado diferentes asociaciones, colectivos y entidades (1-4) , al menos los siguientes aspectos:
- El consumo de los recursos sanitarios que hace el colectivo de inmigrantes no regularizados de los recursos sanitarios es notablemente inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas jóvenes y sanas cuyo nivel de salud es en general bueno, hecho constatado en numerosos estudios científicos tanto en España como en el resto de países desarrollados (5)
- La aplicación del decreto supondría una reorientación indebida de los servicios de saludcon una disminución en la accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad, principio este básico que rige muchas de nuestras actuaciones en programas de prevención, promoción y protección en Salud Pública.
- La aplicación del decreto supondría la limitación del acceso a programas e intervenciones que, desde la perspectiva de salud pública y salud comunitaria, consideramos que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva.
- La creación de estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye por si misma una discriminación que añade más dificultades para su integración en la sociedad.
- El inicio de una discriminación en el acceso a la sanidad puede ser el desencadenante en la discriminación a otras prestaciones básicas (educación, servicios sociales…)
- El Decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de la desigualdades sociales
Por todo ello expresaré mi resistencia, sosegada pero activa, de la siguiente forma:
- Dentro de las tareas cotidianas que actualmente desempeño en los programas o intervenciones de salud pública en Asturias, bien en los que directamente trabajo o bien en aquellos sobre los que mantengo tareas de supervisión, incluiré siempre el criterio de las leyes vigentes y de los artículos de la Constitución Española y de la Ley General de Salud Pública, incidiendo en el aspecto que“Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
- Trataré de insistir en la recomendación de que muchas de nuestras actividades preferenciales en salud pública van destinadas a colectivos vulnerables, empobrecidos y excluidos y que no han de poder excluirse de estas actividades a población inmigrante no regularizada.
- Instando al Gobierno a revisar y modificar los aspectos del Decreto en los que se excluyen las prestaciones sanitarias para el colectivo de población inmigrante no regularizado y aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un Sistema Sanitario Público y Sostenible.
- Instando al Gobierno que revise y modificar los apartados del Decreto en los que se incumple la legislación vigente en nuestra Constitución y en nuestra Ley General de Salud Pública
- Instando al Gobierno y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que en larevisión y modificación de los apartados del Decreto para el desarrollo de un Sistema Sanitario Público y Sostenible tenga en cuenta las iniciativas que, elaboradas por la Comisión de Trabajo para reducir las Desigualdades de Salud En España, se publicaron bajo el total amparo y apoyo del propio Ministerio. En dicho documento se señalan, tras un proceso de revisión exhaustivo, se concretan diferentes recomendaciones e iniciativas para poder avanzar hacia la Equidad en Salud
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