El memorando exige condiciones macroeconómicas a España
La UE quita poderes a Guindos para dárselos al Banco de España
Bruselas impone una reforma de las cajas para que no controlen bancos
Los consejeros de las cajas no podrán serlo de sus bancos filiales
Los bancos deberán tener un 9% de capital al menos hasta final de 2014
El rescate clasificará a las entidades en cuatro grupos según su solvencia
El banco malo deberá estar listo antes de final de año
Se obligará a los bancos con ayudas a vender activos y a imponer pérdidas a las preferentes
Hasta 32 condiciones. El Memorándum de Entendimiento asociado al rescate del sistema financiero español, al que ha tenido acceso EL PAÍS, impone duras condiciones a los bancos que soliciten ayudas y al conjunto del sector, incluido el Banco de España, que queda de facto bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE). Y finalmente hay condiciones macroeconómicas, a diferencia de lo que ha sostenido el Gobierno hasta hace unos minutos: el memorando exige, negro sobre blanco, “poner en marcha las recomendaciones” de la Comisión por el procedimiento de déficit excesivo, además de “reformas estructurales”. De manera que la anunciada subida del IVA por parte del Gobierno de Mariano Rajoy –incluida en las últimas recomendaciones de la Comisión— es en realidad una exigencia de los socios europeos.
El memorando obliga a “garantizar la independencia del Banco de España”, en un nuevo ataque a la línea de flotación del supervisor español. El Banco de España deberá poner en marcha un examen interno para identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de 2012, en especial en los cuerpos de inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”. Además, el memorando obliga a aprobar legislación de protección del consumidor para evitar episodios como el de la deuda subordinada y las participaciones preferentes, y en general en los productos que no están bajo el paraguas del Fondo de Garantía de Depósitos.
El rescate obliga asimismo a crear una institución fiscal independiente que supervise la política fiscal española, en la línea de las citadas recomendaciones. Y requiere introducir “esfuerzos de consolidación” y un sistema fiscal “que apoye más el crecimiento” (es decir, gravar menos las rentas del trabajo a cambio de una subida del IVA o de la propiedad de viviendas o de activos), y “aplicar la reforma laboral”.
En cuanto a las condiciones financieras, hay varias cosas destacadas, muchas en línea con las recomendaciones del reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En especial, que la UE impone una reforma de las cajas con el fin de que dejen "eventualmente" de controlar bancos filiales e impone incompatibilidades entre los consejos de administración de las cajas y de sus bancos participados, que ahora comparten con frecuencia consejeros. Y da más competencias al Banco de España en detrimento del Ministerio de Economía –en particular, obliga a transferir poderes sancionadores a Economía--, aunque siempre bajo la tutela del BCE.
Las condiciones exigen un ratio de capital para toda la banca del 9% "al menos hasta 2014", e impiden “en cualquier caso” que las instituciones de crédito reduzcan su capital respecto al nivel que tendrán en diciembre de 2012 sin autorización previa del Banco de España. Además, exige “límites a la venta por parte de las entidades de deuda subordinada”, como las participaciones preferentes, cuyos titulares serán objeto de una quita para compartir los costes de la reestructuración de la banca española. Las entidades no podrán ofrecer una prima de más del 10% sobre el precio de mercado de las preferentes, lo que en la práctica ocasionará grandes pérdidas.
“Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tendrán que activar planes de resolución [es decir, de cierre]”. Siempre garantizando la estabilidad financiera, en particular con la protección de los depósitos bancarios, e impidiendo así un coste excesivo para el contribuyente.
En noviembre de 2012, el Gobierno deberá estar listo para aclarar el papel que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos. La idea es reducir la participación de las cajas en sus bancos filiales por debajo del nivel de control.
La UE clasificará a las entidades financieras españolas en cuatro grupos. En el grupo 0 estarán las entidades sanas, las que no necesiten ayuda (como Santander, BBVA y La Caixa, según los análisis preliminares de los consultores). En el grupo 1 estarán las entidades nacionalizadas (BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia). En el grupo 2 estarán las entidades que suspendan las pruebas de resistencia y no sean capaces de captar fondos por sí mismas. En el grupo 3 estarán las que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.
Las entidades del grupo 0 deberán aportar sus activos tóxicos a un banco malo que berá estar creado antes de fin de año. En octubre se establecerá qué entidades pertenecen a los grupos 0, 2 y 3, en función de las pruebas de resistencia.
Los bancos de los grupos 1, 2 y 3 deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes.
Para los bancos nacionalizados (grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno debe empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre. La transferencia de activos tóxicos a un banco malo debe estar culminada a finales de año.
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