El diputado señor Duran i Lleida, con su aparente mesura, es un especialista en ofender a los españoles, permanentemente a los andaluces catalogándolos de vagos de barra de bar, y ahora al conjunto de los ciudadanos de España, incluidos los catalanes. Son los privilegios injustificables de la inmunidad parlamentaria.
Este miércoles, su grupo de Convergencia y Unió, presenta en el Congreso de los Diputados una moción para la creación del delito específico de violencia urbana, así como la modificación del Derecho de Reunión y Manifestación, cuya sustanciación supone retrotraernos a la durísima y creíamos que superada legislación franquista. No es temerario decir que CIU y PP son compinches en la propuesta. Por si no es bastante el asedio económico a los ciudadanos, quieren ampliarlo al recorte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, desarrollados y practicados hasta ahora con aceptable suerte. La derecha quiere prevenir y reprimir lo que sabe que se les viene encima.
El delito de violencia urbana ya está en el Código y por tanto no es necesario introducirlo. Y si se produjeran daños o lesiones como consecuencia de esa violencia, también están regulados en el Código llamado de la democracia que ahora quieren abatir. Salvo que CIU quiera romper y sobrepasar el universalmente admitido Principio de la Proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta. Lo cual sería rotundamente inconstitucional.
También pretenden con la moción el establecimiento de prisión cautelar para esa violencia urbana. Que también iría frontalmente contra el principio constitucional de que la prisión provisional solo se puede acordar en determinadas condiciones, como posibilidad de fuga o de eliminación de pruebas, nunca de plano o a capricho del juez. Por eso fue un escándalo jurídico y social la prisión decretada contra los estudiantes catalanes que se manifestaron hace cuatro meses.
Equiparar la violencia urbana, como pretenden, con la kale borroka supondría dar un sentido político de subversión terrorista a la casi totalidad de incidentes y altercados callejeros que ocurran en España. Si esto cuaja, media España sería terrorista.
Sancionar la multirreincidencia, como quieren, puede llevar a situaciones ajurídicas, como que quien robe varias veces una gallina puede ser condenado a mucha más pena que quien atraca un banco y se lleva millones.
La otra cuestión conexa con la que al parecer están altamente preocupados es con el derecho de reunión y manifestación. Debería bastar para que los proponentes desistiesen recordarles que éste es un derecho clave e inalienable en la democracia y que en modo alguno se puede permitir su restricción. ¿Reunirse y manifestarse contra la guerra de Irak, como se hizo masivamente en España, o contra cualquier guerra puede ser delito? ¿Son delito las múltiples y espontáneas manifestaciones de ayer y hoy mismo de los funcionarios? No se debe confundir el origen con el efecto, porque si producida cualquier manifestación se tiran piedras o rompen escaparates, será lo que tenga sanción penal, pero no el hecho de la reunión o manifestación. Podría llevarnos al absurdo de que un viandante ajeno que se acercase por mera curiosidad a ‘ver’ la manifestación fuese golpeado, detenido y castigado, turistas incluidos.
Y entre las numerosas delicatesen que nos preparan, naturalmente no se han olvidado de prohibir los rostros tapados. Ellos sí los pueden ocultar, pero no quienes se manifiestan. Quieren tenernos fichados a golpe de helicóptero, archivos y cámaras ultrasónicas para saber a quién detienen y a quien dan los palos. Manifestarse será un riesgo. Un uppercut en el corazón de la democracia.
Es decir, todo un catálogo de represión – del que este artículo es botón de muestra -, que nos convierte en ciudadanos asustados y humillados, bajo el repugnante aserto de que el que nada hace nada tiene que temer. ¡Se llaman políticos demócratas y no lo son!
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