Posted on septiembre 27, 2012 by Alberto Garzón Espinosa
Desde hace unas semanas el Gobierno ha venido incrementando la agresividad en su estrategia de criminalizar la protesta social, preparando así el terreno para la convocatoria del 25 de septiembre. Sin ir más lejos la semana pasada la policía identificó a todas las personas presentes en una asamblea en el parque del Retiro, en Madrid. Un día antes detuvieron a cuatro activistas simplemente por portar una pancarta que aludía a la mencionada manifestación. Incluso el Gobierno llegó a dar orden al fiscal para imputar preventivamente a ocho activistas por organizar una supuesta y futura actividad delictiva (que paradójicamente después fue legal). Ya la delegada del Gobierno lo había advertido al reconocer en televisión la existencia de listas negras con nombres -de hasta mil personas, aseguró- que iban a “casi todas” las manifestaciones.
En ese contexto era complicado imaginar cómo se desarrollaría una manifestación que, aunque legal y pacífica, no estaba exenta de controversia. La convocatoria había cambiado de formato y objetivo en varias ocasiones y ello generó bastante confusión incluso allí donde hubiera sido lógico un recibimiento muy positivo. Finalmente se acordó un programa muy sensato y en la línea de las conocidas movilizaciones del 15-M. Ello permitió que, muy a pesar de los intentos de criminalización, muchos colectivos y desde luego ciudadanos a título individual definitivamente se sumaran.
El objetivo más compartido por los manifestantes fue sencillamente el de exigir democracia. No es algo menor, pues se da precisamente en un momento histórico en el que nuestro gobierno se está limitando a obedecer el mandato de instancias no democráticas, como la troika, y con consecuencias que sufrimos duramente como ciudadanos.
Precisamente por compartir ese objetivo, en torno a las seis de la tarde todos los diputados del grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural nos unimos a la manifestación. El recibimiento fue mayoritariamente favorable, con aplausos y abrazos, si bien también hubo algunas personas –que se identificaron posteriormente como militantes de UPyD- que nos pitaron. Y allí estábamos porque compartíamos las denuncias que hacía la convocatoria y también porque además de diputados somos ciudadanos empobrecidos y estafados por el tándem formado por los distintos gobiernos españoles y el gran poder económico que se encuentra detrás.
Fuera del Congreso comprobamos cómo durante toda la manifestación la policía, obedeciendo órdenes del Gobierno, restringió derechos fundamentales de forma sistemática. Compartimentó el centro de Madrid para separarnos a los manifestantes e intentar ponernos nerviosos; en muchos casos centenares de personas quedaban atrapadas por dispositivos policiales que no daban ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo.
Finalmente y en torno a las ocho de la tarde llegaron decenas de furgonetas de la policía con objetivo de cortar las calles del centro de Madrid. Y se hizo con desproporcionada violencia. La policía nos empujaba bruscamente a todos con objeto de, según decían, “limpiar la calle”. No se salvaba nadie: manifestantes, periodistas, cargos públicos, turistas… todos fuimos expulsados de las calles del centro hacia el Paseo del Prado. Y ya allí la policía comenzó duras cargas con las que consiguió disolvernos del todo.
El balance final, desolador. Muchos heridos y detenidos en una manifestación que fue en todo momento pacífica, exceptuando algunos incidentes aislados de autoría confusa, y que reflejaba la frustración de una ciudadanía que sufrimos los efectos de la crisis y de unas políticas que no hemos validado a través de ninguna institución o mecanismo. El Gobierno ha decidido responder a un problema político con represión policial, y eso no es sino una injusta e ineficaz huida hacia delante que sólo conseguirá empeorar las cosas.
Noticia complementaria: La policía acosa a un grupo en el que estaba un diputado
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