Rafael Escudero 6 de septiembre de 2012
Profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Hay que reconocer que esta vez se han esmerado. En el pasado los ideólogos del Partido Popular nunca habían estado demasiado finos en sus propuestas para limitar la inmigración. Ni la denuncia del “papeles para todos” del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero ni el peregrino “contrato de españolidad” que Rajoy enarboló en su fallida campaña electoral tuvieron mucho éxito en la opinión pública. Pero ahora la cosa puede variar peligrosamente a la vista del decreto aprobado por el Ministerio de Sanidad según el cual los extranjeros que no tengan tarjeta sanitaria deberán abonar la atención y asistencia sanitaria.
El cariz de la nueva normativa va mucho más allá de lo que su propia denominación podría sugerir: decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. La ministra de Sanidad y sus asesores saben que el ahorro que puede suponer la pérdida de la tarjeta sanitaria por parte de inmigrantes sin documentación legal (se habla de unos 500 millones de euros) no es cantidad relevante para garantizar, en caso de que estuviera en crisis, la viabilidad del sistema sanitario.
Además, la cifra manejada tampoco parece ser de una entidad suficiente como para calmar los deseos de la troika y evitar así el rescate que se nos viene encima. A ello se suma que algunas comunidades autónomas han anunciado que seguirán atendiendo de forma gratuita a estas personas, con lo que –de cumplir con este aviso– la cantidad final puede ser incluso menor de la inicialmente presupuestada.
Entonces, ¿cuál es el quid de este decreto? ¿Dónde reside su filosofía de fondo? En considerar a los inmigrantes irregulares como “no contribuyentes” y, por tanto, no merecedores de las mismas prestaciones sanitarias de las que, en opinión del PP, justamente gozan quienes sí contribuyen al sostenimiento de la sanidad pública. Nada es gratis, dicen desde los foros de la derecha.
En consonancia con esta filosofía, los inmigrantes que pierdan la tarjeta sanitaria serán atendidos de forma gratuita, sí, pero siempre que previamente contraten una especie de seguro médico al precio de 710 euros al año. Así, quienes contribuyan al sostenimiento del sistema de salud, bien por la vía de las cotizaciones regulares del trabajo bien por este seguro que ahora se les ofrece, tendrán derecho a la atención integral del sistema.
No es –continúan arguyendo desde el PP– una cuestión de xenofobia o rechazo a la inmigración. Es una simple cuestión económica: si no se cotiza o no se paga, no se tiene derecho a las mismas prestaciones sanitarias que sí reciben quienes contribuyen.
En el decreto la lógica de los derechos de ciudadanía da paso a la de los derechos de los contribuyentes; muy de moda, por cierto, en la campaña electoral del candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney. En nuestro caso, al final debería ser el Tribunal Constitucional el que juzgue la medida. No obstante, pocas esperanzas cabe depositar en la decisión del tribunal.
En primer lugar, la Constitución de 1978 dejó un amplio margen a la decisión del legislador a la hora de configurar y desarrollar tanto los derechos sociales como los derechos de los extranjeros. En segundo término, es de prever que cuando el asunto llegue al tribunal ya se habrá instalado en él una mayoría de magistrados conservadores que con toda probabilidad votarán en favor de su constitucionalidad. Si no, al tiempo.
Con la aprobación de esta medida el Gobierno del PP introduce una carga de profundidad en el debate sobre el tipo de sociedad en que queremos vivir. Una sociedad solidaria ante situaciones de desesperación como la de los inmigrantes irregulares, quienes no podrán costearse ese seguro médico que se vende como requisito para una cobertura sanitaria integral; o una sociedad que viva de espaldas a esa realidad y que arrincone a los inmigrantes y sus familias, negándoles hoy la sanidad y mañana la educación pública.
El PP tiene claro que este segundo es su modelo de sociedad y para ponerlo en marcha no duda en prender la mecha de la xenofobia, disfrazada –eso sí– desde un argumento pretendidamente económico como es la defensa de lo público y de los contribuyentes.
Pero quizá lo peor de todo es que los dirigentes del PP pretenden que este argumento haga mella en las clases populares que, soportando los graves efectos de la crisis, siguen dentro del sistema y lo mantienen en la medida de sus posibilidades. Sus ideólogos buscan enfrentar a quienes contribuyen con quienes no pueden hacerlo, a trabajadores con inmigrantes irregulares, con el objetivo de atraer para sí y para su modelo de sociedad a los primeros bajo la apelación a que estos últimos son meros gorrones (o free riders, como dirían los economistas).
Se busca, en suma, romper el discurso de la solidaridad y de los derechos entendidos como elementos universales y gratuitos de ciudadanía desde el flanco más débil, como es el compuesto por quienes llevan años en situaciones de paro, precariedad y desesperanza.
La estrategia no es nueva. La historia ha dado suficientes ejemplos de cómo situaciones de grave crisis económica pueden dar paso a las peores reacciones humanas. El PP lo sabe y se aprovecha de ello, abriendo la veda a que un nuevo argumento contra los inmigrantes “no contribuyentes” se extienda en nuestras calles, colegios y centros de salud. Frente a esta estrategia, no cabe otra que intensificar la labor de concienciación y de difusión de la cultura de la igualdad y los derechos humanos por parte de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y organizaciones de izquierda. El rechazo a esta medida y a la filosofía que la fundamenta debe ser tajante.
Muchas veces nos hemos preguntado por qué, a diferencia de otros países europeos, en España no se ha consolidado a nivel estatal un partido de extrema derecha, xenófobo y racista. Pues bien, a la vista de medidas como la aprobada por el Gobierno con relación a la sanidad de los inmigrantes, la respuesta parece clara. Ese partido está dentro del PP.
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