El Gobierno ha aprobado una reforma financiera de “categoría
estructural”. El autor reflexiona sobre sus implicaciones y muestra su preocupación
por las posibles deficiencias que surjan en la aplicación
JOSÉ CARLOS DÍEZ - 01/09/2012
Habemus decreto de reforma financiera. Los dos anteriores decretos que aprobó el Gobierno eran de saneamiento, pero este sí alcanza la categoría de reforma estructural. El decreto viene forzado por el rescate y las condiciones del Memorándum, aunque creo que la intervención de la troika en todos los países intervenidos está siendo desastrosa, no todo lo que hacen tiene que ser malo por naturaleza.
Este decreto moderniza la Ley de intervención urgente de entidades de 1988, adapta el diseño institucional del FROB a la nueva reestructuración del sector bancario que será supervisada por Bruselas, e incorpora a nuestra legislación las últimas directivas y reglamentos europeos que han cambiado desde que comenzó la crisis en 2007.
Por lo tanto, estamos hablando de una reforma necesaria y en principio positiva. Pero el demonio está en los detalles. En primer lugar, hay que desmitificar las leyes. En España, con la regulación anterior, se han intervenido varias entidades financieras. Por lo tanto, si se ha actuado tarde o ha habido errores en la supervisión y reestructuración de entidades, no culpemos de ellos a las leyes que hoy son derogadas. Por la misma razón, no pretendamos que solo por mejorar la regulación vamos a resolver los problemas actuales y a prevenir los futuros.
Mi preocupación no está en la redacción del decreto sino en el uso que se haga de él. El problema de una buena parte de nuestro sistema bancario es que su morosidad ha aumentando significativamente y los activos de garantía han perdido mucho valor tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esto significa que el activo del balance ha disminuido desde 2007. El pasivo exigible es nominal por lo que las pérdidas las asumen primero las provisiones y luego el capital y los accionistas. Las entidades ya intervenidas por el FROB se han comido varias veces el capital. Por lo tanto, alguien tiene que pagar la pérdida y solo hay dos opciones: los bonistas o los contribuyentes.
Es importante tener claro estos básicos principios contables, ya que con el mareo de sacar los vehículos, precios de transferencias, consultores, test de estrés, auditores, due diligence, etc., da la sensación de que existe alquimia financiera y que con ingeniería se puede resolver el problema sin coste para los bonistas y/o los contribuyentes. Aristóbulo de Juan, que pilotó la crisis bancaria española en los 80 y que ha asesorado en crisis bancarias en todo el mundo durante décadas, nos enseña que "los agujeros de capital de una entidad financiera solo se tapan con capital".
El procedimiento clásico era crear un banco malo, transferir a este los créditos problemáticos y dejar de nuevo un banco bueno que puede cumplir su misión principal de captar el depósito y transformarlo en crédito. Para ello, los activos salían del balance de la entidad a valor neto contable, valor de adquisición menos provisiones. Con esta operación, la entidad no asumía pérdidas, mantenía intacto su capital y, al disminuir el denominador de activos ponderados por riesgo, volvía a tener el ratio de solvencia necesario para realizar su negocio bancario con normalidad.
El supervisor cambiaba a los gestores que habían quebrado el banco y vendía la entidad tras finalizar el proceso. El banco malo asumía la pérdida y se encargaba de su recuperación y los costes eran repartidos entre contribuyentes y bancos. Estos últimos, por medio de sus aportaciones futuras al Fondo de Garantía de Depósitos. En los 80, la morosidad fue del 20%, el 50% del sistema bancario fue intervenido y los contribuyentes se gastaron el 6% del PIB en recapitalizar entidades y otro 6% en préstamos subvencionados.
Ahora, forzados por la regulación europea, los activos llegarán al banco malo supuestamente saneados y la pérdida la asumirá el banco propietario de los mismos. En el caso español, no está claro si serán créditos o activos inmobiliarios, principalmente suelo. En este último caso no sería un banco, sería una inmobiliaria y no sería mala, ya que compraría los activos saneados. Pero entonces, el banco original asumirá la pérdida y necesitará capital. Por lo tanto, no sería el banco bueno, sería un banco feo.
El Gobierno ha reconocido que hay cerca de 200.000 millones en activos problemáticos. Si solo se transfieren al vehículo unos 30.000 millones, como se está comentando, los inversores internacionales volverán a pensar que llegamos demasiado tarde y hacemos poco.
Para complicar más el tema, el Gobierno mantiene el mantra de que la crisis no tendrá costes para el contribuyente. Además, el nuevo decreto incorpora una regulación de liquidación de entidades que implicaría a los bonistas. Y aquí viene mi principal preocupación. Nuestro sistema bancario, además de un problema de solvencia, tiene un grave problema de liquidez. Ha concedido más crédito que depósitos y tiene que financiar activos que han impagado. Por estos activos en mora no recibe ningún flujo financiero, pero están financiados en los mercados y en manos de no residentes. Los bancos españoles le deben a no residentes 900.000 millones. Buena parte era deuda a corto plazo y la mayoría de ella ya es con el BCE. Es cierto que la mayor parte de esa deuda es de Santander y BBVA, que tienen capacidad de financiarse en otros países. Pero, si el resto de la banca española no vuelve a financiarse en los mercados, el crédito seguirá muy restringido y la economía profundizará en la depresión.
Nuestra economía está en un círculo vicioso de restricción de crédito, recesión, mayor morosidad y pérdidas del sistema bancario y mayor restricción de crédito. Para romper el círculo hay que sanear el sistema bancario y volver a crecer. El impulso para crecer en España tiene que venir por menor dosis de austeridad de la actual y vía exportaciones, pero nuestros principales clientes europeos están en recesión. Resolver la crisis del Euro y la recesión europea no está en nuestras manos. Pero sanear nuestro sistema bancario es nuestra responsabilidad y condición necesaria para salir de la crisis.
Demos la bienvenida al decreto, pero aún faltan varias piezas para resolver el puzle.
José Carlos Díez. Economista jefe de Intermoney
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