- Soraya Sáenz de Santamaría excluye la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia de la relación de leyes previstas para este semestre
- Varios parlamentarios del PP han pedido al Gobierno que se ciña a la reforma anunciada en el programa electoral
19/09/2012 Salomé García
El Gobierno no contempla en sus planes legislativos para este periodo de sesiones la reforma del Ley del Aborto anunciada por Alberto Ruiz Gallardón. Hasta 20 normas se propone aprobar el Ejecutivo antes de que concluya el año, incluidos cambios en el Código Penal “en materia económica”, pero ninguno de ellos se refiere a ley de plazos.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, resumió en julio en un documento las iniciativas previstas para lo que queda de año. Son los planes legislativos con los que trabajan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. La reforma de la Ley del Aborto, anunciada por Gallardón para “el otoño”, no es una de ellas.
El ministro compareció hace unos días en la Moncloa para presentar la primera parte de la reforma del Código Penal, que introduce la “prisión permanente revisable”. Tampoco en ella se ha reintroducido la interrupción voluntaria del embarazo como delito. El aborto voluntario fue definitivamente excluido del Código Penal y convertido en un derecho de las mujeres en las 14 primeras semanas de gestación en la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El ministro justificó la ausencia asegurando que “hay tiempo hasta diciembre” para llevar a cabo la reforma.
Pero la realidad es que su anuncio de este verano ha sorprendido incluso a los parlamentarios del PP, que no tenían noticia de que su Gobierno se propusiera endurecer la ley hasta el extremo de hacerla más restrictiva que la de 1985. De hecho, son varios los parlamentarios populares que han recordado al Ejecutivo que el programa electoral con el que Mariano Rajoy ganó las elecciones sólo hablaba de impedir que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno y de sustituir los plazos por supuestos despenalizadores.
Los populares aducen que se espera una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma de 2010 (avalada por el Consejo de Estado, aprobada con los únicos votos en contra del PP y recurrida por este partido al alto tribunal) y que tiene poco sentido reformarla antes de escuchar el criterio del TC.
Sin noticias de la reforma
El mes pasado en el Congreso, durante el debate de solicitud de comparecencias de varios ministros por diferentes asuntos, la portavoz del Grupo Popular fue tajante al rebajar las expectativas sobre la reforma anunciada por Gallardón. “No existe ninguna iniciativa formal más allá del compromiso del ministro de Justicia”, zanjó Dolors Montserrat, que confirmó: “No existe ninguna propuesta, ni siquiera hay un anteproyecto que haya sido tratado en Consejo de Ministros".
La nueva penalización del aborto no está entre las demandas más urgentes de los votantes del PP. Esta cuestión divide a los electores de Mariano Rajoy y enciende a los votantes de otras fuerzas políticas, que consideran que existe un derecho conquistado y desaprueban cualquier retroceso. De hecho, este proyecto legislativo es el que supone más coste para Gallardón en términos de imagen, según muestra la encuesta en Internet de ecmware realizada para eldiario.es.
La inminencia de las elecciones vascas y gallegas (especialmente estas últimas, donde el PP se juega el Gobierno por un puñado de votos) desaconsejan reabrir el debate, según reconocen fuentes parlamentarias del PP. Sólo el electorado conservador más radical (los denominados grupos provida) presiona para que el aborto vuelva a ser delito. El horizonte de esas elecciones es otra de las razones que llevan al Ejecutivo a aparcar la contrarreforma.
La crudeza de la crisis económica obliga al Gobierno a buscar salidas eficaces para sujetar el déficit y que provoquen el mínimo desgaste electoral, ahora que debe volver a pasar por las urnas en Galicia y Euskadi. De las reformas anunciadas por Gallardón, sólo la que se refiere al endurecimiento de las penas por delitos económicos encaja en la hoja de ruta creada para sortear los efectos de la crisis. Los cambios en la Ley del Aborto no tienen justificación alguna ni por la demanda social ni por la imposición de los mercados. El Gobierno, resumen fuentes parlamentarias, “no está para crearse más problemas de los que ya hay”.
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