Por: Miguel Ángel Noceda | 15 de julio de 2012
Ocurrió el pasado martes. El embajador de Estados Unidos en España, Alan Salomon, abandonó el Ministerio de Industria con cara de pocos amigos. Su condición de diplomático le obligaba a intentar disimular; pero la indignación se lo impedía. Acababa de entrevistarse con el titular del departamento, José Manuel Soria, y de fracasar en su intento de frenar las medidas que éste proyectaba para el sector eléctrico y, en concreto, para las energías renovables, a las que varios inversores de su país han destinado miles de millones de dólares y cuyos retornos ven ahora muy amenazados.
El hecho de que los fondos hayan recurrido al representante del máximo poder sobre el planeta era, quizá, la última tentativa de parar unas medidas que el sector considera “discriminatorias” y califica de “expropiación”. El jueves pensaban que ya estaba todo el pescado vendido. Tras el Consejo de Ministros del viernes, sin embargo, les queda alguna esperanza de que Mariano Rajoy reconsidere la postura, en la que ha encontrado el rechazo de Hacienda por razones fiscales, ya que quiere hacer la reforma por proyecto de ley por temor a que se recurra cualquier tributo a las inversiones tecnológicas.
Además del embajador de EE UU, también se han involucrado los de Japón, Australia, Alemania y Emiratos Árabes. A su juicio, el cambio de postura del ministro en tan poco tiempo no hace más que generar controversia y cargarse de un plumazo el prestigio que España se había ganado en el sector. Esto, si no cambia lo previsto, no va a generar ninguna reacción positiva hacia España en inversores de otros sectores de ese país y de otros. ¡Buen estreno para Carlos Espinosa de los Monteros para vender la marca España!
Hasta ahora ni el peso de estos países ha cambiado el parecer de Soria, que ha recibido presiones desde diversos frentes. La Cámara de Comercio EE UU-España, que dirigeJaime Malet, emitió hace un mes un informe en el que, precisamente, pedía estabilidad regulatoria y no retroactividad. En el mismo sentido, se ha pronunciado la Asociación Fotovoltaica, cuyo presidente, Jorge Barredo, ha mantenido reuniones con varios altos cargos, entre ellos el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Asimismo, las principales inversoras españolas (FCC, OHL, Abengoa, Acciona, ACS, Sener, Smaca, Fotowatio e Isolux) se han movilizado y ejercido toda la influencia que tienen.
A esto se añaden las cartas que el grupo de fondos, que tiene invertidos 8.000 millones de euros en el sector fotovoltaico español (sobre un total de 25.000), ha enviado al primer ministro británico, David Cameron, y al comisario de Energía europeo, Günther Oettinger. La carta también llegó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y, para rematar, el miércoles la pusieron en conocimiento del ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. Mucha tela.
Para este grupo de 13 fondos llueve sobre mojado. El año pasado demandaron a España por las medidas del Gobierno de Zapatero en diciembre de 2010 contra la energía fotovoltaica. El grupo, al que representa el despacho Allen & Overy, se ha gastado dos millones de libras, lo que muestra la seriedad del proceso.
Este tipo de demandas se puede repetir ahora. Las fotovoltaicas habían considerado como asumibles la imposición del céntimo verde, una tasa homogénea de hasta cinco euros lineales por megawatio-hora y de un impuesto sobre beneficios no discriminatorio por tecnologías e idéntico para todo el sector de generación. Las medidas impositivas previstas, que en el caso de la fotovoltaica representan un 19% sobre ingresos, suponen un impacto de casi 1.200 millones de euros a las renovables (la tercera parte de las primas comprometidas).
Este tipo de demandas se puede repetir ahora. Las fotovoltaicas habían considerado como asumibles la imposición del céntimo verde, una tasa homogénea de hasta cinco euros lineales por megawatio-hora y de un impuesto sobre beneficios no discriminatorio por tecnologías e idéntico para todo el sector de generación. Las medidas impositivas previstas, que en el caso de la fotovoltaica representan un 19% sobre ingresos, suponen un impacto de casi 1.200 millones de euros a las renovables (la tercera parte de las primas comprometidas).
A su juicio, además de romperse la confianza en España, se rompe la seguridad jurídica y abre la puerta a más reclamaciones, ya que representa un incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas. Además, pone en riesgo de concurso una parte importante de los operadores (han invertido también unas 200.000 familias en pequeñas plantas) y a las entidades financieras, que han prestado 15.000 millones. Difícilmente se puede rebatir el argumento de que “es claramente un default de España con sus acreedores”.
España decidió apostar por la energía renovable para ganar independencia energética y por ser más limpia y ofrecer retornos indirectos y desde hace 20 años, los Gobiernos impulsaron las inversiones con primas que atrajeron a muchas firmas y fondos que desarrollaron la tecnología termoeléctrica y fotovoltaica. Las primas permitían la amortización de las plantas y la obtención de una rentabilidad muy razonable. Ahora, se sienten discrimadas frente a las compañías tradicionales, con las que la convivencia nunca ha sido buena. Para estas el rajonazo supone un recorte de 3.500 millones sobre unos ingresos en 2011 de algo más de 3.000 y culpan a las renovables de haber hecho crecer el déficit tarifario. Estas sostienen que los 10 años de prórroga nuclear y los 20 hidroeléctrica aseguran ingresos añadidos de 60.000 millones y arguyen que cuando ellas entraron en el sector el déficit ya era de 24.000 millones por unos precios bajos por razones políticas y unos costes reconocidos no reales.
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