Vicenç Navarro |
Las Vegas es conocida coloquialmente en EEUU como “la capital del vicio” o, según algunos, “la capital del mal”, expresión utilizada no sólo por los conservadores, sino también en bastantes círculos progresistas. Y una de las causas de esta valoración negativa por parte de los progresistas es el profundo anti-sindicalismo de la industria lúdica basada en tal ciudad, junto con una gran discriminación en contra de los trabajadores latinos, que representan una cuarta parte de toda la fuerza laboral de tal industria lúdica. Las Vegas está hoy en medio de un gran conflicto laboral, resultado del intento de los trabajadores de los casinos y casas de juego de sindicalizarse.
En EEUU, la ley Taft-Hartley Act, aprobada por el Congreso de EEUU en los años post II Guerra Mundial (a pesar del veto del presidente Truman), resultado de una alianza entre el Partido Republicano y los congresistas del Partido Demócrata del Sur de EEUU (la zona más conservadora de aquel país) prohíbe a los sindicatos de EEUU comportarse como sindicatos de clase. Es decir, que cada grupo de trabajadores (dividido en miles de categorías) debe espabilarse por su propia cuenta, sin poder contar con la movilización de otros grupos que tengan en común las mismas condiciones de trabajo y las mismas reivindicaciones. Tal Ley debilita enormemente a los sindicatos, como aparece ahora claramente en Las Vegas, donde, a pesar de la gran simpatía a nivel popular que la movilización laboral para poder establecer tal sindicato ha despertado, es muy poco lo que otros sindicatos pueden hacer en su apoyo.
Es una lucha dura y enormemente desequilibrada, pues frente a los trabajadores que intentan sindicalizarse hay los grandes intereses empresariales de tal industria, financiados, por cierto, por los grandes bancos (como el Deutsche Bank y JP Morgan entre otros), que tienen a su vez gran número de cajas de resonancia mediática movilizadas para desacreditar a los trabajadores. Uno de los ejes de la campaña anti-sindical es acentuar que la sindicalización sería un desastre para los trabajadores y para la industria (los trabajadores de la industria lúdica de Las Vegas están entre los peor pagados en EEUU). El mundo empresarial envía mensajes a los trabajadores, que rezan como sigue: “No pidas la sindicalización. No firmes la petición a favor de la sindicalización. No pongas en peligro tu trabajo, sobre todo ahora cuando, si miras alrededor de ti, verás que no hay otros puestos de trabajo disponibles” (“Don’t sign a union card. Don’t put your job in jeopardy, specially when there is no job outside”. Labor Notes. September 2012).
La movilización empresarial se caracteriza por una gran brutalidad, que se ejerce con la complicidad de las autoridades públicas y la policía estatal (150 personas ya han sido detenidas). El Estado de Nevada, donde está situada Las Vegas, tiene como primer sector de empleo el sector lúdico de tal ciudad, lo cual explica que existan relaciones muy estrechas entre tal industria y las autoridades -llamadas representativas- de aquel Estado (el Estado de Montana es uno de los pocos Estados donde está legalizada la prostitución), y también, por cierto, del Estado central federal. En EEUU, donde el proceso electoral está privatizado y las campañas electorales son financiadas, en su mayoría, por fondos privados procedentes de grandes empresas, la clase política está sumamente influenciada por los intereses de los que la financian. El mayor propietario de Las Vegas, el Sr. Sheldon Adelson, es uno de los mayores financiadores del Partido Republicano. En el primer viaje que hizo el actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos, el Republicano Paul Ryan, máximo exponente del Tea Party, fue a ver al Sr. Adelson, después de ser nombrado para tal candidatura (la cual recibió una donación de respaldo de 100 millones de dólares por parte de Adelson). Mientras, los trabajadores, liderados por los trabajadores de la cocina de los restaurantes y casinos –el sindicato de los empleados de las cocinas, Culinary Union, que tiene 55.000 miembros– continúan presionando para poder tener el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.
Una última observación. Mucho se ha escrito sobre los méritos y deméritos de establecer en España (bien en Cataluña, bien en Madrid) un centro lúdico, referido en los medios como Eurovegas, propiedad de la empresa del Sr. Adelson. En un momento de elevado desempleo, es comprensible que tal desarrollo se vea por sectores de la administración pública, tanto autonómica como municipal, con buenos ojos para crear puestos de trabajo.
Ahora bien, en la evaluación de los pros y los contras de este centro debería también tenerse en cuenta su impacto económico, laboral, social y político. La industria de la cual la empresa Adelson es un importante componente, es conocida por sus posturas profundamente conservadoras, siendo uno de los principales financiadores del Tea Party –la ultraderecha estadounidense– y uno de los mayores proponentes de las medidas económicas sumamente reaccionarias propuestas por tal movimiento (favorable a la eliminación de la universalización de los derechos laborales y sociales), incluyendo su oposición a la sindicalización de sus empleados y trabajadores. Tal postura, bien conocida en EEUU, reforzará, sin lugar a dudas, a la ultraderecha en España, pues es característico del comportamiento de tal sector intervenir activamente en el contexto político donde su ubica para optimizar sus beneficios empresariales que considera unidos a la promoción de su ideario político. Su decisión final dependerá, en gran manera, de la afinidad política del Sr. Adelson y Co. con las autoridades gubernamentales del lugar de su ubicación. Sería un error que las fuerzas progresistas apoyaran tal proyecto.
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