Esther López Barceló
Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts
Alberto Garzón Espinosa
Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
Diputada de Esquerra Unida del País Valencià en Les Corts
Alberto Garzón Espinosa
Diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados
¡Esto es un secuestro! La democracia, para ser tal, ha de servir al pueblo, residir en el pueblo y emanar del pueblo. Y por ello ha de estar sujeta a leyes, elaboradas a partir de la razón y de la justicia, que salvaguarden los derechos fundamentales de la ciudadanía y los antepongan ante cualquier otro poder. Y precisamente por ello lamentamos y denunciamos que en nuestros días la democracia y sus leyes estén secuestradas por poderes económicos ajenos a la razón y a la voluntad popular.
La crisis económica no ha hecho sino mostrar la verdadera esencia de unos mecanismos que hasta ahora se habían presentado como democráticos y que, por el contrario, ahora se revelan inútiles en la función de representar la voluntad popular. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.
Cuando un gobierno rompe el único vínculo que le une con la ciudadanía, que es el programa electoral que se compromete a cumplir, está violando la legitimidad de la soberanía popular y deslegitimando su propia existencia. Desde luego ello es legal, pues no hay ningún fundamento jurídico que le impida hacerlo, pero supone también que estamos ante algo injusto e ilegítimo.
La falta de respeto por los principios democráticos de nuestros gobernantes, unida a su mediocridad y su afán por imponer sus planes son las causas de que sólo sepan actuar mediante la represión policial y el recurso de cita ininterrumpida del corpus jurídico del statu quo. ¡Cómo si no supiéramos discernir qué es legal o no dentro de este marco!
Este sistema aparentemente democrático se nos vendió como el diseño más perfecto para nuestro país, capaz de protegernos y garantizarnos derechos sociales. Nos dijeron que era un sistema que nos proporcionaba capacidad para decidir.
Más de treinta años después una nueva generación afrontamos un dramático escenario. Somos la llamada “generación perdida”, la juventud sin futuro. Y ahora que nos levantamos para reclamar democracia –porque queremos decidir sobre nuestras vidas- y justicia –porque queremos vivir en paz- nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte; aquella que decidieron otros. Y la más amable respuesta que obtenemos es la llamada al exilio, esto es, a la búsqueda de esperanza fuera de nuestra tierra.
Sufrimos la persecución cuando nos rebelamos y cuando contestamos los ataques de unos gobiernos que roban nuestras esperanzas con infames excusas. De hecho ya no hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar aquello de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco ya lo hemos tenido que hacer.
Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizaron salvajemente por empujar carritos de la compra mientras denunciábamos el hambre creciente.
Nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio; nos criminalizan e identifican policialmente por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política; nos criminalizan, en definitiva, porque estamos poniendo de manifiesto que lo que un 23 de febrero no acabó de fraguar se está permitiendo que prospere cada día de forma legal.
Empezaron cambiando la esencia del principio constitucional, que garantizaba la aplicación de derechos fundamentales, para priorizar el pago a las entidades financieras. Aprobaron una amnistía fiscal que permitió que los delincuentes de cuello blanco, estafadores que merman la sanidad y educación pública, quedarán indemnes de cualquier sanción. Aprobaron una reforma laboral que dinamitó nuestra defensa ante la explotación laboral, permitiendo enmascarar despidos improcedentes en despidos objetivos. Legalizaron el racismo en la sanidad pública. Incrementaron las tasas para obstaculizar a los más pobres el acceso a la educación. Rescataron y rescatan a los bancos, haciendo un bote común con nuestros impuestos, mientras nos expulsan de nuestras casas tras habernos expulsados de nuestros trabajos.
Dicen que queremos dar un golpe de Estado. Pero no es cierto. Lo que queremos es dar un golpe encima de la mesa. Queremos alcanzar la democracia. Queremos una legalidad que nos represente y nos defienda. Queremos vivir sin miedo. Porque tenemos propuestas, reivindicaciones, necesidades. Porque el 25S es un arma cargada de propuestas de futuro. Porque para poder recuperar nuestra soberanía, nos hemos dado cuenta de que es imprescindible un Congreso liberado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario