2 agosto 2012
C
omunicado de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública
omunicado de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública
El Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional ha rechazado la adopción de las medidas cautelares solicitadas por los querellantes que hubieran supuesto la intervención judicial del Banco Financiero y de Ahorros y de Bankia.
Ante lo expresado en el auto de fecha 30 de julio, la Plataforma quiere hacer las siguientes consideraciones:
1. Las colosales irregularidades en la administración y gestión de BFA-Bankia han merecido la admisión a trámite de la querella presentada contra consejeros de dicha entidad por si sus actuaciones fueran constitutivas de delitos tan graves como la manipulación contable para distorsionar su realidad patrimonial.
2. Para decidir el rechazo de las medidas cautelares solicitadas por los querellantes, el Juzgado ha considerado que los miembros del Consejo de Administración no son actualmente los mismos que quienes presuntamente cometieron los delitos que se están investigando. Pero aun siendo diferentes los miembros del actual Consejo de Administración que los del anterior, la Audiencia Nacional no puede obviar el apoyo directo del actual Consejo al anterior, como son las declaraciones del actual Presidente de la entidad en las que exculpa de posibles responsabilidades a la anterior cúpula directiva de la entidad, ni el apoyo que les da a los imputados facilitando medios para su defensa legal.
3. Desde nuestra Plataforma hubiéramos considerado adecuado que la Audiencia Nacional adoptase medidas cautelares extraordinarias como la intervención judicial por la enorme relevancia penal de las actuaciones.
4. Es evidente que los Consejos de Administración de BFA y de Bankia son parte en el actual proceso de instrucción pero ante las declaraciones de la comparecencias de algunos de sus miembros en la Comisión de Investigación del Congreso, cabe presumir que su intención dista mucho de buscar el esclarecimiento de los hechos investigados para defender a los clientes de la entidad y a los ciudadanos en general. Esa sería su obligación ya que sus nombramientos han sido ratificados por el Estado a través del FROB.
La decisión del Juez Fernando Andreu no debe suponer en ningún caso que se paralice una instrucción judicial más necesaria que nunca. En consecuencia, la Plataforma exige a la Audiencia Nacional la realización de una exhaustiva investigación que depure las responsabilidades de todos aquellos que presuntamente han falseado los estados financieros de BFA y de Bankia para engañar a los inversores y ahorradores que han confiado en esta entidad financiera. Pero para la consumación de estos delitos, los autores han contado con colaboradores imprescindibles como Deloitte, la firma auditora, que certificó la validez de los estados financieros de la entidad, y del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores que no controlaron ni supervisaron como era su obligación. Es evidente que sin el respaldo de todos ellos y de las autoridades políticas de los sucesivos Gobiernos, no habría sido posible cometer tanta tropelía.
Todos ellos deben responder delante de los tribunales porque lo ocurrido no es un “desastre natural” o “el resultado de un accidente de difícil previsión”.
Los ciudadanos no aceptaremos que se cierre en falso un escándalo de inmensa magnitud que ha dilapidado ingentes cantidades de dinero público sin que se delimiten responsabilidades penales concretas y específicas.
Finalmente, además de establecer dichas responsabilidades penales debemos recordar que es necesario plantear las medidas necesarias que impidan que lo sucedido en Bankia (y en el conjunto del sistema financiero) pueda volver a repetirse, para lo cual exigimos que la nacionalización de la entidad sea completa y definitiva, transformando a Bankia en el primer banco de una nueva banca pública que, bajo una transparencia y un control democrático real y efectivo, ponga los ahorros de la sociedad al servicio del pleno empleo y los derechos sociales.
31 de julio de 2012
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