¿Qué significa el reciente rescate a la banca española? ¿Pondrá fin a la crisis bancaria? ¿Es la solución definitiva de la economía española? ¿Restituirá el crédito a empresas y «familias»? Nada de eso, el rescate es sólo un parche más en la creciente y penosa situación financiera de la banca europea así como una nueva toma de posición de los poderes financieros sobre las economías públicas. Su desarrollo se puede explicar a través de las siguientes cuestiones:
¿A quién se rescata, al Estado o los bancos? ¿Cómo afecta este rescate a la población?
El préstamo de 100.000 millones de euros se concede a una entidad estatal, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Éste fue creado en junio de 2009 con el fin de financiar el proceso de saneamiento y fusión de las cajas de ahorros, con una dotación de hasta 99.000 millones de euros. Tres años después y a pesar de varias inyecciones milmillonarias, los procesos de fusión han terminado con la quiebra técnica del mayor de estos engendros financieros creado por la «bancarización» de las cajas: la creación de Bankia, producto de la fusión principalmente de Caja Madrid y Bancaja.
El FROB, institución que responde al Estado central, recibe 100.000 millones de las instituciones europeas, a un tipo de interés, aún por decidir, del 3 o el 4%. Dicho de otro modo, el Estado recibe de Europa una cantidad similar al 10% del PIB español a un tipo de interés notable, muy superior a las líneas de crédito que el Banco Central Europeo ha dispuesto para distintos bancos europeos desde hace ya más de tres años, y que ahora mismo están al 1%. Y la recibe para inyectar capital sobre las entidades financieras que así lo «soliciten». Teniendo en cuenta que los dos mecanismos de intervención del FROB son el préstamo o la compra de activos a las propias entidades, ¿no es probable que el Estado se encuentre una gran cantidad de préstamos de dudoso cobro, al tiempo que adquiere de forma masiva una gran cantidad de activos devaluados como suelo y vivienda? Sencillamente, el rescate nos devuelve a la situación típica de estos últimos años, es la población, a través del Estado, quien asume el riesgo de la crisis bancaria.
¿Soluciona este rescate en algo la crisis bancaria española? ¿Y la europea?
El préstamo no soluciona, de hecho, el grave problema de los activos devaluados de las entidades financieras españolas, ya que su cuantía es probablemente mucho mayor a los 40.000 millones de euros. En abril, el Banco de España estimaba en 160.000 millones los activos crediticios dudosos, lo que correspondía a una tasa de mora del 8% respecto a los dos billones de euros que las entidades financieras españolas mantenían como crédito vivo, cantidades que sólo habrán de subir.
Pero el rescate tampoco soluciona, en nada, la grave crisis bancaria de las grandes entidades financieras europeas. Desde hace dos años, éstas han ido sorteando los graves desequilibrios de sus balances contables (plagados de activos devaluados o ya sin valor) a través del sencillo mecanismo de pedir prestado muy barato al BCE (ahora al 1 %) y prestar muy caro a los Estados llamados PIIGS (entre el 5 y el 10 %). Este espectacular negocio sobre la deuda pública de los países periféricos ha permitido sortear, a trancas y barrancas, la quiebra de los gigantes del continente. Pero esta misma política de «nacionalización bancaria», que ahora se impone sobre España haciendo al Estado responsable de «sus» bancos, supone la renuncia a cualquier forma de unión bancaria europea, y esto en la medida en que no se toma ninguna medida de mutualización de los riesgos, como por ejemplo pudiera ser la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo que respondiese a las quiebras en cualquier punto de la zona euro, o aún mejor que el BCE actuase como un verdadero banco central respondiendo como prestamista en última instancia de la crisis bancarias. En cualquier caso, los «rescates bancarios nacionales» no van a contener los riesgos en único país. En caso de quiebra de España o luego de Italia, el arrastre se extenderá, a través de los nuevos activos tóxicos (la deuda pública), a todo el sistema financiero europeo, desencadenando la crisis financiera que hasta ahora se ha intentado contener.
Imagen tuneada por @madrilonia
¿Ayuda el rescate a mejorar la situación económica de fondo? ¿Volverá el crecimiento?
El Estado español, al igual que el italiano, y antes el griego, el irlandés o el portugués, no va a poder hacer frente de forma indefinida al aumento del coste de la deuda, que está en la base del modelo de expolio financiero de las grandes bancos europeos. Sin ninguna forma de mutualización de la deuda pública a nivel continental o de intervención contundente y sostenida del BCE, la elevación de los tipos de interés impulsados por las rebajas de las notas crediticias de las agencias de rating y la elevación de la prima de riesgo en los mercados secundarios acabarán por quebrar la capacidad de pago de los estados. Así lo han entendido los llamados «mercados» (esto es, el puñado de agentes financieros que operan en los llamados mercados de deuda) en los días que han seguido al rescate, con un aumento sostenido de la presión sobre la prima de riesgo de España e Italia, empujando la situación a una nueva intervención.
Obviamente, las restricciones presupuestarias y el sacrosanto principio de la austeridad impuesto por el látigo de Merkel-BCE no pueden ayudar a resolver la situación. La austeridad impuesta como ley del gobierno de los acreedores, sólo puede funcionar en favor de estos últimos a corto plazo. En plena fase de recesión continental, por no decir mundial, y por lo tanto de contracción de las exportaciones, así como de prevención y ahorro de empresas y economías domésticas, la restricción presupuestaria es sinónimo de más recesión y de reducción de la base fiscal. Destruidas las bases del crecimiento económico, el único modo de mantener la capacidad de pago de los estados sólo puede ser a costa de las poblaciones, esto es, reduciendo los servicios sociales, restringiendo las pensiones, aumentados los impuestos, disminuyendo todas las partidas del gasto público. ¡Todo ello para pagar los intereses de una deuda pública artificialmente inflada! A falta de otras medidas, el futuro inmediato para la economía española es más ajuste y más recesión, acompañados de nuevos rescates condicionados a la imposición de una nueva batería de reformas draconianas en todos los segmentos claves de la economía. A medio plazo, la alternativa será o la pauperización irreversible o la rebelión.
¿Qué responsabilidad han tenido los políticos españoles y europeos en que estemos en esta situación?
En el caso español, la estulticia y la irresponsabilidad de la clase política resulta manifiesta. Lo fue en la época de la burbuja inmobiliaria, cuando utilizaron las Cajas de Ahorro (tomados los consejos de administración) como un colador monetario para financiar toda clase de macroproyectos (parques de atracciones, obras públicas, macroeventos) casi siempre ruinosos, para apoyar a promotores «amigos» o para lanzar crédito hasta el último rincón de un negocio inmobiliario condenado a medio plazo. Y lo es, actualmente, cuando tanto el gobierno central como los autonómicos se muestran incapaces de mostrar la más mínima nota de rebeldía contra una disciplina presupuestaria que condena al país a un empobrecimiento sin límite definido.
Igualmente, el rescate muestra la incapacidad de la clase política europea de poner orden en el gobierno de las finanzas continentales, aplazando sólo un poquito más allá el necesario ajuste financiero de un sistema bancario sobresaturado por la grasa acumulada durante 30 años de desregulación, sofisticación de la ingeniería financiera y patética permisividad a todas sus prácticas. La única solución que hasta ahora ha aplicado la clase política europea es la de solventar temporalmente la crisis financiera a costa de la presión y la especulación con la deuda pública. Dicho de otro modo, entre rescatar a las poblaciones y rescatar a los bancos, han optado por estos últimos a costa de las primeras.
¿Qué alternativas tenemos al rescate bancario?
La insolvencia de los grandes bancos europeos es inevitable. La sobrevaloración de sus activos y la acelerada devaluación de los mismos en estos años han producido enormes agujeros contables que hasta ahora se han solventado (desplazado hacia al futuro) por medio de una cruel y desmedida especulación con la deuda pública. El reconocimiento de la quiebra del sistema financiero europeo es, por lo tanto, el primer punto de partida político por el que podría pensarse una solución social a la crisis. Las actuales «soluciones» basadas en la nacionalización bancaria y el endeudamiento de los Estados sólo van a conseguir agravar el actual modelo de extorsión financiera y de socialización de pérdidas sin resolver la enorme inflación de los balances bancarios, para la que no hay, y no va a haber (conviene insistir) dinero público suficiente.
En este sentido, la toma política de las instituciones financieras permite pensar en otro modelo de quiebra bancaria que no esté fundado ni en el rescate puro y simple para mantener una calma imposible, ni en la desbandada que produciría un default en cascada completamente desordenado. El reconocimiento de la insolvencia financiera podría servir de oportunidad para poner en marcha las primeras medidas de un extraordinario programa de reparto de la riqueza social, que ha sido convertida en valores de mercado (financiarizada), mediante la «valorización social (no económica) de los activos sobrevalorados». El procedimiento debería partir, tal y como han defendido distintas plataformas, de una auditoría social de la deuda de las entidades en quiebra: un análisis pormenorizado de aquellos «activos» que afectan a sectores sociales vulnerables (hipotecados, pequeños ahorristas, tenedores de preferentes, etc.) y que tendrán una posición preferente en las compensaciones; así como una reapropiación pública de aquellos «activos» actualmente sin valor de mercado (principalmente viviendas) pero que pueden tener un enorme valor social como bienes de uso.
16/06/2012
Emmanuel Rodríguez – Observatorio Metropolitano
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